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Reducción de las presiones inflacionistas sobre los bienes, pero no sobre los alimentos elaborados

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IPRI | octubre 2023


El índice de precios industriales (IPRI), que nos informa de los precios de los productos industriales a salida de fábrica, y por tanto es un indicador de las presiones inflacionistas por el lado de los costes a lo largo de la cadena de producción, presentó una tasa de crecimiento del -7,8% en octubre. Excluyendo los productos energéticos, la tasa interanual fue del 1,3%, cinco décimas porcentuales inferior al mes anterior. Este último índice se mantiene estable desde comienzos del año, es decir, los precios no han variado desde entonces, aunque la comparación interanual aún arroja una tasa ligeramente positiva (gráfico izquierda).

El índice correspondiente a los bienes intermedios continúa la trayectoria descendente iniciada a mediados de 2022, con una tasa interanual de -5,4%, lo que apunta a una reducción, en general, de los precios de los productos intermedios y, por tanto, de las presiones inflacionistas a lo largo de la cadena de producción de los bienes industriales. No obstante, el índice aún se encuentra un 25% por encima del nivel que había a comienzos de 2021. En la parte final de la cadena de producción, los precios industriales de los bienes finales al consumo no alimenticio se han estabilizado, en un nivel en torno a un 11% superior al de comienzos de 2021 (gráfico derecha). Todo ello en su conjunto apunta a que la ralentización en el ritmo de crecimiento de los precios que paga el consumidor final por la mayoría de bienes que componen el IPC se mantendrá en los próximos meses.

La evolución del índice correspondiente a los bienes alimenticios, sin embargo, ofrece un resultado más desfavorable. Tras haber frenado su ascenso en marzo de este año, y haberse mantenido estable durante los meses siguientes, ha retomado una senda ascendente a partir de agosto (gráfico derecha). Esto podría indicar que los precios que paga el consumidor final por los alimentos elaborados, recogidos en el IPC, los cuales también habían reducido de forma significativa su ritmo de crecimiento en los últimos meses, podrían estar sufriendo de nuevo presiones alcistas que podrían conducir a nuevos ascensos.

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Perspectivas de inflación

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La inflación retrocede tanto en España como en el resto de Europa, para alivio del bolsillo de los consumidores. Los precios, medidos por el IPC, cayeron dos décimas durante el mes pasado y se estabilizaron en la eurozona, reduciendo la tasa interanual hasta el 3,2% y el 6,1%, respectivamente. Ahora la principal incógnita es si la tendencia justifica una pausa en la subida de tipos. La respuesta es que la desescalada debería afianzarse en los próximos meses, aun con altibajos, sin necesidad de fuertes vueltas de tuerca monetaria, adicionalmente a las ya instrumentadas por el BCE. Esto en base a hipótesis que conviene explicitar.

En primer lugar, se confirma que el shock de precios energéticos y de suministros que está en el origen del proceso inflacionario, en particular de alimentos, se ha revertido parcialmente. La tendencia sufrirá vaivenes, por la volatilidad que caracteriza estos mercados y su vulnerabilidad ante las tensiones geopolíticas, cuyo desenlace es todavía en impredecible. No obstante, bajo el supuesto de un entorno externo sin grandes sobresaltos, se anticipa una menor aportación al IPC de los componentes exógenos.

Por tanto, la inflación ya no depende de los factores que causaron el brote inicial, sino de la dinámica interna de los precios, es decir de la evolución de las rentas salariales y de los márgenes empresariales. Este es el dominio inescrutable de las expectativas y de la capacidad de cada agente de recuperar el poder adquisitivo perdido. Cabe recordar que el año pasado la remuneración media por asalariado registró el mayor descenso en términos reales desde que arranca la serie a mediados de los 90.

Si bien el devenir de tales dinámicas es difícil de pronosticar, el recién firmado acuerdo salarial aporta un importante elemento de previsibilidad: el acuerdo estipula que los salarios del sector privado se incrementarán al menos un 4% este año, y un 3% tanto en 2024 como en 2025. En términos efectivos, las remuneraciones podrían crecer ligeramente por encima de la referencia fijada para este ejercicio, ya que el empuje del SMI más que compensa el menor incremento del sector público. Todo ello, junto con el leve avance previsto de la productividad laboral, redundaría en una aportación de 1,9 puntos del factor trabajo al deflactor del PIB (el mejor barómetro de los precios internos), y de 1,7 y 1,3 puntos los dos siguientes.


Los márgenes, por su parte, ya han recuperado los niveles prepandemia, a tenor de los resultados del primer trimestre, de modo que una estabilización es factible de cara al futuro. Desde luego, la actual debilidad del consumo no deja espacio para una subida adicional de los márgenes. En base a esa hipótesis de estabilización, el excedente empresarial todavía aportaría 2,8 puntos al deflactor del PIB de este año (por el efecto arrastre que proviene del nivel elevado alcanzado en el primer trimestre). Posteriormente, su evolución estaría en línea con lo anticipado para las remuneraciones, en consonancia con la hipótesis de “paz social”.

