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Tras el fin de la OPA: un proceso tortuoso que deja lecciones pendientes

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La tentativa de adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA ha concluido sin consumarse, tras un proceso que se ha extendido de forma excesiva, tanto en el tiempo, como en su grado de complejidad. Sin duda, los accionistas del Sabadell (tanto mayoristas como minoristas) son lo que han decidido que no salga adelante. Como debe ser. Decisión respetable y que debería entenderse desde la normalidad de los mercados. La vida económica y financiera debe continuar. En este caso, con el mismo número de bancos que teníamos hasta ayer, en un contexto de fortaleza general del sector.

Unos reflexionarán sobre las condiciones de la oferta, si se podían haber mejorado, o sobre qué ha impedido llegar a buen puerto. Otros reactivarán sus estrategias para el camino en solitario. Algunos podrán alegrarse porque sus acciones subieron el viernes un 5,98% (BBVA) y otros lamentar que las suyas bajaron un 6,78% (Sabadell) al conocerse el resultado de la OPA.

Habrá que ver la evolución de los próximos días o semanas, pero algunos habrán sentido vértigo con el veredicto (provisional) del jueves. Es importante recordar que los sectores bancarios español y europeo, por su carácter trasversal y estratégico en el conjunto de la economía, están llamado a numerosos desafíos en los próximos años, que pueden requerir operaciones de concentración a escala doméstica o transnacional. Estas últimas son las que apoyan los conocidos informes de Letta y Draghi, para poder contar con operadores realmente panaeuropeos, prácticamente inexistentes. Se trata de una carencia que pesa mucho en el futuro económico del Viejo Continente.

El proceso de la OPA también ha puesto en evidencia importantes carencias. Esta operación ha terminado envuelta en resistencias, interferencias políticas y falta de claridad institucional. Desde su anuncio, la propuesta del BBVA fue recibida con lógicas reservas tanto dentro como fuera del Sabadell. Críticas relativas al valor ofrecido, advertencias regulatorias y un rechazo público creciente marcaron los primeros esbozos del rechazo, pero lo que realmente enturbió el proceso fue la dimensión política que rápidamente adquirió. El debate dejó de centrarse en los elementos técnicos –solidez financiera, competencia, impacto en clientes y empleados– para convertirse en una pugna de posiciones ideológicas y territoriales, con pocos argumentos objetivos.

Había que tomar partido por un lado u otro, como si se tratara de un partido de fútbol. Todo ello ha contribuido a generar un clima de desconfianza en el mercado. Como lección para el futuro, cabría exigir un funcionamiento institucional que preserve la separación entre las decisiones estrictamente empresariales y las actuaciones políticas, salvo cuando la regulación lo exprese claramente como necesario. No se está afirmando que dichas operaciones deban dirimirse en un vacío regulatorio ni sin controles. Al contrario, es esencial que existan las salvaguardas de las autoridades reguladoras independientes. 

Nuestro país necesita acostumbrarse a contemplar estos procesos como parte integrante de la vida financiera. Operaciones de compra, fusiones, OPAs hostiles o amistosas forman parte del dinamismo que impulsa las economías modernas si se gestionan con cautela, con normas claras y previsibles, y con un enfoque centrado en las consecuencias reales para los distintos agentes afectados –clientes, accionistas, empleados, sociedad–. Pareciera como que en España aún no se hubieran interiorizado totalmente la naturaleza de estas operaciones corporativas, que pueden generar avances considerables como una mayor eficiencia, competitividad e innovación y una optimización de recursos. En la OPA fallida ha prevalecido la sospecha con demasiada frecuencia, el recelo de que se pierde algo nuestro, o que hay subordinación a intereses externos, lo que convierte lo empresarial en terreno de disputa política.

En definitiva, la lección a futuro que se extrae es clara. Los escenarios de concentración empresarial deben asumirse con normalidad y con reglas conocidas. Solo así se asegurará que la economía española avance con instituciones fuertes, con un marco de previsibilidad jurídica, y con la capacidad de adaptarse a los retos globales sin paralizarse cada vez que surge una oferta de OPA de gran calibre.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Statu quo de la IA

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Desde noviembre de 2022, cuando emergió ChatGPT con fuerza, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto reservado a la ciencia ficción o a los laboratorios de investigación. Hoy está presente en innumerables aplicaciones cotidianas, desde los asistentes virtuales en todo tipo de dispositivos y aplicaciones, pasando por los algoritmos que recomiendan series o productos, hasta los sistemas capaces de generar textos, imágenes o música en cuestión de segundos. El statu quo de la IA se caracteriza por un acceso masivo a herramientas antes exclusivas de empresas tecnológicas, y por una creciente discusión sobre sus implicaciones éticas, económicas y sociales.

