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La inmigración y el empleo de los españoles

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española. 

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera


No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral. 

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–.  Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia. 

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.   

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.  

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Pensiones, de nuevo sobre el tapete

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El reciente informe de la OCDE sobre las pensiones ha vuelto a encender todas las alarmas. El sistema público español figura entre los menos sostenibles financieramente del conjunto de economías avanzadas. No se trata de una sorpresa, pero sí de una constatación contundente de que las reformas aplicadas en los últimos años, aunque han mitigado tensiones inmediatas, no han corregido los factores estructurales que erosionan la viabilidad a largo plazo del modelo. Y este laberinto apunta a que el sistema público afronta su mayor encrucijada en décadas. El diagnóstico es claro: la combinación de envejecimiento acelerado, baja natalidad, precariedad laboral y elevada dependencia del presupuesto estatal conforma un cóctel difícil de sostener. En el 2025, por cada 100 trabajadores cotizantes ya hay más de 60 pensionistas; en dos décadas, si la tendencia no cambia, esta ratio podría superar el umbral crítico del 80%. España, señala la OCDE, se ha convertido en un caso paradigmático de “presión demográfica extrema”.

El estudio no se limita a la aritmética poblacional. Nos recuerda otras muchas dificultades. Hace hincapié en que el sistema español destaca por su elevada “generosidad” relativa, fruto de décadas de vinculación de las pensiones al salario previo y de actualizaciones orientadas a preservar el poder adquisitivo. Esa fortaleza social –indiscutible desde el punto de vista del bienestar– choca con una base de ingresos cada vez más dependiente de transferencias de los presupuestos generales del Estado. En otras palabras, el sistema ya no se financia mayoritariamente con cotizaciones, sino con impuestos presentes y futuros. Lo verdaderamente innovador del análisis de la OCDE es su propuesta de mirar más allá del clásico debate entre recortes y subidas de cotizaciones. El organismo plantea tres líneas de actuación que requieren un consenso político poco habitual. Por un lado, propone integrar tecnología y automatización para aumentar productividad y, con ello, la masa salarial sobre la que se financia el sistema. En segundo lugar, recomienda rediseñar la trayectoria laboral permitiendo carreras más flexibles, combinadas y prolongadas, que incentiven la cotización más allá de los 67 años sin penalizar a los trabajadores de mayor edad. Y por último, apoya reformular el pacto intergeneracional con mecanismos que ajusten parámetros de forma automática y gradual ante cambios demográficos, evitando reformas bruscas cada década.

En definitiva, el problema de las pensiones no es solo financiero, sino cultural e institucional. Requiere repensar el contrato social en un país que envejece más rápido que su economía. Nuestro país aún está a tiempo de construir un sistema robusto para el 2050. Pero cada año perdido aumenta la pendiente. Reforzar cuanto antes la sostenibilidad ya no es solo una opción técnica. Nos estamos jugando el núcleo del futuro del Estado de bienestar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El crecimiento de la población en España en las últimas décadas: una nota con las tendencias básicas

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El crecimiento de la población y el peso relativo de sus distintos componentes es, hoy día, un elemento central e imprescindible en cualquier debate sobre el bienestar económico y social de España. Más allá de sus consecuencias sobre el envejecimiento, las dinámicas derivadas del crecimiento de la población intervienen directamente en cuestiones tan relevantes como el mercado de la vivienda, el crecimiento económico y la productividad. En las últimas décadas, el crecimiento de la población en España refleja una combinación de persistente baja natalidad, envejecimiento sostenido y auge de la inmigración, que continúa siendo el principal motor del aumento de residentes. Analizar estas tendencias con una perspectiva temporal amplia permite comprender mejor su alcance real y su impacto en la sociedad y la economía españolas.

Ya en diciembre, es posible adelantar una previsión del crecimiento poblacional en España para 2025. Si la pauta de nacimientos, fallecimientos y migraciones de los nueve primeros meses del año se cumple para el conjunto de 2025, la población residente habrá crecido en casi 420.000 habitantes, resultado de un crecimiento vegetativo (nacimientos – fallecimientos) de -124.000 y de un saldo migratorio estimado de 543.000 (gráfico 1A).

La cifra de crecimiento
vegetativo, en descenso casi interrumpido desde 2008, sería la tercera más baja
desde 1975. El saldo migratorio, aunque se situaría por debajo del máximo
reciente alcanzado en 2022 ( 733.800), seguiría siendo superior al registrado
en 2019 ( 457.185). En cuanto al crecimiento total de la población, también
sería el más reducido desde 2022 ( 598.634), pero en este caso la persistencia
del crecimiento vegetativo negativo lo situaría apenas por encima del nivel
observado en 2019 ( 399.099).

En términos relativos, como tanto por mil de la población a 1 de enero de 2025, la proyección para 2025 implica un crecimiento total del 8,5 por mil, un crecimiento vegetativo del -2,5 por mil, y un crecimiento debido a las migraciones del 11,1 por mil (gráfico 1B).


