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La dualidad de la crisis de la vivienda

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Grúas y andamios se han convertido en el espectáculo cotidiano de los paisajes urbanos, y a pesar de ello la crisis habitacional no da tregua. Al ritmo de crecimiento actual, el número de viviendas iniciadas podría por fin igualar el incremento poblacional a partir del año que viene, según las previsiones de Funcas, que evidencian una cierta vitalidad del ciclo expansivo de la inversión residencial. 

De cumplirse este pronóstico, el déficit de vivienda no iría a más. Una buena noticia que debe sin embargo tener en cuenta la dualidad que caracteriza el mercado inmobiliario. Porque la carestía incide significativamente en el acceso a la vivienda de la población residente, mientras que los no residentes parecen inmunes a los precios altos, al menos de momento. Es un hecho que los extranjeros que no viven en España lideran el actual ciclo de inflación inmobiliaria: el precio medio de la vivienda adquirida por este colectivo se ha incrementado un 40% en comparación con el periodo prepandemia, frente al 27% en el caso de los compradores residentes, ya sean españoles o inmigrantes (con datos del portal del congreso general del notariado). 

Si bien los compradores foráneos siguen siendo minoritarios, con un peso del 7,5% en el total de las transacciones, su influencia en la formación de los precios es relevante, ya que se trata de particulares o de empresas que a menudo gozan de un poder adquisitivo alto en comparación con los lugareños. Prueba de ello, el precio medio de adquisición es un 73% más elevado que en el caso de los compradores residentes. Este fenómeno se ha producido en otros países, motivando en algunos casos la imposición de limitaciones a la compra de no residentes: en Dinamarca, por ejemplo, estas operaciones están sometidas a un criterio de residencia de cinco años. 

El tirón de la demanda internacional explica que el mercado se haya alejado de la capacidad de compra de las clases medias españolas. Hoy por hoy, el precio medio de compra de una vivienda equivale a 7,7 años de renta disponible anual de los hogares residentes, un año más que en el periodo anterior a la pandemia. Habida cuenta de las normas prudenciales para obtener una hipoteca, la demanda nacional sigue desplazándose hacia el segmento del alquiler, cuyo precio también se encarece, exacerbando la preocupación ciudadana. 

De ahí la importancia de priorizar la construcción de vivienda asequible, de gran relevancia para una economía española altamente dependiente de la incorporación de fuerza laboral. La población extranjera empieza a frenar su crecimiento: este año el número de inmigrantes se está incrementado a un ritmo trimestral cercano al 1%, frente al 1,3% en 2024 y 1,7% en 2023. Y la población activa, uno de los principales motores de la expansión, también se modera a tenor del débil comportamiento del tercer trimestre. En cuanto a movilidad laboral, los indicadores disponibles que remontan a 2023 apuntan a un retroceso en relación al periodo anterior a la pandemia. 

En teoría algunas actividades podrían reubicarse desde las zonas tensionadas hacia los territorios menos afectados por la carestía de la vivienda. Pero en la práctica es difícil que algo así ocurra por las ventajas del ecosistema que caracteriza las grandes urbes, y por los costes fijos de una nueva implantación, en un momento de incertidumbre para la inversión empresarial. En todo caso, la experiencia de otros países con un déficit crónico de vivienda como Reino Unido muestra que es poco probable que las empresas desplacen su actividad a gran escala. 

En suma, de cara al futuro habrá que prestar atención a la composición de la oferta y a la dualidad de la demanda de vivienda, más allá de las grandes cifras. Entre tanto, la crisis habitacional incide en la población residente, socavando el shock demográfico, uno de los fundamentos del buen momento de la economía española.    

INMIGRACIÓN | El número de activos extranjeros o con doble nacionalidad ascendió a 5,6 millones de personas en el tercer trimestre de este año, es decir 1,9 millones más que en el mismo periodo de 2019 (con datos EPA). Hoy por hoy, la inmigración aporta el 22% del total de activos, cinco puntos más que hace un lustro. A pesar de ello, la incorporación de inmigrantes registra una cierta desaceleración, ya que la población activa extranjera se ha incrementado un 6,9% en lo que va de año, frente al 8,2% en 2024 y 9% en 2023

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Un año económico de gobierno laborista

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.  

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La desigual geografía de las mujeres refugiadas en Europa

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Las mujeres que huyen de sus países en busca de protección internacional enfrentan una doble vulnerabilidad: además de sufrir las consecuencias de los conflictos —violencia, persecución, pérdida de medios de vida—, están expuestas a riesgos añadidos durante el trayecto migratorio, como la violencia sexual, la trata o la explotación. Aunque hombres y mujeres comparten muchas de las razones que los llevan a solicitar asilo, los costes físicos, emocionales y sociales del proceso suelen ser distintos. También influyen de manera desigual factores como la aversión al riesgo o las normas sociales: en muchas sociedades, a las mujeres se les asigna el rol principal de cuidadoras, lo que puede limitar su capacidad o disposición para migrar. Por ello, su menor presencia en el asilo europeo refleja no solo desigualdades en la experiencia migratoria, sino también en las condiciones que determinan la decisión misma de migrar.

