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Las entrañas del ciclo expansivo

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Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.


¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.

De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.

Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.             

La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.

Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.   

INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La reaparición de la inflación

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Todo tiene su precio o su lado oscuro, y el momento expansivo
que atraviesa la economía española no escapa a esta lógica. El repunte de la
inflación que se observa desde la primavera, junto con su efecto de
amplificación de la brecha con los países que comparten la moneda única,
reflejan tanto las fuerzas como las debilidades de nuestro modelo de
crecimiento. 

El IPC está avanzando a tasas superiores al 3%, aproximadamente un punto por encima de la media de la eurozona. Los componentes que más contribuyen a este diferencial desfavorable para España son los servicios, la energía y los alimentos frescos, es decir, una amplia gama de productos. El carácter generalizado de las tensiones traduce la intensidad del tirón de la demanda, que se deriva en parte del potente shock demográfico que insufla dinamismo en nuestra economía, y que no tiene parangón entre las grandes economías europeas.


El aumento poblacional sustenta la bonanza macroeconómica, pero también impulsa el consumo de los hogares, componente que crece a tasas que duplican las del conjunto de la eurozona. Las empresas reaccionan al auge del gasto de los consumidores aumentando la producción, pero también ajustan sus tarifas de venta, al menos en los sectores que pueden hacerlo porque operan al abrigo de la competencia y con poca capacidad productiva disponible, teniendo en cuenta el déficit de inversión arrastrado en el último lustro.

Por ejemplo, la electricidad y la sanidad privada, con un
IPC que escala a un ritmo de doble dígito, tienen en común la pujanza de la
demanda en un contexto de oferta cuasi rígida. Una circunstancia agravante, en
el caso de los servicios, es que disponen de más holgura para ajustar sus
precios que la industria, cuyos márgenes están constreñidos por una competencia
internacional feroz. Esto explica otra brecha, la doméstica, que nace de la
persistencia de las presiones inflacionarias en los servicios, con un IPC que se
incrementó un 3,6% en octubre en términos interanuales, contrastando con el
cuasi inexistente avance de los precios industriales, un escaso 0,8%. 

Los alimentos frescos son otro componente inflacionario, con
gran transcendencia en la percepción ciudadana. En este caso, los factores
internos, es decir, la fortaleza del consumo y el menor grado de competencia
que prevalece en la cadena de distribución, conviven con fenómenos globales,
como la demanda asiática, aupada por una clase media cada más numerosa y que
tiende a aproximar sus pautas de consumo a las de estas latitudes (caso del
café o de la carne, por ejemplo).    

El repunte de la inflación entraña dos consecuencias: por
una parte, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que se produce
cuando las remuneraciones no se ajustan a la misma velocidad que los precios; y,
por otra parte, el deterioro de la competitividad de las empresas que encarecen
sus productos en relación a sus competidores, o comprimen sus márgenes para así
mantener la cuota de mercado –caso, este último, de las ramas industriales más
expuestas a las inclemencias de la competencia internacional–. Estos impactos,
además, se convierten en fuerzas antagónicas cuando los salarios y los márgenes
compiten por recuperar terreno. 

El riesgo es todavía limitado, pero se visibilizará si persiste el diferencial de inflación con respecto a los competidores más directos. En cierto modo, la reactivación de la inflación es inherente a un modelo de crecimiento como el español que se sustenta principalmente en la incorporación de nueva fuerza laboral, y subsidiariamente en el despliegue de la productividad. Un modelo que se caracteriza también por la debilidad de la inversión, limitando la capacidad de respuesta del tejido productivo al aumento de la demanda. El camino pasa precisamente por desatascar la inversión privada, y abordar las posiciones de oligopolio que restringen la competencia. En lo inmediato, nos asomamos a nuevos desvíos del IPC.           

IPC | La reaparición de las tensiones inflacionistas desde la primavera se debe en parte a factores transitorios, como el fin de los subsidios al transporte público o la instauración de una tasa para financiar la recogida de basuras. También ha contribuido la normalización del IVA y de otros impuestos que se habían reducido para aplacar el impacto de la crisis energética surgida tras el estallido de la guerra en Ucrania. El efecto combinado de estas medidas, sin embargo, es limitado, además de puntual. Incluso descontándolo, la tendencia alcista del IPC se mantiene.     

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Europa, entre la simplificación regulatoria pendiente y la oportunidad estratégica

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Enrico Letta y Mario Draghi lo dijeron claro en sus informes sobre el futuro económico de Europa: el mercado único se había quedado a medio camino y la burocracia era un lastre para la competitividad. Letta defendía que el mercado interior debía completarse con reformas jurídicas y sectoriales que eliminasen las fronteras normativas entre los Estados. Draghi fue aún más explícito. Europa necesitaba “pensar a escala continental” para competir con Estados Unidos y China. Ambos coincidían en la necesidad de simplificar, integrar y escalar. Sus propuestas abarcaban desde la creación de un código mercantil europeo hasta la aceleración de la unión de los mercados de capitales, pasando por la reducción de las cargas regulatorias que frenan la innovación. Los dos informes advertían de un riesgo estructural, la fragmentación. Mientras EE. UU. y China concentran inversión, capacidad tecnológica y poder financiero en marcos regulatorios más ligeros y unificados, la UE se enfrenta a un mosaico de reglas nacionales –además de las panaeuropeas– que multiplican los costes y debilitan la competitividad.