Vistas las cosas con la perspectiva de los años transcurridos desde el año 2000, el crecimiento total de la población residente en España superaría los 9 millones de habitantes (9,08 millones), con una aportación marginal del crecimiento vegetativo ( 216.000 habitantes) y fundamental de las migraciones ( 8,86 millones) (gráfico 2A). La aportación del crecimiento vegetativo rondó el millón anual de habitantes en la década de 2010, pero desde 2015, cuando se convirtió en negativo, su contribución se ha revertido. La aportación de las migraciones se redujo en 2012, justo cuando empezábamos a salir de la crisis económica, pero se recuperó con intensidad a partir de 2016.

En términos relativos, la población residente en España habrá crecido al acabar 2025 un 18,5% desde el año 2000, lo que se reparte entre un 18% debido a las migraciones y un 0,4% debido al crecimiento vegetativo (gráfico 2B).

En conjunto, las cifras recientes confirman la continuidad de un patrón demográfico en el que la inmigración sostiene el crecimiento poblacional, en contraposición a un crecimiento vegetativo negativo desde 2015 y que se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el saldo migratorio parece estar creciendo menos en los últimos años –a la vista de un crecimiento vegetativo que no levanta cabeza, ni parece ir a hacerlo a corto plazo, tal como indican los bajísimos índices de fecundidad recientes– todo apunta a que esa dinámica demográfica se intensificará.

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Noticias (breves) desde la demografía (II): en 2024 se mantienen las tendencias

Como hicimos el año pasado por estas fechas, volvemos a ofrecer a los lectores un comentario sobre la actualización de las cifras del Movimiento Natural de la Población y los Indicadores demográficos básicos del INE, que se publicaron hace unos días, buscando comprender la evolución de las dinámicas poblacionales en curso, confirmar tendencias previas o identificar interrupciones significativas en ellas. 

El año 2024 representa demográficamente, en este sentido, el abandono casi definitivo del hiato de la pandemia y apunta a la consolidación de la recuperación de las tendencias o cifras demográficas previas y las medidas asociadas a aquella, observada ya en 2023.

Fecundidad

El Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) continuó su senda descendente en 2024, alcanzando el mínimo histórico de 1,10 hijos por mujer (1,12 en 2023), un dato que probablemente refuerce la penúltima posición de España en la Unión Europea en número de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. La caída afecta tanto a las mujeres españolas como a las extranjeras. Entre las primeras, el ICF descendió de 1,09 a 1,07 hijos por mujer. A su vez, la fecundidad de las extranjeras en España volvió a establecer un mínimo histórico en 1,27 hijos por mujer, muy inferior al máximo de 1,83 alcanzado en 2008.


En contra de lo ocurrido en 2023, momento en el que, por primera vez en muchos años, cayó la edad media de las madres al tener su primer hijo, en 2024 ha vuelto a subir en dos centésimas, hasta los 31,52 años, retornando la tendencia al alza desde 1980, solo interrumpida entre 2006 y 2008, años de recuperación de la fecundidad. También se recupera la tendencia ascendente en el porcentaje de nacidos de madre no casada, interrumpida en 2023: en 2024 es el 49,99%, tres centésimas más que el año anterior. Este indicador sí había registrado un cambio mayor en 2020, el primer año de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social, que afectaron en ese mismo año y los siguientes a no pocos indicadores demográficos de fecundidad y nupcialidad, pero procede de las madres extranjeras (de 41,52% a 42,8%), y no de las españolas (de 52,66% a 52,43%).  

Matrimonios y divorcios

La nupcialidad no acaba de consolidar su senda descendente de décadas, que se había revertido en 2021 y 2022, años en que se celebraron los matrimonios que dejaron de celebrarse en 2020. El Indicador Coyuntural de Nupcialidad, una estimación del número de veces que se casarían los residentes en España teniendo en cuenta las tasas de nupcialidad por edades de ese año (de forma análoga a como se construye el Indicador Coyuntural de Fecundidad) se ha mantenido en los 0,55 matrimonios entre 2023 y 2024 (1,01 en 1976). Al contrario de lo que sucede con la fecundidad, este indicador sigue siendo mayor en los españoles que entre los extranjeros, con cifras respectivas de 0,61 y 0,36 matrimonios por habitante en 2024. 

Sí se reafirma la senda ascendente en la edad media al primer matrimonio, que también había sufrido una suerte de “efecto 2020”, creciendo de golpe en más de un año, para reducirse temporalmente, con la ulterior recuperación de la nupcialidad de los dos años siguientes. En cualquier caso, la recuperación del alza iniciada en 2023 se mantiene en 2024: este año la edad media de los varones que se casaban por primera vez aumentó hasta los 37,25 años (36,94 en 2023) y hasta los 35,19 la de las mujeres (34,88 en 2023). 

Sigue aumentando el peso de los matrimonios de personas del mismo sexo sobre el total. Si en 2014 los matrimonios entre varones fueron el 1,03% del total, en 2024 son el 2,02% (1,84% en 2023). Las nupcias entre mujeres en 2024 siguen representando un porcentaje mayor: son el 2,16% del total (2,09% en 2023), pese a que la cifra en 2014 era del 0,98%.