Sumando las aportaciones de las remuneraciones y de los excedentes se obtiene una senda de crecimiento del deflactor del PIB del 4,7%, 3,5% y 2,6% para los próximos tres años (ver gráfico). La previsión, si bien todavía superaría el objetivo del 2%, es prudente ya que implica que los salarios no recuperarán todo el poder adquisitivo perdido, y que los márgenes quebrarán la tendencia alcista de los últimos tiempos. Por las mismas razones, la desinflación está también en marcha en el resto de la eurozona, si bien la tendencia será menos pronunciada que en España por la situación de cuasi pleno empleo en algunos países miembros.

Con todo, la desescalada del IPC, aún gradual y en dientes de sierra, parece haberse instalado, justificando una próxima pausa de las subidas de los tipos de interés. Pero un retorno a la era de expansión monetaria es inverosímil en un horizonte cercano.

IPC | El reflujo de la inflación se extiende a través de la eurozona, particularmente en las economías más afectadas por el alza de precios como Alemania y países nórdicos. La tendencia es también favorable en Países Bajos, único socio europeo con un IPC al alza, pero por efectos base. Después de Bélgica y Luxemburgo, España es el país con el mejor resultado: el IPC se incrementó un 2,9% en términos interanuales, menos de la mitad de la media de la eurozona. El precio de los alimentos empieza a moderarse en la eurozona, si bien a partir de niveles elevados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La asimetría de la inflación

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El peor momento del brote inflacionario ha quedado atrás, pero es probable que el reflujo sea a la vez lento y con altibajos. La energía se ha convertido en un factor de deflación, fruto de la vuelta al equilibrio en los mercados en torno a precios más asequibles —si bien todavía por encima de los niveles promedio de años anteriores—. Ni el anuncio por parte de los países productores de petróleo de un recorte de la producción, ni la reactivación de la economía china han alterado ese equilibrio de manera significativa.

Otro shock de oferta —el que proviene del súbito encarecimiento de los alimentos y de la cesta de la compra— se muestra más persistente. Pero podríamos estar alcanzando un punto de inflexión gracias a la moderación de los costes de producción del sector: los precios pagados por los agricultores han descendido más de un 5% desde los máximos del otoño (una tendencia aún más acusada en el resto de Europa). La dramática situación de sequía va a dificultar la desescalada, pero las condiciones climatológicas están siendo menos desfavorables en otros países de nuestro entorno, como avala la fuerte desaceleración de los precios de importación de los productos agrícolas. En todo caso, el IPC de alimentos apenas subió un 0,26% en abril, cinco veces menos que la media de los seis meses precedentes.

La mejora también se percibe en los bienes industriales no energéticos, los más beneficiados por el abaratamiento de la energía y la suavización de los cuellos de botella en los suministros. Además, la competencia internacional actúa como dique de contención sobre los precios industriales.


Los servicios, sin embargo, se han convertido en el principal propulsor de la inflación. El sector es el único de los grandes componentes del IPC que pisa el acelerador, tanto en la eurozona (con un incremento del 5,2% en abril en términos interanuales), como en España (4,3%), muy por encima de los registros del pasado ejercicio. En España, la inflación de los servicios explica ya el 47% del IPC total, casi 30 puntos más que hace un año. Muchas ramas de servicios, como el comercio o la restauración operan relativamente al abrigo de la competencia externa, de modo que las empresas han podido repercutir plenamente a sus clientes el incremento de los costes. Según los datos de la Agencia Tributaria, los márgenes por unidad de producto crecieron un 17% en 2022, frente al 4% en la industria.

Los precios de los servicios se caracterizan por una cierta inercia, especialmente a la baja, de modo que no cabe esperar un cambio drástico de tendencia. Esta persistencia se trasladará necesariamente a la inflación incluso si los otros componentes remiten como es previsible, ya que los servicios representan casi la mitad del IPC total.

El elevado peso de los servicios contribuye también a explicar el desfase temporal que existe entre, por una parte, el enfriamiento de la demanda que persigue el BCE con el endurecimiento de su política monetaria, y, por otra parte, la desinflación. Como muestra un estudio reciente del propio banco central, el impacto en el IPC de las subidas de tipos de interés registradas hasta la fecha se producirá sobre todo en 2024-2025. A la inversa, según el mismo estudio, el efecto en la economía y el empleo será relativamente rápido, evidenciando el riesgo de sobrerreacción de la política monetaria.

En suma, el contexto de inflación sigue siendo incierto por la volatilidad de algunos precios como los alimentarios. Pero la tendencia debería orientarse levemente a la baja, en consonancia con el consenso de analistas que pronostica un IPC subyacente del 5,8% en media anual en 2023 y del 3,4% en 2024.

