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Tras las elecciones de EE UU: hacia un mundo más transaccional

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Los últimos cuatro años bajo la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos han resultado ser un paréntesis entre las dos Administraciones de Donald Trump, tras su holgada victoria del pasado día 5. Se está especulando mucho sobre cómo será esa segunda presidencia de Trump y las repercusiones económicas, políticas y sociales que tendrá en su propio país y a escala global. Muchos Gobiernos y analistas esperan con preocupación esta segunda etapa del futuro presidente republicano. Su campaña fue agresiva y hasta cierto punto amenazante en muchos asuntos. Su afán por impulsar sin contemplaciones la producción y las empresas norteamericanas, sobre todo las tecnológicas, fue uno de los principales mantras. No cabe duda de que, si cumpliera todo lo que se comprometió, su país y el mundo sufrirían una gran disrupción económica y social. Habrá que esperar.

De entrada, a escala nacional, es más que probable una reducción de impuestos y, aunque Trump se ha comprometido a reducir el gasto público, está por ver si finalmente disminuirá este. Por ello, si la bajada de impuestos es mayor que la caída del gasto público, el déficit público persistirá, con lo que la inflación podría rebotar, con las consecuencias bien conocidas. La Reserva Federal pasará a tener más cautelas a la hora de continuar bajando los tipos. Esto podría tener efectos sobre lo que otros bancos centrales decidan –como el BCE, por ejemplo– en materia de precio oficial del dinero. En todo caso, sus mayores tipos de interés favorecen y lo continuarán haciendo la apreciación del dólar, y pueden generar algunas tensiones en los mercados financieros, sobre todo en las economías emergentes más dependientes de esa divisa. Por tanto, alguna turbulencia financiera a la vista.

La inmigración ha sido uno de los temas de mayor controversia en la campaña electoral. A escala doméstica será una de las varas de medir de los logros de la nueva presidencia en el corto plazo. Por ello cabe esperar algunas medidas antimigratorias llamativas en las primeras semanas del mandato, que pueden generar tensiones con sus países vecinos y minar las relaciones económicas. Parecen ignorarse los efectos positivos de la entrada de nuevas personas en un país, y sorprende lo poco que se comenta el gran potencial que ha supuesto para Estados Unidos la entrada de trabajadores y de talento foráneo en estos años. Los beneficios superan ampliamente a las posibles desventajas.

Además del comentado dinamismo de su mercado de trabajo, Estados Unidos cuenta con una economía con mayores grados de flexibilidad que la mayor parte del mundo occidental. Asimismo, ha demostrado –excepto, quizás, respecto a China y algún emergente– sus comparativamente elevados dinamismo e innovación, que le ha llevado a mejorar su productividad, gozar de mayor crecimiento macroeconómico y situarse en la frontera tecnológica del mundo.

Una mayor liberalización –es muy probable que ocurra– de los sectores productivos y tecnológicos reforzará esa ya elevada ventaja competitiva que Estados Unidos lleva a la Unión Europea y otros países. En todo caso, la excesiva liberalización, sobre todo en el ámbito tecnológico, no está exenta de riesgos. Sobre todo en todo lo relacionado con las criptos, que Donald Trump ha afirmado que impulsará. Por su parte, se pueden exacerbar riesgos en el ámbito de la ciberseguridad y de control de la inteligencia artificial. La IA es, sin duda, la principal fuerza motriz de las inversiones en el mundo hoy en día, pero con riesgos crecientes que una excesiva desregulación puede llevar demasiado lejos.

El proteccionismo es otra de las grandes directrices de su segundo mandato, tal y como lo fue en el primero. Hay que reconocer que Joe Biden también practicó una estrategia proteccionista, aunque su talante fue más negociador y multilateral. En los próximos años, cabe esperar un recrudecimiento de la guerra comercial con China, combinada con la pugna tecnológica y los conflictos geopolíticos, un cóctel de alto voltaje. La UE y otros países también sufrirán probablemente el nuevo proteccionismo, con una subida de los aranceles, aunque estén lejos de los niveles de estas tarifas para los productos chinos. En todo caso, todo ello no ayudará a que la economía mundial esté cómoda, y el crecimiento económico se puede resentir.