Por el contrario, la divorcialidad ha interrumpido su senda descendente. El Indicador Coyuntural de Divorcialidad, (una estimación del número de divorcios por habitante análoga al ICF) se situó en 0,24 en 2023, cifra superior a la de 2023 (0,22). Poniendo en relación los indicadores de divorcialidad y nupcialidad (dividiendo el primero por el segundo) se podría suponer que, con cifras de 2024, acabaría en divorcio el 44% de los matrimonios, más que en 2023 (40%), pero todavía por debajo de las cifras de comienzos de la década de 2010, cuando se infería ese final para más del 60% de los matrimonios. 

La esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer se estima para 2024 en los 84,01 años (83,77 en 2023), la más alta registrada: 81,38 (81,11) para los varones y 86,53 (86,34) para las mujeres. Quedan de nuevo atrás las cifras prepandémicas y es posible que se esté muy cerca de alcanzar las previsibles según la curva de evolución de la década anterior a la pandemia. Algo parecido cabe decir de la esperanza de vida de los mayores, medida a los 65 años, que también sube, desde los 21,68 a los 21,87 años (19,87 para los varones y 23,64 para las mujeres) y vuelve a situarse por encima de la de 2019 (21,52 años). 


Las cifras de esperanza de vida de 2024 consolidan la paulatina tendencia, al alza, interrumpida en 2020, así como a la reducción de la distancia entre varones y mujeres. En tiempos recientes, la diferencia máxima en la esperanza de vida al nacimiento fueron los 7,25 años favorables a las mujeres en 1992 (un 9,8% mayor). En 2024, la diferencia se ha reducido a 5,15 años, (una esperanza de vida un 6,3% superior). Lo mismo  sucede con la diferencia en la esperanza de vida a los 65 años entre las mujeres y los varones, que representa en 2024 (3,77 años) el mínimo desde 1999.

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El futuro (demográfico) es el presente

En las próximas décadas, España, como buena parte del mundo, experimentará una transformación demográfica sin precedentes. La prolongada persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitario y de atención a mayores dependientes. Al mismo tiempo, se puede esperar que el menor tamaño de la población conlleve grandes transformaciones en los mercados de la vivienda y de otros bienes duraderos, así como en la provisión de servicios como los educativos, con las consiguientes consecuencias sobre la actividad y el crecimiento económicos.

No conocemos con precisión el futuro demográfico de cada región del mundo, pero sí lo conocemos con bastante certidumbre en alguno de sus aspectos y para los países con mejores estadísticas demográficas. Por ejemplo, y no es asunto menor, ya disponemos de buena información sobre quienes integrarán el grueso de la población activa europea en unas décadas, puesto que ya han nacido —si excluimos potenciales fluctuaciones de calado en los intercambios migratorios. Al respecto, las tendencias recientes dibujan un panorama inquietante, particularmente en el caso español.

En los quince años trascurridos entre 2008 y 2023 —desde el inicio de la Gran Recesión hasta el último año completo con datos disponibles— la cifra de nacimientos ha caído en 22 de los 27 países de la UE (gráfico 1) y España registró la tercera caída porcentual más intensa en el número de nacidos vivos de los países comunitarios, un 38 %, solo por debajo de las de Letonia (41 %) y Grecia (40 %). Únicamente Alemania, con un crecimiento del 2%, y países pequeños como Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado un aumento de los nacimientos en este periodo. 


La cifra actual de nacimientos en España, de poco más de 300.000 al año, apenas alcanza la mitad de los registrados antes del desplome que se produjo en la segunda mitad de los setenta del siglo pasado (gráfico 2). Hasta entonces, la cifra de nacimientos anuales se había mantenido por encima de los 600.000, con pocas excepciones, desde mediados del siglo XIX Esas cifras se corresponden con índices de fecundidad muy altos, propios de poblaciones con elevadas tasas de mortalidad infantil. Tanto la mortalidad infantil como la fecundidad fueron cayendo a lo largo del siglo XX, hasta los mínimos niveles actuales. Tras la caída en las cifras de nacimientos desde mediados de los setenta hasta finales de los noventa, se alcanzó un nuevo máximo relativo de más de 500.000 nacimientos en 2008. No obstante, la caída iniciada con la Gran Recesión no se detuvo al reactivarse la economía: solo volvió a crecer, levemente, el número de nacimientos en 2014, y las caídas posteriores solo han empezado a reducir su ritmo en tiempos recientes (gráfico 2). Es decir, la cifra de nacimientos no ha vuelto a crecer en los últimos quince años, incluso en un contexto de llegada masiva de población foránea, más fecunda que la local, que incluso consiguió revertir, desde 2022, la caída del volumen de mujeres en edad fértil residentes en España que se registraba desde 2009 (gráfico 3). Está por ver si el parón en la caída de los nacimientos que se observa desde 2023 se va a mantener en los próximos años. Según las estimaciones del INE de nacimientos mensuales, el total registrado en los últimos doce meses, desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 (318.840), casi iguala al de 2023 (320.656). Es difícil imaginar que la llegada de nuevos residentes pueda compensar plena e indefinidamente la pérdida de población autóctona, dada la notable caída del número de hijos por mujer que también afecta a la población inmigrante.