En 2024, las mujeres representaron apenas un tercio de las solicitudes de asilo en la Unión Europea, aunque su presencia varía notablemente entre países. En Austria (44 %), Francia (44 %) o España (42 %) se acerca a la mitad, mientras que en Eslovenia (4 %), Bulgaria (13 %), Eslovaquia (19 %) o Italia (19 %) es claramente minoritaria (gráfico 1). Estas diferencias no son solo coyunturales, sino que responden a patrones consolidados. Como muestra el gráfico 2, Francia y España han mantenido durante la última década una proporción de mujeres solicitantes sistemáticamente superior a la media europea, fuertemente condicionada por la evolución de Alemania, el país que con diferencia recibe el mayor número de solicitudes. En contraste, Italia y Grecia presentan una presencia femenina mucho menor: desde 2021, menos del 30 % en Grecia y por debajo del 20 % en Italia.


La composición femenina de las solicitudes de asilo varía según el país de destino, reflejando tanto las rutas migratorias como el origen nacional de los solicitantes. Los países con mayor proporción de mujeres suelen recibir más peticiones de personas latinoamericanas, mientras que aquellos con flujos procedentes de Asia, África u Oriente Próximo presentan una composición más masculinizada. En España, donde las mujeres representan el 42 % de las solicitudes en 2024, esta presencia se vincula al peso de solicitantes latinoamericanos, entre quienes la participación femenina es alta: 54 % entre los venezolanos, 48 % en los colombianos y 51 % en los peruanos (gráfico 3). En todo caso, el creciente flujo de solicitudes en España de malienses y senegaleses puede cambiar este patrón. De sus solicitudes, solo el 2 % y el 8 %, respectivamente, se corresponden con mujeres.


Francia, por su parte, destaca por acoger una proporción elevada de mujeres solicitantes (44%). Llama la atención que esta elevada presencia femenina no se debe únicamente al origen nacional de quienes solicitan asilo, sino también a que, para una misma nacionalidad, Francia acoge un porcentaje de mujeres mayor que otros países europeos (gráfico 3). En 2024, el 57 % de los solicitantes de asilo ucranianos en Francia fueron mujeres, mientras que ese porcentaje fue notablemente menor en Alemania (35 %), Grecia (40 %), Italia (41 %) y España (44 %). Esta diferencia también se reproduce para otras nacionalidades: Francia presenta mayores porcentajes de mujeres entre los solicitantes de países africanos como Guinea o Costa de Marfil. Es decir, más allá del país de origen, existen factores específicos del contexto francés —como la existencia de redes migratorias previas, trayectos migratorios más seguros o la mayor frecuencia de viajes por vía aérea— que favorecen una mayor recepción de solicitudes de asilo de mujeres.

Italia representa el caso opuesto: recibe un alto número de solicitantes de Asia y el norte de África, donde la proporción de mujeres es muy baja —como Bangladesh (1 %), Pakistán (2 %) o Egipto (2 %)—, y además esa proporción es inferior a la observada en otros países europeos. Un patrón similar se da en Grecia, con principales orígenes como Siria (26 % de mujeres), Afganistán (42 %) y Egipto (1 %). Estas cifras sugieren que las rutas hacia Italia y Grecia siguen estando fuertemente masculinizadas. Alemania, aunque con mayor volumen total, presenta un perfil similar: entre los solicitantes de Siria (28 %), Afganistán (30 %) o Turquía (33 %), la participación femenina también es baja (gráfico 3).

La estructura por edad de las personas solicitantes también ofrece claves importantes para entender las diferencias de género en los sistemas de asilo europeos. En todos los países analizados, las mujeres tienden a concentrarse en edades más diversas que los hombres, mientras que estos últimos presentan un claro predominio del grupo entre 18 y 34 años (gráfico 4). Este patrón es especialmente acusado en países como Italia o Grecia, donde más del 60 % de los solicitantes varones se sitúan en ese rango de edad (69 % y 59 % respectivamente). De hecho, en estos dos países el 56 % y el 44 % del total de solicitantes de asilo se corresponde con varones de 18 a 34 años, mientras que en España esta cifra se reduce al 33 % y en Francia al 28 %. En contraste, la distribución femenina está más equilibrada. De hecho, en Francia y Alemania las solicitudes de mujeres menores de edad tienen un peso relativamente importante.