Para la UE, los próximos años son cruciales. Los informes de Letta (sobre mercado único) y Draghi (sobre competitividad) apuntan a hojas de ruta que Europa no puede obviar. Hay que tomar medidas drásticas para reforzar la innovación, la productividad y la integración de mercados estratégicos. Tener mayores aranceles para exportar a Estados Unidos no ayudará. Tampoco favorecerá una posición de enfrentamiento con la Administración Trump. Ya no sirvió a los europeos en nada en el primer mandato del republicano.

Sabiendo que el presidente electo tiene un carácter transaccional, Europa hará bien en llegar a acuerdos en las materias que sean razonables y sean una vieja demanda de Estados Unidos. Por ejemplo, Trump valoraría positivamente un aumento significativo en gasto en defensa por parte de los europeos –algo que, en todo caso, se necesita sí o sí ante los crecientes conflictos geopolíticos–, y, si se acomete, su espíritu transaccional posiblemente permitiría un mejor tratamiento en comercio o en cualquier otra área hacia la UE.

Esta vez, los europeos haríamos bien en adoptar una visión más transaccional, para llegar a acuerdos de mínimos con Estados Unidos y evitar lo peor de un enfrentamiento o enfriamiento de las relaciones, que perjudicaría a todos. Menos temor a lo que se viene –reconociendo que es mucho– y más capacidad de transaccionar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Otra reducción de tipos de interés y los mismos mensajes a futuro

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Este jueves 17 de octubre se celebra reu­nión del Consejo del Banco Central Europeo (BCE), con decisiones de política monetaria. Se espera una nueva reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos. Sería una sorpresa –casi morrocotuda– que no se produjera, o que esta bajada fuera mayor, entre otras razones, porque en los últimos años la percepción del mercado de los días antes a las reuniones sobre lo que iba a determinar el BCE ha dado en el clavo. Casi nos hemos olvidado de los sobresaltos monetarios. La política monetaria se ha hecho más previsible. Aún es pronto para saber si los efectos de esa mayor predictibilidad son positivos o no para la efectividad de la política monetaria. Hasta ahora, parece que no ha funcionado del todo mal, porque las subidas acontecidas desde julio de 2022 a septiembre de 2023, cuando se produjeron, no causaron sorpresa y parece que la inflación ha ido remitiendo en paralelo al encarecimiento del precio oficial del dinero.

Se pronostica la disminución de tipos de este jueves basándose en el buen dato de inflación de septiembre y en una coyuntura económica cada vez más débil a escala de la zona euro. Por ejemplo, la confianza de los consumidores repunta, pero muy lentamente, y se encuentra en niveles históricamente bajos. Asimismo, hay algunos datos del mercado de trabajo –aun reconociendo que ha resistido bien desde la pandemia– que se encaminan a un cierto debilitamiento.

Todo ello limitará la fortaleza del consumo privado y, por tanto, de la demanda, a la vez que la tasa de ahorro se mantiene elevada ante la creciente incertidumbre. Esa demanda menos potente se ha comenzado a notar en los beneficios empresariales de la zona euro y también es el principal factor que restringe la producción de bienes y servicios. Especialmente en el caso de las mercancías, aunque se espera que los servicios también se contagien de esa menor actividad.

De este modo, no puede sorprender que los indicadores de confianza empresarial se estén resintiendo también. Las proyecciones macroeconómicas del BCE a comienzos de año eran más optimistas que las actuales, y esto le obliga a actuar con un nuevo alivio financiero vía tipos de interés. Más probable aún por el alcance de la desinflación a día de hoy. Eso sí, en los próximos meses es probable un suave repunte de la inflación ante la retirada de algunas medidas en algunos países (por ejemplo, recuperación del IVA normal) y un cierto encarecimiento energético por las tensiones geopolíticas de Oriente Próximo. En todo caso, los pronósticos del BCE y de los analistas son que en 2025 se estabilizará la inflación general y subyacente en torno a su referencia (2%).