A escala nacional —y aún más en la regional y local—, el impacto de la reducción de la natalidad es más inmediato y tangible. Al fin y al cabo, son los mercados de trabajo locales, la organización de la oferta educativa y de servicios públicos, los mercados inmobiliarios e incluso los matrimoniales los que experimentan más directamente los efectos del envejecimiento y la caída poblacional. Se trata de un desafío para la planificación pública, pero también para la inversión privada, que tendrá que adaptarse a una realidad poblacional completamente distinta.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la caída en las cifras de nacimientos no es uniforme de unas zonas a otras de un mismo país, menos aún en países grandes como España. En el norte, algunas comunidades alcanzan o incluso superan el 45 % de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria es la región que registra la mayor caída de todas las regiones de la Unión Europea, con un 49 %. Es decir, la cifra de nacidos vivos en Cantabria en 2023 ascendió, aproximadamente, a la mitad de sus residentes de 15 años. En España siguen a Cantabria por orden de caída Asturias (45 %), La Rioja (43 %), Galicia (40 %), Canarias (42 %) y Castilla y León (41 %) (mapa 1). Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentaron las caídas más moderadas de los nacimientos en esos quince años, aunque, de todas formas, alcanzan un 31 % y un 34 % respectivamente. En total, quince comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas figuran entre las cincuenta regiones europeas (de un total de 220 regiones con datos) con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023. Tal y como pone de relieve el mapa 1, se observa un descenso de magnitud similar en muchas regiones italianas y griegas, pero también en países no mediterráneos como Polonia.


No obstante, la contracción de las cohortes jóvenes no se circunscribirá a los países más avanzados: el notable descenso de la natalidad en Latinoamérica, el África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo anticipa incluso una ralentización o una reversión de los flujos migratorios que hoy tienen como destino las economías desarrolladas. Se prevé, de hecho, que hacia mediados de siglo la población global empiece a descender[1]. Aunque desconocemos hasta qué punto los flujos migratorios, la tecnología o los nuevos modos de organización social mitigarán las consecuencias del cambio demográfico, se puede esperar que este obligue a reorientar las estrategias públicas y privadas en casi todos los ámbitos.

La transformación demográfica no es, en todo caso, un fenómeno abstracto ni un riesgo futuro: sus efectos ya están remodelando los cimientos de la organización social, económica y familiar. El Día Mundial de la Población, que se celebra el próximo 11 de julio, es una ocasión para recordar que el impacto la disminución de los nacimientos se despliega en múltiples escalas —desde la global hasta la local— y requiere respuestas y adaptaciones concretas en todas ellas. 


[1] Marc Novicoff, “The Birth‑Rate Crisis Isn’t as Bad as You’ve Heard—It’s Worse”, The Atlantic, 30 de junio de 2025. En este artículo, Novicoff recopila el trabajo de Jesús Fernández‑Villaverde sobre las tendencias de fecundidad y sus implicaciones así como sobre el exceso de optimismo sobre la evolución de la fecundidad de las proyecciones de Naciones Unidas. 

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Alemania, año 2025. Crisis y cambio estructural (I)

A modo de canto de cisne, la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) elegido en 2021[1] ha respaldado en una sesión plenaria extraordinaria las reformas constitucionales que permitirán a un futuro gobierno de Gran Coalición entre la Unión Cristiano-Demócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) un giro histórico de su política económica. A favor de estas reformas han votado los representantes de estas dos formaciones políticas y la de Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), superando así la mayoría de dos tercios exigida para la aprobación de cambios en la Ley Fundamental Alemana.  Con la esperada mayoría cualificada en la segunda cámara parlamentaria (Bundesrat), el camino hacia la Wirtschaftswende quedaría expedito antes de la constitución del nuevo Bundestag, resultante de las elecciones parlamentarias del pasado 23 de febrero, en las que la CDU/CSU obtuvo el porcentaje de votos más alto (Gráfico 1).


No es exagerado afirmar que en Berlín se está jugando en estas semanas el futuro de la economía y la seguridad europeas. Lo que está sucediendo en la capital alemana es mucho más que el proceso de negociación para formar un gobierno de coalición, que Friedrich Merz, el “ganador” de las elecciones, prevé anunciar antes de Pascua; es la apuesta conjunta de los dos grandes partidos que han liderado los gobiernos de la República Federal de Alemania desde su fundación en 1949 por un cambio de rumbo ante las evidencias insoslayables de una triple crisis: económica, política y de defensa. 