Estas diferencias apuntan a trayectorias migratorias distintas según el país de destino: mientras que los hombres jóvenes suelen llegar solos por rutas terrestres o marítimas, muchas mujeres migran acompañadas de hijos o en el marco de proyectos familiares más amplios. En países como Francia y España, su mayor presencia puede vincularse a redes sociales previas y a formas de llegada menos peligrosas, como los vuelos comerciales. El Día Mundial del Refugiado constituye una ocasión para recordar que, más allá de los conflictos armados, las solicitudes de asilo responden también a contextos de inseguridad generalizada, violencia estructural o inestabilidad política, en los que las motivaciones humanitarias, familiares y económicas suelen entrelazarse.

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Alemania, año 2025. El primer mes de la era Merz (II). Vuelta de tuerca a la inmigración no autorizada

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La tijera demoscópico-electoral comienza a abrirse a favor de los cristianodemócratas alemanes. En efecto, el descenso en intención de voto a la CDU/CSU que venían registrando las encuestas realizadas tras las elecciones de 23 febrero de 2025 se ha detenido desde finales de mayo y la formación de centro-derecha se distancia, muy poco a poco, de su más cercana competidora electoral, Alternativa para Alemania (AfD) (gráfico 1). Bien es cierto que el último porcentaje publicado de quienes afirman que votarían a la CDU/CSU “si el próximo domingo se celebraran elecciones generales” (27,3%) se sitúa por debajo del que obtuvo en las elecciones de febrero (28,6%); y también lo es que la intención de voto a AfD (23,2%) a mediados de junio supera el porcentaje que consiguió aquel día (20,8%), y ello a pesar de que, entre esas dos fechas, la Oficina Federal para la Protección Constitucional ha clasificado a este partido-movimiento como “confirmadamente de extrema derecha”.


En la sutil remontada de la CDU/CSU ven los analistas al canciller Friedrich Merz, que durante su primer mes de mandato ha hecho gala de un nuevo estilo de liderazgo político nacional e internacional marcado por la asertividad y el realismo. Si en política exterior sus esfuerzos se han concentrado en la reivindicación de la seguridad y capacidad defensiva de Europa, el apoyo a Ucrania y  el compromiso con la OTAN, en política interior ha priorizado el combate contra la inmigración no autorizada o “irregular”, la gestión restrictiva de las solicitudes de asilo, la reducción de las entradas de inmigrantes por reagrupación familiar y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía alemana, acompañando todos estos objetivos de demandas de mayor vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 

Las medidas políticas para desplegar esta ofensiva contra la inmigración irregular han sido inmediatas. Por una parte, se han reforzado los efectivos y las jornadas de la policía federal encargada de los controles fronterizos. Aunque los datos son todavía provisionales y algo confusos, apuntan a un aumento de entradas denegadas y una reducción de solicitudes de asilo presentadas. Por otra parte, el gobierno ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que suspende durante dos años las entradas de hasta 1.000 inmigrantes al mes en concepto de reagrupación familiar que podían solicitar los inmigrantes residentes en Alemania a los que se les hubiera reconocido protección internacional (aunque carecieran del estatus de asilados). Asimismo, el gobierno ha remitido al parlamento la reforma de la legislación de ciudadanía para suprimir las denominadas turbonacionalizaciones, que franqueaban el acceso a la nacionalidad alemana tras tres años de residencia en el país. 

La cabeza visible de estas políticas es el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, un político curtido en la dirección de su partido (CSU), en la actividad parlamentaria y ejecutiva. Sociólogo de formación, Dobrindt declara que “Alemania está desbordada”, como consecuencia del “efecto imán” que ha generado la “política de invitación” (Einladungspolitik) de los últimos diez años, y defiende que el control de la inmigración “ilegal” (deliberadamente utiliza siempre este adjetivo, en lugar de “irregular”) reducirá la polarización social que padece el país. Responde sin paños calientes a las críticas que recibe desde el ámbito político y mediático tildando su política de “anticristiana” e “inhumana” y, ante el revés judicial recibido recientemente de un tribunal administrativo de Berlín que ha declarado ilegal la denegación de la entrada en Alemania a tres solicitantes de asilo somalíes, insiste en la legalidad de los procedimientos de control y expulsión y persevera en su mantenimiento comprometiéndose a mejorar la justificación de las decisiones denegatorias y a elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con más de 30 aeropuertos internacionales y aproximadamente 4.500 vías terrestres de acceso desde los nueve países colindantes (con los que comparte 3.800 kilómetros de frontera), Alemania afronta lógicamente dificultades operativas para controlar la inmigración irregular. Pero el nuevo gobierno lo deja claro: “el espacio residencial, las aulas escolares, las plazas de guardería… todo esto no es ilimitado, todo es finito. Si queremos conseguir unas condiciones ordenadas en las ciudades y municipios, tenemos que limitar la afluencia a Alemania”[2].

Para abrir la tijera demoscópico-electoral respecto a la AfD, la CDU/CSU ha de cerrar la tijera de la inmigración no autorizada: de ello están convencidos Merz y Dobrindt, y a juzgar por alguna encuesta ya disponible, pueden contar con un amplio respaldo de ciudadanos alemanes.