Parece arriesgado forzar una desescalada más pronunciada, al menos para la economía española, donde las expectativas apuntan a la moderación, a tenor del recién firmado acuerdo salarial.

INTERCAMBIOS | Prosigue el auge del sector exterior. Las exportaciones se incrementaron un 14,6% hasta marzo, frente a avances de entre el 7% y el 10% en los otros grandes países europeos. Destaca la recuperación de las ventas en el exterior del sector automotriz, con un rebote del 32% durante el mismo periodo. Las importaciones españolas, por su parte, subieron un 4% durante el mismo periodo, un registro apenas superior a la media europea. Todo ello ha permitido incrementar el superávit comercial con la UE y reducir el déficit con los países no comunitarios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La persistencia del IPC

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Las presiones inflacionarias tienen pinta de ser más persistentes de lo anticipado, con un IPC que apenas se ha beneficiado de las rebajas de enero o de los recortes de IVA, y con los alimentos disparados, avivando el descontento social. Detrás de las cifras agregadas, sin embargo, aparecen tendencias de fondo que pueden ser útiles de cara al buen diseño de la política contra la inflación, tanto la fiscal como la monetaria.

Y es que los efectos de la desescalada de la
primera onda expansiva de costes empiezan a notarse en el periodo más reciente.
Así pues, desde el mes de agosto —­clímax de la crisis del gas y de los
alimentos— el IPC energético ha registrado un descenso cercano al 17%. El de
alimentos no elaborados, los más golpeados por la sequía y el encarecimiento de
los fertilizantes y otros insumos, se ha desacelerado hasta valores inferiores
al 3%, menos de la mitad que durante la primera parte del pasado ejercicio.

Naturalmente, el shock inicial todavía se está trasladando al resto de precios. Pero esos efectos indirectos también se están frenando: el núcleo central de precios, es decir, sin contar la energía y los alimentos, está creciendo a un ritmo anual del 3,6%, casi la mitad que durante el periodo central del shock. Los alimentos elaborados también se encaminan a una desaceleración, especialmente en el periodo más reciente —si bien desde tasas muy elevadas y de manera desigual—. Todo ello debería reflejarse en los datos agregados a partir de la primavera, cuando el efecto escalón posterior a la invasión de Ucrania haya desaparecido.


En suma, el traslado de la primera ola de inflación al conjunto del aparato productivo está amainando, pero de manera muy gradual. Vamos en la buena dirección, pero la gradualidad de la desescalada eleva el riesgo de cronificación, especialmente en los sectores caracterizados por la falta de competencia. Es por ello que algunos socios europeos han fortalecido el papel de la autoridad de vigilancia de los mercados, con instrumentos que facilitan la comparación de precios como en Francia (similar al que existe en la CNMC para las tarifas eléctricas) o la denuncia de prácticas anticompetitivas. Véase la estrategia de 360 grados de Portugal. Según un estudio reciente de la OCDE, este tipo de políticas es susceptible de contribuir a limitar la inflación (los llamados efectos de segunda ronda), y no solo a incidir favorablemente en el nivel de los precios.

Por otra parte, el contexto es propicio a una mayor focalización de las ayudas en torno a los colectivos vulnerables; de lo contrario, los esfuerzos serán insuficientes para las personas más necesitadas y perjudiciales para el erario público. Es preferible, y a la vez menos costoso, elevar las transferencias monetarias condicionadas a un cierto umbral de ingresos, como en el caso de la ayuda de 200 euros recientemente decidida por el Gobierno, que recortar el IVA de manera generalizada. Estos recortes, además, solo sirven para abaratar puntualmente los productos, sin ningún impacto en las dinámicas, con el riesgo añadido de que la medida sea absorbida por los márgenes empresariales.

Entre tanto, el protagonismo está en el Banco
Central Europeo (BCE). La lenta y desigual desescalada de la inflación que se
aprecia en España es también perceptible en el resto de países de la zona euro.
Por otra parte, ya se constatan señales contractivas como consecuencia de las
subidas de tipos de interés y su reflejo en el euríbor. Las condiciones de
acceso a los préstamos bancarios se endurecen mientras se contrae la concesión
de nuevos préstamos, preludio de un enfriamiento de la demanda. Todo ello, junto
con la necesidad de incorporar el tiempo de latencia entre los ajustes
monetarios y sus efectos en la economía, aboga por atino en la acción del banco
central en sus esfuerzos por aplacar la inflación.
Pero sin generar una recesión.

