Se cierra un primer trimestre de 2024, en el que la política nuevamente ha estado omnipresente y ha afectado a demasiados aspectos de nuestras vidas. Ya son muchos trimestres, mejor dicho años así. No es problema exclusivo de España. Pocos países escapan a la convulsión política. Qué decir de la geopolítica global, con crecientes de conflictos, con numerosas pérdidas humanas y también de índole económica y financiera. En este siglo XXI, de numerosos acontecimientos y shocks, parece que nos hemos acostumbrado a gestionar las crisis. Quizás lo hacemos mejor que antes. Aun así, este entorno no facilita mantener hojas de ruta coherentes para la estabilidad que propicia el crecimiento a largo plazo.
En nuestro país llevamos tiempo lejos de la normalidad política que genera consensos y hojas de ruta para lograr crecimiento y aumento del bienestar. Es cierto que la macroeconomía está aguantando bien desde la salida de la pandemia, con un mercado de trabajo con una resiliencia mayor de la esperada, dados los desafíos y una actividad económica (PIB) con mayores alegrías que en la gran mayoría de la UE, y muy alejada de la recesión técnica de otros. No obstante, los problemas estructurales permanecen y no parecen tener la prioridad política suficiente, en un contexto convulso desde hace años. Con dificultades de primera magnitud, como la situación diferencial negativa en el mercado de trabajo, con un notablemente mayor desempleo, menor productividad y bajos salarios relativos. Son problemas estructurales para los que se necesitan reformas valientes solamente alcanzables con grandes consensos políticos y sociales. La falta de sostenibilidad de las cuentas públicas —con el sistema público de pensiones a la cabeza— es otro enorme desafío. No se quedan atrás otras graves insuficiencias como la falta de oferta de vivienda asequible, una prioridad nacional urgente, que necesita actuaciones desde ya y durante muchos años. Por último, parece francamente mejorable la evaluación de las políticas públicas, que permitiría un mejor diseño de las acciones gubernamentales con innumerables efectos favorables. Ese débil escrutinio se ha percibido, entre otros casos, en la aplicación de los voluminosos fondos Next Generation EU, que aun teniendo impactos positivos, no parecen haber tenido la eficacia prevista hasta ahora.
Como colofón, hace dos semanas, con el disenso político —y con varias convocatorias electorales trascendentales por delante— se anunció la prórroga de los presupuestos del Estado, herramienta fundamental para la economía de un país. Ya son varias prórrogas en los últimos ocho años, con lo que para hacer frente a las necesidades económicas de 2024 se utiliza otra, de algún modo, obsoleta. Es cierto que hay algunos instrumentos (vía reales decretos) que pueden permitir algunas de las acciones previstas para 2024, pero algunas emergencias como el plan de vivienda probablemente no se desarrollarán con la misma magnitud prevista. Además, el hecho de acometer acciones parciales en vez de contar con la completitud y contundencia de un Presupuesto General del Estado para 2024, no permite lograr los grandes objetivos económicos. Un mal final económico para un trimestre muy convulso.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