[1] Discurso de Friedrich Merz en el Congreso Municipal Alemán (3 de junio de 2025).

[2] De acuerdo con una encuesta del Instituto INSA realizada en los primeros días de junio, el 64% de los entrevistados (mayores de 18 años) mostraban su apoyo a las denegaciones de asilo en frontera.

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La opinión pública española sobre la inmigración se mantiene entre las más positivas de Europa

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En un contexto de crecimiento sostenido de la población inmigrante en España –en torno a 1,2 millones de nuevos residentes al año en los últimos dos años–, resulta especialmente relevante examinar cómo ha evolucionado la actitud de los ciudadanos hacia la inmigración. Según datos de 2024 de la Encuesta Social Europea (EES), la opinión pública española sobre la inmigración destaca por ser notablemente positiva en el contexto europeo. Cuando se pregunta a los encuestados si la inmigración es buena o mala para la economía de su país –en una escala de 0 (muy mala) a 10 (muy buena)–, varios resultados son especialmente llamativos. Con la excepción de Grecia, que presenta sistemáticamente las opiniones más negativas, la mayoría de los países de la UE15 con datos disponibles se posicionan entre puntuaciones medias de 4,5 a 6,5 (gráfico 1). España se ha situado durante todo el periodo entre los países más positivos respecto a la inmigración, alcanzando una puntuación de 6,2 en 2024, una de las más altas de la UE. Llama la atención que España ya ocupaba la tercera posición más alta en 2002, solo por detrás de Suecia y Austria.


Aunque la evolución de este indicador mostró un ligero descenso hasta 2013 –probablemente debido a la profunda crisis económica que comenzó en 2008–, la puntuación de España se mantuvo cercana a la de los países escandinavos. De hecho, este período evidencia la notable resiliencia de la opinión pública española: incluso durante años de aguda crisis económica en los que el desempleo llegó a superar el 25%, la opinión sobre la inmigración se mantuvo notablemente estable y positiva.

Dadas las actitudes generalmente positivas, cabe preguntarse: ¿quién apoya en España las restricciones a los flujos migratorios? En 2002, cuando España aún tenía relativamente poca experiencia como país de destino de la inmigración, el 50% de la población era partidaria de permitir la entrada a pocos o a ningún inmigrante procedente de países pobres no europeos (gráfico 2, izquierda). Desde entonces, el apoyo a posturas restrictivas se ha reducido casi a la mitad, cayendo hasta el 28% en 2024. Esto sitúa a España entre los países menos restrictivos de la UE, solo por detrás de Noruega (16%), Reino Unido (26%) y Suecia (27%) (gráfico 2, derecha). 


Un indicador aún más revelador es el de la proporción de personas que creen que no debería permitirse en absoluto la llegada de inmigrantes de este tipo. En 2009, ya en plena Gran Recesión, el 15% de los españoles compartía esta opinión (gráfico 3). En 2024, la cifra se había reducido al 6%, posicionando a España como uno de los países con menos partidarios del cierre total, solo por detrás de Noruega (2%) y Suecia (2%).


Para entender los aspectos sociales y políticos de esta tendencia, podemos fijarnos en la relación entre ideología y apoyo a las restricciones. Al comparar cuatro años clave –2002, 2009, 2015 y 2024– se observa un patrón claro: cuanto más a la derecha se sitúan los encuestados en la escala ideológica (0 = izquierda, 10 = derecha), más probabilidades hay de que estén a favor de políticas de inmigración restrictivas (gráfico 4).


Sin embargo, esta relación general también ha evolucionado. En 2009, durante las primeras fases de la crisis económica, casi el 40% de los encuestados de izquierdas en España apoyaban algún tipo de restricción, frente al 70% de los de derechas. En 2024, sin embargo, estas cifras habían descendido en todo el espectro: así opinaban el 10% de los encuestados que se ubicaban a la izquierda y alrededor del 50% de los que lo hacían a la derecha. El descenso más notable se produjo entre los encuestados de izquierdas, que se han alejado del apoyo a las restricciones de forma más clara con el paso del tiempo.

Este patrón refleja las tendencias observadas en otros países europeos incluidos en la encuesta. Sin embargo, España destaca en un aspecto importante: mientras que el apoyo a las restricciones entre los españoles de izquierdas está ahora en línea con la media europea, los de derechas parecen significativamente menos restrictivos. En 2024, poco más del 50% de los encuestados de derechas en España apoyaban las restricciones, frente a una media del 68% entre sus homólogos de otros países.

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La demanda interna, motor del ciclo

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La economía española cosecha buenos resultados, y lo hace en un contexto internacional plagado de incertidumbres. El avance del PIB, un robusto 0,8% en el cierre del año, contrasta con el parón europeo. El diferencial guarda cierta relación con el plus de competitividad aportado por los precios energéticos —anclados por debajo de la media comunitaria—, la menor exposición a las turbulencias comerciales globales —los intercambios de bienes con los países no comunitarios ocupan el 36% total, frente a casi la mitad en Alemania— y el impulso de la inmigración. 