Hasta ahora, la IA funciona sobre todo como un complemento con mayores o menos capacidades: automatiza tareas rutinarias, facilita la clasificación de información y acelera procesos creativos o técnicos. Sin embargo, su capacidad aún depende en gran medida de la supervisión humana. Los modelos son poderosos, pero también propensos a sesgos, errores y a la llamada “alucinación” de datos inventados. Esto delimita un presente en el que la IA es útil, pero todavía no autónoma en el sentido que imaginan algunos futuristas.

Respecto al futuro, hay diferentes visiones. La mayoría de ellas son optimistas sobre la enorme revolución que supondrá en la economía y la sociedad. El consenso es que supondrá el eje fundamental de crecimiento empresarial y económico de los próximos años. Esta favorable expectativa parece reflejarse en las valoraciones bursátiles de las empresas tecnológicas, batiendo continuamente récords históricos. Otros analistas y científicos menos optimistas y con más cautelas piensan que tiene componentes de una “burbuja” ya que al final se trataría de un avance potente, pero a la vez “normal” (o al menos no tan “extraordinario”) en la evolución histórica de la tecnología. 

El impacto sobre el mercado de trabajo es uno de los puntos más controvertidos. Actividades como la atención al cliente, la traducción o el diseño gráfico ya sienten la presión. La IA puede asumir tareas repetitivas a gran velocidad y bajo costo, lo que implica riesgos de sustitución laboral, sobre todo en puestos de baja o media cualificación. Sin embargo, también abre la puerta a nuevas oportunidades. Se demandan perfiles capaces de entrenar, supervisar y aplicar sistemas de IA en distintos campos, así como competencias en análisis crítico, creatividad y gestión de la innovación. Lo más probable es que no asistamos a una “extinción” de empleos, sino a una reconfiguración masiva. 

En suma, el statu quo de la inteligencia artificial refleja un poder en expansión que ya está cambiando la forma en que trabajamos y nos relacionamos. Su futuro dependerá no solo de los avances técnicos, sino de las decisiones sociales, económicas y sobre todo políticas que se tomen en los próximos años. El campo normativo tendrá mucho que decir.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La vivienda en lo que va de año: entre la expansión del mercado y la crisis de acceso

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El mercado inmobiliario español continúa en una encrucijada crítica. Con algún matiz con respecto a años anteriores. Por un lado, se observa una expansión en la compraventa de viviendas –incluidas minoristas con hipoteca– y una creciente actividad en reformas de las casas existentes. El que algunas personas estén decidiendo comprar ahora mismo, con estos precios tan elevados y un gran esfuerzo económico, puede estar revelando que algunos están asumiendo que el coste de adquirir una vivienda no va a aflojar y, por tanto, no cabe seguir esperando a un mercado bajista, con lo que comprar hoy caro puede incluso ser rentable, ya que se piensa que el activo inmobiliario se revalorizará. Esto último está por ver, ya muchos hablan de posibilidad de burbuja, aunque bien distinta de la de 2008, cuando había mucha deuda acumulada. Asimismo, por otro lado, la vida sigue igual y persiste una crisis de accesibilidad que afecta principalmente a los jóvenes y a los hogares con menores ingresos, aunque cada vez va afectando a personas y familias de rentas medias. La recomendación de dedicar menos del 30 por cien de los ingresos al pago de la vivienda (hipoteca o alquiler) parece una quimera inalcanzable hoy 

