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El impacto económico del rearme europeo

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El viento de oscurantismo que sopla desde el Atlántico está generando la reacción que muchos europeos anhelaban, con consecuencias relevantes para la economía española. Los planes de inversión y de rearme anunciados en los últimos días totalizan 1,3 billones de euros, o el 7,2% del PIB comunitario: un bazuca tres veces más potente del que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado).    


Ni los informes de Draghi y Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar la sensación de inercia agudizada por la creciente divergencia entre socios comunitarios. 

Son, sin embargo, las amenazas geopolíticas las que han producido el cambio de paradigma: Alemania se dispone a renunciar al sacro santo límite de endeudamiento que encorseta su economía, al tiempo que pone en pie un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio y se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en este caso para incrementar el gasto en defensa—, alineándose con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a acometer en cuatro años, en buena parte por los Estados miembros. El Gobierno español promete llegar al 2% del PIB, lo que supone incrementar el gasto un 53%.   

En teoría el plan supone un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta el 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el nuevo canciller de Alemania está a la altura de las expectativas, pudiendo además revertir en el resto de economías europeas. España estando bien posicionada en ese sector.  

En cuanto a la defensa, sin embargo, mucho depende de la capacidad de absorción de los recursos por el tejido productivo, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importadas, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias (antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%, evidenciando el carácter estructural del déficit en defensa). Un incremento abrupto del gasto agravaría el grado de dependencia de la defensa europea, redundando también en un débil multiplicador para las empresas ubicadas en el viejo continente. 

En el caso de España el efecto multiplicador podría ser incluso menor, por el tamaño del sector de la defensa en nuestro país, y pese a disponer de capacidades relevantes en algunos nichos como la tecnología de los satélites y los radares. Una limitación generalizada atañe a la atomización de la producción, como es el caso de los carros de combate, encareciendo los costes de producción. Por otra parte, en materia de armamento no está claro que el sector privado pueda complementar la inversión pública, al tratarse principalmente de bienes de consumo colectivo. Finalmente, Europa carece de instrumentos de coordinación a la altura de los desafíos, lo que contribuye también al riesgo de dilución de los esfuerzos.  

La financiación del plan de rearme es otro condicionante. Bruselas considera que este gasto no debería computar a efectos de las reglas fiscales, de modo que los Estados que cumplen el objetivo en defensa no se expongan a reprimendas. Los mercados lo ven a de otra manera y ya exigen un tipo de interés más elevado para sus compras de bonos, ante la previsible acumulación de deuda pública que será necesaria para financiar el rearme. La alternativa sería subir impuestos o recortar el gasto civil, lo que se encontraría con fuertes resistencias por parte de la ciudadanía. 

Bruselas está procediendo al giro copernicano que se hubiera esperado durante la crisis financiera. Al tratarse de la defensa, es importante que la nueva estrategia proceda con gradualidad para que redunde simultáneamente en un menor grado de dependencia del exterior y más bienestar económico. 

GASTO |  Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un esfuerzo en defensa, con un gasto que en el caso de España culminó en el 3% del PIB en la década de los ochenta, un valor próximo a la media europea (según datos del Stockholm International Peace Research Institute). Tras la caída del muro de Berlín, Europa cosechó los dividendos de la paz, de modo que el gasto descendió hasta un mínimo cercano al 1% a mediados del decenio pasado. Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los aranceles y el crecimiento

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Los tambores de guerra arancelaria suenan con fuerza y toda la atención se centra en los sectores exportadores más vulnerables ante las proclamas proteccionistas. Lo más relevante, sin embargo, podría situarse en el plano macroeconómico general y no en los flujos comerciales en sí.  

Como se ha señalado por muchos analistas, el grado de exposición de España a las vicisitudes mercantilistas de Trump es relativamente reducido. Las exportaciones hacia el gigante americano representan menos del 5% del total, la mitad que Alemania. Sectores como las semimanufacturas, las artes gráficas y la cerámica, donde la participación del mercado trasatlántico supera el doble dígito, funcionan como suministro o complemento para la economía de EE. UU., lo que hace que la imposición de aranceles sobre ellos carezca de sentido. Otros sectores, especialmente la agroindustria y los productos farmacéuticos, se verán más afectados, ya que compiten directamente con empresas de ese país, justificando medidas de acompañamiento.


