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Pensiones, de nuevo sobre el tapete

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El reciente informe de la OCDE sobre las pensiones ha vuelto a encender todas las alarmas. El sistema público español figura entre los menos sostenibles financieramente del conjunto de economías avanzadas. No se trata de una sorpresa, pero sí de una constatación contundente de que las reformas aplicadas en los últimos años, aunque han mitigado tensiones inmediatas, no han corregido los factores estructurales que erosionan la viabilidad a largo plazo del modelo. Y este laberinto apunta a que el sistema público afronta su mayor encrucijada en décadas. El diagnóstico es claro: la combinación de envejecimiento acelerado, baja natalidad, precariedad laboral y elevada dependencia del presupuesto estatal conforma un cóctel difícil de sostener. En el 2025, por cada 100 trabajadores cotizantes ya hay más de 60 pensionistas; en dos décadas, si la tendencia no cambia, esta ratio podría superar el umbral crítico del 80%. España, señala la OCDE, se ha convertido en un caso paradigmático de “presión demográfica extrema”.

El estudio no se limita a la aritmética poblacional. Nos recuerda otras muchas dificultades. Hace hincapié en que el sistema español destaca por su elevada “generosidad” relativa, fruto de décadas de vinculación de las pensiones al salario previo y de actualizaciones orientadas a preservar el poder adquisitivo. Esa fortaleza social –indiscutible desde el punto de vista del bienestar– choca con una base de ingresos cada vez más dependiente de transferencias de los presupuestos generales del Estado. En otras palabras, el sistema ya no se financia mayoritariamente con cotizaciones, sino con impuestos presentes y futuros. Lo verdaderamente innovador del análisis de la OCDE es su propuesta de mirar más allá del clásico debate entre recortes y subidas de cotizaciones. El organismo plantea tres líneas de actuación que requieren un consenso político poco habitual. Por un lado, propone integrar tecnología y automatización para aumentar productividad y, con ello, la masa salarial sobre la que se financia el sistema. En segundo lugar, recomienda rediseñar la trayectoria laboral permitiendo carreras más flexibles, combinadas y prolongadas, que incentiven la cotización más allá de los 67 años sin penalizar a los trabajadores de mayor edad. Y por último, apoya reformular el pacto intergeneracional con mecanismos que ajusten parámetros de forma automática y gradual ante cambios demográficos, evitando reformas bruscas cada década.

En definitiva, el problema de las pensiones no es solo financiero, sino cultural e institucional. Requiere repensar el contrato social en un país que envejece más rápido que su economía. Nuestro país aún está a tiempo de construir un sistema robusto para el 2050. Pero cada año perdido aumenta la pendiente. Reforzar cuanto antes la sostenibilidad ya no es solo una opción técnica. Nos estamos jugando el núcleo del futuro del Estado de bienestar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El puzle territorial de la economía española

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Las turbulencias que se han sucedido en el último lustro, así como el posterior ciclo expansivo, han redibujado el mapa económico del país, prefigurando una bifurcación en las dinámicas de crecimiento. Algunas comunidades como Asturias o Galicia, atenazadas por el envejecimiento poblacional, han logrado revertir el declive. Otras, y sin sorpresa, como Madrid, Cataluña y País Vasco, se han consolidado gracias a la presencia de un potente tejido productivo y su creciente apertura hacia el exterior.

En todos los territorios, el bienestar material, o PIB per capita, ha mejorado con relación a la situación anterior a la crisis sanitaria —y eso es una buena noticia que nos diferencia de otras grandes economías de nuestro entorno—, en función principalmente de dos parámetros. Uno, la existencia de un tejido productivo competitivo basado en la industria y los servicios más demandados, ya sea en el mercado interior, aupado por los fondos europeos, o en el internacional.

Y dos, de manera complementaria a lo anterior, el crecimiento de la población activa: la incorporación de nueva fuerza laboral, particularmente la que procede de la inmigración, ha permitido a las empresas responder a la pujante demanda de bienes y servicios, facilitando también la movilidad de trabajadores cualificados hacia sectores de mayor valor añadido. Es un hecho que las comunidades que combinan un tejido productivo competitivo y una fuerte entrada de activos han crecido por encima de la media. El sur peninsular no ha sido el más favorecido por esta pauta de crecimiento, si bien su PIB per capita también ha crecido gracias a la creación de empleo. En suma, pese a las disparidades, el ciclo expansivo se ha propagado a través de todo el país, fundamentalmente por la existencia de una capacidad productiva disponible y rápidamente movilizable.