Durante el primer semestre de 2025, se registraron 357.533 transacciones inmobiliarias, la cifra más alta en los últimos 18 años. Sin embargo, este auge se ve empañado por un incremento sostenido de los precios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio de la vivienda alcanzó los 3.151 euros por metro cuadrado en junio, marcando un récord histórico. Este aumento se traduce en una subida interanual del 12,2% en el primer trimestre del año. A pesar de la mejora en las condiciones financieras, con una ligera reducción de los tipos de interés y un aumento moderado de los ingresos familiares, la accesibilidad a la vivienda sigue siendo limitada. El Banco de España señala que, en el primer trimestre de 2025, la accesibilidad mejoró solo un 0,3%, debido al encarecimiento de la vivienda que contrarresta la mayor parte de los beneficios financieros. Y que impacta en las nuevas generaciones, como muestra la tasa de emancipación juvenil que ha caído al mínimo histórico del 15,2%, según el Observatorio del Consejo de la Juventud. Por otro lado, ante la escasez de oferta de vivienda nueva, muchos compradores optan por adquirir inmuebles de segunda mano que requieren reformas. En 2024, las reformas crecieron un 47%, superando las 55.400, y se estima que en 2025 se realizarán reformas en 1,9 millones de viviendas, un 1,6% más que el año anterior. 

El debate sobre qué hacer continua. Las medidas que proponen los estudiosos son, en general, las conocidas de hace tiempo. La mayoría de los expertos coinciden en que es absolutamente necesario aumentar la oferta de vivienda en los próximos años. Algo que solamente hasta la fecha está ocurriendo lentamente. Aunque la situación no puede cambiar de la noche a la mañana, parece urgente que se acelere el proceso y se acometan todos los esfuerzos para incrementar el stock de vivienda, sobre todo en las zonas tensionadas de mayor demanda. En este sentido, la aprobación de la Ley del Suelo ayudaría a aumentar la seguridad jurídica y eliminaría trabas burocráticas, que estimularían la construcción de vivienda nueva, sobre todo en ciudades de alta demanda. Otras ideas plantean incentivos fiscales para fomentar el alquiler asequible y la colaboración público-privada en la construcción de viviendas. Como medidas que solamente pueden ser complementarias están promover nuevos modelos como el build-to-rent (construcción para alquiler) y el coliving (vivienda compartida con servicios comunes), que potencialmente podrían adaptarse mejor a las nuevas realidades sociales y demográficas. 

Por su lado, está la rehabilitación de viviendas vacías, de las que España cuenta con aproximadamente 3,8 que podrían destinarse al alquiler asequible. El Gobierno ha lanzado programas de rehabilitación con ayudas de los fondos europeos Next Generation EU, con exenciones fiscales para propietarios que reformen inmuebles y los alquilen a precios regulados durante cinco años. 

Las propuestas de regulación del mercado de la vivienda que introdujo la Ley de Vivienda de 2023, como el control de precios en zonas tensionadas y la limitación (y aumento de impuestos) en la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. no parecen haber funcionado. Aunque han podido atemperar algunos aumentos de coste del alquiler en alguna ciudad puntualmente, en general lo que han logrado es reducir la oferta de vivienda disponible. Parece imperativo alinear los intereses de propietarios con viviendas vacías (y temerosos de los impagos) con los inquilinos (que necesitan un coste razonable y estabilidad del contrato). Para algunos, puede ser útil la creación de agencias públicas de alquiler asequible a nivel municipal para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler social, que permitiría aprovechar el stock de viviendas desocupadas y mejorar el acceso a la vivienda en zonas con alta demanda. 

En suma, el mercado inmobiliario español en 2025 presenta una dicotomía: mientras se experimenta un crecimiento en la compraventa y en la actividad de reformas, la crisis de accesibilidad persiste, afectando principalmente a los jóvenes y a los hogares con menores ingresos. Es imperativo que, de una vez por todas, se implementen políticas públicas efectivas que fomenten la construcción de vivienda asequible y la rehabilitación de inmuebles vacíos, para garantizar que el derecho a la vivienda sea accesible para todos los ciudadanos. 

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Aranceles en la relación transatlántica

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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa han tendido innumerables puentes económicos, militares y tecnológicos. Las potentes cadenas de valor actuales en una buena parte de los procesos productivos no se entenderían sin esas numerosas conexiones económicas. Construir esos vínculos tan ventajosos, y el correspondiente bienestar, ha costado ocho décadas. Con sus problemas, tensiones, pasos adelante y hacia atrás. Pero que puede costar bien poco dañar seriamente ese vínculo atlántico. La amenaza del presidente Trump de unos aranceles del 30% a la UE es uno de esos game changer (cambiador de juego), pero para mal. Supone un nuevo punto de inflexión en la ya compleja relación transatlántica. El conflicto arancelario, si se materializara, podría alterar profundamente las dinámicas diplomáticas, comerciales, tecnológicas y de seguridad entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El aumento de los aranceles implica una fuerte presión directa sobre sectores estratégicos de exportación europeos —automóviles, productos agrícolas y tecnológicos— y se percibe como una acción unilateral que rompe con el espíritu de colaboración que tradicionalmente ha guiado las relaciones comerciales entre ambos bloques. La respuesta europea podría venir en forma de contramedidas similares, lo que podría enturbiar aún más las relaciones transatlánticas y podría abrir la puerta a una guerra comercial con consecuencias globales. En un contexto de inflación que no remite totalmente y de crecimiento moderado y desigual, en ambos bloques, este tipo de medidas puede generar grandes distorsiones económicas en las cadenas de suministro.