La transmisión de la política monetaria a través de menos crédito y más caro se ha continuado manteniendo hasta la fecha, lo que explica en gran parte la desinflación, pero también la debilidad macroeconómica de los últimos meses. A pesar de las reducciones de los tipos, se espera que la política de concesión de crédito siga siendo restrictiva, por un entorno de baja tolerancia al riesgo ante una economía que se debilita y la menor liquidez global actual. Harán falta nuevas rebajas en el precio oficial del dinero para que las condiciones financieras se modifiquen significativamente, la concesión de préstamos se reactive y se perciba más la disminución de los costes financieros para familias y empresas. La transmisión monetaria actúa con cierto retardo a través del mecanismo financiero, pero en unos meses se deberían de notar unas condiciones de crédito algo más laxas.

¿Y qué se espera de las próximas reuniones del BCE? Muy probablemente, más de lo mismo, con una nueva disminución de los tipos –nuevamente de 25 puntos básicos– en la reunión de diciembre. Sin embargo, no es probable que la presidenta Lagarde se comprometa en la rueda de prensa de este jueves completa y claramente con esa reducción o con las que probablemente continuarán en 2025. Amagará con que sí, que llegarán nuevas bajadas, sobre todo si los datos macroeconómicos en los que se basen sus declaraciones muestren deterioro y justifiquen más caídas del precio oficial del dinero, pero sin llegar a comprometerse totalmente.

Por tanto, se mantendrá la estrategia de ir reunión a reunión en función de lo que los datos vayan exhibiendo. Hasta ahora, en un contexto poco convulso de mercados como el actual, no comprometerse con una estrategia de modo definitivo no parece haber funcionado mal. El BCE parece haber estado cómodo con lo que el mercado iba percibiendo entre reuniones de su Consejo, y no ha facilitado ningún sobresalto monetario, que sí habría acontecido de darse una decisión inesperada.

Esta situación de cierto confort sobre las expectativas de tipos de interés para todos los participantes del mercado (bancos centrales, entidades financieras, inversores, ahorradores) puede durar algo más. Sin embargo, nada garantiza que la estabilidad de los mercados financieros se mantenga a medio plazo. Ni en los mercados globales, donde el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses, la aparente sobrevaloración del Nasdaq, los conflictos geopolíticos o las tribulaciones económicas de China, entre otros posibles factores, pueden cambiar esa percepción de cierto confort. En la zona euro, las dudas sobre la competitividad productiva futura a medio plazo y, de modo más cercano en el tiempo, los interrogantes fiscales de la UE, que generan creciente preocupación, con un gigante como Francia a la cabeza, y que habrá que seguir muy de cerca. En suma, ambiente monetario predecible… por ahora.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa. 

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad. 

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa. 

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA. 


La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.


[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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¿Qué esperar del Foro de Sintra de Bancos Centrales?

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La bella
ciudad lusa de Sintra acoge un año más, los próximos 1, 2 y 3 de julio de 2024,
el Foro de Bancos Centrales, que organiza el BCE. Es una cita obligada para
banqueros y analistas, al igual que lo es la de Jackson Hole (Wyoming) de
finales de agosto, de la Reserva Federal estadounidense. El contenido de estas
jornadas dice mucho de los asuntos que ocupan y preocupan a los banqueros
centrales. El Foro de Sintra lleva como leitmotiv La política monetaria en
una era de transformación
, un guiño implícito al cambio de coyuntura de
tipos de interés, pero también al impacto de la tecnología y la inteligencia
artificial (IA), entre otros factores de conversión de la economía y la
sociedad.

Los
bancos centrales llevan desde 2007-2008 en un proceso continuo de cambio y
ampliación de sus funciones y competencias. Primero, inyectando una liquidez
enorme en los mercados para aplacar los desastres causados por la crisis
financiera global y de la deuda soberana europea. Después, para evitar la
deflación, una amenaza que fue real muchos años, se apostó por la contra natura
de los tipos de interés negativos. Posteriormente, cuando todo el mundo
esperaba la normalización de tipos y de las numerosas facilidades
extraordinarias de financiación, los bancos centrales tuvieron que seguir
actuando expansivamente por la pandemia. Y los últimos años, tras la pandemia y
con la guerra de Ucrania, surge una inflación elevada y resistente, que obligó
a subir los tipos de una manera inesperada y casi radical a niveles bien por
encima de los catalogados como “neutrales”.