PRECIOS | El índice de precios al consumo registró en enero un descenso del 0,2%, inferior al registrado el mismo mes del año pasado, lo que ha elevado la tasa de inflación hasta el 5,9%. El incremento ha procedido de todos los componentes del índice subyacente, que es de donde proceden en estos momentos las mayores presiones inflacionistas: pese a la bajada de los costes energéticos y de otros costes, la transmisión de los ascensos anteriores puede no haberse completado. Sin embargo, el diferencial de inflación con la eurozona sigue siendo favorable a España (2,6 puntos porcentuales). 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inmaculada desinflación

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Según una opinión muy extendida basada en la experiencia pasada, un brote persistente de inflación como el que estamos conociendo solo puede aplacarse encareciendo el precio del dinero hasta provocar una recesión. El dogma ha sufrido pocas excepciones en la historia económica y queda por ver si estamos ante una de ellas.

De momento, esta parece ser la apuesta de los mercados, que vaticinan una próxima pausa en la subida de tipos de interés, a medida que los precios se moderan. El euríbor, por ejemplo, se incrementa a menor ritmo que el coste del dinero del BCE. Y en el caso del rendimiento del bono del Tesoro español —fiel barómetro de las expectativas de tipos de interés a largo plazo—, la tendencia ha sido descendente, desde el entorno del 3,5% registrado a finales de diciembre, hasta los niveles actuales ligeramente superiores al 3%. Las Bolsas encadenan jornadas al alza —con un 12% de apreciación desde inicio de año en el caso de la española—, algo poco compatible con una fuerte recesión.

Esta visión de “inmaculada desinflación” (desescalada de los precios, sin recesión) se apoya en primer lugar en el giro operado por los mercado energéticos desde los máximos alcanzados en el verano pasado. El descenso de la cotización del gas, junto con los esfuerzos de ahorro energético, contribuye a explicar que la economía esté resistiendo mejor de lo previsto. El principal indicador de actividad de la eurozona repuntó en enero, aunque todavía se situó en terreno contractivo, algo que los mercados no parecen apreciar. Y en España la mejora es más acusada, en consonancia con la evolución de la afiliación.

El IPC también refleja el cambio de tendencia, relajando la presión sobre el poder adquisitivo de las familias y mejorando las perspectivas de actividad. Por otra parte, el encarecimiento de los alimentos —otro factor exógeno del brote inflacionario—debería empezar a tocar fin, por la estabilización de los precios de los carburantes y otros costes soportados por los agricultores. Por ejemplo, los fertilizantes subieron un 32% entre enero y julio, y solo lo hicieron un 6% desde entonces hasta octubre. En el caso de los piensos, el frenazo es más pronunciado, desde el 24% hasta el 1,5%.

Todo ello debería aliviar la cesta de la compra, siempre y cuando los distribuidores lo trasladen a las tarifas de venta. Además, el euro ha ganado buena parte del terreno perdido frente al dólar, colmatando uno de los principales focos de inflación importada.

Pero el BCE no parece compartir la visión relativamente optimista de los mercados. Su discurso revela inquietud acerca de los efectos de segunda ronda. En el sector de servicios, en teoría poco afectado por las crisis energética y alimentaria, los precios se incrementan a un ritmo anual superior al 4%, tanto en España como en la eurozona, y sin visos claros de desaceleración. Algo que solo se puede achacar a la elevación de los márgenes, pero en su comparecencia de esta semana Lagarde alertó de un posible repunte de los salarios. De manera velada, también solicitó un mayor apoyo de los gobiernos en la lucha contra la inflación.

En esta tesitura, la clave está en la lectura por parte del BCE de la evolución de la inflación en los próximos meses. Si, como cabe esperar, se afianza la desescalada y no se aprecian sólidos efectos de segunda ronda, el BCE tendría argumentos para una inflexión en su política monetaria. Pero tal cambio de ritmo llevará tiempo, y entre tanto las condiciones financieras a que se enfrentan las familias y las empresas podrían empeorar, como ya lo vaticina la encuesta de préstamos bancarios.

Otro escollo es que la inflación golpea con más ahínco en los países del norte de Europa partidarios de una acción aún más restrictiva. Esperemos que la racionalidad prevalezca tanto en el BCE como en los mercados.

PRECIOS | El dato adelantado del IPC de enero confirma que los alimentos han tomado el relevo de la energía como principal factor de inflación, tanto en la eurozona como en España. El índice representativo del núcleo central de precios (que incluye los servicios y los bienes sin energía ni alimentos) tiende a moderarse, pero a un ritmo lento. Ese índice escaló un 4% en los tres meses posteriores al inicio de la guerra en Ucrania, y subió un 1,7% adicional en total entre junio y diciembre (2,7% y 1,9%, respectivamente, en la eurozona).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La rebaja del IVA sobre los alimentos en 2023: estimación del ahorro fiscal esperado por los hogares

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El pasado 1 de enero entró en vigor una rebaja temporal del IVA aplicable a algunos alimentos, con el doble objetivo de ayudar a reducir su precio y apoyar a las familias [1]. Concretamente, el tipo superreducido que soportan el pan, harinas, cereales, leche, huevos, quesos, frutas y verduras frescas, así como legumbres se reduce del 4% al 0%. Adicionalmente, el tipo soportado por aceites vegetales y pastas se recorta del 10% al 5%.