Las tensiones no se limitan al terreno económico y estarán encima de la mesa de negociación. En los últimos años, la UE ha avanzado hacia una regulación más estricta del entorno digital —con normas como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) o la Ley de Mercados Digitales (DMA), recibidas con escepticismo por las BigTech estadounidenses— y con enfado y amenazas de represalias de la Administración Trump por los impuestos a la actividad digital en el Viejo Continente. Una escalada en los desencuentros podría llevar a una cierta fragmentación digital entre ambos bloques, dificultando acuerdos de transferencia de datos, normas de ciberseguridad comunes o la cooperación en inteligencia artificial, que con la actual Administración Trump, en todo caso, va a resultar muy complicada. La UE no puede olvidar en el proceso negociador que no tiene alternativas fáciles en el ámbito tecnológico, por la escasez de compañías autóctonas de este tipo y la gran dependencia de Estados Unidos, difícil de reducir significativamente y que debilita la posición comunitaria. Algo parecido pasa con la cooperación militar, la dependencia de Estados Unidos es muy elevada. Guste o no, a la UE le toca ser equilibrista y realista cuando se siente a hablar con los Estados Unidos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La insuficiente inflexión al alza de la productividad en España

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Un problema estructural

En lo que llevamos de siglo, la economía española no solo no ha logrado converger con la media de la UE en renta per cápita, sino que incluso la brecha se ha ampliado ligeramente. Esta falta de convergencia pone de manifiesto un pobre desempeño en materia de productividad. Como dijo el premio Nobel de Economía Paul Krugman “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

El crecimiento de la productividad por trabajador en España ha sido inferior al de Europa, que a su vez se ha situado muy por debajo del registrado en EE UU. No obstante, es en la productividad del capital donde la evolución ha sido especialmente negativa, debido, entre otros motivos, a la elevada inversión en el boom inmobiliario de los primeros años del siglo, que no genera crecimiento a largo plazo, y a la insuficiente inversión en activos intangibles, claves para alcanzar a las economías más productivas.


Se puede considerar que nuestro modelo productivo es intensivo en fuerza laboral y pobre en productividad: el incremento del PIB procede sobre todo de la incorporación de factores productivos, trabajo y capital, y no de la mejora de la eficiencia productiva (la llamada productividad total de los factores [PTF]). 

Cambios desde la pandemia

Estos últimos años una leve mejora de la productividad es perceptible. Desde la pandemia, la economía española ha crecido más intensamente que la de la eurozona, sustentada especialmente en el consumo público y en las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos. Por el contrario, la inversión y las exportaciones de bienes han mostrado debilidad. Así, la brecha de inversión con la UE se ha ampliado, especialmente en el sector privado. No obstante, hay que destacar como punto positivo que el destino de la inversión es más adecuado ahora que en el pasado, ya que están adquiriendo más protagonismo los productos de la propiedad intelectual.

La mejora macroeconómica se ha trasladado a la productividad. El repunte no es homogéneo en todos los sectores, siendo más intenso en los de mayor valor añadido, como son el manufacturero o servicios como información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas. Estos sectores, más enfocados a la exportación, se caracterizan por una utilización más eficiente de los recursos y un mayor tamaño empresarial. 

No obstante, es pronto para determinar si la recuperación de la productividad es un cambio de tendencia estructural, o, por el contrario, se trata de un fenómeno puntual ligado en gran parte al vigor del crecimiento económico y al menor número de horas trabajadas. 

Algunas medidas de mejora

En todo caso, los avances recientes de la productividad no parecen suficientes para vislumbrar una convergencia con las economías más avanzadas en un horizonte previsible. Las perspectivas de productividad dependen de las reformas que se acometan en los próximos años. 