No todo son buenas noticias: también se aprecia una inflexión en la pauta de crecimiento, menos equilibrado que en años anteriores. Y es que la atonía de los mercados europeos hace mella en las exportaciones. A la caída de los envíos de bienes hacia el exterior, que ya venían flaqueando, se une desde mediados del año pasado la moderación de las exportaciones de servicios no turísticos, quebrando la senda de fuerte crecimiento. Eso sí, el turismo sigue tirando, pero sin compensar el frenazo del resto. Como por otra parte las importaciones se recuperan, la aportación al crecimiento del PIB del conjunto del sector exterior se ha vuelto negativa en la segunda parte del pasado ejercicio. 


La demanda interna toma el relevo al calor del consumo tanto público, que sigue desbocado, como privado. Las familias gastan a un ritmo vigoroso, explicando el 77% del avance del PIB registrado en el segundo semestre del año pasado. La inversión toma aire, especialmente en el segmento de bienes de equipo. Pero es pronto para determinar si se trata de una mejora estructural, los indicadores apuntando en direcciones contradictorias. Por una parte, el incremento de la inversión obedece a factores transitorios, ya que está muy concentrado en el material de transporte, pudiendo reflejar cambios anticipados de fiscalidad. Por otra parte, la demanda de crédito y las importaciones de bienes de equipo serían consistentes con una tendencia alcista. En todo caso, la inversión en vivienda apenas reacciona a la sucesión de anuncios oficiales, perpetuando el grave problema de escasez. 

De cara al futuro, el sector exterior seguirá probablemente restando actividad, por la persistente debilidad de la economía europea como por las incertidumbres crecientes que se ciernen sobre el comercio internacional. Además, las importaciones están normalizándose (su elasticidad con respecto a la demanda se acerca a la media histórica), algo que en un contexto de fuerte empuje del mercado interno tiende a detraer actividad. 

Si el motor externo del crecimiento flaquea, el interno no falla. El consumo privado mantendrá previsiblemente una fuerte inercia expansiva, sostenido por la creación de empleo, la recuperación de poder adquisitivo de los salarios y la liberación de una parte del ahorro embalsado. Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria junto con factores técnicos (menores ajustes de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas) apuntan a un consumo público algo más encauzado. 

La clave estará en la inversión. Los estímulos provienen de la relajación de la política monetaria y de la necesidad de ejecutar en muy poco tiempo el abundante remanente de fondos europeos todavía disponibles. 

El factor limitativo procede del clima de incertidumbre, exacerbado, al menos en el caso de las grandes corporaciones, por la política transaccional del Presidente Trump: el problema no es tanto la amenaza arancelaria como el cuestionamiento de las reglas multilaterales que rigen las relaciones internacionales desde la segunda guerra mundial. La inseguridad acerca del futuro de estas reglas que deja planear la principal potencia económica global es perjudicial para la inversión. Tampoco ayuda, en el plano interno, la congelación de la política presupuestaria, o la falta de consenso para acometer reformas en el mercado de vivienda. En suma, el ciclo expansivo prosigue, sin despejar las dudas sobre su sostenibilidad. 

INMIGRACIÓN | La incorporación de trabajadores extranjeros sigue siendo uno de los factores distintivos de la economía española. En 2024, la población activa nacional descendió en 87.000 personas, mientras que el número de activos extranjeros o con doble nacionalidad se incrementó en 391.000, según la EPA. Por otra parte, el 79% de los nuevos empleos creados en el pasado ejercicio fueron ocupados por mano de obra foránea, un porcentaje al alza en relación al año anterior (63%). Destaca el peso de la inmigración en los sectores ligados al turismo y en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inmigración: los españoles valoran la diversidad, pero anticipan una asimilación a largo plazo

No extraña que la inmigración haya vuelto a ocupar un lugar relativamente preeminente en la discusión pública. En los últimos tres años, el número de nacidos en el extranjero residentes en España ha aumentado en casi dos millones (de 7,3 millones en octubre de 2021 a 9,2 en octubre de 2024) y su porcentaje sobre la población se ha incrementado en más de tres puntos (del 15,5% al 18,8%). En 2023 migraron a España 1,2 millones, cifra que ya desde 2021 se mantiene en niveles similares a los registrados justo antes de la crisis financiera. Estos nuevos residentes llegan a un país demográfica y socialmente distinto al de la primera década del siglo, pues ahora la sociedad ya cuenta con una amplia experiencia de convivencia con población inmigrante. ¿Qué opinan los españoles de hoy sobre la inmigración? ¿La experiencia de convivencia ha favorecido percepciones más positivas o, por el contrario, hay indicios de tensiones subyacentes? Para contestar a estas preguntas, la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración, realizada el pasado mes de diciembre a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, ha recabado información sobre la percepción que los españoles tienen de la integración de los inmigrantes.