En todo caso, según el Observatorio de Márgenes, estos sectores disponen de un cierto colchón para suavizar cualquier choque comercial, particularmente en la industria de la alimentación cuya rentabilidad alcanza cifras récord. Así pues, el endurecimiento arancelario solo se trasladaría parcialmente al precio de venta final en el mercado norteamericano, gracias a la compresión del margen de beneficios. Por el lado de las importaciones, destacan las de armamento, las aeronaves y la energía, sectores prioritarios de la nueva política económica de Trump y, por ende, poco expuestos a eventuales restricciones. 

El principal riesgo proviene de frentes distintos al comercial. En primer lugar, habrá que vigilar el impacto en la inversión, la variable más sensible a las incertidumbres geopolíticas y también la más rezagada del ciclo expansivo español. Las empresas norteamericanas lideran la inversión directa en nuestro país, con cerca del 20% del total, y es probable que aplacen nuevas operaciones en un entorno tan incierto, marcado por la insistencia en repatriar sus actividades. En este sentido, el sector automotriz es crucial: si bien nuestras exportaciones de automóviles a EE. UU. apenas aportan el 0,7% del total, la inversión extranjera, incluida la que recibimos de EE UU, constituye la columna vertebral que sostiene el conjunto del sector. 

Se prevé igualmente una actitud cautelosa por parte de las empresas españolas que invierten en EE. UU. Algunas están considerando cancelar importantes proyectos, no solo en el sector de energías renovables, ante la incertidumbre regulatoria y la hostilidad mostrada por Trump hacia las autoridades de competencia.

A medio plazo, el bloque comercial que ofrezca más seguridad jurídica y reglas de competencia estables puede salir ganando. Y en esta batalla Europa dispone de una oportunidad, enmendando errores pasados y profundizando en el mercado único. El anuncio por parte de la Comisión de un paquete de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de la energía es una buena noticia al respecto. 

Finalmente, mucho dependerá de la reacción de Alemania. La aplicación de aranceles amenaza con agravar el clima de recesión que se ha instalado en su industria, desatando recortes de plantilla que podría repercutir en las empresas alemanas presentes en nuestro país. Cuando se conforme, el nuevo ejecutivo dispondrá de un importante margen de acción fiscal: bien utilizado, ya sea reformando el límite constitucional al endeudamiento o sorteándolo con medidas extrapresupuestarias, la inversión pública puede generar un potente contrapeso coyuntural. También podrá ayudar a escribir junto con sus socios una nueva hoja de ruta para la integración económica europea.

En lo inmediato, la ola proteccionista representa un riesgo para el crecimiento, especialmente en el ámbito de la inversión. La clave está en revitalizar los motores internos de la economía europea y brindar seguridad respecto a las reglas que deben regir la economía de mercado. Recordando que, más pronto que tarde, el proteccionismo terminará por convertirse en un obstáculo para la economía estadounidense.

COMERCIO | Según el Bureau of Economic Analysis, la balanza de los intercambios de bienes y servicios entre EE UU y España arrojó en 2023 un saldo de 600 millones de dólares a favor de la economía americana (o cerca de 550 millones de euros). Este resultado procede del superávit de los intercambios de bienes y de servicios no turísticos, que asciende a 3.100 millones de dólares a favor de EE UU. Este excedente compensa el déficit en la balanza en concepto de turismo (2.500 millones de dólares a favor de nuestro país).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria. 

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste. 


De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo). 

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo. 

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión. 

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro. 


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Debilitamiento alemán

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Una de las imágenes de la semana fue la del canciller alemán Olaf Scholz con un parche —estilo pirata— en su ojo derecho, a consecuencia de una caída haciendo ejercicio. Ilustra para muchos la situación de la economía alemana, que está despertando creciente preocupación. Con un gran matiz: aunque sus datos coyunturales de crecimiento económico e inflación no son buenos, sigue presentando la menor tasa de desempleo de la UE. El debilitamiento económico alemán se produce dentro de un contexto de fortalezas productivas, que más de uno quisiéramos para nuestro propio país. Aun así, las señales provenientes del gigante alemán desde el comienzo de la guerra de Ucrania son inquietantes. También para el resto de países —como España— que son socios comerciales y comparten la UE y el euro. Alguien que conoce muy bien esta realidad, el influyente periodista económico Wolfgang Münchau, afirmaba hace unos días que “es el fin de la era alemana”.

