Estudios sociales – Negocios e Inversiones

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Maestros de Primaria: alta satisfacción, no ajena a las cargas

octubre 3, 2025

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Con frecuencia, y con acierto, se le atribuyen a la educación formal los cimientos de cualquier proyecto de desarrollo personal y colectivo. Gran parte de la atención del análisis sociológico y de la discusión pública se centra en la educación secundaria, al tratar el abandono escolar temprano o de la evaluación de rendimiento académico mediante pruebas como PISA. Con menor frecuencia se repara en lo decisivo de una etapa anterior, la enseñanza primaria: entonces se forjan y consolidan las competencias fundamentales y las actitudes hacia el aprendizaje. Sus efectos acompañan toda la vida y condicionan notablemente la igualdad de oportunidades en una sociedad. De ahí la relevancia de entender los contenidos que se enseñan en Primaria, los modos de enseñanza, los recursos disponibles y, no en último lugar, la figura de los profesores en sí misma, incluyendo la percepción que tienen de ellos mismos y de su profesión.

A tenor de los últimos datos disponibles sobre las opiniones de los maestros de Educación Primaria en España, de 2023, el juicio medio sobre su vida profesional es muy positivo. Estos datos proceden de una encuesta internacional a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de enseñanza primaria, en el marco del TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias). Casi todos (96%) sienten con frecuencia (i.e., muy a menudo o a menudo) que su trabajo tiene sentido y propósito, y disfrutan con frecuencia de los retos que plantea la enseñanza (91%) (gráfico 1), lo que sitúa a los maestros españoles en una posición intermedia en el conjunto de veintitrés países europeos elegidos para la comparación.^[1] Otra inmensa mayoría siente con frecuencia que su trabajo le resulta inspirador (97%) (gráfico 1), algo en lo que los maestros españoles destacan entre los europeos, ocupando el segundo lugar según este criterio, solo por detrás de Rumanía. No sorprende, entonces, que la mayoría se sienta con frecuencia satisfecha con su profesión (96%) y sienta con frecuencia orgullo por ella (97%) (gráfico 1), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. El optimismo con que evalúan su vida profesional se transfiere, incluso, a cómo creen que juzgan los demás su trabajo: una amplia mayoría se siente con frecuencia apreciada en su labor docente (79%), claramente por encima del promedio europeo (61%) (gráfico 1).

Esta visión tan positiva de su vida profesional encaja relativamente bien con cómo perciben a su alumnado. Predomina entre los maestros españoles la opinión de que los estudiantes de su centro se comportan de manera ordenada (90% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la afirmación) y que respetan a los profesores (94%) (gráfico 2). En ambos juicios, además, destacan a escala europea. También sobresalen por su optimismo respecto al esfuerzo y capacidad del alumnado: hasta un 69% piensa que el deseo de los estudiantes de obtener buenos resultados escolares es muy alto o alto, y también una mayoría (56%) cree que es muy alta o alta la capacidad de los alumnos para alcanzar las metas académicas de su centro (gráfico 2).

Solo se ensombrecen mínimamente sus juicios cuando los expresan acerca de las opiniones o las capacidades de los profesores del centro. Un 67% cree que las expectativas de los profesores acerca del rendimiento académico del alumnado son muy altas o altas (gráfico 3). Parecen muchos, pero, en realidad, están por debajo del promedio (76%) y en la posición 19ª de los 23 países. En una línea similar, son muchos (79%) quienes ven como muy alto o alto el éxito de los profesores en la implementación de los planes de estudio, aunque esta cifra se sitúa justo en la media europea (gráfico 3) y se corresponde con la posición 13ª de mayor a menor optimismo.

Pese a la valoración positiva, en TIMSS también afloran quejas habituales sobre la carga laboral: un 83% señala un exceso de alumnos por clase (a pesar de la gran reducción de las ratios en los últimos lustros); un 68%, demasiadas horas lectivas; y un 87%, falta de tiempo para preparar las clases (gráfico 4). Quizá tengan que ver esas demandas de más tiempo con una sensación extendida con respecto a una excesiva carga administrativa, que comparte el 84% de los entrevistados, un porcentaje relativamente alto y claramente superior al promedio (71%) (gráfico 4).

Resulta revelador que apenas un 47% afirme sentir demasiada presión de los padres de los alumnos, un nivel similar al promedio europeo (gráfico 4). Esta percepción contrasta con lo que suele destacarse en los medios de comunicación, y parece más frecuente en la ESO y Bachillerato, etapas en que es más evidente la relevancia de las decisiones y el rendimiento académicos para el futuro del alumnado. En Educación Primaria, en cambio, la presión es menor: los suspensos y la repetición casi han desaparecido en los últimos lustros —por ejemplo, en 6º de Primaria la tasa de repetidores ha pasado del 2,8% en el curso 2007-2008 al 1,1% en el 2022-2023— lo que reduce la frustración tanto en estudiantes como en familias.

Todo ello ayuda a explicar el alto grado de satisfacción de los maestros de Educación Primaria. En el Día Mundial de los Docentes, que se celebra el próximo 5 de octubre, no está de más escuchar su voz de manera representativa, puesto que ayuda a comprender mejor las condiciones que hacen posible —o que dificultan— su labor cotidiana. Encuestas internacionales como PIRLS o TIMSS, aún infrautilizadas en el debate público, ofrecen un caudal de información muy valioso para enriquecer la discusión y dar visibilidad a quienes sostienen una etapa tan decisiva del aprendizaje. Situar a los maestros de Primaria como piezas clave de la conversación pública sobre el sistema educativo es, al fin y al cabo, una manera de reconocer su contribución al desarrollo personal y colectivo de las próximas generaciones.

^[1] Alemania. Bélgica (Flandes), Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, P. Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

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Enfrentamiento intergeneracional, solo si nos empeñamos

septiembre 25, 2025

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Una idea ha empezado a cundir en la discusión pública española, y no está claro que sea para bien: la de una suerte de enfrentamiento generacional latente con motivo del funcionamiento del sistema de pensiones. Sin embargo, tal enfrentamiento no existe.

Desafortunadamente, el debate sobre las pensiones y el sistema de bienestar consiste en gran medida en una conversación simplista y pobre en la que economistas, politólogos y sociólogos nos empeñamos en ver a los individuos, ahora agrupados en generaciones, como agentes definidos estrictamente por intereses egoístas, miopes y enfrentados. Sin embargo, los intereses no son objetivos ni están dados. Sí dependen, en alguna medida, de la base material de nuestra vida, pero no solo. Pero se configuran asimismo según el sentido que le demos a esa vida, incluido su componente material, que es solo una parte. Ese sentido tiene que ver muy primeramente con nuestra cultura, que condiciona nuestra experiencia de vida material. Es decir, cultura y experiencia vivida se entrelazan inevitablemente, de modo que no cabe reducir la experiencia vivida de los individuos a su mera pertenencia a categorías económicas o sociológicas.