El multiplicador de los fondos europeos sobre la inversión está siendo reducido. Se requiere un entorno regulatorio más favorable a la inversión, ya que en el momento actual es de vital importancia no quedarse atrás en la adopción de las nuevas tecnologías, como la IA. Con ello se genere un círculo virtuoso de más inversión y de empresas de mayor tamaño, que generalmente son más productivas. También, el gasto público debe orientarse en mayor medida a la mejora de la eficiencia, y reducir el déficit crónico que financia gasto no productivo. 

Seguimos arrastrando un problema crónico en la formación y educación. España es uno de los países que, por un lado, presenta un mayor grado de sobrecualificación y, por otro, un mayor porcentaje de población con escasa cualificación. Es necesario un mejor encaje entre la formación de los empleados y las necesidades de las empresas para usar de manera más provechosa el avance tecnológico.

Una versión de este artículo fue publicada previamente en la revista Profesiones.

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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Criptoactivos y otras inversiones de elevado riesgo: un 2025 de alto voltaje

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El año pasado trajo abundantes ganancias para las inversiones del mundo cripto, tanto activos como divisas de diferente pelaje (stablecoins, memecoins como dogecoin, apuesta del magnate Elon Musk). Otros activos de elevado riesgo también se comportaron favorablemente. Tenía lógica con un entorno monetario con descenso de los tipos de interés, donde muchos ahorradores buscan mayores rentabilidades más allá de los bonos y títulos más convencionales.

Las favorables perspectivas de la economía americana, donde hay un ambiente más proclive y permisivo –incluido en el contexto regulatorio– con los criptoactivos, han ayudado sin duda a que su demanda continúe creciendo. El omnipresente papel de las grandes tecnológicas para los americanos y también en otras latitudes es terreno abonado para que se multiplique el interés por estos activos.

También hay menos aversión al riesgo que en otros momentos de la historia, sobre todo de los inversores jóvenes. El colateral de estas inversiones es prácticamente nulo, con lo que el riesgo asumido es elevado. Es cierto que se trata de un grupo social que interactúa con la tecnología y ve este ecosistema como un lugar para invertir. Asimismo, los jóvenes en promedio tienen peores expectativas de remuneración salarial que las que tuvieron sus padres, además de otros problemas como la dificultad para el acceso a una vivienda asequible –y no solamente me refiero a España– y ello afecta a su apetito inversor. Los activos financieros convencionales ofrecen, en general, rendimientos limitados, e invertir en bitcoin u otras criptos puede permitir –eso sí, con mucho riesgo y volatilidad– alcanzar rentabilidades impensables hace unos años y aumentar sus ingresos por esa vía.

Los augurios para 2025 para estas inversiones de alto riesgo son casi de euforia, con el precio oficial del dinero a la baja, aunque más en la zona euro que en EE UU. Se mantienen las buenas perspectivas económicas en ese país, que pueden trasladarse a otras economías, aunque hay que esperar a las primeras medidas la Administración Trump, que desembarca el día 20. El aumento de los aranceles u otro tipo de represalias por parte de Estados Unidos podría suponer, si al final se acometen, un gran obstáculo para que los pronósticos de crecimiento económico para este ejercicio se cumplan.

En todo caso, abundan los vientos de cola para los criptoactivos. Más con las grandes expectativas de ganancias de las empresas tecnológicas, que hacen que el atractivo de estos activos digitales se retroalimente. Este entorno tecnológico tan estimulante genera nuevos criptoactivos, algunos creados a partir de la inteligencia artificial, por lo que el interés por estos instrumentos continuará aumentando.

La mayoría de los analistas creen que el rally de bitcoin, otros criptoactivos e inversiones digitales y de elevado riesgo continuará en 2025, algunos piensan que incluso con fuerza. Históricamente, el bitcoin ha alcanzado nuevos máximos cada cuatro años durante sus últimos dos ciclos alcistas desde 2017. En cada ciclo registró ganancias del 2300% y el 1700% antes de retrocesos de entre el 70% y el 80%.

Desde su mínimo de 16.000 dólares hace dos años, el bitcoin ha incrementado su valor aproximadamente un 600%, lo que, si siguiera los patrones alcistas anteriores, indica que podría haber un potencial de crecimiento de su precio en los próximos (dos) años. Nada asegura que ello vuelva a ocurrir así, pero es evidente que hay vientos a favor de ese comportamiento positivo.