La rebaja estará vigente durante 6 meses, hasta el 30 de junio de 2023. No obstante, los tipos de gravamen revertirán a sus valores originales el 1 de mayo si la tasa interanual de inflación subyacente de marzo fuese inferior al 5,5%. Sin embargo, esa tasa está lejos de dicho umbral situándose en enero de 2023 en el 7,5% —la subida de los alimentos durante todo el año 2022 ha sido del 15,7%—.

Esta breve nota tiene por objeto cuantificar el ahorro fiscal medio de los hogares, su distribución por niveles de renta y el coste global de la medida. Para este propósito utilizaremos los microdatos de la última ola disponible de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (EPF-2021).

¿Cuánto han crecido los precios de los bienes afectados por la rebaja?

Como muestra el Cuadro 1, la mayoría de los precios de los alimentos beneficiados con la reforma han crecido en 2022 por encima de los dos dígitos, siendo el promedio del 21,1%. Este conjunto de alimentos representa, en media, el 39% del gasto anual realizado por los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas. De esa cifra, el 93,7% corresponde a los bienes rebajados al 0% en tanto que el 6,3% restante a pasta y aceites vegetales.


¿Cuál el gasto anual de los hogares en los bienes rebajados? ¿Cómo afectará la medida a los hogares según su capacidad económica?

De acuerdo a la EPF-2021, los hogares gastaron una media de 2.191 euros en los bienes afectados por la rebaja del IVA. En términos absolutos, ese gasto es creciente con la renta[2] oscilando entre 1.162 euros en los hogares situados en la primera quintila y 3.206 euros en la última —aproximadamente, 100 euros mensuales los primeros y 270 euros los segundos—. En otras palabras, los hogares con mayor capacidad económica gastan en esos alimentos alrededor de 2,7 veces más que los menos favorecidos económicamente. No obstante, su peso relativo es decreciente no solo respecto del gasto total de los hogares (renta permanente) sino también respecto del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas.


¿Cuál es la cuantía del ahorro que genera la rebaja del IVA?

Por quintilas de renta permanente, el Cuadro 3 muestra que el ahorro impositivo medio resultante de la reforma se situaría en 42,5 euros[3]. Dicho ahorro es creciente con la renta permanente oscilando entre los 22,6 euros de la primera quintila (20% de los hogares con menor capacidad económica) y los 62,2 euros de la última (20% de los hogares con mayor capacidad económica). No obstante, por las razones aludidas anteriormente, son los hogares con menor renta los más favorecidos en términos relativos por la rebaja fiscal.


A efectos ilustrativos, el Cuadro 4 ofrece resultados del ahorro fiscal absoluto según la estructura familiar del hogar: los menos favorecidos son los hogares unipersonales mayores de 65 y menores de 30 años así como los monoparentales.


¿Cuál es el coste total de la medida?

La rebaja del IVA tendrá un coste estimado de 803 millones de euros durante los seis meses previstos de vigencia de la norma. Este cálculo se realiza elevando a población el ahorro medio por hogar referido anteriormente. Para ello empleamos el número de hogares existente en 2022 que, según el INE, es de 18,9 millones.

Nuestra estimación del coste de la medida supera los 661 millones de euros estimados por el gobierno. Otros autores, como Laborda et al (2023), han cifrado el coste de la medida en 700 millones.  

Utilizando la cifra referida de hogares, se infiere que el ahorro fiscal medio por hogar se encontraría en un reducido rango comprendido entre los 35,0 euros del gobierno y los 42,5 euros de nuestros cálculos —la estimación de Laborda et al (2023) está próxima a los 40 euros—.

En resumen, la reforma temporal del
IVA tendrá un efecto positivo, aunque de pequeña magnitud, sobre la renta de
los hogares.


[1]
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

[2]
El gasto total es un proxy de la renta
permanente o de largo plazo de los hogares. A lo largo del texto nos
referiremos indistintamente a gasto total de los hogares o renta permanente.

[3]
A efectos de cálculo, los gastos monetarios de la EPF-2021 han sido inflactados
a Diciembre de 2022 de acuerdo al crecimiento de los precios de 2022. 

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Ajustando el paquete fiscal

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En los próximos días, el Gobierno central debe presentar la prórroga del plan de respuesta a la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Creo que acertaría eliminando la bonificación general de 20 céntimos en hidrocarburos y dejarla solo para ámbitos profesionales: transporte, pesca, agricultura. A corto plazo, estos sectores no tienen capacidad de sustitución tecnológica, por lo que la supresión de la bonificación se trasladaría a costes y la tasa de inflación volvería a remontar en el primer trimestre de 2023. Suprimirlo en el caso de los particulares ahorraría varios miles de millones de euros. Esto nos permitirá rebajar el coste fiscal global del paquete y dar margen financiero a la aprobación de medidas adicionales más focalizadas y no contrarias al proceso de descarbonización de la economía española. En particular, parece acertada alguna fórmula de cheque a las familias de menores ingresos para afrontar el alza de precios en energía y en alimentación.

