La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo en la denominada pieza BBVA del caso Villarejo al confirmar el procesamiento de la entidad financiera como persona jurídica, de su expresidente Francisco González y de la cúpula del BBVA imputada. El tribunal ha rechazado los once recursos de apelación planteados contra el auto del juez instructor Manuel García Castellón, que puso fin a la investigación y propuso que todos ellos se sienten en el banquillo.
El caso gira en torno a la contratación por parte del BBVA de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016 para llevar a cabo supuestos encargos ilícitos. Según la instrucción, esos contratos habrían servido para obtener información reservada mediante el acceso indebido a bases de datos policiales, seguimientos personales e intervención de comunicaciones, con el objetivo de proteger intereses corporativos del banco frente a empresarios, abogados, periodistas y otros actores económicos.
Qué ha decidido exactamente la Audiencia Nacional
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado una batería de autos en los que desestima íntegramente los recursos presentados por el BBVA, por Francisco González y por el resto de investigados contra el auto de procesamiento de junio de 2024. Con ello, avala la decisión del instructor de proponer juzgar a la entidad y a su antigua cúpula por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos presuntamente cometidos en beneficio del banco.
Los magistrados destacan que, a la vista de los indicios acumulados, “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por el propio BBVA sobre la naturaleza de los servicios prestados por el entramado empresarial de Villarejo, el Grupo Cenyt. Para la Sala, la tesis de que la alta dirección ignoraba estos encargos no se sostiene frente al volumen de contratos, a su duración en el tiempo y al tipo de información generada.
En sus resoluciones, el tribunal respalda la valoración de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor, subrayando que existen indicios suficientes de delitos continuados de cohecho y de revelación de secretos. No se entra todavía a fijar responsabilidades definitivas, pero sí se concluye que la prueba recabada es bastante para descartar el archivo y avanzar hacia la fase de enjuiciamiento público.
La Audiencia recuerda que la función de la Sala en este momento procesal no es detallar cómo debieron organizarse los controles internos, sino comprobar si hay base indiciaria para un juicio oral. Y su respuesta es afirmativa: será en esa vista donde se analice de forma conjunta toda la documentación, los contratos con Cenyt, los flujos de pagos y las comunicaciones internas del banco.
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