Ahora bien, este margen de maniobra está desapareciendo en los territorios más pujantes del centro y norte peninsular, donde la tasa de paro se acerca tanto a los mínimos de la serie histórica como a la media comunitaria. La carencia de mano de obra local podría paliarse con movilidad interna o gracias a la inmigración, pero en la práctica estos mecanismos de compensación se enfrentan a la grave situación de escasez de vivienda. La elevación de la productividad es otro recurso posible para ensanchar la capacidad productiva, si bien para ello habría que desatascar la inversión empresarial y reforzar el capital humano, algo que lleva tiempo. En lo inmediato, por tanto, una desaceleración es previsible, pero el repunte incipiente de la productividad en estas comunidades abre nuevas perspectivas.

Las comunidades del sur, por su parte, disponen de más margen, es decir, de oferta ociosa, ya que su tasa de paro se mantiene en el doble dígito, duplicando en algunos casos la media europea. En teoría, por tanto, su crecimiento futuro dependerá de la evolución de la demanda en los sectores que tienen más peso en estos territorios como el turismo, la industria agroalimentaria, química o de defensa. En la práctica la movilización del potencial productivo depende de la activación de los parados, vieja asignatura pendiente.

Estas disparidades ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de enfoque. La inversión en infraestructuras sigue siendo importante, pero no basta para acelerar la convergencia de las zonas desfavorecidas: la estrategia debe arraigarse en el tejido productivo existente, alejándose de la querencia por los grandes proyectos desvinculados de la realidad local.

En definitiva, se produce una bifurcación de las prioridades entre el norte y el sur. Pero el objetivo de un mayor equilibrio territorial debe ser común, ya que el esfuerzo de cohesión no solo obedece a una lógica de igualdad de oportunidades, también aporta beneficios económicos: una concentración geográfica excesiva del crecimiento redundaría en costes crecientes de congestión y en un deterioro general de la calidad de vida. Las piezas territoriales del puzle económico tienen que encajar.

INMIGRACIÓN | En los últimos tres años, la inmigración ha más que compensado la pérdida de población española, excepto en Extremadura, única comunidad autónoma donde el número total de habitantes ha descendido. Asturias es la comunidad donde más ha crecido la inmigración, con un 46% en el trienio. Por otra parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibieron en su conjunto el 56% de toda la población extranjera. A nivel nacional, el 45% de los empleos creados durante este periodo están ocupados por personas extranjeras (cifras EPA), evidenciando la contribución de la inmigración al mercado laboral.

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El futuro (demográfico) es el presente

En las próximas décadas, España, como buena parte del mundo, experimentará una transformación demográfica sin precedentes. La prolongada persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitario y de atención a mayores dependientes. Al mismo tiempo, se puede esperar que el menor tamaño de la población conlleve grandes transformaciones en los mercados de la vivienda y de otros bienes duraderos, así como en la provisión de servicios como los educativos, con las consiguientes consecuencias sobre la actividad y el crecimiento económicos.

No conocemos con precisión el futuro demográfico de cada región del mundo, pero sí lo conocemos con bastante certidumbre en alguno de sus aspectos y para los países con mejores estadísticas demográficas. Por ejemplo, y no es asunto menor, ya disponemos de buena información sobre quienes integrarán el grueso de la población activa europea en unas décadas, puesto que ya han nacido —si excluimos potenciales fluctuaciones de calado en los intercambios migratorios. Al respecto, las tendencias recientes dibujan un panorama inquietante, particularmente en el caso español.

En los quince años trascurridos entre 2008 y 2023 —desde el inicio de la Gran Recesión hasta el último año completo con datos disponibles— la cifra de nacimientos ha caído en 22 de los 27 países de la UE (gráfico 1) y España registró la tercera caída porcentual más intensa en el número de nacidos vivos de los países comunitarios, un 38 %, solo por debajo de las de Letonia (41 %) y Grecia (40 %). Únicamente Alemania, con un crecimiento del 2%, y países pequeños como Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado un aumento de los nacimientos en este periodo. 