Este año, la UE ha comenzado a transformar en política algunos de esos diagnósticos. En el recientemente publicado 2025 annual progress report on simplification, implementation and enforcement (Informe anual de situación de 2025: simplificación, aplicación y ejecución) se enumeran seis paquetes legislativos de simplificación (omnibus) y una estimación de 8.600 millones de euros en ahorro de costes administrativos recurrentes.



No te pierdas la jornada virtual titulada Unidad de mercado y competitividad: superando la fragmentación regulatoria en Europa y España, que celebra Funcas el próximo 20 de noviembre.

Por primera vez la simplificación se aborda como un objetivo estructural, no como una tarea secundaria. “Una Unión más audaz, más simple y rápida” es el nuevo lema. En paralelo, la nueva iniciativa sobre la “Unión de ahorros e inversiones” busca integrar los mercados de capital europeos, eliminar obstáculos legales en los servicios financieros y facilitar la inversión transfronteriza. También el BCE reconoce que aún existen fuertes barreras en el post-trade (liquidación y compensación de valores) y en la armonización de los derechos de los inversores, pero admite avances en la coordinación entre supervisores y en la aceptación política de una mayor cesión de competencias a nivel europeo. El Single market scoreboard 2025 (Cuadro de mando del mercado único 2025) muestra mejoras en varios indicadores de cumplimiento, aunque persisten diferencias notables entre Estados miembros. Dos tercios de las empresas encuestadas siguen señalando la carga regulatoria como un obstáculo clave, pero la tendencia general parece positiva. Por primera vez desde 2018, el porcentaje de legislación del mercado único correctamente transpuesta supera el 95%.

Pese a estos progresos, la implementación continúa siendo más lenta de lo deseado. La mayoría de los obstáculos son estructurales. Por ejemplo, la gobernanza europea exige consenso o mayorías cualificadas, lo que ralentiza las reformas más ambiciosas. Los Estados miembros temen perder autonomía regulatoria o capacidad fiscal y, en consecuencia, prefieren soluciones intergubernamentales que diluyen la eficacia. El resultado es que, hasta ahora, proyectos como la unión bancaria están ina­cabados, por el estancamiento de unos de sus pilares, el seguro común de depósitos. La fragmentación normativa en materia de insolvencias o fiscalidad mantiene a las empresas operando en 27 minimercados. Se ha avanzado bastante en diagnóstico y algo en voluntad política, pero aún carece de instrumentos ágiles de ejecución.

A esto se suma un problema de escala empresarial y tecnológica: las compañías europeas, en promedio, son más pequeñas que sus equivalentes estadounidenses o chinas, lo que reduce su capacidad de inversión en I D, digitalización y sostenibilidad. Sin una unión real de los mercados de capitales que facilite la financiación para crecer, las empresas europeas seguirán enfrentando un techo de cristal estructural.

Por otro lado, la precaución regulatoria europea –que prioriza la estabilidad, la protección del consumidor y el equilibrio social– hace que los procesos legislativos sean más largos y revisados. Esta actitud, a menudo vista como debilidad frente a la agilidad estadounidense, es también una expresión del modelo social europeo. Por último, la multiplicidad de idiomas, sistemas jurídicos y marcos fiscales genera inercias difíciles de desmontar. La simplificación exige centralización, pero la UE aún opera con una lógica de competencias compartidas, no plenas.

La necesidad de esa simplificación administrativa e integración de mercados en la UE es evidente y una apuesta decidida por ello puede traer más beneficios de los inicialmente pensados, precisamente por esa idiosincrasia prudente del Viejo Continente. En un contexto de repolarización global, de proteccionismo y guerras comerciales y de una desregulación tecnológica y financiera llena de riesgos en Estados Unidos y otros países, la cautela europea puede convertirse en fortaleza si a la vez se logra un entorno menos intervencionista y más business-friendly en Europa. Este entorno más exigente limita ciertos excesos –por ejemplo, la especulación financiera sin respaldo o la explotación descontrolada de datos– que podrían desestabilizar economías en momentos de volatilidad. Mientras en EE. UU. la innovación tecnológica y financiera avanza bajo un principio de “libertad hasta que haya un problema”, Europa ha optado por un modelo de prevención y equilibrio.

En suma, en un mundo tan convulso, esa estrategia puede dar frutos: un sistema financiero más sólido, una transición digital más ética y un entorno de inversión más predecible. El valor de la confianza y la estabilidad institucional no es menor. La Unión Europea no solo debe aspirar a ser más eficiente, sino también a convertir su cautela en una ventaja estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y los conflictos geopolíticos, esa combinación de prudencia regulatoria y ambición reformista –si logra sus objetivos de competitividad– podría ser el activo más valioso de Europa.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Milagro español o recalentamiento

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La economía española sigue capeando el vendaval internacional, así como la parálisis reformista que se deriva del sudoku político español, y la sensación de inercia que se ha apoderado de la Unión Europea ante los lamentos de Mario Draghi. Pese a la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la Administración de Trump, el PIB español avanzó un 2,8% en el tercer trimestre, frente al 1,3% en el conjunto de la eurozona, según las informaciones dadas a conocer esta semana.       

El crecimiento, eso sí, es menos equilibrado, prefigurando un cambio de patrón con implicaciones relevantes para la política económica. De los dos motores de la economía, el interno y el externo, solo tira el primero, mientras que el segundo acumula señales preocupantes de agotamiento. 