En primer lugar, los criptoactivos suelen apreciarse durante los ciclos monetarios de mayor laxitud de los bancos centrales, de descensos de los tipos de interés. El apetito de los inversores por los activos de elevado riesgo suele acrecentarse con políticas monetarias expansivas. Y las expectativas de que los principales bancos centrales del mundo sigan recortando el precio oficial del dinero en 2025 pueda dar lugar a nuevas ganancias para el bitcoin. A pesar de esas perspectivas de tipos a la baja, la rentabilidad de los bonos estadounidenses y británicos se ha encarecido en los últimos días, ante las dudas hacia sus estrategias fiscales y ciertos temores inflacionistas, fenómeno que hay que seguir de cerca por sus ramificaciones a otros activos o países.

En el ámbito más tecnológico, están las promesas de Trump. Una declaración suya de que convertiría Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta” impulsó el sentimiento de los inversores. Algunas decisiones regulatorias ya habían elevado el precio de los criptoactivos en 2024. La aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de un fondo cotizado (ETF) de bitcoin al contado en enero fue un impulso muy notable para la demanda de esa divisa digital durante todo el año pasado. De los anuncios alentadores sobre los criptoactivos que conocemos de la próxima Administración Trump, que muchos esperan que impulsará estos activos digitales, no conocemos la letra pequeña ni como se implementarán, particularmente en lo referente a las posibles tenencias por parte de la Reserva Federal de bitcoin y otras criptodivisas.

Esa incertidumbre sobre los incentivos que puedan finalmente tener puede explicar el retroceso del valor del bitcoin desde el máximo del 5 de diciembre, cuando superó significativamente los 100.000 dólares. En la actualidad está en torno a los 95.000, con los grandes inversores a la espera de noticias. En suma, se viene otro año de alto voltaje para los criptoactivos e inversiones de alto riesgo, pero, en todo caso, todo apunta a que, salvo algún cisne negro grave e inesperado –en la coyuntura financiera o el entorno tecnológico–, registrarán ganancias significativas nuevamente.


Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Las ‘big tech’: suma y sigue, pero con incertidumbres en el horizonte

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Contar con grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Apple o Meta concede grandes beneficios a un país como Estados Unidos. También a China, con sus Alibaba, Tencent, WeChat o AntFinancial, aunque su menor expansión global —por las peculiaridades y restricciones geopolíticas del país asiático— las han alejado del foco público internacional en los últimos cinco años. Se habla de las big tech norteamericanas, especialmente tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Los compromisos y promesas del presidente electo para potenciar la inteligencia artificial (IA) así como con el mundo cripto auguran una nueva época en la trayectoria de estos gigantes empresariales. La tentación es pensar que todo va a ser de color de rosa para las grandes tecnológicas. Continuarán teniendo vientos a favor en los próximos años, algo que ya han reflejado sus valores en los mercados. Sin embargo, hay desafíos y riesgos en su actividad que harían bien en ponderar sus ejecutivos.

El hype de las big tech continua. Su valoración de mercado —que marca claramente la evolución del Nasdaq— en las últimas semanas, suma y sigue. Puede que el rally por el resultado de las elecciones presidenciales se esté agotando ya, pero continúa sorprendiendo que después de tantos años de subidas, el crecimiento de los precios de las acciones de esas tecnológicas en el último año, en especial, Nvidia, la productora de microprocesadores, con un aumento de su valor que supera ampliamente el 200% al de hace doces meses, Amazon con más de un 140%, Meta con casi un 90% o Google (Alphabet) por encima del 40%. Microsoft con un modesto 17% y Apple con un valor similar al de hace un año.

Las fuertes expectativas sobre el potencial de la IA influyen decididamente. El mercado premia incluso más a las que más están apostando —entendiendo que, con acierto— por la IA y los servicios cloud (de la nube). Muchas veces se ha comentado el caso Nvidia. Es cierto que sus ingresos se han duplicado en el último año, pero su valor de mercado ha ido mucho más allá. La enorme cantidad de microprocesadores que tienen que comprar —a Nvidia, mayoritariamente— puede animar a empresas como Microsoft, Amazon o Google a fabricar sus propios chips. Esto puede atraer a otros competidores más pequeños, por lo que Nvidia se puede enfrentar a una mayor rivalidad. Aún es pronto para afirmar que eso se producirá con seguridad, pero con un entorno tan dinámico como el tecnológico, y con los desarrollos de la IA, que pueden ser explosivos, se auguran unos años muy interesantes en el sector. Con ganadores, pero también seguramente con sorprendentes perdedores.