La cifra actual de nacimientos en España, de poco más de 300.000 al año, apenas alcanza la mitad de los registrados antes del desplome que se produjo en la segunda mitad de los setenta del siglo pasado (gráfico 2). Hasta entonces, la cifra de nacimientos anuales se había mantenido por encima de los 600.000, con pocas excepciones, desde mediados del siglo XIX Esas cifras se corresponden con índices de fecundidad muy altos, propios de poblaciones con elevadas tasas de mortalidad infantil. Tanto la mortalidad infantil como la fecundidad fueron cayendo a lo largo del siglo XX, hasta los mínimos niveles actuales. Tras la caída en las cifras de nacimientos desde mediados de los setenta hasta finales de los noventa, se alcanzó un nuevo máximo relativo de más de 500.000 nacimientos en 2008. No obstante, la caída iniciada con la Gran Recesión no se detuvo al reactivarse la economía: solo volvió a crecer, levemente, el número de nacimientos en 2014, y las caídas posteriores solo han empezado a reducir su ritmo en tiempos recientes (gráfico 2). Es decir, la cifra de nacimientos no ha vuelto a crecer en los últimos quince años, incluso en un contexto de llegada masiva de población foránea, más fecunda que la local, que incluso consiguió revertir, desde 2022, la caída del volumen de mujeres en edad fértil residentes en España que se registraba desde 2009 (gráfico 3). Está por ver si el parón en la caída de los nacimientos que se observa desde 2023 se va a mantener en los próximos años. Según las estimaciones del INE de nacimientos mensuales, el total registrado en los últimos doce meses, desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 (318.840), casi iguala al de 2023 (320.656). Es difícil imaginar que la llegada de nuevos residentes pueda compensar plena e indefinidamente la pérdida de población autóctona, dada la notable caída del número de hijos por mujer que también afecta a la población inmigrante.


A escala nacional —y aún más en la regional y local—, el impacto de la reducción de la natalidad es más inmediato y tangible. Al fin y al cabo, son los mercados de trabajo locales, la organización de la oferta educativa y de servicios públicos, los mercados inmobiliarios e incluso los matrimoniales los que experimentan más directamente los efectos del envejecimiento y la caída poblacional. Se trata de un desafío para la planificación pública, pero también para la inversión privada, que tendrá que adaptarse a una realidad poblacional completamente distinta.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la caída en las cifras de nacimientos no es uniforme de unas zonas a otras de un mismo país, menos aún en países grandes como España. En el norte, algunas comunidades alcanzan o incluso superan el 45 % de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria es la región que registra la mayor caída de todas las regiones de la Unión Europea, con un 49 %. Es decir, la cifra de nacidos vivos en Cantabria en 2023 ascendió, aproximadamente, a la mitad de sus residentes de 15 años. En España siguen a Cantabria por orden de caída Asturias (45 %), La Rioja (43 %), Galicia (40 %), Canarias (42 %) y Castilla y León (41 %) (mapa 1). Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentaron las caídas más moderadas de los nacimientos en esos quince años, aunque, de todas formas, alcanzan un 31 % y un 34 % respectivamente. En total, quince comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas figuran entre las cincuenta regiones europeas (de un total de 220 regiones con datos) con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023. Tal y como pone de relieve el mapa 1, se observa un descenso de magnitud similar en muchas regiones italianas y griegas, pero también en países no mediterráneos como Polonia.


No obstante, la contracción de las cohortes jóvenes no se circunscribirá a los países más avanzados: el notable descenso de la natalidad en Latinoamérica, el África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo anticipa incluso una ralentización o una reversión de los flujos migratorios que hoy tienen como destino las economías desarrolladas. Se prevé, de hecho, que hacia mediados de siglo la población global empiece a descender[1]. Aunque desconocemos hasta qué punto los flujos migratorios, la tecnología o los nuevos modos de organización social mitigarán las consecuencias del cambio demográfico, se puede esperar que este obligue a reorientar las estrategias públicas y privadas en casi todos los ámbitos.

La transformación demográfica no es, en todo caso, un fenómeno abstracto ni un riesgo futuro: sus efectos ya están remodelando los cimientos de la organización social, económica y familiar. El Día Mundial de la Población, que se celebra el próximo 11 de julio, es una ocasión para recordar que el impacto la disminución de los nacimientos se despliega en múltiples escalas —desde la global hasta la local— y requiere respuestas y adaptaciones concretas en todas ellas. 


[1] Marc Novicoff, “The Birth‑Rate Crisis Isn’t as Bad as You’ve Heard—It’s Worse”, The Atlantic, 30 de junio de 2025. En este artículo, Novicoff recopila el trabajo de Jesús Fernández‑Villaverde sobre las tendencias de fecundidad y sus implicaciones así como sobre el exceso de optimismo sobre la evolución de la fecundidad de las proyecciones de Naciones Unidas. 