Durante el anterior trienio, las exportaciones se incrementaron más rápido que las importaciones, tanto en precios corrientes como en volumen, de modo que el sector exterior tuvo un papel destacado en el ciclo expansivo, redundando también en importantes superávits de los intercambios con el exterior. La tendencia se ha invertido claramente en los últimos trimestres ya que, si bien las exportaciones resisten, las importaciones se han acelerado de manera sorprendente. En lo que va de año, las ventas en el exterior suben un 3,6%, un valor próximo al mismo periodo del pasado ejercicio, mientras que las importaciones escalan un 5,8%, el doble que el año pasado (con cifras en precios constantes). 


En suma, el sector exterior ya no aporta actividad, sino que la detrae. Y los datos más recientes apuntan a que esta situación debería perdurar. Por una parte, se detecta una caída de las exportaciones, particularmente hacia EE UU, consecuencia lógica de la guerra arancelaria; y una moderación de la entrada de turistas extranjeros, en un contexto de saturación de algunos destinos y de estancamiento del poder adquisitivo de los visitantes. Las importaciones, por otra parte, siguen creciendo a un ritmo elevado, particularmente las que provienen de EE.UU. y China.     

El impulso, por tanto, ya solo procederá de nuestras propias fuerzas, entre las que destaca el consumo de las familias, variable que más ha contribuido al avance del PIB registrado en lo que va de año, seguido de la inversión. Lo que está detrás de este resultado es, en primer lugar, la creación de empleo, alentada por la incorporación de inmigrantes, y por otra parte la ejecución acelerada de los fondos europeos, cuando el programa entra en su recta final. Los indicadores de coyuntura también consolidan la recuperación de la inversión residencial, factor con más potencial de persistencia que los recursos del Next Generation

El repunte de la inflación, un desafío para la competitividad

Nos asomamos, en todo caso, a un patrón de crecimiento basado en la bonanza del gasto interno, cuyo reflejo se lee ya en el IPC. La inflación se sitúa en el entorno del 3%, frente al 2% de la eurozona, por la presión del gasto en consumo sobre los precios de los sectores de servicios que operan al abrigo de la competencia internacional. La brecha con Europa en términos de inflación subyacente, es decir descontando la energía y los alimentos frescos, es también constatable. De prolongarse, el diferencial se filtrará a los costes de producción, mermando el plus de competitividad que, todavía hoy, aporta solidez a la economía española. 

En otros tiempos, el actual repunte inflacionario en un contexto de auge del gasto interno hubiera propiciado una ligera subida de tipos de interés. El BCE, sin embargo, no dará ese paso ya que debe tener en cuenta la situación de conjunto, mucho menos boyante que la nuestra. El manejo macroeconómico, por tanto, debe fundamentarse en la política fiscal, y más concretamente en la contención del gasto corriente de las administraciones. El dilema está en cómo conseguirlo, y al tiempo atender las demandas sociales derivadas del fuerte crecimiento poblacional.  

EMPLEO | El número de personas ocupadas creció en el tercer trimestre un 0,7%, según Las cifras de contabilidad nacional, mientras que el total de horas trabajadas lo hizo en un 1%, de modo que se produjo una ligera recuperación en el número de horas trabajadas por ocupado. La productividad por hora registró un descenso del 0,4% en el trimestre, pese a lo cual, en el acumulado del año muestra un avance del 0,9%. En comparación con el periodo prepandemia, la productividad por hora trabajada ha crecido a un ritmo medio anual del 0,6%.  

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Tras el fin de la OPA: un proceso tortuoso que deja lecciones pendientes

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La tentativa de adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA ha concluido sin consumarse, tras un proceso que se ha extendido de forma excesiva, tanto en el tiempo, como en su grado de complejidad. Sin duda, los accionistas del Sabadell (tanto mayoristas como minoristas) son lo que han decidido que no salga adelante. Como debe ser. Decisión respetable y que debería entenderse desde la normalidad de los mercados. La vida económica y financiera debe continuar. En este caso, con el mismo número de bancos que teníamos hasta ayer, en un contexto de fortaleza general del sector.

Unos reflexionarán sobre las condiciones de la oferta, si se podían haber mejorado, o sobre qué ha impedido llegar a buen puerto. Otros reactivarán sus estrategias para el camino en solitario. Algunos podrán alegrarse porque sus acciones subieron el viernes un 5,98% (BBVA) y otros lamentar que las suyas bajaron un 6,78% (Sabadell) al conocerse el resultado de la OPA.

Habrá que ver la evolución de los próximos días o semanas, pero algunos habrán sentido vértigo con el veredicto (provisional) del jueves. Es importante recordar que los sectores bancarios español y europeo, por su carácter trasversal y estratégico en el conjunto de la economía, están llamado a numerosos desafíos en los próximos años, que pueden requerir operaciones de concentración a escala doméstica o transnacional. Estas últimas son las que apoyan los conocidos informes de Letta y Draghi, para poder contar con operadores realmente panaeuropeos, prácticamente inexistentes. Se trata de una carencia que pesa mucho en el futuro económico del Viejo Continente.