El efecto Musk

Y en eso va a llegar el Gobierno de Donald Trump, que además cuenta con una de las figuras más reconocibles entre las grandes tecnológicas como Elon Musk. Asumirá competencias para aumentar la eficiencia en la pesada administración estadounidense (liderando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés, un claro guiño a la criptodivisa de preferencia de Musk) pero seguramente será su principal consejero en temas tecnológicos. La visión y opiniones de Musk (principal accionista de la red social X, de Tesla o SpaceX) no son compartidas con muchas otras tecnológicas, por lo que no necesariamente los próximos años serán de vino y rosas. Sobre todo, posiblemente para las empresas que apoyaban claramente a los demócratas en la pugna electoral. Las big tech no son un sector monolítico y se va a notar. Es cierto que el entorno aún más liberal de la IA que Trump y Musk pueden promover, por ejemplo, en materia de privacidad o protección de los usuarios comparado con el de otras latitudes —Europa, por ejemplo—, podría beneficiar a todas las grandes tecnológicas.

Eso sí, a pesar del volumen ingente del dinero que está fluyendo en esa dirección, ni todas las inversiones en IA van a tener el mismo éxito ni dar la misma rentabilidad. Asimismo, las cuestiones legales y antimonopolio les pueden afectar. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las investigaciones antitrust en Estados Unidos sobre algunas de estas empresas, que podrían requerir forzosamente desinversiones o ventas de negocios. Sin embargo, la llegada de Trump es una incógnita sobre estos procesos legales antimonopolio en los mercados tecnológicos. Puede ir en cualquier dirección, afectando a unas empresas y a otras no, con claros efectos asimétricos.

Estados Unidos, por tanto, puede reforzar su ya gran ventaja competitiva con respecto a Europa y otros países en materia tecnológica. No solamente porque dominan la oferta sino también por una regulación menos restrictiva, con muchos riesgos para todos, sin duda, si no hay contrapesos y garantías. Y también por la enorme cantidad de datos —de muchos años—, el gran insumo de la IA, que pueden emplear en esa tecnología. Es difícil que, desde el lado de la oferta, otro bloque como la UE pueda competir, pero sí que debe alentar, dentro de su esquema legal más garantista, la acumulación de datos —vamos muy rezagados—, necesarios para sacarle verdadero provecho de la IA en todos los campos económicos y sociales, incluida la salud y no perder definitivamente este tren tecnológico. Sin un gran volumen de datos a disposición, no hay IA exitosa. Las políticas de la nueva administración republicana, no exenta de riesgos para, al menos, parte de las big tech, pueden reforzar todavía más la ventaja comparativa del lado estadounidense.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Banca en la sombra

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Los riesgos financieros fuera del perímetro de la regulación y la supervisión fueron una de las principales fuentes de la crisis global de 2008. Esta actividad, denominada “banca en la sombra” la acometen intermediarios no bancarios como, por ejemplo, los hedge funds, compañías de seguro y otros proveedores privados de crédito y capital (private equity), con unas exigencias regulatorias notablemente inferiores a la de la banca tradicional. Esto genera problemas de transparencia y supervisión adecuadas. Ha emergido como una de las áreas de mayor riesgo en el sistema financiero global. Según el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board), los activos de “banca en sombra” tenían un valor de 63 billones de dólares a finales de 2022, cerca del 14 por cien de los activos financieros globales.

El gran problema radica en las interconexiones entre la “banca en la sombra” y las entidades convencionales. A pesar de que los balances bancarios pueden mostrar exposiciones limitadas a estas entidades, las conexiones a menudo son profundas y menos visibles, realizadas a través de derivados y otros instrumentos financieros complejos. Estas interdependencias pueden amplificar los riesgos y propagar las tensiones a través del sistema financiero, como se evidenció durante la crisis global de 2008. El creciente papel de las entidades financieras no reguladas y el desarrollo de productos financieros complejos sin supervisión adecuada continúan preocupando a los reguladores de todo el mundo​. Elizabeth McCaul, miembro del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), ha advertido sobre el crecimiento “notable” de los fondos privados y otras fuentes de financiación fuera del sistema bancario regulado en la zona euro. Según McCaul, este crecimiento es una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera europea, destacando las conexiones opacas entre la banca en la sombra y las entidades tradicionales, que podrían representar riesgos sistémicos​. A escala global, los reguladores también están intensificando sus esfuerzos para comprender y mitigar estos riesgos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha propuesto nuevas reglas de recopilación de información detallada sobre la exposición de los bancos a las instituciones de banca en la sombra. Aspiran a mejorar la capacidad de medir, controlar y modelizar los riesgos derivados de estas exposiciones fuera del perímetro regulador. Para ello, la información supervisada de los balances bancarios es útil. Una mayor información cuantitativa y cualitativa de las operaciones y activos en que se materializan las conexiones entre las entidades reguladas y la banca en la sombra, podría permitir al supervisor conocer mejor el conjunto de estos activos y riesgos más opacos. 