Solamente
ahora parece que se puede iniciar un ciclo que relaje el precio oficial del
dinero. No obstante, el entorno es comprometido para los banqueros centrales.
No todos llegan a Sintra con las mismas sensaciones. Hay dos sesiones en las
jornadas que se dedican a los fundamentales de los tipos de interés y a la
evolución del ciclo monetario, y ahí se evidencian divergencias notables.

Estados
Unidos está creciendo por encima de lo esperado y con una inflación que se
resiste a llegar al objetivo. Por si fuera poco, unos mercados americanos en
pleno hype, en particular con las tecnológicas, que no paran de aumentar
su valor de mercado con los riesgos de corrección brusca que implica. La
exuberancia casi irracional con el valor de la empresa Nvidia es el caso más
extremo. Por todos esos factores, y para evitar reanimar la inflación en una
economía sobrecalentada, la Fed de Estados Unidos tiene una hoja de ruta muy
compleja para los próximos meses, tras ir demorando la bajada de tipos desde el
año pasado, y con un fin de año de gran relevancia política, con las elecciones
presidenciales, que pueden traer de vuelta a Donald Trump a la Casa Blanca,
algo que tener en cuenta también.

A este lado del Atlántico, el anfitrión en Sintra, el BCE, tiene sus propias tribulaciones. Una economía mucho más taciturna que la americana, con numerosos enigmas tanto a escala coyuntural —inflación, coste de la energía, crecimiento de los salarios— como estructural, con desafíos pendientes para mejorar la competitividad. Por eso, una sesión de las jornadas se dedica a la productividad europea a corto y largo plazo, donde queda mucho por hacer.

Hay
incertidumbre sobre si el impacto de la IA nos acercará (o nos alejará) de
Estados Unidos y China. También por los resultados de las elecciones europeas y
las elecciones anticipadas de Francia, que han vuelto a recordarnos la
pesadilla de las primas de riesgo, donde preocupa sobre todo el país galo. La
autoridad monetaria de Fráncfort continúa evitando que las rentabilidades de la
deuda soberana europea vuelvan a convertirse en el quebradero de cabeza que
fueron en 2012. Eso sí, el BCE ya ha comenzado las reducciones de tipos, algo
que puede impactar en una depreciación con respecto al dólar.

Esa diferente coyuntura a la que se enfrentan los dos principales bancos centrales se reflejará en los mensajes que Christine Lagarde y Jerome Powell transmitan sobre que harán con los tipos de interés. Coincidirán en que sus decisiones las toman reunión a reunión y a partir de la información disponible en cada momento. Difícil que coincidan en mucho más.

Los otros temas que trata el Foro reflejarán visiones distintas también. Se va a hablar de la biodiversidad, algo que parece preocupar mucho más en nuestro continente que en otras zonas del mundo. El intenso papel del BCE y la regulación financiera en potenciar la transición energética podría cambiar con la nueva legislatura europea, a la luz de las declaraciones de algunos de los partidos que lograron una mayor representación. El BCE seguirá supervisando la huella de carbono —entre otros indicadores— de los créditos e inversiones bancarias, pero quizás los objetivos del propio proceso de transición energética pasen a ser menos perentorios.