El proceso de la OPA también ha puesto en evidencia importantes carencias. Esta operación ha terminado envuelta en resistencias, interferencias políticas y falta de claridad institucional. Desde su anuncio, la propuesta del BBVA fue recibida con lógicas reservas tanto dentro como fuera del Sabadell. Críticas relativas al valor ofrecido, advertencias regulatorias y un rechazo público creciente marcaron los primeros esbozos del rechazo, pero lo que realmente enturbió el proceso fue la dimensión política que rápidamente adquirió. El debate dejó de centrarse en los elementos técnicos –solidez financiera, competencia, impacto en clientes y empleados– para convertirse en una pugna de posiciones ideológicas y territoriales, con pocos argumentos objetivos.

Había que tomar partido por un lado u otro, como si se tratara de un partido de fútbol. Todo ello ha contribuido a generar un clima de desconfianza en el mercado. Como lección para el futuro, cabría exigir un funcionamiento institucional que preserve la separación entre las decisiones estrictamente empresariales y las actuaciones políticas, salvo cuando la regulación lo exprese claramente como necesario. No se está afirmando que dichas operaciones deban dirimirse en un vacío regulatorio ni sin controles. Al contrario, es esencial que existan las salvaguardas de las autoridades reguladoras independientes. 

Nuestro país necesita acostumbrarse a contemplar estos procesos como parte integrante de la vida financiera. Operaciones de compra, fusiones, OPAs hostiles o amistosas forman parte del dinamismo que impulsa las economías modernas si se gestionan con cautela, con normas claras y previsibles, y con un enfoque centrado en las consecuencias reales para los distintos agentes afectados –clientes, accionistas, empleados, sociedad–. Pareciera como que en España aún no se hubieran interiorizado totalmente la naturaleza de estas operaciones corporativas, que pueden generar avances considerables como una mayor eficiencia, competitividad e innovación y una optimización de recursos. En la OPA fallida ha prevalecido la sospecha con demasiada frecuencia, el recelo de que se pierde algo nuestro, o que hay subordinación a intereses externos, lo que convierte lo empresarial en terreno de disputa política.

En definitiva, la lección a futuro que se extrae es clara. Los escenarios de concentración empresarial deben asumirse con normalidad y con reglas conocidas. Solo así se asegurará que la economía española avance con instituciones fuertes, con un marco de previsibilidad jurídica, y con la capacidad de adaptarse a los retos globales sin paralizarse cada vez que surge una oferta de OPA de gran calibre.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Aranceles vs reindustrialización

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Los flujos internacionales de
comercio e inversión constituyen una red de una enorme complejidad, formada por
infinidad de nodos interrelacionados entre sí, de tal modo que un cambio
estructural en este “ecosistema” desencadenará una
sucesión impredecible de efectos
, con implicaciones en otras variables como
los tipos de cambio, tipos de interés, etc. El resultado final de todo ello es incierto,
pero sí se pueden anticipar algunas implicaciones generales.

Hay que partir de una idea
fundamental, y es que, gracias al contexto de libre comercio que –más o menos–
ha predominado en las últimas décadas –con todos los matices que se quiera–, el
diseño actual de las cadenas globales de producción es la más eficiente de
entre todas las posibles. Es decir, cada etapa de la cadena productiva se ha
localizado en aquellos lugares que, o bien están muy especializados en esa
tarea concreta –por ejemplo, procesos de gran contenido tecnológico o
intensivos en conocimiento–, o bien en aquellos lugares que son capaces de
realizarla de forma más barata –es el caso de actividades más rutinarias e
intensivas en mano de obra–. El perfeccionamiento continuo de este modelo a lo
largo de las décadas ha dado lugar a un sistema hipereficiente, capaz de
producir bienes y servicios al menor coste posible y con las mejores
prestaciones posibles. Cualquier otro diseño de la cadena productiva será, por
definición, más ineficiente y caro que el actual, porque si fuera más eficiente,
sería el que se habría implantado.

La entrada en efecto de los aranceles supondrá un empobrecimiento general: compraremos bienes más caros y peores que los actuales.

María Jesús Fernández

Los aranceles anunciados por
Trump, incluso si no entran en efecto los denominados “aranceles recíprocos”, supondrán
un cambio de paradigma, que obligará a reorganizar estas cadenas globales, y,
por tanto, a adoptar un sistema necesariamente más ineficiente que el actual.
Es decir, todos nos habremos empobrecido, porque los bienes que compraremos
serán más caros, y en muchos casos, con peores prestaciones, que los actuales. El
daño sobre cada área económica dependerá del modelo de relaciones comerciales
que finalmente se establezca. Existen
varios escenarios posibles
, que irían desde el aislamiento, en mayor o
menor grado, de la economía norteamericana y el mantenimiento de unas
relaciones comerciales más o menos libres entre el resto de países, a un mundo organizado
en bloques con relaciones limitadas entre sí.

Si empresas europeas o chinas trasladasen parte de su producción a suelo estadounidense, la pérdida de eficiencia, los aranceles y las pérdidas de economías de escala harían que sus bienes fueran más caros en el mercado interno y menos competitivos internacionalmente

María Jesús Fernández

En cuanto a las consecuencias
sobre lo que más le importa a Trump, que es la “reindustrialización” de su
país, es cierto que algunas empresas europeas o chinas, para las que el mercado
estadounidense sea muy relevante, pueden trasladar a suelo norteamericano la
producción destinada a ese mercado. Pero esto supondrá un encarecimiento de sus
productos, en primer lugar, por el motivo señalado al principio –será una
organización productiva menos eficiente que la actual–; en segundo lugar, porque
los inputs que utilicen estarán gravados por aranceles elevados; y en tercer
lugar por la pérdida de economías de escala que supone la división de la
producción para atender diferentes mercados. Además, a las empresas instaladas
en suelo norteamericano les será más difícil acceder a ciertos componentes –por
ejemplo, de alta tecnología– fabricados en lugares muy especializados, y
prácticamente imposibles de replicar, lo que afectará a la calidad y
prestaciones de sus productos. Los bienes norteamericanos serán más caros en el
mercado interno y menos competitivos internacionalmente.