Alemania presentó una tasa de crecimiento del 0,1 por cien en el segundo trimestre, después de la recesión de comienzo de 2023. Casi un año sin crecimiento. El último dato de inflación (agosto) es del 6,1 por cien, inusualmente alto y persistente para un país históricamente refractario al crecimiento de precios. Al impacto brutal inicial del encarecimiento de la energía y otros factores de oferta, siguieron efectos de “segunda ronda”, con significativo crecimiento de los salarios. Las malas noticias recientes sobre el sector constructor e inmobiliario —con una cierta “burbuja”— se añaden al entorno negativo.

En
febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, se hicieron evidentes los
resultados de la errática política energética alemana de las últimas décadas.
Su enorme dependencia del gas ruso debilitó su competitividad industrial que,
en gran parte, parecía derivarse del uso intensivo de ese combustible barato.
Sustituir ese factor drenó muchos recursos y laminó parte de la fortaleza alemana.
Como en otros países europeos, importadores de energía, no haber diversificado
(i.e. centrales nucleares), al menos, durante la transición ecológica, ha
tenido consecuencias muy negativas.

Otras dudas apuntalan la flojera de la actividad económica alemana. La relación con China se ha vuelto más compleja. Hay crecientes impedimentos para las  exportaciones e importaciones con el gigante asiático. Afecta también negativamente el envejecimiento de la población germana y la gran dificultad para suplir vacantes en el mercado de trabajo, problema generalizado en muchos países. La falta de inversión —no solamente en seguridad y defensa— y la excesiva regulación son otros dos grandes obstáculos. Aunque el gobierno germano ha lanzado un plan fiscal para dinamizar la inversión y la economía, varios desacuerdos internos han desdibujado ese programa de gasto. Los aspectos positivos son el gran margen del Tesoro alemán para cualquier esfuerzo significativo de inversión —si llega el acuerdo político sobre el mismo— y las potencialidades que las reformas estructurales tendrían en una economía potente. Asimismo, la banca alemana —muy volcada en lo regional— debe encontrar su hoja de ruta para financiar proyectos transformadores de más alcance. Todo por el el bien de ese país y de la UE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La nueva vida de la política industrial

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Tras haber estado
denostada, la política industrial está operando su gran retorno en la agenda
pública. El desafío es mayúsculo para Europa, cuya estrategia se ha basado en
el mutilateralismo y la libre competencia dentro del mercado único. Un mantra
que ha empezado a resquebrajarse con la relajación de la normativa europea de
ayudas públicas. En 2022, el gobierno alemán aprovechó esa ventana de
oportunidad para dedicar nada menos que 163.000 millones de euros a
subvenciones y transferencias de capital —en buena parte a su aparato
industrial—, más del doble que antes de la pandemia, y cuatro veces más que
España.        

El giro responde en parte
a la naturaleza disruptiva de las transformaciones tecnológicas que atraviesan
el tejido productivo, particularmente en los albores de la Inteligencia
artificial. La urgencia de la lucha contra el cambio climático es otra
importante consideración. Pero el factor clave es geopolítico: la política
industrial es la columna vertebral de la pugna por el liderazgo tecnológico de
las principales potencias mundiales. 

Por fortuna España dispone de los fondos Next Generation para afrontar estos retos, unos recursos que conforman los principales ejes de su política industrial. Sin embargo, la experiencia pasada muestra que el éxito no está asegurado. Depende, en primer lugar, de la incorporación del punto de partida. Nuestra industria representa algo más del 13% de la economía, siendo el nuestro el único de los grandes países que ha conseguido elevar ese porcentaje en relación a la situación previa a la pandemia. Pese a ello, la industria tiene un peso menor que en Alemania (20,7%) e Italia (16,3%). Conviene, por tanto, concentrar los esfuerzos en los sectores donde nuestro tejido presenta una ventaja comparativa.