Hablando de alimentación, dos ideas. La primera es que la solución no está en el IVA. Porque buena parte de los productos ya están sujetos al tipo superreducido (4%) y, por tanto, la efectividad sería menor; y porque estamos abusando de las bajadas de tipos en este impuesto, lo que genera distorsiones en el funcionamiento de la economía. La segunda es que la cadena de producción y distribución de los alimentos es larga y los supermercados e hipermercados son solo una parte. Que sea en ellos donde percibimos las subidas no les convierte necesariamente en culpables, porque sus propios costes están aumentando sustancialmente. Por eso, el Ministerio de Consumo, en colaboración con las carteras de Agricultura y Pesca e Industria, debería analizar en el conjunto de la cadena alimentaria lo que está pasando con los precios de los productos que más han subido de precio, para identificar qué parte del alza no se justifica por mayores costes y quienes son los responsables.

En lo que concierne al tempo del plan, se deberían combinar medidas que, por su lógica, han de afectar al conjunto del año 2023 con otras que se vayan decidiendo trimestralmente. Porque esto nos permite ir ajustando el coste del paquete a la evolución del déficit fiscal y porque ante escenarios abiertos lo mejor es no atarse las manos.

Finalmente, un apunte menor: la subvención plena del transporte público no es buena idea. Desafortunadamente, el comportamiento de un porcentaje no menor de los usuarios deja que desear. La gratuidad total provoca irresponsabilidad en la reserva de plazas. Y las actuaciones de control por parte de Renfe están generando también distorsiones. Reducir la subvención al 50% o al 60% resolvería el problema y seguiría siendo un incentivo poderoso al uso del transporte público.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Perspectivas económicas

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Desde que dejamos atrás lo peor de la pandemia, la economía española ha evolucionado al compás del violento shock generado por la crisis energética y de suministros, y de su principal derivada: la inflación. El golpe plantea como primera cuestión si estamos condenados inexorablemente a una recesión. Las señales son todavía confusas.

Por una parte, las expectativas están en números rojos. Esto es porque las empresas registran una fuerte caída de los pedidos (con índices PMI por debajo del nivel 50 que marca el umbral de la contracción, tanto en la industria como en los servicios). En los sectores de manufacturas los márgenes se comprimen: los precios percibidos crecen menos que los costes de los suministros. Y es un hecho que los hogares en su conjunto están perdiendo capacidad de compra, algo que se refleja en la caída en picado de la confianza de los consumidores.

Otros indicadores, sin embargo, desafían el pesimismo de las encuestas de opinión. Destaca el buen comportamiento del mercado laboral, según el avance de afiliación de mediados de mes, cuando se anunciaba una tormenta perfecta para este otoño. El auge de las exportaciones tampoco se desmiente. Nuestras ventas en el exterior se incrementan a tasas que casi duplican las de la locomotora alemana (24% en lo que va de año, versus 14%). El turismo sigue tirando.

Con todo, el consumo es el que marcará la diferencia. Es posible que los hogares estén todavía recurriendo al ahorro para compensar la erosión de los ingresos como consecuencia de la inflación. Pero este comportamiento, que estaría sosteniendo el gasto en consumo a muy corto plazo, —de ahí la evolución del empleo— se está agotando. Por tanto, habida cuenta del peso preponderante de ese componente de demanda en el PIB, una contracción de la economía es lo más probable, si no en el cierre del presente año, en el inicio del que viene.

A partir de ahí todo depende de la presión de los precios que han generado el brote inflacionista, y esa es la segunda clave de la coyuntura. La desescalada del IPC, de afianzarse, aliviará los presupuestos familiares. Esto no es descartable habida cuenta de la relajación de la cotización del gas en los mercados a plazo y del estancamiento del precio del petróleo en esos mismos mercados, sin duda bajo la hipótesis de un statu quo en el conflicto de Ucrania.


Sin embargo, los alimentos están tomando el relevo de la energía como principal factor de inflación. El IPC de alimentos no elaborados se incrementa a un ritmo anual superior al 15% tanto en España como en la UE, y con una tendencia ascendente. No es solo que estos productos incorporen el encarecimiento de los hidrocarburos. También soportan los fenómenos de escasez provocados por la climatología y la volatilidad de los mercados internacionales. Pese a todo, el encarecimiento de los alimentos tiene menos repercusión en el aparato productivo que el shock energético. Cabe por tanto esperar una moderación del IPC en los próximos meses, que podría facilitar una recuperación a partir de la primavera. Es decir, aunque se produjera una recesión (dos trimestres en negativo), sería de corta duración.