Crisis del modelo productivo de la que, ostentando el puesto de tercera economía del mundo (4,4 billones de PIB en 2024), se adentra en su tercer año consecutivo de recesión; crisis de una política incapaz de frenar el avance de partidos radicales nacionalistas y antieuropeos, en particular, de Alternativa para Alemania (AfD), convertida en la segunda fuerza parlamentaria con el apoyo de uno de cada cinco votantes en las recientes elecciones (y un ascenso de 10 puntos porcentuales respecto de las elecciones de 2021); y crisis de un sistema de defensa y seguridad, con reconocidas carencias de preparación y recursos humanos y materiales tras décadas de escasa inversión en investigación, desarrollo y producción militar, mientras los “dividendos de la paz” se destinaban, en gran medida, a desarrollar un Estado social que en 2024 absorbió más de la mitad de los gastos consuntivos del presupuesto federal[2].

Ante la gravedad de la situación y los resultados de las elecciones, tan pronto como el SPD eligió un nuevo presidente del grupo parlamentario, relevando así al canciller en funciones Olaf Scholz, que asumió personalmente la severa derrota electoral, se iniciaron las “conversaciones de sondeo” (Sondierungsgespräche) entre cristianodemócratas y socialdemócratas. De ellas resultó un documento de once páginas que incluye un ambicioso paquete financiero (Finanzpaket) de expansión fiscal (cuadro 1). El respaldo de Los Verdes a este paquete se alcanzó el 14 de marzo a cambio de algunas concesiones que mitigan el disgusto de la formación ecologista por su exclusión de las conversaciones para la formación de gobierno, a pesar de que su programa electoral recogía iniciativas claramente alineadas con las propuestas económicas expansivas (cuadro 2). 

Cuadro 1. Las principales previsiones del paquete financiero



– El gasto en defensa se desligará del “freno de la deuda” (Schuldenbremse) que rige desde 2011, y limita al 0,35% del PIB la capacidad de los gobiernos federales de endeudarse anualmente; en concreto, el gasto en defensa que exceda el 1% del PIB no quedará sujeto a esta restricción presupuestaria. 

– Se creará un fondo especial (Sondervermögen) con 500.000 millones de euros para financiar, durante los próximos diez años, inversiones públicas en infraestructuras, poniendo una quinta parte de las cuales a disposición de las regiones y los municipios. Quedan incluidas inversiones en protección civil, transportes, hospitales, generación y distribución de energía, provisión de cuidados, digitalización, educación, ciencia, investigación y desarrollo.

– Los Länder podrán endeudarse anualmente por un importe de 0,35% del PIB.  

Cuadro 2. Las modificaciones del paquete financiero requeridas por Los Verdes



– Los gastos de defensa no sujetos al “freno de la deuda” incluirán inversiones en protección civil, servicios de inteligencia, ciberseguridad y prestación de ayuda a los países que sufran ataques contrarios al derecho internacional.

– El fondo especial (Sondervermögen) estará disponible para inversiones “adicionales” en infraestructuras, quedando esta condición de “adicionalidad” (Zusätzlichkeit) sujeta a que tales inversiones igualen o superen el 10% del presupuesto federal. 

– El plazo de disposición del fondo especial se amplía de diez a doce años, destinando, además, 100 millardos de esta suma al “fondo para el clima y la transformación”, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2045.

Aunque la necesidad de aprobar la reforma de la Ley Fundamental antes de la constitución del nuevo Bundestag ha acelerado las negociaciones para la formación de gobierno[3], la conciencia generalizada de que Alemania se encuentra en una situación de emergencia ha sido decisiva para imprimir el buen ritmo de las negociaciones interpartidistas. Tanto entre las elites políticas y económicas como en el conjunto de la sociedad (83,4 millones de habitantes) prevalece la convicción de que la economía alemana afronta una situación penosa[4], reflejada en la pérdida de competitividad internacional de su producción (y, por tanto, de su capacidad de exportación) y en su “desindustrialización” (expresión elegida como “palabra económica del año 2024” por un jurado de expertos en economía y de empresarios alemanes)[5]. Las causas no se identifican solo en el aumento de los precios de la energía, sino también en la “monstruosa burocracia” que asfixia a las empresas, en el insuficiente impulso a la digitalización de la economía y de las administraciones públicas,  y en la ineficacia para gestionar un cambio demográfico de enormes dimensiones, con tres vertientes que provocan particular inquietud social: el continuado aumento de pensionistas (con la jubilación de los baby boomers, hoy “en el pico de la ola demográfica”)[6], la  carencia de  mano de obra cualificada, y el flujo sostenido de entradas de población no comunitaria  que busca protección internacional y/o residencia fuera de los cauces establecidos para la inmigración legal.

No son estos problemas de los que esté libre España; antes bien, pueden identificarse también como nuestros retos fundamentales como país. Los grandes partidos alemanes, además de reconocer abiertamente los problemas y admitir su parte de responsabilidad en ellos, han resuelto afrontarlos mediante la unidad política y aprovechando la disposición de cierto margen en las cuentas públicas (con un déficit público –2,6% del PIB– y una deuda pública –63% del PIB–, prácticamente ajustados a las reglas fiscales europeas). España carece de estos dos activos estratégicos: unidad política de los grandes partidos y margen fiscal; dos activos que no aseguran el acierto de las políticas que se adopten, pero sí las condiciones que generan la confianza, dentro y fuera del país, en la capacidad de un gobierno de hacer frente eficazmente a una situación de crisis estructural.