Se hablará también del sistema financiero internacional, único lugar donde se podría hablar de la economía y finanzas de los países en desarrollo, siempre un gran olvidado en estos foros. Por último, llama la atención (o, mirándolo con algo de ironía, quizás no) que no se vaya a tratar la cuestión de las monedas digitales, como el euro o dólar digital. El impulso político es bastante mayor en el caso del primero que en el segundo, pero quizás la mucha incertidumbre sobre las divisas digitales justifique no incluir un tema hasta que se considere que está más maduro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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España en el futuro de Europa

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La buena marcha de la economía española en comparación
con la europea no solo evidencia el papel clave de la construcción comunitaria
en el desarrollo de nuestro país. También dibuja una reconfiguración de las
prioridades de la Unión Europea: para España, los temas presupuestarios o el
volumen de transferencias que recibimos importan ya mucho menos que cuestiones
de índole más estratégica, cuando no existencial, parafraseando el reciente
discurso del presidente Macron, refiriéndose a la UE como un proyecto no
necesariamente inmortal.      

La trayectoria reciente de nuestra economía es reveladora de la importancia del mercado único, tanto como del giro político operado en Bruselas estos últimos años. Si el PIB se sitúa un 3,7% por encima del nivel prepandemia, permitiendo la creación de 1,25 millones de puestos de trabajo durante un periodo tan convulso, es en parte por el replanteamiento de la política económica europea tras el desgarro de la crisis financiera. Y también por los buenos resultados cosechados por las empresas españolas en los mercados europeos. El sector exterior, gracias al estímulo de la integración europea, explica directamente el 40% del avance del PIB español registrado desde finales de 2019. La clave está en un posicionamiento competitivo favorable: el año pasado, el saldo de los intercambios de bienes y servicios con la UE arrojó un superávit récord, hasta casi duplicar el excedente de la locomotora alemana, algo también inédito. Por el contrario, Francia e Italia registran un déficit en sus intercambios intracomunitarios.     


Para afianzar estos resultados, hay que aprovechar las circunstancias que permitan sacar partido de la posición competitiva de nuestro tejido productivo. Se trata de atajar la escalada de subvenciones y de ayudas que distorsionan el mercado único, debilitando espuriamente el tirón de las exportaciones.

De manera similar, la promoción de campeones nacionales en cada Estado miembro, no solo fragmenta el mercado único; también lastra la competitividad del conjunto de la economía europea. Las experiencias exitosas muestran por el contrario la importancia de la competencia entre grandes corporaciones como instrumento primordial de política industrial y de sostén del poder adquisitivo de las familias. El informe Letta aboga por la emergencia de potentes operadores europeos que compitan entre sí, y no de gigantes con pies de barro que difícilmente resistirían la competencia con sus homólogos norteamericanos o chinos.   

Para una economía competitiva como la española la movilidad del ahorro debería ser un tema más prioritario que el ensanchamiento del presupuesto europeo. Es preocupante que Europa exporte nada menos que el 13% de los recursos disponibles en el sector privado para invertirlos en el aparato productivo de países terceros, entre los que destaca EE UU. El volumen de estos recursos perdidos supera las necesidades estimadas de inversión o de ampliación de los recursos públicos comunitarios. Para España, sería más provechoso desatascar las barreras a la movilidad del ahorro que obtener un nuevo Next Generation; el actual, en todo caso, todavía tiene mucho recorrido. En suma, la unión financiera no debería dilatarse más. 

La política comercial europea también debe reubicarse. La
guerra arancelaria entre EE UU y China ha debilitado el sistema multilateral,
abocando a acuerdos con otros grandes actores guiados por los intereses
europeos y las normas medioambientales y sociales. Este es también un ámbito en
el que la economía española puede aprovechar sus ventajas de costes
energéticos. Tales acuerdos también pueden incorporar un desarrollo ordenado de
los flujos migratorios, importantes para un continente que envejece y se enfrenta
a cuellos de botella.         

Todo ello configura una estrategia coherente con las
necesidades de la economía española, y al tiempo arraigada en los principios europeos
fundacionales de apertura y cohesión social. Paradójicamente, su puesta en
marcha entraña un esfuerzo presupuestario limitado en comparación con las soluciones
inspiradas en la tentación de retraimiento en las fronteras nacionales.