Esto acarreará dos consecuencias,
contrarias al objetivo del presidente. Una, que muchas mercancías europeas serán
ahora más competitivas en comparación con las norteamericanas, lo que
favorecería a la industria europea, y reduciría la actividad al otro lado del
Atlántico. La otra, que algunas empresas estadounidenses, para las que el
mercado exterior suponga una parte importante de su volumen de negocio, decidan
trasladar la producción fuera de su país para poder seguir compitiendo y
vendiendo en el exterior. Cabe esperar que el efecto “desindustrializador” sea
de mayor magnitud que el efecto “reindustrializador”, ya que, al fin y al cabo,
para la mayoría de empresas exportadoras del mundo, EE. UU. es solo un mercado
más, mientras que, para las estadounidenses, se dificulta el acceso a todo el
resto del mundo.

En definitiva, habrá sectores
beneficiados y perjudicados, tanto a un lado como a otro del Atlántico, pero el
resultado neto global será un empobrecimiento para todos, y especialmente para
EE. UU.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Metros2.

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El núcleo duro del crecimiento español

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Por lo general una economía crece cuando coinciden dos circunstancias. La primera, un incremento de la demanda, ya sea interna o exterior. Y la segunda, que las empresas sean capaces de responder a dicho impulso de la demanda, porque son competitivas y disponen de capacidad productiva. Por diferentes razones, los datos de PIB de EE. UU. y España divulgados esta semana aportan informaciones relevantes acerca de las fuerzas y debilidades de ambos factores del actual ciclo expansivo.

El comportamiento de la economía norteamericana, con un descenso de una décima, evidencia un deterioro súbito de la confianza y una inquietante pérdida de competitividad como consecuencia de la guerra comercial. El consumo privado se ha desacelerado netamente y si todavía crece es en cierta medida por las compras anticipadas de los hogares norteamericanos ante la perspectiva de un aumento de los precios; cabe esperar, por tanto, que el consumo se frene en los próximos meses. Por su parte, las empresas, anticipando fuertes aranceles, han hecho acopio de productos importados, algunos destinados a la venta (elevando las existencias) y otros a la inversión en bienes de equipo. Todo ello traduce los primeros efectos des doble shock, de demanda y de competitividad.

En España el escenario es más favorable, pero también emergen nuevos riesgos. El avance del PIB (0,6% en el primer trimestre, el doble que la Unión Europea) se sustenta en un bucle de demanda de consumo privado, inversión en construcción y aumento del empleo, conformando el núcleo duro del crecimiento de la economía española. El consumo público, sin embargo, se desacelera. Y la inversión empresarial evidencia una cierta volatilidad, al tiempo que sus perspectivas se ven afectadas por la incertidumbre global.


También surge una nueva amenaza en el frente de la competitividad. Nuestras empresas mantienen una posición competitiva positiva en términos de costes laborales y energéticos. Destaca el tirón de las exportaciones de servicios no turísticos (4,6% en el primer trimestre). Pero la guerra comercial también provoca un efecto de desvío de las ventas de productos asiáticos hacia los mercados europeos, por las restricciones impuestas por Trump. Es un hecho que las importaciones han empezado a repuntar: las compras en el exterior crecen ya a un ritmo tendencialmente superior a la demanda (con una elasticidad de 1,2), cuando hasta hace poco lo hacían muy por debajo de dicha demanda (elasticidad inferior a 1). Los envíos de productos españoles a los mercados europeos también podrían verse perjudicados por la mayor competencia de productos asiáticos a precios artificialmente bajos. En suma, la demanda interna resiste, pero aparecen nubarrones en el panorama externo y en la competitividad.

De cara al futuro, es probable que perdure el ciclo expansivo de la demanda de consumo, inversión residencial y creación de empleo. Desaparecen los fenómenos de recuperación de poder adquisitivo, pero un mayor recurso al ahorro por parte de los hogares podría actuar como contrapeso. No obstante, el golpe arancelario se propagará a través del comercio mundial, entorpeciendo las exportaciones y exacerbando la competencia internacional. Las dos principales potencias mundiales han entrado en zona de turbulencias, y salvo un improbable acuerdo comercial la situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo.

España goza de un núcleo duro de crecimiento autosostenido que nos diferencia de los socios comunitarios. Todo apunta a que el PIB todavía avanzará netamente por encima del 2% este año. Sin embargo, sería temerario pensar que nos podemos desacoplar de los desvaríos del resto del mundo, de modo que una desaceleración es previsible a partir de la segunda mitad del año. Ante la guerra comercial y las tensiones geopolíticas, lo deseable sería sustentar la confianza para nutrir las fortalezas internas y profundizar en el descenso del paro. De lo contrario el ciclo expansivo perderá rápidamente vigor.