En todo caso, el BCE da a entender que todavía seguirá ajustando sus tipos, hasta que las señales de desescalada de los precios sean patentes. Es crucial que esta política no empañe las perspectivas de recuperación, y que se acompañe de una vigilancia estrecha de la estabilidad financiera. Cabe resaltar la advertencia del propio BCE en su informe de estabilidad financiera divulgado esta semana, acerca de los riesgos de falta de liquidez de los fondos de inversión, en un contexto de subida de tipos de interés.

Con todo, y pese a las incertidumbres, el consenso de analistas de Funcas apunta a una desescalada de la inflación y, a su corolario, es decir una progresiva recuperación a partir de la próxima primavera.

FONDOS | A nivel global, el volumen total de activos de los fondos y sociedades de inversión y de los fondos de pensión alcanzó el 120% del PIB mundial en 2021. En el caso de España, el peso del sector es menor, del 62% en 2021, pero en fuerte expansión en los últimos años (44% en 2015). El patrimonio de los fondos de inversión totaliza 620.000 millones de euros y su rentabilidad alcanza el 6,3% (con datos de 2021). Para los fondos de pensión, las cifras son de 128.000 millones y 8,5%, respectivamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inflación: una noticia positiva, otra preocupante

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El IPC muestra señales esperanzadoras de desescalada, pero es pronto para determinar si la inflación —entendida como un bucle que se retroalimenta de incrementos de precios y salarios— seguirá el mismo camino. La limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico, el principal factor del encarecimiento de la cesta de la compra, es un potente freno a la escalada de costes. Especialmente en nuestro país: el IPC de nuestra electricidad se incrementó un 87% entre enero de 2021 y marzo de 2022, frente a la media europea del 40%.    


Otros factores importados están tomando el relevo de la factura eléctrica, en especial los alimentos y el petróleo. La guerra ha hundido las exportaciones de cereales desde las zonas de conflicto, además de generar un encarecimiento de los fertilizantes intensivos en gas ruso. La cotización del barril de Brent, por su parte, se resiente ya del inminente endurecimiento de las sanciones a Rusia, hasta neutralizar por completo la subvención pública a los hidrocarburos. La decisión de los países de la OPEP de no incrementar la extracción de crudo (o de hacerlo en proporciones insuficientes para paliar la escasez global) apunta en la dirección de tensiones adicionales al menos a corto plazo. Y los cortes de suministro de gas ruso, ya decididos o presentidos, auguran más perturbaciones —si bien el impacto será menor en la península ibérica gracias a la capacidad instalada de regasificación, aportando una ventaja comparativa crucial frente al resto de Europa—.       

Pero lo que preocupa ahora es el despertar de los precios en el sector de servicios —hasta fechas recientes inmune a la embestida de la energía— y su corolario de inflación subyacente. En el pasado ejercicio el IPC de los servicios se había mantenido casi ajeno al resto de componentes del consumo, con avances muy leves en contraposición con el repunte de los bienes industriales, en primea línea de la crisis energética y de suministros. Pero la tendencia ha cambiado: en abril el IPC de servicios se incrementó un 1%, lo que lleva la inflación acumulada en lo que va de año al 3,3%, lo mismo que los bienes industriales no energéticos. Destacan los incrementos del transporte, hostelería, restauración y seguros. Con todo, los precios de más de la mitad de los productos que componen la cesta de la compra crecen a un ritmo superior al 4%, cuando esa proporción era insignificante hace un año. Es decir, la inflación de costes energéticos y de suministros se ha repercutido al resto de precios, explicando el repunte de la inflación subyacente. 

No obstante, el proceso inflacionista no se ha adentrado todavía en el conjunto del aparato productivo. Falta el último eslabón: los salarios. De momento éstos actúan como dique de contención, al menos a nivel agregado, con una evolución de las remuneraciones pactadas en convenios colectivos notoriamente inferior a la inflación subyacente —algo que corroboran los datos de retribuciones medias de grandes empresas—. 

Sin embargo, ese muro de contención empieza a fisurarse. El sector de la construcción acaba de sellar un acuerdo con subidas salariales del 10% escalonadas hasta 2024 y con garantías de poder adquisitivo. Las negociaciones en otros sectores con margen de maniobra, como la consultoría, apuntan en una dirección similar. 

A falta de un acuerdo de conjunto, existe un riesgo de acuerdos parciales que abrirían la compuerta de una espiral precios-salarios perjudicial para la competitividad del conjunto de la economía y el empleo. Pero otro escenario es posible, caracterizado por un esfuerzo coordinado de contención de los márgenes empresariales y de los salarios. Esta es una vía que, junto con medidas de contención de los precios eléctricos, un plan de ayudas bien diseñadas a los sectores en dificultad y el aprovechamiento del enorme potencial en energías renovables, nos colocaría en mejor posición para luchar contra la inflación. Y para afrontar una crisis energética que no tiene pinta de amainar.                