IPC | El IPC se incrementó un 3,8% en mayo en términos interanuales y armonizados, frente al 2,6% para el conjunto de la eurozona. Por tanto, el diferencial de inflación sigue siendo desfavorable, en parte por factores puntuales como la rápida desescalada de los precios energéticos en Europa (una tendencia que en el caso de España se produjo con anterioridad). Por otra parte, descartando la inflación y los alimentos frescos, el IPC subyacente también supera la media europea, reflejando el dinamismo de la demanda, sobre todo en los sectores más ligados al turismo.       

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El descuelgue europeo con una mirada española

Con
la proliferación de barreras comerciales entre las grandes potencias y la
reorganización de las cadenas productivas propiciada por la sucesión de crisis,
se abre una nueva etapa de la globalización. Y de momento Europa no parece
encontrar la respuesta adecuada al nuevo contexto. Además del declive relativo
de su posición económica en el mundo, la reglobalización exacerba las
disparidades entre los países miembros, y conviene por tanto entender la especificidad
de España ante estos cambios.

Las
señales de un deterioro europeo son inequívocas, si bien no son irreversibles y
en el caso de España se compensan en parte por el buen desempeño de sus
intercambios en el mercado único. Además de un crecimiento anémico, la economía
europea arrastra una pérdida de dinamismo de sus exportaciones. La cuota de
mercado de las empresas europeas en el comercio mundial de bienes se ha
reducido en un punto porcentual en tan solo cuatro años, mientras que EE UU consigue
mantener su posición y China escala 1,5 puntos (con datos de la OMC para 2019 y
2023). Las exportaciones de servicios apuntan a un mejor comportamiento, pero no
compensan la fragilidad de los sectores industriales.

La sensación de desacoplamiento es aún más acusada si nos fijamos en la Inversión Extranjera Directa, con un retroceso notable de los flujos de entrada de capital productivo en las empresas europeas (la desinversión en concepto de IED roza los 100.000 millones en los dos últimos años, contrastando con una entrada media anual de 478.000 millones en el periodo 2015-2019). A la inversa, el capital productivo fluye hacia las otras dos grandes potencias, si bien en el caso del gigante asiático se aprecia un frenazo importante.

G1

No solo la Unión Europea está siendo menos atractiva para la inversión de empresas de países terceros, pero es que además las corporaciones europeas reorientan parte de sus inversiones hacia destinos extracomunitarios. Así pues, comparando los flujos de entrada y de salida de inversión directa, se deduce que Europa se ha convertido en gran máquina de exportación de ahorro para invertirlo en el tejido productivo de los otros bloques comerciales. Este desvío del ahorro europeo se eleva a 2,6% del PIB europeo, siendo esto más o menos el volumen de recursos que necesita la UE, según estimaciones de Bruselas, para adaptar su economía a los grandes desafíos de nuestros tiempos.  

La posición de España respecto de los intercambios extracomunitarios se asemeja a la del conjunto de la UE. Sin embargo, afortunadamente en nuestro caso el deterioro se ha compensado con la mejora competitiva dentro del bloque europeo: las exportaciones ganan peso en el Mercado Único, el saldo de la balanza externa con el resto de la Unión es cada vez más favorable, y la inversión directa en empresas españolas desde otros socios comunitarios se ha afianzado. Prosigue, no obstante, el déficit de inversión nacional, en parte por factores internos, pero también por las incertidumbres del entorno europeo.

Para
España, el riesgo más inmediato proviene de la erosión del Mercado Único
generada por la multiplicación de ayudas de Estado y de otras posibles
iniciativas de aquellos socios comunitarios que se han visto más afectados por
la reglobalización. Pero conviene reconocer que nadie dispone ya de la
masa crítica para salvarse por sí solo: el principal reto radica en la
construcción de una respuesta común a los desafíos globales. La unión
financiera, con una armonización fiscal del impuesto de sociedades, es una
alternativa que facilitaría la reinversión del ahorro europeo. Otra opción consistiría
en la creación un presupuesto común de inversión, siguiendo los pasos del
programa Next Generation pero gestionado desde Bruselas. Las elecciones
europeas son una oportunidad para debatir estas y otras vías de solución ante
un statu quo perjudicial para la economía europea y su modelo social
único en el mundo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO | Según la asociación europea de fabricación de automóviles, los vehículos eléctricos o híbridos representaron el 48,1% de las matriculaciones totalizadas en 2023. Prácticamente uno de cada cinco de estos vehículos provenía de China, un porcentaje que podría seguir creciendo a tenor del diferencial de precios, en el entorno del 25%, incluso después de la aplicación a las importaciones de un arancel del 10%. La Comisión estudia la posibilidad de elevar el arancel hasta el 25%. Entre tanto, algunos constructores del país asiático han anunciado proyectos de fabricación en España y Hungría. 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Gracias por leer El descuelgue europeo con una mirada española, una entrada de Funcasblog.