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Ni emancipados ni emparejados: los jóvenes españoles al acabar el primer cuarto de siglo

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En las últimas décadas, los jóvenes nacidos en España se han ido emancipando cada vez más tarde, y cada vez lo hacen menos para formar su propia familia. En España, en 2022, vivía con su pareja el 43% de las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España y el 32% de sus pares varones. Estas cifras son las más bajas del último medio siglo y quedan muy lejos de las de 1970, cuando vivían con su pareja el 85% de las mujeres y el 81% de los varones de ese tramo de edad (gráfico 1) [1].


Esta caída de la vida en pareja de los jóvenes españoles se registra desde los años ochenta del siglo pasado, pero, según datos de los censos de población analizados en la última Nota de Coyuntura Social, se habría acentuado en los tres últimos lustros. Una experiencia que era tradicionalmente común a la inmensa mayoría de los jóvenes en torno a los treinta años es ahora claramente minoritaria.

Que tan pocos jóvenes de origen español vivan en pareja en la actualidad podría explicarse por las dificultades que afronta hoy la juventud española, como la inestabilidad laboral y un mercado de la vivienda no especialmente acogedor, entre otros factores. Sin embargo, la caída de los emparejamientos juveniles y el retraso, cada vez más sine die, de la formación de familias, es un fenómeno generalizado en los países desarrollados[2]. De esto se deduce que las causas no pueden ser solo locales, sino que también responden a cambios culturales más amplios vinculados a las aspiraciones vitales o a la evolución de los ‘mercados matrimoniales’ y de las características individuales que dificultan la formación de parejas.

Las elevadas tasas de emancipación tardía, en cambio, sí tienen un marcado componente local y, además, han tendido a intensificarse en los últimos 35 años. Entre las mujeres de 25 a 29 años nacidas en España, casi dos tercios (66%) estaban emancipadas en 1987, pero la cifra ha caído hasta el 35% de 2024. La emancipación de los varones de 25 a 29 años nacidos en España, siempre con tasas inferiores a las de las mujeres, ha seguido un patrón similar de caída (desde el 48 al 28%), aunque se adivina una cierta convergencia entre hombres y mujeres, ya que la diferencia se ha reducido desde los 18 puntos porcentuales a unos 7 debido a una caída más intensa de la tasa femenina. 

Incluso entre las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España se observa también una reducción de la tasa de emancipación desde 1987, con un 85%, hasta 2024, con un 74% (gráfico 2), aunque la caída no ha sido tan pronunciada como en el tramo de edad anterior. También se ha reducido la tasa de emancipación de sus coetáneos varones, desde el 79 al 64%. 


Compartimos con muchos países la caída en la formación de parejas, una de las causas inmediatas del desplome reciente de la natalidad. Y a esta se suma la intensificación de la emancipación tardía, que seguramente contribuye aún más a esa caída de la natalidad. Se refuerza así un rasgo distintivo de la sociedad española y de otras meridionales europeas, el papel protector de la familia. Si bien este modelo familiar ha sido clave para paliar las dificultades en tiempos de crisis, también suele relacionarse con sociedades menos dinámicas en términos de asociacionismo, confianza en los demás e innovación. En una sociedad envejecida y con menos jóvenes, sin embargo, el atrevimiento y la iniciativa se vuelven más necesarios que nunca para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.

Acceda aquí y descargue la última edición de las Notas de Coyuntura Social.


[1] Para aislar el efecto de los cambios demográficos asociados la migración, se emplean solo cifras de nacidos en España, si están disponibles. La metodología de elaboración de los datos puede consultarse aquí.

[2] Burn-Murdoch, J. (2024). “The relationship recession is going global”, Financial Times, 11 de enero. 

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El mayor gasto por envejecimiento y su posible efecto sobre una eventual reforma fiscal

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La economía española se enfrenta a cambios estructurales debido a factores demográficos, climáticos, tecnológicos y geopolíticos, con efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el papel del envejecimiento de la población será preponderante, al menos en las próximas dos décadas, como prevén la AIReF y la Comisión Europea (CE). A efectos ilustrativos, la tasa de dependencia pasará del 26,6% actual al 51,4% en 2050. Además, la supervivencia de las cohortes mayores de 67 años aumentará en cerca de 3 años en ese período. El tamaño de la población jubilada, la creciente esperanza de vida y el aumento de la pensión media elevará de forma intensa el gasto en pensiones. La población española podría crecer en cerca de 5 millones hasta 2050. Sin embargo, existen dudas de que dicho incremento sea suficiente para reducir la tasa de dependencia en el actual contexto de bajas tasas de natalidad.