Una amplia mayoría de encuestados expresa una valoración positiva de la diversidad: casi cinco de cada seis (84%) están de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas (gráfico 1). No obstante, esa evaluación positiva de la diversidad no implica que se acepte de forma ilimitada. De hecho, el porcentaje de encuestados que considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas, aunque mayoritario (63%), es inferior al de quienes juzgan positivamente la diversidad. Por otro lado, el amplio consenso respecto a la diversidad religiosa y cultural podría explicarse, en parte, por la expectativa de que, con el tiempo, la población de origen extranjero no será tan distinta de la española. De hecho, casi siete de cada diez encuestados (69%) están de acuerdo con que, en dos o tres generaciones, los miembros de los grupos minoritarios serán iguales que el resto de la sociedad. Curiosamente, este amplio convencimiento sobre una eventual asimilación a largo plazo no se traduce necesariamente en un juicio claro, ya sea favorable o contrario, sobre la obligación de las minorías de adaptarse a las costumbres españolas. Es este el punto en que la opinión pública se muestra más dividida: el 55% cree que las minorías deben adaptar sus costumbres para ser plenamente aceptadas, mientras que el 45% opina lo contrario.


La pertenencia de los encuestados a unas u otras categorías sociodemográficas se asocia de manera diversa, y con fuerza distinta, con las percepciones sobre la integración de los inmigrantes. En general, las diferencias basadas en el sexo o la edad son relativamente pequeñas, mientras que la autoubicación ideológica parece desempeñar un papel más relevante (gráficos 2 a 5). Por ejemplo, mientras que el apoyo a la diversidad es mayoritario en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo (aunque ligeramente más elevado entre las mujeres y los encuestados con mayor nivel educativo), la ubicación en  distintos puntos del espectro ideológico se asocia con opiniones que pueden ser sustancialmente diferentes: del 95% de acuerdo con la diversidad entre los que se sitúan más a la izquierda (posiciones 1-2) hasta el 51% entre los que están más a la derecha (posiciones 9-10) (gráfico 2). 


Por otro lado, la percepción de haber alcanzado el límite en la capacidad de absorción de gente de diferentes etnias o culturas es algo más común entre quienes disponen de menos ingresos: mientras que el 45% de la categoría con ingresos que llegan hasta 1.500 euros mensuales así lo declara, el porcentaje se queda en el 30% de quienes ganan más de 4.000. También en este aspecto sobre los límites a la diversidad sobresalen las diferencias ideológicas. Entre quienes se posicionan más a la izquierda, uno de cada diez cree que ya se ha alcanzado el límite, pero a la derecha lo creen ocho de cada diez (gráfico 3). Llaman aquí también la atención las diferencias territoriales. En Cataluña el 45% cree que se ha llegado al límite, una cifra significativamente superior al 33% de Madrid. 


La expectativa de que en dos o tres generaciones los inmigrantes se asemejarán a la población nativa también varía según la autoubicación ideológica, aumentando el optimismo acerca de la “igualación” cuanto más a la izquierda se sitúa el entrevistado, aunque, en esta ocasión, las diferencias no son tan acusadas (gráfico 4). Son mucho más evidentes las variaciones en función de la ideología respecto a la consideración de que los miembros de las minorías deben adoptar las costumbres españolas, desde el 25% en las posiciones más a la izquierda (1-2) hasta el 87% en las posiciones más a la derecha (9-10) (gráfico 5). Aquí sí parece desempeñar un papel importante la edad: el 38% de los jóvenes (18-24 años) cree que tienen que adaptarse, cifra muy inferior al 64% de los mayores (65 años o más). 


Por último, la encuesta también ofrece información sobre la valoración general que hacen los entrevistados de la integración de los inmigrantes en su entorno más próximo. Aunque, a la vista de los datos, puede afirmarse que las actitudes generales hacia la inmigración son mayoritariamente positivas, el juicio sobre cómo está funcionando la integración en la práctica resulta menos favorable y refleja ciertas tensiones. Así, aunque son mayoría (56%) quienes creen muy o bastante adecuado el nivel de integración de la mayoría de la población de origen extranjero en donde viven, no son pocos (un 43%) los que lo ven como poco o nada adecuado (gráfico 6). Nuevamente, las opiniones sobre el nivel de integración varían significativamente según la orientación ideológica: en los segmentos de la izquierda predomina la opinión de que el nivel de integración es adecuado, pero en los de la derecha prevalece la contraria (gráfico 6). 