En su momento se quiso entender, en parte con razón, la regulación y el funcionamiento del mercado de trabajo español como un enfrentamiento entre insiders (contratos indefinidos, niveles altos de protección y seguridad, salarios altos) y outsiders (contratos temporales, niveles bajos de protección y seguridad, salarios más bajos). Sin embargo, muchos olvidaron ya entonces que los insiders y los outsiders forman parte de las mismas familias. Son los padres y sus hijos, no meros individuos inconexos, y viven y ven las cosas en continuidad (consanguínea) intergeneracional, no libre de tensiones, claro.

Del mismo modo, no pueden estar enfrentados tan obviamente los supuestos intereses de los jóvenes y los llamados boomers. Este enfrentamiento puede referirse a la generación de los hijos (mis dos hijas) y la de los padres (mi esposa y yo). Ellos (ellas), en la veintena o empezando la treintena; nosotros, entrando o entrados en la sesentena. De nuevo, como los insiders y los outsiders de antaño, cenamos juntos todos o casi todos los días. Si se piensa que los boomers son los jubilados actuales, hablamos de nietos y abuelos. No cenan juntos todos los días, pero se ven semanalmente, con gusto, y habitualmente con devoción recíproca.

El sentido que le damos a la vida material –inseparable de la no material– también tiene que ver con las interpretaciones que la discusión pública pone a nuestra disposición. Si nos empeñamos en que sean de enfrentamiento generacional, pueden acabar calando, sobre todo si no compiten con otros marcos interpretativos.

El del enfrentamiento no es el único marco posible. También cabe plantear el argumento de los intereses comunes entre las generaciones, que refuerza la sensación de continuidad que tenemos de manera bastante natural: no es que haya que quitar a los mayores para dar a los jóvenes (en el juego de suma cero que representaría el conflicto intergeneracional). Se trata, más bien, de ir descubriendo, configurando y consolidando arreglos socioeconómicos según los cuales las ganancias de los unos no actúan en detrimento de los otros, y en los que los necesarios sacrificios temporales, de los unos, de los otros o de ambos, tienen sentido a medio y largo plazo para el sostenimiento de la base material de las diferentes generaciones, de la sintonía cultural entre estas y, en última instancia, de la continuidad de la comunidad. ¿Los abuelos o los padres a unos años de jubilarse de los que hemos hablado antes no atenderían a argumentos que plantean los problemas del sistema de pensiones actual (muy beneficioso para ellos) si son abordados de ese modo? Menudos abuelos y padres serían.

En esta tarea de replanteamiento de los marcos de entendimiento de nuestra propia situación debería tener un papel relevante, también, la clase política. Lleva tiempo sin tenerlo, por dos razones. Primera: gran parte de ella también se guía, para ganar elecciones, por su visión estrecha de los intereses de los grupos: a los mayores, jubilados o a punto de serlo, que son muchos y votan mucho, se les prometen subidas de pensiones, caiga quien caiga, como sea. Esto seguramente sea eficaz, habida cuenta de las dificultades que todos tenemos para entender un problema tan complejo, especialmente si casi nadie nos ha ofrecido eficazmente marcos de argumentación que hayamos podido hacer nuestros y que sean distintos del habitual: has trabajado mucho, has cotizado mucho para tu pensión, es justo que recibas una pensión generosa. Segunda: la poca audacia de no atreverse a ensayar una conversación con los votantes, de todas las edades, en las que se les trate de adultos y se les ayude a razonar en términos de acuerdos intergeneracionales como los propuestos más arriba. No afirmo que sea fácil plantear esa conversación ni, más aún, que se consigan todas las persuasiones recíprocas apropiadas, pero no lo sabremos si no lo intentamos.

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Limitada satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España

septiembre 15, 2025

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La democracia mantiene su vigencia como el sistema político preferido por los españoles. En abril de 2025, una encuesta del CIS revelaba que el 79% de los entrevistados consideraba que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno^[1]. Sin embargo, otros resultados de la misma encuesta apuntan a una limitada satisfacción con «la manera en que funciona la democracia en España». Apenas el 44% expresaba satisfacción, en distintos grados, con el funcionamiento de la democracia: un 21% afirmaba sentirse muy o bastante satisfecho y un 24% decía estar algo satisfecho, frente a un 55% que se declaraba poco o nada satisfecho. La distancia entre la adhesión a la democracia como forma de gobierno y la satisfacción con su desempeño sugiere lo limitado de la confianza en gran parte de las principales instituciones y, sobre todo, en su capacidad de dar respuestas eficaces a los problemas del país.

Además, los datos comparativos sitúan a España entre los países de la Unión Europea con menores porcentajes de satisfechos con el funcionamiento de la democracia en sus respectivos países. Según una encuesta del Parlamento Europeo de la pasada primavera, apenas un 45% de los entrevistados se declara muy o bastante satisfecho con cómo funciona la democracia en España, frente a un 52% que dicen sentirse poco o nada satisfechos^[2]. La proporción española de satisfechos contrasta con el 87% de Suecia o el 67% de Alemania, y sitúa a España por debajo de países como Italia (56%) o Francia (54%). La media de la UE27 se encuentra en el 61%, claramente por encima del dato español (gráfico 1).

La relativamente limitada satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España parece transversal de unos grupos demográficos a otros. Ni la edad ni el género ni el nivel educativo marcan grandes contrastes: hombres y mujeres muestran el mismo porcentaje de satisfechos (45%), y las diferencias por edad son reducidas, al igual que sucede en los cuatro países de la UE que nos sirven de comparación (gráfico 2).

Lo que sí se asocia con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España es la autoubicación ideológica de los entrevistados, aunque las diferencias no son grandes en la mayoría de los segmentos ideológicos. Entre quienes se sitúan a la izquierda, el porcentaje de satisfechos supera hoy el 55%, mientras que en el centro y el centro-derecha apenas rebasa el 40%. La única diferencia notable se da con las las posiciones más a la derecha, en las que el porcentaje de satisfechos se queda en un 18%. En el resto de países europeos analizados no se aprecia el mismo patrón. En Italia, los niveles de satisfacción son bastante homogéneos a lo largo del espectro ideológico, con variaciones mínimas y un ligero descenso en los extremos. En Francia, la menor satisfacción en las posiciones extremas es bastante clara, mientras que en Alemania la caída se produce de forma progresiva desde el centro-izquierda hasta la derecha. En Suecia, finalmente, la satisfacción con la democracia es muy alta y además lo es de forma transversal, con porcentajes superiores al 80% en cualquier posición ideológica. La diversidad que reflejan todos estos casos apunta a que a influencia de la posición ideológica en el juicio sobre el funcionamiento de la democracia debe de depender mucho del contexto económico y político, y, quizás, de la cultura política tradicional de cada país.