PRODUCTIVIDAD | El número de ocupados aumentó un 0,8%, pero el número de horas trabajadas se redujo, de modo que se mantiene la tendencia a la reducción de las horas trabajadas por persona que se observa desde 2023, con un descenso de la productividad por ocupado y un incremento de la productividad por hora. El perfil que se desprende de la EPA es similar: el número de ocupados se incrementó un 0,7% en el primer trimestre, entrañando un ligero descenso de la productividad por persona ocupada, y a la inversa cae el número de horas trabajadas, impulsando la productividad horaria.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Desregulación en la UE

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Por las buenas y por las malas. Europa afronta una simplificación burocrática. Algunos incluso se atreven a llamarla desregulación, lo que es algo prematuro. Por las buenas, porque así lo recomendaban, entre una amplia batería de medidas de largo alcance para aumentar la productividad, los sesudos y certeros informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre el mercado único y la competitividad de la UE. Y por las malas, porque desde Estados Unidos han llegado vientos de disrupción con la nueva Administración Trump, también en materia de desregulación, que, según en que escenarios, podría dejar muy “tocada” la competitividad europea. La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una de sus prioridades más ambiciosas para la próxima legislatura: una profunda simplificación burocrática —desregulación incluida— que transforme la manera en la que se legisla, gestiona y se relaciona la UE con sus ciudadanos y empresas. En palabras de Ursula von der Leyen, “una Unión Europea más eficaz, menos burocrática y más centrada en los resultados” (menos papeles, mejor desempeño).

Son numerosos los estudios que concluyen que la burocracia europea —diseñada para garantizar transparencia, legalidad y equidad— ha crecido excesivamente en las dos últimas décadas. Empresas de todo tamaño, especialmente pymes, denuncian que los costes derivados del cumplimiento normativo suponen un freno a la innovación y al crecimiento. Las entidades financieras europeas han visto crecer exponencialmente las regulaciones y normas que le obligan en los últimos 15 años. Desde hace años, la Comisión viene promoviendo el lema “legislar mejor” (better regulation). Ahora aspira a que se produzca una aplicación más decidida de ese principio. Bruselas planea revisar cientos de normas obsoletas, duplicadas o excesivamente complejas para eliminar cargas administrativas innecesarias, digitalizar procedimientos y reforzar la proporcionalidad de la regulación en función del tamaño de las organizaciones afectadas. Se contempla la creación de un marco regulatorio “aligerado” para las pymes, con excepciones y plazos más amplios, la promoción de la legislación por objetivos en lugar de normativas con excesivo detalle, la eliminación automática de normas que no hayan demostrado su utilidad y una mayor coordinación digital entre administraciones nacionales y europeas, para evitar solapamientos administrativos.

Los esfuerzos de la Comisión apuntan también a un cambio de cultura administrativa, con una mentalidad orientada al servicio público. El proceso enfrenta riesgos y resistencias. Por ello, se debe acometer con inteligencia y mano izquierda. Por ello, la agenda debe ser ambiciosa, ya que probablemente algunas partes se desnaturalizarán en el proceso de aprobación dentro de la UE. No queda otra, si Europa quiere tener una regulación segura pero también que estimule fuertemente la innovación y el crecimiento.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Alemania, año 2025. Crisis y cambio estructural (I)

A modo de canto de cisne, la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) elegido en 2021[1] ha respaldado en una sesión plenaria extraordinaria las reformas constitucionales que permitirán a un futuro gobierno de Gran Coalición entre la Unión Cristiano-Demócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) un giro histórico de su política económica. A favor de estas reformas han votado los representantes de estas dos formaciones políticas y la de Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), superando así la mayoría de dos tercios exigida para la aprobación de cambios en la Ley Fundamental Alemana.  Con la esperada mayoría cualificada en la segunda cámara parlamentaria (Bundesrat), el camino hacia la Wirtschaftswende quedaría expedito antes de la constitución del nuevo Bundestag, resultante de las elecciones parlamentarias del pasado 23 de febrero, en las que la CDU/CSU obtuvo el porcentaje de votos más alto (Gráfico 1).


No es exagerado afirmar que en Berlín se está jugando en estas semanas el futuro de la economía y la seguridad europeas. Lo que está sucediendo en la capital alemana es mucho más que el proceso de negociación para formar un gobierno de coalición, que Friedrich Merz, el “ganador” de las elecciones, prevé anunciar antes de Pascua; es la apuesta conjunta de los dos grandes partidos que han liderado los gobiernos de la República Federal de Alemania desde su fundación en 1949 por un cambio de rumbo ante las evidencias insoslayables de una triple crisis: económica, política y de defensa. 

Crisis del modelo productivo de la que, ostentando el puesto de tercera economía del mundo (4,4 billones de PIB en 2024), se adentra en su tercer año consecutivo de recesión; crisis de una política incapaz de frenar el avance de partidos radicales nacionalistas y antieuropeos, en particular, de Alternativa para Alemania (AfD), convertida en la segunda fuerza parlamentaria con el apoyo de uno de cada cinco votantes en las recientes elecciones (y un ascenso de 10 puntos porcentuales respecto de las elecciones de 2021); y crisis de un sistema de defensa y seguridad, con reconocidas carencias de preparación y recursos humanos y materiales tras décadas de escasa inversión en investigación, desarrollo y producción militar, mientras los “dividendos de la paz” se destinaban, en gran medida, a desarrollar un Estado social que en 2024 absorbió más de la mitad de los gastos consuntivos del presupuesto federal[2].