[1]  Resultante de las elecciones celebradas el 26 de septiembre de 2021. Conforme al artículo 39.1 de la Ley Fundamental de Alemania, el mandato del Bundestag en funciones sólo termina cuando se reúne y constituye una nueva cámara. Se evita así la ausencia de un vacío legislativo. 

[2] Gastos consuntivos que, a su vez, representan el 88% del presupuesto total en 2024 (los gastos de inversión absorben, por tanto, solo el 12%). Los datos proceden del Ministerio de Finanzas de la República Federal de Alemania (BMF-Monatsbericht Januar 2025 – Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2024).

[3] En el nuevo Bundestag, los escaños conjuntos de la CDU/CSU, del SPD y de Los Verdes no alcanzan dos tercios del total, quedándose, por tanto, por debajo de la mayoría cualificada para reformar la Ley Fundamental.

[4] A principios de marzo de 2025, tres cuartas partes de la población alemana entre 16 y 74 años calificaban la situación económica del país como “mala”, frente al 25% que la calificaba como “buena”.

[5] La segunda palabra más votada fue “Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro”, muy criticada entre el empresariado alemán, seguida de “giro económico” (Wirtschaftswende) y “monstruo burocrático” (Bürodratie-Monster).

[6] El baby boom alemán, algo más temprano que el español, se desarrolló entre mediados de los años 50 y finales de los años 60 del pasado siglo.

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Ni emancipados ni emparejados: los jóvenes españoles al acabar el primer cuarto de siglo

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En las últimas décadas, los jóvenes nacidos en España se han ido emancipando cada vez más tarde, y cada vez lo hacen menos para formar su propia familia. En España, en 2022, vivía con su pareja el 43% de las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España y el 32% de sus pares varones. Estas cifras son las más bajas del último medio siglo y quedan muy lejos de las de 1970, cuando vivían con su pareja el 85% de las mujeres y el 81% de los varones de ese tramo de edad (gráfico 1) [1].


Esta caída de la vida en pareja de los jóvenes españoles se registra desde los años ochenta del siglo pasado, pero, según datos de los censos de población analizados en la última Nota de Coyuntura Social, se habría acentuado en los tres últimos lustros. Una experiencia que era tradicionalmente común a la inmensa mayoría de los jóvenes en torno a los treinta años es ahora claramente minoritaria.

Que tan pocos jóvenes de origen español vivan en pareja en la actualidad podría explicarse por las dificultades que afronta hoy la juventud española, como la inestabilidad laboral y un mercado de la vivienda no especialmente acogedor, entre otros factores. Sin embargo, la caída de los emparejamientos juveniles y el retraso, cada vez más sine die, de la formación de familias, es un fenómeno generalizado en los países desarrollados[2]. De esto se deduce que las causas no pueden ser solo locales, sino que también responden a cambios culturales más amplios vinculados a las aspiraciones vitales o a la evolución de los ‘mercados matrimoniales’ y de las características individuales que dificultan la formación de parejas.

Las elevadas tasas de emancipación tardía, en cambio, sí tienen un marcado componente local y, además, han tendido a intensificarse en los últimos 35 años. Entre las mujeres de 25 a 29 años nacidas en España, casi dos tercios (66%) estaban emancipadas en 1987, pero la cifra ha caído hasta el 35% de 2024. La emancipación de los varones de 25 a 29 años nacidos en España, siempre con tasas inferiores a las de las mujeres, ha seguido un patrón similar de caída (desde el 48 al 28%), aunque se adivina una cierta convergencia entre hombres y mujeres, ya que la diferencia se ha reducido desde los 18 puntos porcentuales a unos 7 debido a una caída más intensa de la tasa femenina. 

Incluso entre las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España se observa también una reducción de la tasa de emancipación desde 1987, con un 85%, hasta 2024, con un 74% (gráfico 2), aunque la caída no ha sido tan pronunciada como en el tramo de edad anterior. También se ha reducido la tasa de emancipación de sus coetáneos varones, desde el 79 al 64%. 


Compartimos con muchos países la caída en la formación de parejas, una de las causas inmediatas del desplome reciente de la natalidad. Y a esta se suma la intensificación de la emancipación tardía, que seguramente contribuye aún más a esa caída de la natalidad. Se refuerza así un rasgo distintivo de la sociedad española y de otras meridionales europeas, el papel protector de la familia. Si bien este modelo familiar ha sido clave para paliar las dificultades en tiempos de crisis, también suele relacionarse con sociedades menos dinámicas en términos de asociacionismo, confianza en los demás e innovación. En una sociedad envejecida y con menos jóvenes, sin embargo, el atrevimiento y la iniciativa se vuelven más necesarios que nunca para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.

Acceda aquí y descargue la última edición de las Notas de Coyuntura Social.


[1] Para aislar el efecto de los cambios demográficos asociados la migración, se emplean solo cifras de nacidos en España, si están disponibles. La metodología de elaboración de los datos puede consultarse aquí.