La comparación de estos resultados con los de Eurobarómetros de 2006 y 2015, dos momentos de expansión económica, pero con distintos gobiernos en el poder, nos recuerda que la orientación ideológica del partido en el poder influye en la valoración de los encuestados, pero no siempre en la misma medida. En 2006, gobernando el PSOE, vivíamos un ciclo expansivo intenso y de larga duración, acompañado de niveles de satisfacción tan altos que apenas diferenciaban a los españoles según su ideología, aunque la satisfacción era algo menor en la derecha. En 2015, gobernando el PP, vivíamos una incipiente recuperación tras una de las crisis más duras y prolongadas de nuestra historia reciente, de tal modo que la satisfacción con la democracia seguía en niveles relativamente bajos, aún más, y apreciablemente, entre los entrevistados de izquierdas. Estos son los que más parecen responder al color político del gobierno, pues su nivel actual de satisfacción, bajo un gobierno del PSOE, es, con diferencia, el más elevado (gráfico 3).

La serie histórica de los datos españoles refleja que los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia han tendido a subir o bajar según la fase del ciclo económico. Sin embargo, la última recuperación económica no ha redundado en niveles especialmente altos de satisfacción, por lo que sigue observándose una caída clara desde principios de siglo.

El Día Internacional de la Democracia, que se celebra el 15 de septiembre, invita a plantear la paradoja española entre la preferencia por la democracia como forma de gobierno y la limitada satisfacción con su aplicación práctica. La transversalidad que muestran los datos sugiere que nos hallamos ante un desafío estructural: no se trata de contentar a un colectivo concreto, sino de convencer a la población en su conjunto a través de una mejora en la confianza, muy probablemente con resultados sustantivos (mejora del nivel de vida), pero no solo. En caso contrario, la limitada satisfacción podría alimentar la desafección y erosionar la legitimidad del sistema a largo plazo.

^[1] Pregunta: “¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la democracia? La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno; en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático ; para personas como yo, da igual un gobierno que otro.”

Estudio 3497, Calidad de la democracia (III). Población residente, de 18 años o más.

^[2] Se trata de un Eurobarómetro. La muestra de los Eurobarómetros es representativa de la población residente de 15 años o más y cuya nacionalidad sea una de las de los 27 Estados miembro.

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Prosigue la reducción de la tasa de abandono educativo temprano, pero aún lejos del objetivo

septiembre 5, 2025

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El abandono educativo temprano continúa siendo uno de los principales retos del sistema educativo en España. Afecta tanto a las trayectorias de vida de los jóvenes como al desarrollo económico, social y cultural del país. Reducir esta tasa es importante porque quienes no alcanzan este nivel mínimo de estudios suelen enfrentarse a mayores riesgos de desempleo, inactividad y exclusión social. Como recuerda la Comisión Europea: “Más de la mitad de los jóvenes que abandonan los estudios en la UE (53,7%) no están empleados, y uno de cada tres desearía volver a la educación o formación, aunque se topa con obstáculos como requisitos de acceso, falta de apoyos o experiencias previas negativas en el aprendizaje. Las barreras percibidas para continuar los estudios son los requisitos de acceso, coste económico, oferta educativa inadecuada, problemas de salud, falta de apoyo de servicios públicos y experiencias previas negativas de aprendizaje.

La tasa de abandono educativo temprano se calcula a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y refleja el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y que no ha realizado ninguna formación en las últimas cuatro semanas. En España, en los últimos dos trimestres de 2024 y los dos primeros de 2025 se ha situado en el 12,6%, algo más baja que el 13% de 2024 y el 13,7% de 2023. En cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9,0% fijado para 2030.

Las diferencias territoriales son significativas. En 2025, la brecha oscila entre el 20,6% de Murcia y el 3,8% del País Vasco. Cantabria (6,1%), Madrid (9,3%) o Navarra (9,6%) también registran tasas bajas.

El abandono está estrechamente vinculado, entre otros factores, al nivel educativo de las familias: los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios presentan una probabilidad de abandono 14 veces mayor que aquellos con madres con estudios superiores (34,0% frente al 2,3% en 2024).

Entre los jóvenes que no han completado secundaria superior, las barreras percibidas para continuar los estudios son los requisitos de acceso, coste económico, oferta educativa inadecuada, problemas de salud, falta de apoyo de servicios públicos y experiencias previas negativas de aprendizaje (Comisión Europea, 2024).

Absentismo escolar prolongado

El abandono temprano se conecta también con otra preocupación creciente: el absentismo escolar. La Comisión Europea advierte que tras la pandemia las tasas de absentismo prolongado (más de tres meses consecutivos sin asistir) aumentaron especialmente en la UE entre estudiantes desfavorecidos (10,2 % frente a 6,1 % de los más favorecidos).

El absentismo prolongado se asocia a menor rendimiento académico, mayor riesgo de abandono y peores resultados en el mercado laboral (menores ingresos y más desempleo).

Estrategias clave

Para avanzar hacia la meta europea de la tasa de abandono del 9,0%, se requieren políticas basadas en la evidencia:

Reducción de ratios y tutorías personalizadas.
Refuerzo socioemocional en etapas tempranas. Bienestar y salud mental en los centros educativos.
Incentivos a docentes experimentados en centros vulnerables.
Flexibilización de la FP y orientación educativa adaptada al mercado laboral.
Implicación de las familias en el aprendizaje temprano.
Escuelas de verano y programas de refuerzo.

Conclusión

Aunque España ha reducido su tasa de abandono temprano en las dos últimas décadas, el progreso se ha ralentizado. Además, las barreras para reenganchar a los jóvenes a la educación y el repunte del absentismo tras la pandemia añaden nuevos desafíos. Alcanzar el objetivo europeo del 9% en 2030 exige políticas integrales que combinen prevención, segundas oportunidades y apoyo específico a los estudiantes más vulnerables.