Como se muestra en los gráficos 1a y 1b, los gastos derivados de la evolución demográfica, del coste de la deuda y del gasto en defensa supondrán 1,8 puntos de PIB más en 2035 —y 6,2 puntos más en 2050— que en 2021. El mayor incremento del gasto tendrá su origen en las pensiones públicas que aumentarán 2,6 puntos de PIB hasta 2050, pudiendo incluso superar esas cifras de acuerdo con las estimaciones de la CE. Le sigue en importancia el gasto en sanidad y los cuidados de larga duración, que aumentarán en conjunto 1,9 puntos de PIB en las dos próximas décadas. Como contrapartida, los cambios en la estructura poblacional reducirán el gasto en prestaciones por desempleo en 1,8 puntos. En resumen, en términos netos, los factores demográficos aumentarán su peso en el PIB en 1,7 puntos en 2035 y 4,5 puntos en 2050. No obstante, esta proyección ha de tomarse con las debidas cautelas, al realizarse bajo un conjunto de hipótesis sobre tasa de actividad, tasa de paro y productividad laboral[1] en un escenario fiscal inercial a políticas constantes. Por otra parte, el coste de la deuda aumentaría su peso hasta el 5,1% del PIB en 2050 en ausencia de medidas de consolidación. Finalmente, es previsible que el gasto en defensa converja hasta el 2% si se cumple el acuerdo alcanzado con el resto de los miembros de la OTAN. Respecto a los efectos de los shocks del cambio climático, no incluidos en los gráficos, estudios como este de Gagliardi han realizado diferentes pruebas de estrés para analizar el impacto de sucesos de naturaleza extrema como una sequía muy prolongada. Los resultados muestran que este tipo de fenómenos podrían generar un incremento del gasto primario de entre 2,0 y 2,4 puntos de PIB con efectos directos sobre el coste de la deuda.


En definitiva, ese conjunto de proyecciones muestra que España deberá enfrentarse en las dos próximas décadas a una creciente presión del gasto público. En ausencia de planes específicos de consolidación fiscal, el cuadro 1 muestra que el déficit comenzaría una fase creciente en 2026, pudiendo superar el 4% en una década. Asimismo, la deuda pública se elevaría hasta el 147% en 2050, alrededor del 120% en caso de un crecimiento potencial superior al 1,3%. Sobre el papel, las nuevas reglas fiscales obligarán a España a realizar ajustes a partir de 2025 para situar la deuda en una senda decreciente. La existencia de varias salvaguardas, incluso si el déficit se sitúa finalmente por debajo del 3%, ayudarían a reducir el déficit en la próxima década.


Una cuestión clave es en qué lado del presupuesto descansarán estos ajustes. Previsiblemente, la consolidación se apoyará en mayor medida en el lado de los ingresos que en el de los gastos por varios motivos, aunque destacamos los tres siguientes. Primero, la reforma de las pensiones de 2023 ha abordado la insuficiencia de recursos desde el lado de los ingresos (destope de bases máximas, Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad). Segundo, los gastos en sanidad y de cuidados de larga duración —que suponen el 15% del gasto público— muestran también una clara tendencia positiva fruto del envejecimiento. Estos gastos están gestionados por las comunidades autónomas lo que añade más complejidad al control de su crecimiento. Por último, las diferentes olas del spending review realizado por AIReF muestran la existencia de margen de mejora en la eficiencia del gasto público, aunque los avances alcanzados han sido limitados. En conclusión, las expectativas para atenuar el crecimiento del gasto público son reducidas. Contrariamente, donde existe más margen de actuación es en el lado de los ingresos. Entre otros, en la revisión de gastos fiscales (entre ellos, los tipos de IVA), la indexación de tipos de gravamen de impuestos especiales o la potenciación de los impuestos ambientales.

En el debate de la reforma fiscal pendiente existen importantes retos, tanto en la consecución de un nivel suficiente de ingresos como en la realización de un diseño certero del tax-mix sobre el que descansará la reforma. La presión fiscal deberá acomodarse al mayor nivel de gasto que se vislumbra para las dos próximas décadas. En este tránsito, los gestores públicos deberán elegir sobre qué impuestos descansará en mayor medida el aumento de recaudación. Así, un amplio cuerpo de la literatura —por ejemplo, aquí y aquí—, (no exento de críticas [por ejemplo aquí]) ha encontrado que cotizaciones sociales, impuestos directos e impuestos indirectos son, por este orden, los que tienen un mayor efecto negativo sobre el crecimiento. De hecho, el aumento de las cotizaciones para financiar las pensiones ya está condicionando el diseño de futuras reformas tributarias: la fiscalidad del trabajo aumentará en promedio 2,7 puntos en los próximos años debido a los cambios en las cotizaciones. Es de esperar que las cuestiones de eficiencia del sistema fiscal ganen relevancia en el debate público en los próximos años. En este sentido, la Comisión insiste en la necesidad de revisar y simplificar el sistema fiscal para impulsar el crecimiento económico y el empleo.