[2] Burn-Murdoch, J. (2024). “The relationship recession is going global”, Financial Times, 11 de enero. 

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noticias-(breves)-desde-la-demografia:-volvemos-a-2019

Noticias (breves) desde la demografía: volvemos a 2019

La demografía se ha convertido en uno de los mayores desafíos de las sociedades modernas, no solo por las implicaciones para la organización social del envejecimiento de la población, sino porque refleja y condiciona las transformaciones en las formas de convivencia y los estilos de vida. Aunque los indicadores demográficos suelen cambiar lentamente, cada actualización anual resulta de interés para comprender la evolución de las dinámicas poblacionales. Estas actualizaciones rara vez muestran cambios abruptos, pero sí permiten confirmar tendencias previas o identificar interrupciones significativas en dinámicas previas. 

Hace apenas dos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó los datos del Movimiento Natural de la Población y los Indicadores demográficos básicos correspondientes a 2023. Destacamos algunos de los puntos más relevantes de esta nueva actualización, que, en general, parecen indicar una recuperación de las tendencias o cifras demográficas previas a la pandemia y a las medidas asociadas a esta. Podría afirmarse que 2023 representa, demográficamente, una vuelta a 2019.

Fecundidad

Confirmando la estimación provisional que apuntamos en nuestra última Nota de coyuntura social, el Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) continuó su senda descendente en 2023, alcanzando el mínimo histórico para el caso español de 1,12 hijos por mujer. Este dato consolida a España como uno de los países con menor fecundidad de Europa, dado que, en 2022, con 1,16 hijos por mujer, ya ocupaba la segunda posición en fecundidad más baja de la Unión Europea.

La caída de la fecundidad entre 2022 y 2023 afecta tanto a las mujeres españolas como a las extranjeras. Entre las españolas, el ICF descendió de 1,12 a 1,09 hijos por mujer, una cifra que, en todo caso, sigue estando lejos de un caso extremo como el de Corea del Sur (0,72 hijos por mujer en 2023). Por su parte, la fecundidad de las extranjeras en España también registró una reducción, pasando de 1,35 a 1,28 hijos por mujer, marcando igualmente un mínimo histórico, muy por debajo del máximo de 1,86 alcanzado en 2002.


Curiosamente, y por primera vez en muchos años, en lugar de subir, cae la edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo. Eso sí, la caída no supone ni siquiera una décima de año, desde los 31,57 a los 31,50 años. Aunque esta reducción es apenas perceptible en el caso de las españolas (de 28,53 a 28,47), no deja de llamar la atención que se haya interrumpido un ascenso que se viene dando desde 1980 y que solo se había interrumpido entre 2006 y 2008, años de recuperación de la fecundidad. 

También se interrumpe, si bien mínimamente, la tendencia ascendente de décadas en el porcentaje de nacidos de madre no casada, que pasa de 50,14% en 2022 a 49,96%. Este indicador sí había sufrido una interrupción algo mayor en 2020, el primer año de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social, que afectaron en ese mismo año y los siguientes a no pocos indicadores demográficos de fecundidad y nupcialidad. De todos modos, la caída en el porcentaje de nacidos de madres no casadas se debe en exclusiva al comportamiento de las españolas (53,08 a 52,66%), pues subió entre las extranjeras (40,30 a 41,52%). 

Matrimonios y divorcios

La nupcialidad recupera su senda descendente de décadas, que se había revertido en 2021 y 2022, años en que acabaron por celebrarse los matrimonios que no tuvieron lugar en 2020. El indicador coyuntural de nupcialidad, una estimación del número de veces que se casarían los residentes en España teniendo en cuenta las tasas de nupcialidad por edades de ese año (de forma análoga a como se construye el Indicador Coyuntural de Fecundidad) cayó desde los 0,58 a los 0,55 matrimonios por habitante entre 2022 y 2023. Recordemos que la estimación para 1976 fue de 1,01 matrimonios por habitante. Al contrario de lo que sucede con la fecundidad, los indicadores de nupcialidad apuntan a una menor intensidad entre los españoles que entre los extranjeros, con cifras respectivas de 0,60 y 0,35 matrimonios por habitante en 2023. 

La edad media al primer matrimonio también recupera su senda, en este caso, ascendente por décadas, que había experimentado su propio “efecto 2020”. Ese año, la edad media al primer matrimonio se había incrementado súbitamente en más de un año, coincidiendo con una reducción drástica de los matrimonios. La posterior recuperación del número de nupcias redundó en una caída temporal de la edad media al primer matrimonio. En 2023 la edad media de los varones que se casaban por primera vez aumentó hasta los 36,9 años (36,7 en 2022) y hasta los 34,9 la de las mujeres (34,6 en 2022). 

Por último, prosigue su senda ascendente el peso de los matrimonios de personas del mismo sexo sobre el total, que es relativamente clara desde 2014, con algunas interrupciones recientes más o menos asociadas al año 2020. En 2014 los matrimonios entre varones fueron el 1,03% del total; son el 1,84% en 2023. En 2014 los matrimonios entre mujeres pesaban algo menos, un 0,98% del total, pero en 2023 ya suponen una mayor proporción que la de los matrimonios de varones: representan el 2,09% del total. Estos cambios se explican por un aumento en el número total de matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que las cifras de matrimonios entre personas de distinto sexo se han mantenido estables.