Ante la gravedad de la situación y los resultados de las elecciones, tan pronto como el SPD eligió un nuevo presidente del grupo parlamentario, relevando así al canciller en funciones Olaf Scholz, que asumió personalmente la severa derrota electoral, se iniciaron las “conversaciones de sondeo” (Sondierungsgespräche) entre cristianodemócratas y socialdemócratas. De ellas resultó un documento de once páginas que incluye un ambicioso paquete financiero (Finanzpaket) de expansión fiscal (cuadro 1). El respaldo de Los Verdes a este paquete se alcanzó el 14 de marzo a cambio de algunas concesiones que mitigan el disgusto de la formación ecologista por su exclusión de las conversaciones para la formación de gobierno, a pesar de que su programa electoral recogía iniciativas claramente alineadas con las propuestas económicas expansivas (cuadro 2). 

Cuadro 1. Las principales previsiones del paquete financiero



– El gasto en defensa se desligará del “freno de la deuda” (Schuldenbremse) que rige desde 2011, y limita al 0,35% del PIB la capacidad de los gobiernos federales de endeudarse anualmente; en concreto, el gasto en defensa que exceda el 1% del PIB no quedará sujeto a esta restricción presupuestaria. 

– Se creará un fondo especial (Sondervermögen) con 500.000 millones de euros para financiar, durante los próximos diez años, inversiones públicas en infraestructuras, poniendo una quinta parte de las cuales a disposición de las regiones y los municipios. Quedan incluidas inversiones en protección civil, transportes, hospitales, generación y distribución de energía, provisión de cuidados, digitalización, educación, ciencia, investigación y desarrollo.

– Los Länder podrán endeudarse anualmente por un importe de 0,35% del PIB.  

Cuadro 2. Las modificaciones del paquete financiero requeridas por Los Verdes



– Los gastos de defensa no sujetos al “freno de la deuda” incluirán inversiones en protección civil, servicios de inteligencia, ciberseguridad y prestación de ayuda a los países que sufran ataques contrarios al derecho internacional.

– El fondo especial (Sondervermögen) estará disponible para inversiones “adicionales” en infraestructuras, quedando esta condición de “adicionalidad” (Zusätzlichkeit) sujeta a que tales inversiones igualen o superen el 10% del presupuesto federal. 

– El plazo de disposición del fondo especial se amplía de diez a doce años, destinando, además, 100 millardos de esta suma al “fondo para el clima y la transformación”, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2045.

Aunque la necesidad de aprobar la reforma de la Ley Fundamental antes de la constitución del nuevo Bundestag ha acelerado las negociaciones para la formación de gobierno[3], la conciencia generalizada de que Alemania se encuentra en una situación de emergencia ha sido decisiva para imprimir el buen ritmo de las negociaciones interpartidistas. Tanto entre las elites políticas y económicas como en el conjunto de la sociedad (83,4 millones de habitantes) prevalece la convicción de que la economía alemana afronta una situación penosa[4], reflejada en la pérdida de competitividad internacional de su producción (y, por tanto, de su capacidad de exportación) y en su “desindustrialización” (expresión elegida como “palabra económica del año 2024” por un jurado de expertos en economía y de empresarios alemanes)[5]. Las causas no se identifican solo en el aumento de los precios de la energía, sino también en la “monstruosa burocracia” que asfixia a las empresas, en el insuficiente impulso a la digitalización de la economía y de las administraciones públicas,  y en la ineficacia para gestionar un cambio demográfico de enormes dimensiones, con tres vertientes que provocan particular inquietud social: el continuado aumento de pensionistas (con la jubilación de los baby boomers, hoy “en el pico de la ola demográfica”)[6], la  carencia de  mano de obra cualificada, y el flujo sostenido de entradas de población no comunitaria  que busca protección internacional y/o residencia fuera de los cauces establecidos para la inmigración legal.

No son estos problemas de los que esté libre España; antes bien, pueden identificarse también como nuestros retos fundamentales como país. Los grandes partidos alemanes, además de reconocer abiertamente los problemas y admitir su parte de responsabilidad en ellos, han resuelto afrontarlos mediante la unidad política y aprovechando la disposición de cierto margen en las cuentas públicas (con un déficit público –2,6% del PIB– y una deuda pública –63% del PIB–, prácticamente ajustados a las reglas fiscales europeas). España carece de estos dos activos estratégicos: unidad política de los grandes partidos y margen fiscal; dos activos que no aseguran el acierto de las políticas que se adopten, pero sí las condiciones que generan la confianza, dentro y fuera del país, en la capacidad de un gobierno de hacer frente eficazmente a una situación de crisis estructural.


[1]  Resultante de las elecciones celebradas el 26 de septiembre de 2021. Conforme al artículo 39.1 de la Ley Fundamental de Alemania, el mandato del Bundestag en funciones sólo termina cuando se reúne y constituye una nueva cámara. Se evita así la ausencia de un vacío legislativo. 

[2] Gastos consuntivos que, a su vez, representan el 88% del presupuesto total en 2024 (los gastos de inversión absorben, por tanto, solo el 12%). Los datos proceden del Ministerio de Finanzas de la República Federal de Alemania (BMF-Monatsbericht Januar 2025 – Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2024).

[3] En el nuevo Bundestag, los escaños conjuntos de la CDU/CSU, del SPD y de Los Verdes no alcanzan dos tercios del total, quedándose, por tanto, por debajo de la mayoría cualificada para reformar la Ley Fundamental.