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Previsiones al alza

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En las últimas semanas hemos observado que las previsiones de crecimiento del PIB para la economía española han sido mejoradas por distintos organismos. El Fondo Monetario Internacional ha sido el último. Considera que España crecerá el 1,9% este año (antes estimaba el 1,5%) y un 2,1 en 2025 (se mantiene el pronóstico anterior). Nuevamente los datos pueden terminar mejor de lo que se esperaba a comienzo de ejercicio. La coyuntura arroja buenas noticias en una economía que parece gestionar, en épocas de crecimiento, mucho mejor el corto plazo que el largo plazo, que sigue presentando desafíos y dificultades que vienen de lejos.

Este año se ha escrito mucho sobre la falta de exactitud de muchas de las previsiones macroeconómicas de los dos últimos años, que al final siempre fueron mejores que las previstas al inicio de sus respectivos ejercicios. En nuestro país y también para la zona euro, Estados Unidos y Reino Unido. Por ejemplo, al final los temores de recesión en EE. UU. no se han cumplido y el desempeño de su economía en PIB y empleo ha sido muy favorable. En la zona euro —con Alemania a la cabeza— sí que ha llegado a la recesión técnica, pero con casi nulo impacto en empleo. La economía española ha mostrado mejor comportamiento en términos de tasas de crecimiento que nuestros vecinos. Y aunque el empleo resiste, queda mucho por hacer.

Un contexto monetario tan
endurecido para atajar la inflación como el de los dos últimos años generaba en
épocas pasadas recesión y notables pérdidas de empleo. Solamente con recesión
se lograba calmar la inflación. A pesar de que las generaciones actuales no
conocíamos ni habíamos gestionado un episodio de inflación, la fuerte subida de
tipos de interés no ha causado un impacto significativo y negativo sobre la
actividad económica y muchos menos sobre el empleo. La política fiscal, que ha
continuado siendo expansiva, puede ser uno de los factores de la fortaleza de
la economía, y que da lugar a previsiones que se suelen quedar cortas. No es el
único factor.  El ahorro pospandémico
puede estar favoreciendo el vigor del consumo también en muchas economías
occidentales.

La inversión no sigue los mismos derroteros. No se reactiva en numerosos países por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la velocidad de la transición energética, que impiden la necesaria confianza. Quizás España es de algún modo una excepción, aunque no puedan lanzarse las campanas al vuelo. Una especialización productiva con menor peso de las actividades industriales más afectadas por la incertidumbre, un mix energético más diversificado y de menor coste, una captación neta —y consiguiente aumento de oferta— de trabajadores y capital humano —sobre todo de otros países hispanohablantes—, y unos costes salariales inferiores a los de otros países del entorno, puede estar ayudando a recibir inversión. Conviene aprovechar esta coyuntura inesperadamente favorable para sentar las bases, de una vez por todas, sobre cómo hacer frente a los numerosos retos de competitividad y sostenibilidad de las cuentas públicas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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El Estado y su capacidad de acción

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La gobernanza económica, entendido ésta como la capacidad de las políticas públicas para acompañar las transformaciones del sistema productivo, es probablemente el principal reto de nuestros tiempos. En el caso de España, la trayectoria de la economía es positiva en relación a otras, a tenor de distintos indicadores de coyuntura, consistentes con un ligero crecimiento, cuando algunos de los socios comunitarios más expuestos a los shocks bordean la recesión. Pero sería erróneo concluir que el viento de cola puede perdurar sin nuevos consensos en torno al papel del Estado en el actual contexto disruptivo.     