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España sigue entre los países con más privación material y social severa de la UE

septiembre 3, 2025

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En febrero de este año se publicó la información actualizada sobre la evolución de la privación material y social severa en España, elaborada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Este indicador refleja el porcentaje de individuos que no pueden permitirse al menos siete de trece ítems considerados esenciales, como mantener la vivienda adecuadamente climatizada, afrontar gastos imprevistos o participar en actividades sociales básicas. En 2024, estaba en situación de privación material y social severa el 8,3% de la población española (casi 4 millones de personas), lo que supone una ligera mejora respecto al 9% registrado en 2023, la cifra más alta desde que contamos con este indicador (gráfico 1).

La mejora de 2024 resulta modesta si se observa en perspectiva temporal y comparada. En primer lugar, y pese al crecimiento económico de los últimos años, la tasa todavía no ha recuperado el nivel previo a la pandemia (7,7% en 2019) y su relativa estabilidad contrasta con el descenso registrado en la Unión Europea entre 2015 y 2021 (gráfico 1). En segundo lugar, gracias a que Eurostat ha publicado este verano la compilación de los datos sobre privación material y social severa del conjunto de países europeos, se puede constatar que la posición relativa de España no ha cambiado: en 2023 ocupaba el quinto lugar de los 27 países de la Unión Europea ordenados de mayor a menor porcentaje de privación material y social severa, lugar que no se ha visto alterado por la mejoría de 2024 (gráfico 2). La tasa española solo se sitúa por detrás de las de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría y supera en casi dos puntos porcentuales la media comunitaria del 6,4%, así como en casi cuatro puntos las tasas de nuestros vecinos Italia (4,6%) y Portugal (4,3%). Conviene subrayar que, en un contexto en el que 20 de los 27 países lograron reducciones modestas en la tasa, la persistencia de las elevadas cifras españolas confirma dificultades para reducir este indicador de pobreza que van más allá de una coyuntura pasajera.

La comparación que permiten los datos de Eurostat pone de relieve algunas particularidades del caso español. En primer lugar, se observa que las mayores dificultades se dan en los hogares con niños o jóvenes dependientes^[1], cuya tasa es superior a la correspondiente en la mayoría de los países europeos (gráfico 3). La cifra es particularmente alta entre los individuos residentes en hogares monoparentales (16,4%, casi duplicando la media comunitaria de 8,3%). Además, el hecho de que el porcentaje de población en privación material y social severa sea casi el doble en los hogares de dos adultos con niños o jóvenes dependientes que entre los individuos de 65 años o más que viven solos (5,2%) es bastante anómalo en el contexto europeo, pues solo ocurría en 7 de los 27 países comunitarios en 2024, y en ninguno la diferencia alcanza la magnitud española. Por el contrario, los mayores de 64 años presentan una situación más favorable: entre los individuos que viven en hogares formados por dos adultos (al menos uno con 65 años o más) la tasa española es similar a la europea (4,1% frente a 4%), y entre los que viven solos es incluso inferior (5,2% frente a 7,2%).

En segundo lugar, la privación material y social severa afecta de manera muy desigual a la población autóctona y a la nacida en el extranjero, un patrón común en casi todos los países europeos, pero especialmente marcado en España (gráfico 4). Entre los inmigrantes (población de 16 años o más) la tasa casi triplica a la de los auctóctonos (16,6% vs. 5,6%), y mientras que esta última es muy similar a la media europea (5,2%), la de los primeros supera claramente la del conjunto de la UE (11,4%). Esta brecha probablemente no se explique únicamente por la estructura demográfica de la población de origen foráneo —menos población mayor y mayor presencia de menores a cargo—, sino también por una inserción laboral precaria, presumiblemente en mayor medida que en otros países europeos.

En conjunto, los resultados sugieren que, pese a la mejoría observada entre 2023 y 2024, la privación material y social severa sigue afectando a una parte nada desdeñable de la población española y mantiene a España en una posición comparativamente desfavorable en la Unión Europea. Las dificultades se concentran sobre todo en los hogares con menores y en la población inmigrante, lo que refleja al mismo tiempo los retos económicos de las familias en la fase de crianza, los límites de la integración laboral de la inmigración y la robusta protección a las personas mayores a través del sistema de pensiones. Estas conclusiones apuntan a que el verdadero desafío de España no es solo reducir la tasa total de privación material y social severa, sino hacerlo de manera más equitativa, reforzando las políticas familiares y de conciliación, pero también, probablemente, a través de un crecimiento económico orientado a conseguir aumentos sostenidos de la productividad, mejorando la calidad del empleo y el poder adquisitivo de los salarios y avanzando en políticas migratorias que favorezcan una migración con mejores resultados laborales.

^[1] Se consideran niños y jóvenes dependientes a los individuos de 0 a 17 años y a los de 18 a 24 si están inactivos.

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Resultados educativos y abandono escolar en España

julio 30, 2025

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Funcas organizó el pasado 26 de junio de 2025 una jornada virtual centrada en el análisis de estrategias eficaces para mejorar el rendimiento académico del alumnado y reducir las tasas de abandono escolar antes de la educación superior, objetivos no excluyentes, sino complementarios, como destacó Alberto Galiana, uno de los ponentes. Él fue uno de los responsables institucionales, investigadores y expertos de primer nivel que debatieron sobre políticas educativas, prácticas docentes, equidad, innovación y uso de la evidencia empírica en esta sesión que tuve la suerte de moderar como director del área de Economía de la Educación en Funcas.

Refuerzo de las competencias clave en La Rioja

Precisamente Alberto Galiana, consejero de Educación y Empleo de La Rioja, fue quien abrió la jornada, explicando algunas de las iniciativas que forman parte de la estrategia educativa, centrada en el refuerzo de las competencias clave, de esta comunidad. Citó primero la próxima creación de un Centro Virtual de Mejora Educativa, que funcionará como un repositorio de estrategias eficaces y artículos de docentes e investigadores y fomentará la transferencia de buenas prácticas entre centros y equipos directivos. El centro se complementará con un programa de observación entre pares que ya se aplica con éxito en varios centros piloto. Galiana también destacó los Programas de Innovación Educativa (PIE), con una participación cercana al 80% de los centros, y que a partir del próximo curso incluirán como requisito explícito la mejora de la competencia lingüística y la prevención del abandono escolar. Otras líneas de acción incluyen el refuerzo de la competencia digital, el plurilingüismo y el fortalecimiento de competencias básicas (lectura y matemáticas). En el ámbito de la inclusión, Galiana resaltó el llamado Proyecto NERES, desarrollado en colaboración con Fundación “La Caixa”, que permite detectar de forma temprana posibles trastornos del neurodesarrollo en alumnado de 5º de Primaria, combinando diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Innovación e inclusión educativa: dos caras de la misma moneda

