Categoría: acuerdo

Esta semana nos encontramos con que el PSOE y Unidas Podemos se han comprometido en un amplio acuerdo para el primer gobierno de coalición más allá de esos puntos generalizados que vimos tras las elecciones generales. Hoy ya tenemos medidas concretas perfectamente valoradas para un análisis detallado sobre qué tipo de gobierno se pretende iniciar.

En las siguientes líneas analizaremos los puntos más relevantes sobre este acuerdo que tienen una serie implicación sobre el mercado laboral, el diseño del gasto público y la estructura impositiva que afecta a los agentes económicos del sector privado.

Destrozando el dinamismo del mercado laboral

Si anteriormente el PSOE se presentaba ante los españoles con el argumento derogar los aspectos mas lesivos de la reforma laboral, hoy de esos aspectos más lesivos no se habla. En el punto 1.3 del acuerdo se dice:

Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.

Este acuerdo pretende derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales lo que supone, de facto, que las empresas tengan una menor capacidad de ajuste ante las dificultades que puedan acarrear en el plazo más inmediato y esto es un serio problema cuando el crecimiento económico está menguando y la posibilidad de recesión se incrementa.

La falta de capacidad de ajuste por parte de una empresa lleva a que, si debe respetar el convenio sectorial, no puede hacer los ajustes pertinentes para salir adelante en situaciones difíciles y lleva a que la quiebra esté más cerca en una dificultad económica.

El año pasado mediante el Real Decreto el PSOE consiguió destrozar la dinámica del mercado laboral, perjudicando especialmente a jóvenes e inmigrantes cuyas tasas de desempleo incluso crecieron tras años de fuertes descensos o a un sector tan importante como el agrícola que ha mantenido prácticamente su nivel de desempleo frente al año anterior.

La subida del SMI fue un error y en el documento presentado se dice en el punto 1.4 que se pretende seguir subiendo el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, es decir llegaríamos a los 1.200 euros.

Al finalizar 2019, tenemos que el paro registrado ha bajado durante los últimos 12 meses en 38.692 personas, el 1,21%, la menor cifra en los últimos siete años. Lo mismo en afiliación a la Seguridad Social, 384.373 afiliados más a la Seguridad Social también el peor dato de la recuperación.

Y por si fuera poco, más dificultades en el mercado laboral... Nos tenemos que ir al punto 2.4.1.1 en el que se dice que "Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad".

Todas estas medidas van encaminadas a la vuelta a este mercado laboral que tantos dolores de cabeza nos dio en las etapas recesivas del país en el que la tasa de desempleo se situó por encima del 20%, un hecho muy atípico en cualquier economía desarrollada de la OCDE. A que la pyme soporte mayores costes por empleos que no destacan específicamente por su elevada productividad, abriendo las puestas al mercado negro.

La máquina del gasto público se pone en marcha

En el documento veremos muchas medidas dirigidas a la promoción del gasto público en España lo que significa que la presencia del Estado en la vida de los españoles ganará peso si finalmente llega a ejecutarse este programa económico.

Recordemos que el objetivo tanto de PSOE y Unidas Podemos es encaminarse hacia un gasto público como la media europea, lo que significa incrementar alrededor de seis puntos de PIB en gasto público. Obviamente esa medida tiene su correspondiente contrapartida vía impuestos que analizaremos más adelante.

Por ejemplo, en el punto 2.1.10 se pretende incrementar los recursos públicos destinados a educación y becas hasta un objetivo del 5% del PIB en el año 2025. También la universalidad del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de una red pública. Y, en el ámbito educativo, hay que prepararse para otro cambio pues se propone la derogación de la LOMCE a través de una nueva ley educativa.

Los copagos sanitarios permitieron una mayor eficiencia del gasto farmacéutico en España pero en el punto 2.2 se propone la eliminación progresiva de los copagos introducidos en el año 2012, lo que nos llevaría a un modelo sanitario más disfuncional en su ejecución. En el acuerdo se valora que hay que incrementar los recursos del Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar el 7% del PIB en el año 2023.