Hoy por hoy el impulso proviene de dos factores transitorios. En primer lugar, la competitividad —factor clave del auge de nuestras exportaciones y del sólido superávit externo que prevalece pese a la sucesión de perturbaciones globales— depende sobremanera de los costes laborales. La moderación salarial ha sido la tónica de esta última década, y la disponibilidad de fuentes de energía renovables ha aportado un plus. Desde 2010, los costes laborales unitarios se han incremento un 15% en euros corrientes, es decir, 9 puntos porcentuales por debajo de la media europea. No obstante, esto es poco relevante para acometer las adaptaciones productivas y la reasignación de recursos necesarias para realizar la transición digital y energética. Porque la clave está en potenciar la capacidad productiva, y ahí es precisamente donde tenemos un problema, con una inversión no responde a las expectativas. Desde 2010, el gasto en equipamiento se ha elevado un 11% (en términos constantes, descontado la inflación), justo la mitad de la media europea. 


El sector automotriz es un caso paradigmático de la inviabilidad de competir con salarios atractivos, sin adaptar las cadenas productivas hacia el vehículo eléctrico. Según los datos del sector, la producción de este segmento del mercado crece mucho menos que la demanda, evidenciando el camino que queda por recorrer.

El segundo factor de resistencia, a saber, la política fiscal, se encuentra en situación aún más precaria. Esta política ha ejercido un papel de estabilizador automático, protegiendo el tejido productivo ante las crisis de estos últimos años, y asegurando una cierta cohesión social, como en el caso de la reforma laboral o de la indiciación de las pensiones con la inflación. Todo ello, sin embargo, solo ha sido posible en la era, ya extinta, de abundancia monetaria. Ahora que las condiciones de financiación del Estado se han endurecido, al compás de la subida de tipos de interés y la desinversión progresiva del BCE del mercado de deuda, no queda margen de maniobra para asumir nuevas compensaciones que no encuentren una contraparte del lado de los ingresos públicos.

Además de contar con un espacio de acción coyuntural, el Estado debe asumir un papel proactivo o estratégico, con capacidad para afrontar los cambios estructurales. Para eso están los fondos europeos, siempre y cuando sirvan para transformar el tejido productivo. Cuantitativamente, la ejecución de estos fondos parece avanzar. Las administraciones centrales, por ejemplo, han comprometido prácticamente la totalidad de los recursos desembolsados por Bruselas. Pero de momento los resultados no se reflejan ni en la productividad, languideciente, ni en la inversión productiva, en retroceso en relación al nivel prepandemia (en términos del conjunto de la economía).

Aquí, como en otros
ámbitos de la política fiscal, convendría inspirarse de las experiencias de países
de estructura federal que condicionan las transferencias entre entes
administrativos a los resultados. Instrumentos como la evaluación sistemática
de los grandes programas de gasto y de beneficios fiscales que merman la
recaudación, las transferencias en bloque y el despliegue de recursos o quitas
parciales de deuda en función de su impacto, pueden ser útiles a este respecto.        

En suma, la economía
dispone de mimbres para seguir creciendo a corto plazo. Pero el impulso solo
puede sostenerse con un enfoque renovado del Estado, incluyendo el
replanteamiento de la eficiencia de los instrumentos de acción, al tiempo que
se reducen los desequilibrios presupuestarios.  

SALARIOS | Tras un inicio de año marcado por las compensaciones puntuales de poder adquisitivo, los incrementos salariales se moderan. Según los datos de grandes empresas divulgados por la Agencia Tributaria, la remuneración media por asalariado se incrementó un 5,1% en el tercer trimestre (en términos interanuales), frente al 5,8% en el primer trimestre y 5,7% en el segundo. Asimismo, la información disponible de salarios pactados en convenios colectivos apunta a una leve desaceleración: el incremento de los nuevos convenios hasta octubre fue del 4,2%, casi medio punto menos que en el primer semestre.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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