[1]
Se asume que crecimiento de la productividad
aparente del trabajo se situará a partir de 2035 en 1,1 puntos, la tasa de paro
se situará en 2050 en un valor próximo al 7% y, por último, se asumen tasas de
actividad femeninas superiores a las actuales.

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El impulso de la inmigración

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.


Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.   

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.          

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El descenso en la población de educación infantil y primaria en España

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El Ministerio de Educación, FP y Deportes publicó el pasado 3 de abril la estadística sobre alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias. Uno de los datos que destaca en esta publicación es la continuación del descenso en la matriculación en el segundo ciclo de educación infantil en España (3 a 5 años). Nuestro país ha experimentado una disminución notable en el número de alumnos matriculados en este ciclo educativo, desde 1.440.607 en 2010-11 (que llegó a alcanzar los 1.470.717 en 2011-12) hasta 1.150.734 en el 2022-23. Es una caída de 289.873 en el alumnado de segundo ciclo de infantil (-20,1%) entre el curso 2010-11 y el 2022-23, evidenciando una tendencia sostenida que supera las fluctuaciones anuales y apunta a cambios estructurales más profundos en la sociedad, como la reducción en la tasa de natalidad. Es una caída en estos 12 años de la que no ha escapado ninguna comunidad autónoma, con un proceso más intenso de reducción de matriculados en Canarias (-26,9%), Asturias (-25,0%), Ceuta (-24,9%) y Castilla León (-23,5%). Por el contrario, con disminuciones más moderadas se encuentran Melilla (-6,0%), Baleares (-10,5%), Navarra (-12,6%) o Murcia (-15,7%). 

La disminución de la matriculación en educación infantil de segundo ciclo (3 a 5 años) ha continuado en el último curso también entre 2021-22 y 2022-23 con una reducción de 39.228 alumnos toda España (-3,3%). Ceuta (-7,5%), Melilla (-6,4%), País Vasco (-4,9%) y Galicia (-4,8%) han liderado la caída, mientras que la Comunidad Valenciana (-0,8%), Murcia (-2,0%), La Rioja (-2,1%) y Baleares (-2,6%) tenían disminuciones más moderadas.


La tendencia decreciente en la matriculación en este ciclo es el reflejo de un descenso en la natalidad en España que puede tener efectos negativos en la economía en su conjunto. El descenso en la natalidad puede llevar a una reducción de la población activa y un aumento en la carga fiscal para sostener el bienestar social, en particular para mantener el sistema de pensiones. Además, este fenómeno puede generar una mayor presión sobre los servicios de salud debido al envejecimiento de la población. Desde la perspectiva de la educación, por el contrario, la disminución en el número de matriculados puede afectar la calidad de la educación y la experiencia en el aula, dado que ratios más bajas de alumnos por aula pueden ofrecer una oportunidad para centrarse en mayor medida en las necesidades individuales de los estudiantes o la implementación de programas innovadores que fomenten el aprendizaje activo. En contextos donde la educación temprana es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional, asegurar el acceso equitativo es fundamental para prevenir la ampliación de las brechas de desempeño educativo que a menudo se observan en etapas educativas posteriores. La caída de la natalidad puede fortalecer el apoyo a familias de bajos ingresos para garantizar que más niños y niñas, independientemente de su origen, puedan beneficiarse de programas de alta calidad en la educación temprana.