Parte de la información disponible en la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración es comparable con la recogida por el Eurobarómetro 59.2, de mayo de 2003, lo que permite mostrar la evolución de las percepciones de la diversidad y la integración de la inmigración a lo largo de dos décadas. La comparación sugiere que la valoración positiva hacia la diversidad se ha mantenido, pasando del 81% en 2003 al 84% en diciembre de 2024. Pero también refleja algún cambio. Por ejemplo, llama la atención que parece haber disminuido la proporción de quienes creen que España ha alcanzado su límite en la capacidad de acogida de personas de otras razas, religiones o culturas (del 52% en 2003 al 37% en 2024), lo que es bastante coherente con que se mantenga la confianza en que las minorías acaben asemejándose mucho a los españoles a largo plazo (63% en 2024, 61% en 2003).

En definitiva, algunas actitudes básicas de los españoles referidas a la integración de población foránea de distinta etnia, cultura o religión apenas han cambiado en los últimos veinte años, a pesar de que la presencia de esa población ha aumentado considerablemente. Que predominen las actitudes de apertura es compatible con que proporciones nada desdeñables vean problemas de integración a escala local y esperen un esfuerzo de adaptación de la población foránea. También es compatible con notables diferencias de opinión según las afinidades políticas de los encuestados, lo que llama la atención sobre una de las dificultades principales que tiene la discusión pública sobre estas materias. Es necesario señalar que, aunque la mayoría valora positivamente la diversidad, existe una expectativa de que esta se reduzca en el futuro a través de a una suerte de convergencia social de las minorías. Esta aparente paradoja subraya aún más la necesidad de mantener la inmigración y su integración como un tema central en el debate público. Dada la evidente rapidez de recuperación de los flujos migratorios hacia España en cuanto la economía supera mínimamente sus dificultades, las políticas de inmigración y su integración deberían ocupar un lugar central en el debate público. Para superar los obstáculos para que así sea y garantizar que esta discusión sea constructiva, es imprescindible un diálogo basado en datos y orientado a la construcción de consensos que permita afrontar los desafíos de manera realista y efectiva.


Ficha técnica de la III Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

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Rankings económicos

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Ha suscitado mucha atención la clasificación que el semanario The Economist ha hecho de las principales economías occidentales. España ha quedado en cabeza, seguida de Grecia e Italia, que prosiguen con su recuperación, y luego Irlanda y Dinamarca. Se elabora esta clasificación a partir del PIB, la inflación, los rendimientos bursátiles, el desempleo y el déficit fiscal. Ha habido controversia política sobre los resultados del citado ranking, que, en todo caso, es una buena noticia para la economía española. Cuando te ponen una buena nota, y mucho más a escala internacional, se renueva el interés por tu país, con lo que puede crecer el flujo inversor exterior. Un aspecto muy positivo. 

Parece oportuno comprobar las fuentes de ese buen desempeño. Una primera razón es el saldo migratorio neto positivo desde el 2019, con la llegada de más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros, la mayor parte de Latinoamérica. Con algún aspecto menos positivo, como es la baja cualificación de gran parte de esos inmigrantes, lo que conlleva unos salarios reducidos. La economía española es en la actualidad un 7% más grande que la del 2019, pero cuando se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, se queda en un 3%. La especialización productiva en servicios es otro elemento a favor. El turismo ha vuelto con una fuerza enorme, generando impactos claramente positivos, pero con efectos colaterales no deseados, como el crecimiento de precios de la vivienda, con repercusiones negativas para toda la economía. También efectos medioambientales que, a la luz de la terrible experiencia catástrofe en Valencia por la dana, deben ponderarse proactivamente. Y no solamente es el turismo lo que ha crecido entre los servicios. Los no turísticos han pasado de representar en términos del PIB un 5,5% antes de la covid a aproximadamente el 8% en el 2024. Otra buena noticia. Y aunque la actividad industrial está estancada en España, no ha empeorado como en países como Alemania. 

El semanario británico señala que las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero de hace una década han sido dos ejes importantes para la evolución favorable de la macroeconomía de nuestro país. Pero si no se continúa con una agenda reformista —laboral, pensiones— que aumente la productividad, la posición puede empeorar pronto. Si no se resuelven algunos cuellos de botella como la falta de vivienda asequible, probablemente se frenará la llegada de capital humano foráneo. Por otro lado, el español medio —sobre todo, la generación joven— no comparte la misma percepción optimista que ofrece la macroeconomía. Los comparativamente bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación y las dificultades de acceso a la vivienda pesan. El aumento de la productividad es la clave que garantizaría seguir en la parte alta del ranking, y ahí es donde comienzan los interrogantes del futuro. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total. 

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público. 

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados. 

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Cuando la economía crece, pero es difícil percibirlo

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Hace unos días, impartiendo una conferencia, surgió una pregunta sobre cómo se podían reconciliar las comparativamente elevadas –y revisadas al alza recientemente– tasas de crecimiento de la economía española con la percepción de que las cosas no van tan bien a pie de calle. Algunos indicadores apoyan esa sensación, como son la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, los relativamente bajos salarios y las enormes dificultades de una parte considerable de la población para acceder a una vivienda asequible. 