José Luis Blanco, director general de Calidad y Equidad Educativa en Cantabria, abordó en su intervención la estrecha relación entre innovación e inclusión educativa: “Educación es innovación e inclusión al mismo tiempo”, resumió al final de su intervención. Blanco recordó que la innovación educativa es un proceso deliberado, planificado, basado en evidencia empírica y centrado en la mejora continua del aprendizaje. No se trata de introducir novedades por sí mismas, sino de generar transformaciones profundas y duraderas. A partir de ejemplos como el aprendizaje de la lectura, mostró cómo ciertas metodologías modernas pueden ser menos eficaces que otras más tradicionales cuando no están respaldadas por evidencia sólida. También subrayó la importancia del profesorado como motor del cambio, y citó estudios que demuestran que la calidad docente tiene más impacto en el aprendizaje que otras medidas estructurales como la reducción del tamaño del aula. En el terreno de la inclusión, se mostró partidario de un enfoque integral, que combine presencia, participación y aprendizaje. Insistió en que no basta con que el alumnado vulnerable esté en el aula, sino que debe tener las condiciones para aprender y progresar y reclamó políticas sistémicas que integren formación docente, evaluación rigurosa y acompañamiento sostenido, evitando respuestas parciales o simplistas.

Prácticas docentes y desigualdad por edad de entrada escolar

Gema Zamarro, catedrática de Política Educativa y Economía en la Universidad de Arkansas, presentó una investigación empírica sobre los efectos de la edad de entrada en la escuela y el papel que pueden desempeñar las prácticas docentes para mitigarlos. En sus palabras, “España es uno de los países donde más se acusan las diferencias entre los estudiantes que nacen a principios y a finales de año”. El estudio revela que los estudiantes más jóvenes de su cohorte obtienen peores resultados en matemáticas y lectura, son más propensos a repetir curso y tienen menores expectativas académicas. Estas diferencias, ya significativas en cuarto de primaria, persisten hasta la secundaria. Zamarro mostró el papel amortiguador de las prácticas docentes, que clasificó en dos grandes grupos: las tradicionales (más centradas en el profesor, como clases expositivas) y las modernas (más centradas en el alumno, como el trabajo en equipo).y destacó que una combinación equilibrada de ambas estrategias, adaptadas al contexto del aula, funciona mejor. Su intervención se cerró con una invitación a la reflexión sobre la posible flexibilización de las fechas de entrada escolar y a fortalecer la formación docente para abordar estas desigualdades desde una perspectiva pedagógica informada por la evidencia.

PISA, abandono escolar y equidad educativa

José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de La Laguna, propuso una mirada crítica y matizada sobre dos de los principales indicadores educativos: los resultados en PISA y el abandono educativo temprano. Respecto al primer asunto, recalcó el hecho de que PISA no evalúa contenidos curriculares, sino literacia: la capacidad de aplicar conocimientos en contextos reales. En este sentido, mostró que muchas de las variaciones en puntuaciones son pequeñas desde un punto de vista práctico y advirtió así contra el “narcisismo apocalíptico” con que a menudo se interpretan caídas mínimas en las medias de PISA.

En relación al abandono educativo temprano, Martínez hizo hincapié en que su definición oficial —jóvenes de 18 a 24 años que no han completado estudios postobligatorios ni participan en formación— mezcla dos realidades distintas: la no obtención del título de la ESO y la discontinuación del estudio tras titularse. La confusión que –señaló– distorisiona tanto el debate público y la investigación académica. También quiso distinguir entre los efectos primarios (factores previos a la escolarización, como el origen social o el mes de nacimiento) y los secundarios (decisiones racionales sobre si continuar estudiando) del abandono. Su mensaje final fue que una mayor equidad es compatible con la mejora del rendimiento si el sistema educativo es capaz de compensar las dificultades educativas de las familias más vulnerables.

La jornada puso de relieve el ejemplar cruce entre investigación y gestión educativa, con iniciativas concretas en La Rioja y Cantabria, análisis rigurosos sobre prácticas docentes y propuestas para avanzar hacia un sistema más equitativo y eficaz.

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Reformas educativas ante los nuevos retos: innovación, evidencia y el papel central del profesorado

julio 11, 2025

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Hace unas semanas se publicó en este blog una entrada sobre posibles fórmulas para hacer llegar a las aulas las reformas diseñadas desde los organismos oficiales, un asunto abordado por Beatriz Pont en la jornada virtual titulada “Reformas educativas ante los nuevos retos”, organizada por Funcas en mayo. Hoy nos centramos en las claves expuestas por el resto de ponentes en esa jornada, David Cervera, Ainhoa Osés y Francisco Venzalá, tres voces expertas que aportaron visiones complementarias sobre cómo deben afrontarse los nuevos retos en materia educativa, en un contexto marcado por el cambio tecnológico, la globalización y la presión para garantizar una formación que prepare a los estudiantes para una sociedad en permanente transformación.

David Cervera: innovación, bilingüismo y continuidad en las políticas en la Comunidad de Madrid

David Cervera, director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, defendió la necesidad de una estrategia educativa sostenida, basada en pilares como la continuidad institucional, la innovación metodológica, la digitalización y la formación docente, ante la complejidad de gestionar un sistema educativo como el madrileño, con más de 1.230.000 alumnos y 106.000 docentes distribuidos en más de 1.700 centros. En su argumentación, repasó la evolución del sistema educativo desde los primeros pasos en digitalización (2001-2002) hasta la actual integración de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en etapas tempranas y destacó la importancia de acompañar la tecnología con un cambio metodológico, situando al docente como impulsor clave. Otro hito que mencionó fue el Programa Bilingüe (2004-2005), que revolucionó la enseñanza del inglés, logrando que la mayoría de los alumnos alcancen un nivel B2 o C1 al finalizar la ESO. El programa se basa en la formación docente (nivel C1), auxiliares nativos y proyectos como Global Classrooms o Theatre in English, que promueven la comunicación real.

En innovación metodológica, el director general citó programas como la asignatura de tecnología en Secundaria y Código Escuela 4.0 Madrid, que introduce robótica desde la etapa de infantil, y otras iniciativas que fomentan el trabajo interdisciplinar y la resolución de problemas reales, destacando también algunos proyectos donde los alumnos aprenden del error como ejemplos de uso de la tecnología para desarrollar pensamiento crítico y soft skills.

Cervera resaltó el valor de las evaluaciones externas (PISA, TIMSS) como herramientas de mejora –no como mecanismo de clasificación– y abogó por una cultura de análisis y aprendizaje a partir de los resultados que permita introducir mejoras progresivas basadas en evidencia. Y, finalmente, subrayó el papel central del profesorado en todo este entramado para el fomento del intercambio de buenas prácticas y el liderazgo pedagógico, adaptándose a las necesidades de cada centro.