En cuanto a España, la situación parece, a priori, menos preocupante. Los bancos españoles tienen menos vínculos directos con las instituciones de banca en la sombra, lo que limitaría, por lo general, la transmisión de esos riesgos opacos. Eso sí, no se está exento de los mismos. Además, siendo parte de la eurozona, cualquier problema en otros países socios, podría contagiar al sector financiero español. Por ello, mejorar el conocimiento de estos riesgos opacos debería aminorar la probabilidad de episodios de inestabilidad financiera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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¿Campeones europeos?

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Muchas
son las razones que se aducen cuando se habla de la menor productividad europea
con respecto a Estados Unidos. Entre las frecuentes, el menor tamaño relativo
de las empresas del Viejo Continente, que impide el aprovechamiento de las
economías de escala. España es un caso claro que lleva a muchos analistas a
plantear la necesidad de aumentar la dimensión de nuestras corporaciones. Desde
normas burocráticas que desincentivan la creación de empresas más grandes,
hasta la escala del mercado interior —sea el europeo o el español— que no se
acerca a la realidad del norteamericano. Aunque la UE cuenta con un Mercado
Único teóricamente desde hace más de 30 años —reforzado con el euro y otros
avances— aún existen obstáculos a que la escala real del marco competitivo para
muchas empresas sea la de Europa.

Con
la mayor magnitud del Mercado Único de la década de 1990, los países empezaron
a incentivar sus “campeones nacionales”, grandes empresas que fueran capaces de
competir en ese marco sin barreras. Fue una época de fusiones y adquisiciones
en numerosos sectores, destacando el financiero. España fue buen ejemplo.
Curiosamente fue una década antes cuando se lanzó un campeón europeo en el
ámbito aeroespacial, Airbus, una potencia industrial en la actualidad. Se hizo
algo bien en aquel momento. No ha vuelto a acontecer salvo con Galileo
(satélites), otro gran éxito. Estos dos proyectos panaeuropeos se quedaron en
solitario y dieron paso a las iniciativas de “campeones nacionales”, de cada
país por separado. La competencia interna en la UE no es, en absoluto, mala. De
hecho, es uno de sus principios fundacionales. Sin embargo, los acontecimientos
tecnológicos del siglo XXI, donde han aparecido grandes tecnológicas
estadounidenses y chinas, han dejado rezagada a la UE, sin “campeones
continentales” al menos hasta ahora. En vez de esos grandes operadores, los
europeos andábamos con una visión muy nacional de los asuntos económicos. Ahora
estamos a las puertas de unas votaciones europeas, pero las que más importan
son las que ocurren a escala doméstica, a pesar de la creciente importancia de
las decisiones y recursos europeos. El Brexit, la crisis de la deuda soberana,
la falta de completitud en la integración europea y el consiguiente mayor
desapego de buena parte de la población, han dado lugar a un menor debate y
apuesta por lo europeo. Aunque los fondos EU Next Generation fueron una gran
noticia, no han logrado tener ese impacto deseado. Y durante la pandemia
también se primó lo nacional con las ayudas nacionales de Estado que se
permitieron en ese periodo crítico, que volvió a ser una apuesta por los
“campeones nacionales”.

Es el tiempo de los “campeones europeos” —con escala suficiente— en diferentes sectores estratégicos. Particularmente, en Inteligencia Artificial, donde ahora se habla de Gaia-X, la primera propuesta europea de IA prometedora que se lanza. Se ha perdido mucho tiempo, décadas, en desarrollar una comunión de intereses tecnológicos en la UE, pero al final puede llegar. Veremos si tiene éxito y es un verdadero player (jugador) global.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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