CARBURANTES | Aunque de manera menos espectacular que el gas, el precio del petróleo ha seguido una senda fuertemente alcista desde inicios de año. La cotización del barril de Brent roza los 110$, un 41% por encima de los niveles de finales de 2021. Habida cuenta de la depreciación del euro, el aumento alcanza el 54%. Todo ello se ha trasladado a los precios finales de los carburantes, pese al descuento asumido por la hacienda pública: repostar con gasóleo cuesta un 42% más. Una subida del barril hasta 120$ añadiría cerca de un punto de IPC.          

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El arma del pacto social y energético

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Desde la invasión de Ucrania, la geopolítica se ha convertido en el factor determinante de la economía mundial. También pone a prueba nuestra capacidad de consensuar una respuesta de política económica a la altura de las circunstancias. 

El daño a corto plazo es ineludible, porque las tensiones bélicas inciden directamente en los mercados energéticos y en otros componentes imprescindibles, al menos para el tejido productivo español que ya se enfrentaba a situaciones de escasez. El gas no da tregua, y su cotización se sitúa en cotas próximas al máximo registrado el pasado otoño. Asimismo, el barril de Brent continúa su escalada por el temor al cierre de las exportaciones rusas o al endurecimiento de las sanciones. En ambos casos, no se vislumbra una solución alternativa a corto plazo. La producción mundial de gas licuado y su transporte por metanero funcionan ya a pleno rendimiento. Por otra parte, los países productores que componen la OPEP decidieron esta semana mantener su bombeo, dando a entender que no compensarán la caída de la oferta rusa, de momento. 

Malas noticias también para el suministro de semiconductores. Rusia es uno de los principales proveedores de neón, y Ucrania de krypton, dos gases que entran en la cadena de producción tecnológica sin sustituto inmediato. La alimentación también se encarece como consecuencia del hundimiento de las exportaciones ucranianas. La cotización internacional del trigo se ha duplicado en el último mes hasta niveles nunca vistos. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

Todo ello redundará en más inflación: la energía representa el 12% de la cesta de la compra que compone el IPC, y los cereales otro 3,4%. Así pues, el incremento del IPC pasaría del 7,4% adelantado en febrero hasta el 8% en los tres próximos meses por el impacto de los precios energéticos y de los cereales registrados en los últimos días —una estimación prudente, que cuenta con que los precios actuales se relajarán tras una sobrerreacción de los mercados—. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

A partir de ahí, se abren dos escenarios. El peor consistiría en una crisis exacerbada, que la prolongaría en el tiempo. En esta hipótesis de total incertidumbre, la economía estaría atenazada por la estanflación, es decir, significativamente más inflación y menos crecimiento, o incluso una recesión europea. 

Sin embargo, existe un escenario más favorable, que resultaría de un acuerdo relativamente rápido entre las partes, tal vez impulsado por el hundimiento de la economía de Rusia. Es un hecho que las sanciones están desorganizando su sistema financiero, y provocando una fuga de empresas. Este escenario se sustenta además en las dudas acerca de la voluntad de China de compensar el colapso del país vecino, incrementando sus compras a Rusia de recursos naturales y atenuando el golpe financiero de las sanciones occidentales.  

En este caso las perspectivas económicas dependerían de la gestión del repunte de inflación: si bien éste sería de corta duración, existiría el riesgo de que aparecieran efectos de segunda ronda. Bajo el supuesto de moderación de los precios no energéticos y de los salarios, la inflación subyacente (descontando energía y alimentos frescos) se situaría en niveles inferiores al 3% a finales de año. Esta sería una trayectoria consistente con el mantenimiento del rebote del consumo, y de la competitividad de nuestras exportaciones (teniendo en cuenta que, en otros países de la UE más expuestos a los efectos de la agresión rusa, las presiones inflacionarias serán más intensas). 

Todo ello evidencia la importancia, en un momento de tanta tensión, de un consenso entre empresas y sindicatos para prevenir una escala de precios no energéticos y de salarios que tendría efectos nefastos para la economía española. Y de otro consenso, que condiciona el anterior, para limitar la transmisión de los precios energéticos a la factura de la luz. Bruselas abre por fin esa puerta, reconociendo que la reforma energética es estratégica para la economía y para la seguridad de Europa.  

ACTIVIDAD | La economía española ha ido evolucionando favorablemente hasta el inicio de las hostilidades en Ucrania. La facturación de las empresas registró un fuerte incremento en febrero (con un indicador PMI de gestores de compra en fuerte ascenso hasta un valor superior a 56, netamente expansivo). La afiliación a la Seguridad Social también mantiene la senda alcista, si bien con una cierta moderación, por la desaparición del efecto de la vuelta a la normalidad de la actividad y de la reincorporación de los empleados en ERTE que se observó el año pasado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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