Ainhoa Osés: evidencia empírica sobre tecnología y aprendizaje en las aulas

La intervención de Ainhoa Osés, investigadora de ISEAK y coautora de un artículo recientemente publicado con gran repercusión mediática, aportó una visión basada en la evidencia empírica sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Osés, doctora por la Universidad del País Vasco y experta en economía de la educación y mercado laboral, expuso los resultados de un análisis de datos PISA en múltiples países para responder a la siguiente pregunta: ¿mejoran las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los resultados de los estudiantes?

El estudio revela que, con medida, el uso de la tecnología en las aulas se relaciona con mejoras en las competencias matemáticas y, al contrario, un uso muy intensivo de las mismas tiene un impacto negativo en el rendimiento matemático, un patrón que se repite en todos los países de la OCDE analizados. En el caso de España, el uso muy intensivo tiene un impacto negativo equivalente a un curso escolar completo en comparación con un uso medio.

Ante estos resultados, Osés planteó “no un rechazo de la tecnología, sino de preguntarse cómo y para qué se usa”, y también “si ese uso, más allá del acceso, a estas herramientas está logrando los fines deseados”. Igualmente remarcó la necesidad de políticas públicas que garanticen la equidad en el acceso y que acompañen la introducción de tecnología con inversión en formación docente. Además, enfatizó que las reformas deben ser sensibles al contexto y evaluadas sistemáticamente y defendió la importancia de involucrar al profesorado en el diseño y la implementación de las políticas tecnológicas, coincidiendo con Cervera en la necesidad de evitar un enfoque exclusivamente “de arriba a abajo”.

Francisco Venzalá: el profesorado como agente de cambio y la necesidad de participación

Francisco Venzalá, presidente de ANPE —el sindicato mayoritario de la enseñanza pública no universitaria—, centró su intervención en el rol insustituible del profesorado en cualquier proceso de reforma educativa. A través de la historia inspiradora de una maestra finlandesa que supo revertir la desmotivación de su aula, Venzalá ejemplificó cómo el cambio real parte de la implicación personal y colectiva de los docentes.

El presidente de ANPE compartió resultados de estudios nacionales e internacionales que coinciden en tres mensajes clave: i) sin implicación docente, ninguna reforma tendrá éxito; ii) el desarrollo profesional, la colaboración y el empoderamiento del profesorado son condiciones indispensables; y iii) existe una desconexión frecuente entre la elaboración de políticas y la realidad del aula. Venzalá señaló cómo, en España, la excesiva rotación normativa y la falta de participación efectiva del profesorado en el diseño de las reformas han generado incertidumbre, desmotivación y sensación de no estar suficientemente reconocidos ni preparados para afrontar los cambios. Como propuesta, defendió la creación de espacios reales de colaboración, la formación de calidad, el liderazgo distribuido y el reconocimiento profesional. Los docentes no son ejecutores pasivos: adaptan, median, innovan y lideran el cambio en las aulas y centros. Cuidar al profesorado es cuidar el presente y el futuro de cualquier reforma educativa.

En definitiva, la jornada puso de relieve que el éxito de las reformas educativas exige continuidad en las políticas, decisiones informadas por la evidencia y, sobre todo, la implicación activa del profesorado como auténtico motor de cambio en el sistema educativo.

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El futuro (demográfico) es el presente

julio 10, 2025

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En las próximas décadas, España, como buena parte del mundo, experimentará una transformación demográfica sin precedentes. La prolongada persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitario y de atención a mayores dependientes. Al mismo tiempo, se puede esperar que el menor tamaño de la población conlleve grandes transformaciones en los mercados de la vivienda y de otros bienes duraderos, así como en la provisión de servicios como los educativos, con las consiguientes consecuencias sobre la actividad y el crecimiento económicos.

No conocemos con precisión el futuro demográfico de cada región del mundo, pero sí lo conocemos con bastante certidumbre en alguno de sus aspectos y para los países con mejores estadísticas demográficas. Por ejemplo, y no es asunto menor, ya disponemos de buena información sobre quienes integrarán el grueso de la población activa europea en unas décadas, puesto que ya han nacido —si excluimos potenciales fluctuaciones de calado en los intercambios migratorios. Al respecto, las tendencias recientes dibujan un panorama inquietante, particularmente en el caso español.

En los quince años trascurridos entre 2008 y 2023 —desde el inicio de la Gran Recesión hasta el último año completo con datos disponibles— la cifra de nacimientos ha caído en 22 de los 27 países de la UE (gráfico 1) y España registró la tercera caída porcentual más intensa en el número de nacidos vivos de los países comunitarios, un 38 %, solo por debajo de las de Letonia (41 %) y Grecia (40 %). Únicamente Alemania, con un crecimiento del 2%, y países pequeños como Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado un aumento de los nacimientos en este periodo.

La cifra actual de nacimientos en España, de poco más de 300.000 al año, apenas alcanza la mitad de los registrados antes del desplome que se produjo en la segunda mitad de los setenta del siglo pasado (gráfico 2). Hasta entonces, la cifra de nacimientos anuales se había mantenido por encima de los 600.000, con pocas excepciones, desde mediados del siglo XIX Esas cifras se corresponden con índices de fecundidad muy altos, propios de poblaciones con elevadas tasas de mortalidad infantil. Tanto la mortalidad infantil como la fecundidad fueron cayendo a lo largo del siglo XX, hasta los mínimos niveles actuales. Tras la caída en las cifras de nacimientos desde mediados de los setenta hasta finales de los noventa, se alcanzó un nuevo máximo relativo de más de 500.000 nacimientos en 2008. No obstante, la caída iniciada con la Gran Recesión no se detuvo al reactivarse la economía: solo volvió a crecer, levemente, el número de nacimientos en 2014, y las caídas posteriores solo han empezado a reducir su ritmo en tiempos recientes (gráfico 2). Es decir, la cifra de nacimientos no ha vuelto a crecer en los últimos quince años, incluso en un contexto de llegada masiva de población foránea, más fecunda que la local, que incluso consiguió revertir, desde 2022, la caída del volumen de mujeres en edad fértil residentes en España que se registraba desde 2009 (gráfico 3). Está por ver si el parón en la caída de los nacimientos que se observa desde 2023 se va a mantener en los próximos años. Según las estimaciones del INE de nacimientos mensuales, el total registrado en los últimos doce meses, desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 (318.840), casi iguala al de 2023 (320.656). Es difícil imaginar que la llegada de nuevos residentes pueda compensar plena e indefinidamente la pérdida de población autóctona, dada la notable caída del número de hijos por mujer que también afecta a la población inmigrante.