Estos sectores no son nada fácil de identificar —y esa es otra lección de la historia económica—, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez de las transformaciones y por tanto la dificultad inherente a la hora de detectar desde el Estado los proyectos con más potencial. De ahí la importancia de inspirarse de las innovaciones que van surgiendo por las propias fuerzas del mercado en los ámbitos prioritarios para la política industrial, es decir las transiciones digital y verde. Concretamente, una parte de los 84.000 millones solicitados a la UE como parte del plan de recuperación podría desplegarse en función de las señales que aporta la financiación privada, para así ejercer de palanca y atraer nuevas inversiones en sectores prioritarios. Este es un instrumento que también se caracteriza por su agilidad, ya que el proceso de selección viene determinado por el interés de los inversores.

Otro factor crucial es la
complementariedad con los grandes centros universitarios, como lo evidencia la
industria farmacéutica española. La aportación de fondos europeos podría por
tanto estar condicionada a la formulación de proyectos conjuntos entre la
industria y la investigación, algo que, por otra parte, actuaría como acicate
para la atracción de talento investigador.

Las subvenciones directas,
incluso dentro de un proceso de licitación competitiva, tienen el inconveniente
de la lentitud de los procedimientos. Y se exponen al riesgo de competencia espuria
entre países miembros en su esfuerzo de atraer inversiones en sectores clave.
Este está siendo el caso de los microchips, con una espiral de ayudas que
podría ser perjudicial tanto para las arcas públicas como para la eficiencia de
conjunto: al final, podría “ganar” la ubicación que más subvenciones ofrece y
no necesariamente la mejor posicionada de cara al interés general.

Todo ello evidencia la
importancia de la buena articulación entre los instrumentos de política
industrial y las reglas fiscales y de competencia europeas. Unas reglas, en
vigor hasta la pandemia, que se formularon en el momento de mayor esplendor de
la globalización y de la supremacía del mercado como impulsor del crecimiento.
En la actual era geopolítica, sin embargo, la política macroeconómica es ya
indisociable de la estrategia industrial.    
 

COMERCIO EXTERIOR | Se mantiene la buena racha del comercio
exterior. En el periodo de enero a mayo, la balanza comercial (diferencia entre
exportaciones e importaciones de bienes) redujo su déficit hasta 14.800
millones, casi la mitad que un año antes. El déficit se explica sobre todo por
las compras de productos energéticos a países terceros. Los intercambios con
países de la UE, sin embargo, arrojan un superávit, que contrasta con el
déficit intra-comunitario de Alemania, Francia e Italia. Además, ese superávit
no para de crecer (8.600 millones este año frente a 6.999 en el pasado
ejercicio).               

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las manufacturas mantienen una trayectoria favorable

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Índice de producción industrial | Agosto 2022


El índice de producción industrial creció un 0,4% en agosto. El de manufacturas avanzó un 0,7%, y un 3,4% en comparación interanual. La situación en los últimos meses es de estabilidad, aunque encuadrada dentro de una trayectoria de recuperación iniciada a mediados del pasado año (seleccione ‘Manufacturas‘ en el gráfico). No obstante, comienzan a observarse diferencias importantes entre sectores.

Así, los sectores de metalurgia e industria química, que se encuentran entre los más afectados por el encarecimiento del gas, mantienen una clara tendencia a la baja (seleccione ‘Sectores en descenso‘ en el gráfico). También se mueven en la misma dirección el sector farmacéutico y el de fabricación de muebles, aunque en estos casos el cambio de tendencia ha sido reciente, y además partiendo de niveles relativamente elevados, tras los ascensos registrados a lo largo del último año.

En contraste, otras ramas presentan una notable resistencia, o incluso una sólida tendencia ascendente, como es el caso de las industrias de cuero y calzado, maquinaria y equipo y, de forma destacada dentro de este grupo, fabricación de automóviles, si bien en este último caso partiendo de un nivel muy reducido (seleccione ‘Sectores en ascenso‘ en el gráfico). Por otra parte, la evolución del índice español a lo largo del último año y medio ha sido más favorable que la media europea. Así, el nivel de actividad en España en los siete primeros meses del año —aún no se conoce el dato de agosto para la eurozona— es un 2,9% superior al del mismo periodo de 2021, mientras que en la eurozona fue un 0,1% inferior, y, por ejemplo, en Alemania, fue un 1,2% inferior.

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