La medida más importante de gasto la encontramos en el 2.4 cuando se hace referencia a las pensiones públicas españolas. Se nos dice que se actualizará a las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y se aumenta el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Recordemos que en la reforma de 2013 introdujo nuevos elementos estructurales como el factor de sostenibilidad que vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y el índice de revalorización de las pensiones por el cual se condiciona a la evolución de los ingresos y gastos con un incremento mínimo del 0,25%.

Está medida pretende no racionalizar la escalada del gasto en pensiones y es un problema de corte estructural porque no solo vamos a un envejecimiento de la población sino que el sistema de la Seguridad Social ya ofrece un déficit estructural y que el año pasado perdió 17.000 millones de euros que van a cargo de los Presupuestos.

Ya en el periodo 2018/2019 las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizaron un 3% mientras que el resto de pensiones contributivas lo hicieron 1,7% en 2018 y 1,6% en 2019. El gobierno de Sánchez recibió un toque de atención por parte de Bruselas porque ese incremento de las pensiones no llevaba a cumplir los objetivos de déficit público acordados junto a otras medidas como la subida de salarios de los funcionarios.

Segun las actuales proyecciones, en ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC incrementaría el gasto en aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en más de 3 puntos porcentuales hacia el año 2050.

Impuestos a la vista

Hemos comentado medidas referente al incremento del gasto público, y ahora toca analizar la otra cara de la moneda en un Presupuesto, los impuestos. Y sí, este futuro Gobierno busca incrementar la presión fiscal para afrontar el gasto previsto.

En primer lugar, tenemos que se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Pero a su vez las pymes se les bajaría el tipo general del 25% al 23%.

En IRPF, nos encontraríamos con dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Ente otras medidas tenemos Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan. Una medida que llevaría a dificultar la venta de empresas en grandes plataformas online como Amazon para incrementar sus ventas. Sin tener en cuenta si pueden existir repercusiones en Estados Unidos a nivel arancelario contra España y luego a salir si se opta por este camino.

La tasa Tobin a las transacciones financieras también se incorpora en el paquete de medidas. Un impuesto que puede llevar a que las empresas de más de 1.000 millones de euros de capitalización bursátil sufran una merma en los volúmenes de negociación haciendo librarnos solo todo el negocio vinculado la gestión de las bolsas españolas si no con un impacto de migración de capitales en la búsqueda de empresas cotizadas que no valoren en su negociación ese impuesto.

¿Estabilidad presupuestaria?

En el punto 10.7 hablan del "cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas".

A pesar de lo indicado, nos encontramos ante un problema y es que en todo el documento no se integra ninguna memoria económica para respaldar tanto las propuestas de gasto como las de ingreso, lo que consecuentemente nos lleva a poner en duda los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Pero debido a que el objetivo es alcanzar el gasto público europeo, lógicamente debemos pensar qué la financiación debería ser unos impuestos europeos para mantener los objetivos de estabilidad presupuestaria. **No obstante, con las medidas impositivas valoradas quedan muy lejos de los objetivos recaudatorios para asumir semejante gasto.

Si el objetivo es gasto público europeo, paralelamente debemos esperar recaudar casi dos puntos de PIB añadidos en IRPF, añadir más de tres puntos en impuestos indirectos y un punto en cotizaciones sociales ( 2 puntos en concepto Seguridad Social a cargo del trabajador y -1 punto en las cotizaciones a cargo de la empresa).

Tres puntos en impuestos indirectos significa que el tipo impositivo del 21% no sería suficiente sobre la presión fiscal sobre el consumo y deberíamos explorar mayores tipos impositivos o una reclasificación en los tipos reducidos y súper reducidos.

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, en España el gran problema que hemos vivido en los últimos años es una lenta reducción de la deuda pública como porcentaje relativo al PIB en una etapa de crecimiento por encima de los niveles europeos. Tres puntos en cinco años mientras que Alemania iba recortando tres puntos anuales con un crecimiento inferior.

Este es el gran riesgo para España pues en un supuesto de shock externo o interno qué merme la confianza de los inversores sobre la capacidad de refinanciación de la deuda, nos encontraríamos ante una crisis de liquidez para hacer frente a los pagos oportunos derivados del Presupuesto que contempla diferentes prestaciones de gasto social.