A escala nacional —y aún más en la regional y local—, el impacto de la reducción de la natalidad es más inmediato y tangible. Al fin y al cabo, son los mercados de trabajo locales, la organización de la oferta educativa y de servicios públicos, los mercados inmobiliarios e incluso los matrimoniales los que experimentan más directamente los efectos del envejecimiento y la caída poblacional. Se trata de un desafío para la planificación pública, pero también para la inversión privada, que tendrá que adaptarse a una realidad poblacional completamente distinta.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la caída en las cifras de nacimientos no es uniforme de unas zonas a otras de un mismo país, menos aún en países grandes como España. En el norte, algunas comunidades alcanzan o incluso superan el 45 % de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria es la región que registra la mayor caída de todas las regiones de la Unión Europea, con un 49 %. Es decir, la cifra de nacidos vivos en Cantabria en 2023 ascendió, aproximadamente, a la mitad de sus residentes de 15 años. En España siguen a Cantabria por orden de caída Asturias (45 %), La Rioja (43 %), Galicia (40 %), Canarias (42 %) y Castilla y León (41 %) (mapa 1). Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentaron las caídas más moderadas de los nacimientos en esos quince años, aunque, de todas formas, alcanzan un 31 % y un 34 % respectivamente. En total, quince comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas figuran entre las cincuenta regiones europeas (de un total de 220 regiones con datos) con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023. Tal y como pone de relieve el mapa 1, se observa un descenso de magnitud similar en muchas regiones italianas y griegas, pero también en países no mediterráneos como Polonia.

No obstante, la contracción de las cohortes jóvenes no se circunscribirá a los países más avanzados: el notable descenso de la natalidad en Latinoamérica, el África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo anticipa incluso una ralentización o una reversión de los flujos migratorios que hoy tienen como destino las economías desarrolladas. Se prevé, de hecho, que hacia mediados de siglo la población global empiece a descender ^[1]. Aunque desconocemos hasta qué punto los flujos migratorios, la tecnología o los nuevos modos de organización social mitigarán las consecuencias del cambio demográfico, se puede esperar que este obligue a reorientar las estrategias públicas y privadas en casi todos los ámbitos.

La transformación demográfica no es, en todo caso, un fenómeno abstracto ni un riesgo futuro: sus efectos ya están remodelando los cimientos de la organización social, económica y familiar. El Día Mundial de la Población, que se celebra el próximo 11 de julio, es una ocasión para recordar que el impacto la disminución de los nacimientos se despliega en múltiples escalas —desde la global hasta la local— y requiere respuestas y adaptaciones concretas en todas ellas.

^[1] Marc Novicoff, “The Birth‑Rate Crisis Isn’t as Bad as You’ve Heard—It’s Worse”, The Atlantic, 30 de junio de 2025. En este artículo, Novicoff recopila el trabajo de Jesús Fernández‑Villaverde sobre las tendencias de fecundidad y sus implicaciones así como sobre el exceso de optimismo sobre la evolución de la fecundidad de las proyecciones de Naciones Unidas.

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Malestar en tiempos de crecimiento: la opinión pública sobre la economía en España

junio 25, 2025

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A pesar del crecimiento del PIB, el debate sobre la salud de la economía española está lejos de estar cerrado. Es verdad que el PIB y el empleo crecen a buen ritmo, pero la valoración es menos positiva cuando se trata de la evolución del PIB per cápita, la de la productividad y la de la renta real de los hogares. En este contexto, aunque es central la discusión de los indicadores oficiales habituales, también lo es conocer cómo percibe la sociedad la situación económica para aterrizar el debate y acercarlo a la experiencia de la gente. Con este propósito se ha llevado a cabo, en mayo de 2025, la Encuesta Funcas sobre Economía y Finanzas del Hogar. Sus datos aportan una radiografía muy valiosa de cómo percibe la ciudadanía la situación económica de España y de sus propios hogares, así como de los factores que moldean esa percepción. Realizada de forma online y telefónica a una muestra de 1.200 individuos representativa de la población adulta residente en España, la encuesta recoge opiniones sobre la evolución la situación económica del país y de los hogares, los salarios, los impuestos y el impacto de las políticas públicas, entre otras cuestiones clave (informe completo aquí).

El análisis de la encuesta evidencia que la mejora del PIB no ha calado en la opinión pública. El 55 % de los encuestados considera que la economía nacional está peor que antes de la pandemia, y solo el 20 % cree que ha mejorado (gráfico 1). Por su parte, aunque casi la mitad percibe la situación económica de su hogar como similar a la previa a la pandemia (44 %), quienes ven un empeoramiento (34 %) superan claramente a quienes creen que ha mejorado (22 %) (gráfico 2). Son menos, en todo caso, los que opinan que la economía de su hogar ha empeorado que los que opinan así de la del país. Por otra parte, cuatro de cada diez entrevistados (40 %) reconocen dificultades para llegar a fin de mes y casi un 75 % afirma ahorrar menos de lo que desearía o, directamente, no poder ahorrar. En definitiva, el crecimiento económico no se traduce en una percepción de mejora en la vida cotidiana de amplios sectores sociales, al menos tal como lo expresan en la encuesta.

La inflación se presenta como la principal causa de malestar a través de sus efectos en el poder adquisitivo. Al juicio negativo sobre el crecimiento de los salarios —un abrumador 90% cree que está por debajo del aumento de los precios—, se suma la percepción de una mayor presión fiscal que la de antes de la pandemia, opinión compartida por un 70%.

La encuesta revela que la autoubicación ideológica de los encuestados es un factor principal en la interpretación de la situación económica. Las valoraciones más positivas se concentran en las posiciones más a la izquierda, mientras que en el centro y la derecha predominan las negativas. Esta polarización se traslada a la atribución de responsabilidades a las políticas públicas, bien como causa de la mejora de la economía, para unos, como de su deterioro, para otros.

En todo caso, la influencia de la autoubicación ideológica en la interpretación de la situación económica no excluye la relevancia, bastante sistemática, de otros factores, como la edad, el nivel de ingresos o la composición del hogar. Esto sugiere que las condiciones, digamos, objetivas de la vida también modelan los juicios subjetivos. En cualquier caso, la preocupación por la pérdida o por la ausencia de mejora del bienestar es transversal y se refleja en un amplio consenso sobre el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento del coste de la vida y el incierto futuro de las generaciones más jóvenes. Destacan por unos juicios medios especialmente negativos los jóvenes y la población cuyas edades están asociadas a la crianza de hijos, sobre todo quienes viven con niños pequeños.