[4] A principios de marzo de 2025, tres cuartas partes de la población alemana entre 16 y 74 años calificaban la situación económica del país como “mala”, frente al 25% que la calificaba como “buena”.

[5] La segunda palabra más votada fue “Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro”, muy criticada entre el empresariado alemán, seguida de “giro económico” (Wirtschaftswende) y “monstruo burocrático” (Bürodratie-Monster).

[6] El baby boom alemán, algo más temprano que el español, se desarrolló entre mediados de los años 50 y finales de los años 60 del pasado siglo.

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Lecciones de DeepSeek para la implementación de la brújula de la competitividad europea

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Personalmente, no me alegré de la caída en bolsa de Nvidia, porque la historia de esta compañía y la de su fundador, Jen-Hsun Huang, representan un ejemplo inspirador de éxito basado en la innovación, la educación y la meritocracia. Huang no partió de una situación privilegiada; era un humilde inmigrante taiwanés que estudió en la Universidad de Oregón. Sin embargo, su brillantez lo llevó a la prestigiosa Universidad de Stanford, donde encontró el ecosistema adecuado para fundar Nvidia en 1993 y revolucionar la arquitectura de los microprocesadores. Su trayectoria es un testimonio de cómo el talento y el esfuerzo pueden transformar industrias enteras.

Sin embargo, hay buenas noticias en este descalabro bursátil para todos nosotros. El valor de las acciones en bolsa es un indicador de las expectativas de beneficios a largo plazo de las empresas, pero no necesariamente del bienestar de los ciudadanos. Las acciones de Nvidia se habían disparado porque sus microprocesadores vectoriales parecían ser el activo clave para el ilimitado negocio de la inteligencia artificial (IA), dominado por unos pocos gigantes como OpenAI y Google. Sin embargo, la aparición de DeepSeek ha cambiado el panorama por completo.

Hasta la semana pasada, la narrativa dominante sobre el futuro de la IA sugería que se repetiría la lógica del “ganador se lo lleva todo”, característica de la economía digital en las últimas décadas. Se pensaba que los futuros cuasimonopolios en IA estarían protegidos por enormes barreras de entrada, asociadas a las inmensas inversiones requeridas para desarrollar modelos de lenguaje avanzados (LLM), tanto en hardware especializado como en el costoso proceso de entrenamiento de algoritmos. DeepSeek ha demostrado que estas barreras son mucho más bajas de lo que se creía, abriendo la posibilidad de un mercado competitivo en IA y, con ello, la esperanza de innovaciones más accesibles para todos.

La experiencia de usar herramientas como ChatGPT o Gemini solía resumirse en tres emociones: fascinación, curiosidad por el potencial de los algoritmos y, en última instancia, miedo. Anticipábamos que las empresas detrás de estas tecnologías, que han invertido miles de millones de dólares y aún registran pérdidas, buscarían monetizar la IA incrementando sus costos a medida que se volvieran más imprescindibles. Sin embargo, la competencia que representa DeepSeek (que, además, es de código abierto) podría ser un escudo contra esta dinámica. Su rendimiento se acerca al de los mejores algoritmos, lo que podría reducir significativamente el poder de mercado de estas empresas y obligarlas a rediseñar sus estrategias de negocio. El problema para los actuales gigantes de la IA es que aunque puedan conservar nichos de mercado basados en prestaciones de excelencia, el verdadero negocio está en el consumidor medio.

Las buenas noticias de DeepSeek no se limitan a su bajo costo de desarrollo. Aunque los detalles técnicos no son del todo públicos, todo apunta a que requiere menos poder computacional y, por lo tanto, tiene un menor costo energético. Esto es crucial en un momento en el que muchas voces alertaban sobre la amenaza medioambiental que suponía el modelo de IA tradicional, debido a su enorme demanda de energía y agua para la refrigeración de los procesadores. DeepSeek no solo democratiza el acceso a la IA, sino que también la hace más sostenible.

Por último, DeepSeek envía un mensaje importante para la implementación de la recientemente anunciada Brújula de la competitividad. Con esta estrategia, Europa, que ha jugado un papel marginal en la economía digital, pretende entre otros objetivos impulsar la innovación y en particular no perder el tren de la IA. La historia de DeepSeek nos enseña lo arriesgado que es apostar por empresas específicas en un sector tan disruptivo. La política industrial basada en inyectar dinero público en unos pocos proyectos, además de distorsionar la competencia y poner en riesgo el mercado único, es casi un juego de azar en un entorno de cambio tecnológico acelerado. Un ejemplo claro es Northvolt, la empresa europea de baterías a la que concedieron más de 900 millones de euros en subsidios y ahora enfrenta problemas financieros, incluida la quiebra de su filial en Estados Unidos.

El papel de Europa en la IA dependerá de su capacidad para crear un ecosistema que fomente la innovación, como el que permitió el surgimiento de DeepSeek. Para ello, no hay atajos: es necesario apostar por un mercado integrado europeo altamente competitivo, facilitar la financiación de startups y fortalecer los centros de conocimiento e investigación. No es casualidad que el impulsor de DeepSeek, Liang Wenfeng, sea otro ingeniero brillante y que su equipo esté formado por doctores de las mejores universidades chinas. La lección es clara: el futuro de la IA no se construye con subsidios a unos pocos, sino con un ecosistema que premie la innovación y el talento.

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