La disminución en el número de estudiantes de segundo ciclo de infantil se trasladó años más tarde al siguiente nivel educativo, el de primaria (tablas 3 y 4). Desde el curso 2015-16, el alumnado de primaria en España ha caído desde los 2.926.887 hasta los 2.786.723 del último curso. En total, se han perdido 140.164 estudiantes en Primaria en nuestro país en los últimos siete años, un -4,8%. La cifra de 2022-23 de matrícula en España es aún más elevada que el mínimo registrado en 2000-01 y 2005-06, cuando todavía no habían llegado a las aulas de primaria el flujo de los hijos de inmigrantes que entraron en nuestro país. La caída en en primaria no es tan acusada como en educación infantil de segundo ciclo. Además, parece que en el último curso se ha desacelerado en alguna medida, con una disminución de 11.578 alumnos (-0,4%) entre 2021-22 y 2022-23 (en comparación a la reducción de 45.551, -1,6%, en el número de alumnos entre 2020-21 y 2021-22). Tampoco es tan generalizada como en educación infantil de segundo ciclo, con Baleares, Navarra y Madrid registrando leves aumentos si comparamos 2022-23 con respecto a 2015-16. La Comunidad Valenciana y Murcia también ha mantenido o aumentado ligeramente su matriculación en primaria en el último año. El aumento de alumnado extranjero en España ha evitado que la caída de educación infantil de segundo ciclo se traslade a primaria con toda la intensidad.  En 2022-23 hay 382.706 estudiantes extranjeros en España, 128.758 más que los 253.948 que había en 2015-16 ( 33,6%), un aumento de alumnado de fuera de nuestro país mucho más intenso que el que se ha producido en educación infantil y que ayuda de forma significativa a impedir un envejecimiento acelerado. 

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Debilitamiento alemán

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Una de las imágenes de la semana fue la del canciller alemán Olaf Scholz con un parche —estilo pirata— en su ojo derecho, a consecuencia de una caída haciendo ejercicio. Ilustra para muchos la situación de la economía alemana, que está despertando creciente preocupación. Con un gran matiz: aunque sus datos coyunturales de crecimiento económico e inflación no son buenos, sigue presentando la menor tasa de desempleo de la UE. El debilitamiento económico alemán se produce dentro de un contexto de fortalezas productivas, que más de uno quisiéramos para nuestro propio país. Aun así, las señales provenientes del gigante alemán desde el comienzo de la guerra de Ucrania son inquietantes. También para el resto de países —como España— que son socios comerciales y comparten la UE y el euro. Alguien que conoce muy bien esta realidad, el influyente periodista económico Wolfgang Münchau, afirmaba hace unos días que “es el fin de la era alemana”.

Alemania presentó una tasa de crecimiento del 0,1 por cien en el segundo trimestre, después de la recesión de comienzo de 2023. Casi un año sin crecimiento. El último dato de inflación (agosto) es del 6,1 por cien, inusualmente alto y persistente para un país históricamente refractario al crecimiento de precios. Al impacto brutal inicial del encarecimiento de la energía y otros factores de oferta, siguieron efectos de “segunda ronda”, con significativo crecimiento de los salarios. Las malas noticias recientes sobre el sector constructor e inmobiliario —con una cierta “burbuja”— se añaden al entorno negativo.

En
febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, se hicieron evidentes los
resultados de la errática política energética alemana de las últimas décadas.
Su enorme dependencia del gas ruso debilitó su competitividad industrial que,
en gran parte, parecía derivarse del uso intensivo de ese combustible barato.
Sustituir ese factor drenó muchos recursos y laminó parte de la fortaleza alemana.
Como en otros países europeos, importadores de energía, no haber diversificado
(i.e. centrales nucleares), al menos, durante la transición ecológica, ha
tenido consecuencias muy negativas.

Otras dudas apuntalan la flojera de la actividad económica alemana. La relación con China se ha vuelto más compleja. Hay crecientes impedimentos para las  exportaciones e importaciones con el gigante asiático. Afecta también negativamente el envejecimiento de la población germana y la gran dificultad para suplir vacantes en el mercado de trabajo, problema generalizado en muchos países. La falta de inversión —no solamente en seguridad y defensa— y la excesiva regulación son otros dos grandes obstáculos. Aunque el gobierno germano ha lanzado un plan fiscal para dinamizar la inversión y la economía, varios desacuerdos internos han desdibujado ese programa de gasto. Los aspectos positivos son el gran margen del Tesoro alemán para cualquier esfuerzo significativo de inversión —si llega el acuerdo político sobre el mismo— y las potencialidades que las reformas estructurales tendrían en una economía potente. Asimismo, la banca alemana —muy volcada en lo regional— debe encontrar su hoja de ruta para financiar proyectos transformadores de más alcance. Todo por el el bien de ese país y de la UE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).


España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).


Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)[1].


El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6). 


El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.


[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El transporte público no acaba de recuperarse

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Continuamente se escucha en los medios de comunicación que tal o cual indicador económico ya está en los niveles de prepandemia (o casi). Sin ir más lejos, en esta pasada Semana Santa la DGT ha confirmado que el número de desplazamientos ha superado los realizados en 2019. Se han alcanzado 15,8 millones de desplazamientos de largo recorrido que suponen un 5,9% más que los 14,9 registrados en la Semana Santa de 2019. 