Pero no solo cae la nupcialidad, también lo hace la “divorcialidad”. El Indicador Coyuntural de Divorcialidad, (una estimación del número de divorcios por habitante análoga al ICF) se situó en 0,22 en 2023, cifra inferior a la de 2022 (0,24) y a la baja desde 2010 (0,30). Poniendo en relación los indicadores de divorcialidad y nupcialidad (dividiendo el primero por el segundo) se podría hipotetizar que, con cifras de 2023, acabaría en divorcio el 40% de los matrimonios, mientras que en 2010 parecería que iban a acabar de tal modo el 64%. 

La esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer se estima para 2023 en los 83,77 años, las más alta registrada: 81,11 para los varones y 86,34 para las mujeres. Se han superado por fin las cifras de 2019, el anterior máximo histórico (83,53; 80,78; 86,19, respectivamente). Algo parecido cabe decir de la esperanza de vida de los mayores, que suele medirse a los 65 años, y que, con 21,68 años (19,65 para los varones y 23,49 para las mujeres) supera por primera vez la de 2019, el máximo anterior de 21,52 años. 

Las cifras de esperanza de vida de 2023 no solo reafirman la tendencia, paulatina, al alza interrumpida en 2020, sino la tendencia, también paulatina, pero sustantiva, a la reducción de la distancia entre varones y mujeres. En tiempos recientes, la diferencia máxima en la esperanza de vida al nacimiento fueron los 7,25 años favorables a las mujeres en 1992, lo que implicaba que su esperanza de vida superaba en un 9,8% la de los varones. Hoy, en 2023, la diferencia se ha reducido a los 5,23 años, de modo que la de las mujeres “solo” supera a la de los varones en un 6,4%. 

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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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Continúa el aumento de la inmigración en España

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La inmigración juega un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de atracción de estas sociedades, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social.

Desde principios de siglo España ha destacado como uno de los países europeos que más inmigración ha recibido. A 1 de enero de 2024, los datos de la Estadística Continua de Población revelan que la población nacida en el extranjero representaba el 18,1 % de los residentes en España, un punto porcentual más que en 2023 (Gráfico 1). Este aumento, hasta un máximo histórico de 8,8 millones de personas, es el resultado de una tendencia ascendente constante durante las dos últimas décadas. La población nacida en el extranjero solo experimentó un ligero descenso durante la Gran Recesión —menos de un punto porcentual (del 13,5 % en enero de 2011 al 12,7 % en julio de 2014)— así como una breve pausa en su expansión durante la pandemia. Estas tendencias no solo reflejan cambios demográficos, sino que también marcan el potencial estructural de España para atraer migración.

En el contexto de la Unión Europea, la proporción de población nacida en el extranjero en España parece bastante elevada. Según datos de Eurostat, en 2023 este porcentaje ascendía al 13,3 % de la población de la Unión Europea (Gráfico 2). España, con un 17,1 % de residentes nacidos en el extranjero en 2023, sólo se sitúa por detrás de países con una larga tradición de acogida de inmigrantes, como Suecia (20,4 %) y Alemania (19,5 %) y presenta una cifra significativamente superior a la de Francia (13,1 %). Aunque Portugal registra una proporción similar (16,1 %), otros países del sur de Europa como Grecia (11,3 %) e Italia (10,9 %) muestran porcentajes claramente inferiores.

La composición por edades de la población nacida en el extranjero es crucial en relación con la preocupación por el déficit de mano de obra. España es uno de los países europeos con una mayor proporción de inmigrantes de entre 25 y 44 años: representan el 42% de todos los nacidos en el extranjero (Gráfico 3). Esta cifra es claramente superior a la media europea —del 37 %— aunque inferior a la de Dinamarca (44 %), la República Checa (46 %) y Finlandia (49 %). Cabe señalar que, en España, tres de cada diez personas en este grupo de edad han nacido en el extranjero (Gráfico 4).

Por otro lado, la proporción de residentes nacidos en el extranjero varía mucho entre comunidades autónomas. En 2024 los porcentaje más elevados se encuentran en las Islas Baleares (27 %), seguidas de Cataluña y Madrid (24 %), Melilla (23 %) y la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (22 %) (Gráfico 5). Por el contrario, Extremadura (6 %), Asturias (10 %), Castilla y León y Galicia (11 %) presentan los porcentajes más bajos. En las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de estos inmigrantes se encuentran en el grupo de edad de 25 a 44 años. Ahondando en esta disparidad regional, algunas de las comunidades con una proporción bastante baja de inmigrantes nacidos en el extranjero de entre 25 a 44 años, como Canarias, Valencia y Andalucía también registran una mayor proporción de inmigrantes de 65 años o más (Gráfico 6).

Esta entrada forma parte de la edición de marzo de 2024 de Focus in Spanish Society.

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