Más allá del diagnóstico inmediato, los resultados invitan a reflexionar, una vez más, sobre la relación entre los indicadores económicos y la percepción social. La aparente desconexión entre los positivos datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana de muchos hogares nos advierte de la necesidad de usar múltiples indicadores, además del crecimiento del PIB, para evaluar los resultados de la vida económica. Los datos aquí presentados apuntan a que la opinión pública evalúa la marcha de la economía desde el bolsillo, pero también desde sus marcos ideológicos, sus expectativas personales y su grado de confianza en las instituciones.

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La desigual geografía de las mujeres refugiadas en Europa

junio 19, 2025

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Las mujeres que huyen de sus países en busca de protección internacional enfrentan una doble vulnerabilidad: además de sufrir las consecuencias de los conflictos —violencia, persecución, pérdida de medios de vida—, están expuestas a riesgos añadidos durante el trayecto migratorio, como la violencia sexual, la trata o la explotación. Aunque hombres y mujeres comparten muchas de las razones que los llevan a solicitar asilo, los costes físicos, emocionales y sociales del proceso suelen ser distintos. También influyen de manera desigual factores como la aversión al riesgo o las normas sociales: en muchas sociedades, a las mujeres se les asigna el rol principal de cuidadoras, lo que puede limitar su capacidad o disposición para migrar. Por ello, su menor presencia en el asilo europeo refleja no solo desigualdades en la experiencia migratoria, sino también en las condiciones que determinan la decisión misma de migrar.

En 2024, las mujeres representaron apenas un tercio de las solicitudes de asilo en la Unión Europea, aunque su presencia varía notablemente entre países. En Austria (44 %), Francia (44 %) o España (42 %) se acerca a la mitad, mientras que en Eslovenia (4 %), Bulgaria (13 %), Eslovaquia (19 %) o Italia (19 %) es claramente minoritaria (gráfico 1). Estas diferencias no son solo coyunturales, sino que responden a patrones consolidados. Como muestra el gráfico 2, Francia y España han mantenido durante la última década una proporción de mujeres solicitantes sistemáticamente superior a la media europea, fuertemente condicionada por la evolución de Alemania, el país que con diferencia recibe el mayor número de solicitudes. En contraste, Italia y Grecia presentan una presencia femenina mucho menor: desde 2021, menos del 30 % en Grecia y por debajo del 20 % en Italia.

La composición femenina de las solicitudes de asilo varía según el país de destino, reflejando tanto las rutas migratorias como el origen nacional de los solicitantes. Los países con mayor proporción de mujeres suelen recibir más peticiones de personas latinoamericanas, mientras que aquellos con flujos procedentes de Asia, África u Oriente Próximo presentan una composición más masculinizada. En España, donde las mujeres representan el 42 % de las solicitudes en 2024, esta presencia se vincula al peso de solicitantes latinoamericanos, entre quienes la participación femenina es alta: 54 % entre los venezolanos, 48 % en los colombianos y 51 % en los peruanos (gráfico 3). En todo caso, el creciente flujo de solicitudes en España de malienses y senegaleses puede cambiar este patrón. De sus solicitudes, solo el 2 % y el 8 %, respectivamente, se corresponden con mujeres.

Francia, por su parte, destaca por acoger una proporción elevada de mujeres solicitantes (44%). Llama la atención que esta elevada presencia femenina no se debe únicamente al origen nacional de quienes solicitan asilo, sino también a que, para una misma nacionalidad, Francia acoge un porcentaje de mujeres mayor que otros países europeos (gráfico 3). En 2024, el 57 % de los solicitantes de asilo ucranianos en Francia fueron mujeres, mientras que ese porcentaje fue notablemente menor en Alemania (35 %), Grecia (40 %), Italia (41 %) y España (44 %). Esta diferencia también se reproduce para otras nacionalidades: Francia presenta mayores porcentajes de mujeres entre los solicitantes de países africanos como Guinea o Costa de Marfil. Es decir, más allá del país de origen, existen factores específicos del contexto francés —como la existencia de redes migratorias previas, trayectos migratorios más seguros o la mayor frecuencia de viajes por vía aérea— que favorecen una mayor recepción de solicitudes de asilo de mujeres.

Italia representa el caso opuesto: recibe un alto número de solicitantes de Asia y el norte de África, donde la proporción de mujeres es muy baja —como Bangladesh (1 %), Pakistán (2 %) o Egipto (2 %)—, y además esa proporción es inferior a la observada en otros países europeos. Un patrón similar se da en Grecia, con principales orígenes como Siria (26 % de mujeres), Afganistán (42 %) y Egipto (1 %). Estas cifras sugieren que las rutas hacia Italia y Grecia siguen estando fuertemente masculinizadas. Alemania, aunque con mayor volumen total, presenta un perfil similar: entre los solicitantes de Siria (28 %), Afganistán (30 %) o Turquía (33 %), la participación femenina también es baja (gráfico 3).

La estructura por edad de las personas solicitantes también ofrece claves importantes para entender las diferencias de género en los sistemas de asilo europeos. En todos los países analizados, las mujeres tienden a concentrarse en edades más diversas que los hombres, mientras que estos últimos presentan un claro predominio del grupo entre 18 y 34 años (gráfico 4). Este patrón es especialmente acusado en países como Italia o Grecia, donde más del 60 % de los solicitantes varones se sitúan en ese rango de edad (69 % y 59 % respectivamente). De hecho, en estos dos países el 56 % y el 44 % del total de solicitantes de asilo se corresponde con varones de 18 a 34 años, mientras que en España esta cifra se reduce al 33 % y en Francia al 28 %. En contraste, la distribución femenina está más equilibrada. De hecho, en Francia y Alemania las solicitudes de mujeres menores de edad tienen un peso relativamente importante.

Estas diferencias apuntan a trayectorias migratorias distintas según el país de destino: mientras que los hombres jóvenes suelen llegar solos por rutas terrestres o marítimas, muchas mujeres migran acompañadas de hijos o en el marco de proyectos familiares más amplios. En países como Francia y España, su mayor presencia puede vincularse a redes sociales previas y a formas de llegada menos peligrosas, como los vuelos comerciales. El Día Mundial del Refugiado constituye una ocasión para recordar que, más allá de los conflictos armados, las solicitudes de asilo responden también a contextos de inseguridad generalizada, violencia estructural o inestabilidad política, en los que las motivaciones humanitarias, familiares y económicas suelen entrelazarse.

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