Sin embargo, al transporte público “convencional” le está costando alcanzar los niveles prepandemia. No así a la movilidad compartida que se está desarrollando con fuerza en las grandes ciudades, donde ya son familiares los patinetes, las bicicletas, las motos y los coches de uso compartido. El número 171 de Papeles de Economía Española, que acaba de publicarse con el título ‘Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas‘, dedica varios artículos a estudiar el proceso de transformación en la movilidad urbana. La expansión de los servicios de movilidad compartida se analiza en Berrone et al., (2022),  Miralles-Guasch et al., (2022) y Fernández (2022), mientras que la situación del transporte público convencional se examina en Matas y Perdiguero (2022). 

Los últimos datos de viajeros en medios de transporte terrestres disponibles en el INE siguen confirmando esta impresión. El Gráfico 1 muestra la evolución total de viajeros desde enero de 2019 hasta febrero de 2022. En el Panel A, se representa la evolución del transporte urbano regular, distinguiendo entre el metro y el autobús (líneas regulares); mientras que en el Panel B, se presenta la evolución de los viajeros en el transporte interurbano regular en autobuses y trenes de cercanías. Lo primero que destaca en ambos tipos de transporte (dato que no por conocido se le debe restar importancia) es el desplome que se produjo en los meses de marzo y abril de 2020. Desde entonces la recuperación ha sido la tónica general, teniendo en cuenta que las caídas en los meses estivales y en Navidad corresponden al movimiento estacional consecuencia de la disminución de trayectos al puesto de trabajo.


Lo que queda patente es que la recuperación en el uso del transporte público urbano e interurbano todavía no es completa. Para cuantificar este desfase, en el Gráfico 2 se muestran las tasas de variación de enero y febrero de 2022 respecto del mismo período de 2020, que todavía era prepandemia. Aunque se están acortando las diferencias en todos los medios de transporte analizados, todavía la magnitud de estas tasas negativas es bastante significativa, con una caída media del 25,7%. 


Investigar qué factores están condicionando que la recuperación del transporte público sea tan lenta es muy relevante, ya que, si este comportamiento se convierte en un fenómeno permanente, contribuiría negativamente sobre el medio ambiente y pondría en peligro la consecución los objetivos de descarbonización fijados en la economía. En el número 171 de Papeles de Economía Española se apuntan varias explicaciones que pueden estar detrás de esta situación. 

Una primera cuestión está relacionada con la pandemia y sería el reparo, por cuestiones sanitarias, que todavía tienen algunos usuarios. De manera que la sustitución que hicieron en el momento más duro de la pandemia hacia el vehículo privado podría no haber revertido. Por tanto, es crucial que las Administraciones Públicas realicen una intervención activa más intensa que informe sobre la seguridad sanitaria e incentive el uso del transporte público convencional.

Una segunda hipótesis, también relacionada con la pandemia, es que ha aumentado el teletrabajo y, con ello, ha disminuido la necesidad de realizar trayectos urbanos e interurbanos. En el mismo sentido influye el avance del comercio electrónico. Además, este último cambio de comportamiento, lejos de disminuir (como se está observando en el teletrabajo) sigue aumentando. Así, en los tres trimestres de 2021, el comercio electrónico ha crecido un 15,2% respecto del mismo período de 2019 (calculado a partir de la información de la CNMC). 

La tercera causa que se apunta es algo inesperada. Se trata de que el fuerte impulso que se está observando en la micromovilidad activa (es decir, los patinetes y las bicicletas), que está acaparando usuarios del transporte público y no del coche privado. Evidentemente, esta explicación solo aplica para el transporte urbano, no el interurbano.

Por último, se debe añadir un cuarto factor explicativo de la limitación del transporte público convencional y que no está relacionado con la pandemia. Y es que, a pesar de que se intenta que el transporte público sea cada vez más accesible, lo cierto es que la población más mayor tiene bastante dificultad para utilizar el transporte público tradicional (no digamos ya las nuevas ofertas de movilidad compartida de patinetes y bicicletas). Y el fenómeno del envejecimiento de la población es imparable. Por tanto, este parece ser el factor más preocupante a medio y largo plazo por lo que se debe seguir trabajando para disminuir la brecha intergeneracional en el uso del transporte público.

Por todo ello, es indiscutible que se deben definir planes estratégicos de movilidad urbana que identifiquen claramente los aspectos sobre los que las autoridades públicas deben intervenir para incentivar el uso del transporte público. 

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