A escala macroeconómica, las sorpresas están siendo positivas. Ya son dos años en que las previsiones de crecimiento van mejorando conforme avanza el ejercicio y el dato efectivo final confirma ese pronóstico más optimista. En 2024, a pesar de los titubeos globales y de la Unión Europea, con un cierto debilitamiento de la coyuntura, la previsión del FMI de la semana pasada sitúa el crecimiento para España en el 2,9%, de los valores más elevados a escala global y por encima de los del propio Gobierno (2,7%). Medio punto por encima de lo que dijo en abril, que a su vez ya había mejorado la anterior estimación. Funcas estima algo más (3,0%).

Estas correcciones –al alza– muestran lo complejo que es realizar estimaciones macroeconómicas muy precisas, y el PIB es uno de los casos más claros. Tal vez, si los agentes económicos e inversores hubieran tenido de referencia el 3% como crecimiento a primeros de año, habrían apostado más por nuestra economía. De ahí la gran importancia de revisar las previsiones si hay elementos que obligan a ello. Sin olvidar que algunos abogan por mejorar metodológicamente la estimación del PIB para que refleje otros aspectos más cualitativos del bienestar.

El crecimiento español está teniendo varios vientos de cola. Uno de ellos es el crecimiento de la población, fundamentalmente con la inmigración. En 2022, el saldo neto migratorio fue de 727.000 personas. 2023 y 2024 han ido incluso a más. Esto siempre lleva aparejado un aumento de la actividad económica, más aún cuando el paro sigue bajando (gradualmente) y el número de afiliados a la Seguridad Social está en máximos. No obstante, ese aumento de la población explica que el PIB per cápita o la productividad no hayan evolucionado tan favorablemente.

También parece estar jugando a favor del fuerte crecimiento de España nuestro mix energético, más diversificado y con mayor y creciente peso de las renovables, lo que parece un elemento diferencial con respecto a episodios inflacionarios pasados. Comparando con otros países, la situación energética, por ejemplo, de Alemania con una gran dependencia del gas –y hasta 2022 del proveniente de Rusia– genera muchos más problemas.

Asimismo, la especialización productiva en servicios –muchos muy competitivos–, con alta demanda en estos momentos, y no solo los turísticos, ayuda a que la economía española esté teniendo un buen desempeño comparado con otros socios europeos con un mayor peso industrial, con un cierto declive en demanda y en un proceso de reestructuración, como es el caso del automóvil.

Otro factor que ha ayudado a una mayor tasa de crecimiento económico de España es la contribución de los fondos Next Generation EU, que ha representado unas décimas de crecimiento en los últimos años. Está por ver el aprovechamiento de esos fondos a largo plazo para proyectos de modernización, digitalización y sostenibilidad y si generan efectos arrastre permanentes para la economía, de cara a los necesarios incrementos de productividad, que vendrían acompañados de mejores salarios y de un mayor bienestar.

El fuerte crecimiento del PIB, al venir acompañado de un intenso aumento de la población, ha dado lugar a que la renta per cápita no haya evolucionado tan favorablemente. Hace poco se recuperaron los niveles de renta per cápita de 2019. El proceso inflacionario –intenso durante dos años– ha hecho perder poder adquisitivo a buena parte de la población, lo que redunda en la sensación de muchos de que las cosas no van tan bien económicamente. Solamente las personas mayores de 65 años están con mejores niveles de renta per cápita que en 2019, al ser las que más pueden ahorrar.

El que el ahorro no llegue a generaciones más jóvenes, con una mayor capacidad de movilizarlo en demanda y gasto, es un cierto lastre. Si a esto se le añade el fuerte encarecimiento de un activo como la vivienda –la inversión más importante a lo largo de nuestra vida–, con graves problemas de acceso a ella de modo asequible en zonas tensionadas, la percepción es que la situación económica para muchos no va tan bien como parece mostrar el indicador agregado de crecimiento del PIB.

Una de las claves para que se alineen más los indicadores macro de actividad económica con los micro (per cápita) en un contexto de aumento de la población pasa por un aumento de la productividad. Por ejemplo, crear un entorno más amigable a las empresas, que incentive la inversión doméstica, que se ha debilitado en los últimos trimestres. Contrasta con el mejor comportamiento de la inversión extranjera. 

Asimismo, una mayor inversión tecnológica (inteligencia artificial) ayudaría a sentar mejores bases para el aumento de la productividad, con lo que podría consolidar el fuerte crecimiento actual a largo plazo, y además las remuneraciones salariales podrían mejorar. Si además se aceleran otras actuaciones públicas, como son las relacionadas con mejorar el acceso a una vivienda asequible, las sensaciones individuales se acercarían al frío (y positivo, sin duda) dato de crecimiento agregado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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