Redeia ha puesto sobre la mesa de su próxima junta general de accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción, que, salvo sorpresa, quedará aprobado en la reunión convocada en segunda convocatoria para el 13 de mayo. El cobro está fijado para el 1 de julio y se enmarca dentro de la política de retribución al accionista ligada a los resultados de 2025.
Este dividendo complementario se unirá al pago a cuenta ya realizado en enero, también por 0,60 euros brutos por título, de forma que la remuneración total prevista con cargo al ejercicio 2025 se situará en 0,80 euros por acción, una vez descontados los 0,20 euros anticipados el pasado 7 de enero. En términos globales, la compañía prevé distribuir 432,8 millones de euros entre sus accionistas.
Un dividendo complementario de 0,60 euros y una retribución total de 0,80 euros por acción
Según la documentación remitida por Redeia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta deberá ratificar el pago de ese dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, a abonar el 1 de julio. Este movimiento confirma la línea de estabilidad en la remuneración y refuerza la visibilidad del flujo de caja para los inversores.
De cara al conjunto del ejercicio, la cifra relevante para los accionistas es que, una vez contabilizado el anticipo de 0,20 euros por título abonado el 7 de enero, la retribución final quedará en 0,80 euros por acción. Esta cuantía refleja la suma de los pagos efectuados durante el año y sitúa a Redeia como uno de los valores de referencia en materia de dividendo.
En total, la política de remuneración aprobada para este ejercicio supone un desembolso de 432,8 millones de euros en dividendos. Esta cantidad incluye tanto el dividendo a cuenta ya satisfecho como el complemento sometido ahora a aprobación de la junta, y se alinea con el objetivo de ofrecer una rentabilidad atractiva manteniendo al mismo tiempo un perfil financiero prudente.
La decisión de mantener un dividendo significativo se produce en un contexto en el que la compañía sigue ejerciendo su papel como gestor del sistema eléctrico español y matriz de Red Eléctrica, al tiempo que avanza en proyectos de redes y de transición energética que requieren un volumen relevante de inversión regulada.
Formato telemático de la junta y principales puntos del orden del día
La junta general está convocada para el 13 de mayo en segunda convocatoria y se celebrará íntegramente en formato telemático. Los accionistas podrán seguir el encuentro y ejercer sus derechos de voto a través de la plataforma habilitada en la página web corporativa de Redeia, una fórmula que la compañía ya ha consolidado en los últimos años.
Además del dividendo complementario, el orden del día incluye la revisión y aprobación de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. Junto a ellas, se someterá también a votación el informe de gestión de la sociedad, que recopila la evolución del negocio durante el año.
Otro de los apartados relevantes será la propuesta de reelección de Ernst & Young (EY) como auditor de cuentas para el ejercicio 2027. La continuidad de la firma auditora forma parte de la agenda habitual de las grandes cotizadas y requiere refrendo periódico de la junta de accionistas.
Asimismo, los accionistas deberán pronunciarse sobre la remuneración del consejo de administración para 2026. La compañía someterá a aprobación su política retributiva para los consejeros, en línea con las exigencias de transparencia y buen gobierno que rigen en el mercado bursátil europeo.
Más allá de los acuerdos que requieren votación, la empresa tiene previsto informar a los accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2025 y sobre el Plan de Sostenibilidad 2026-2029, que marcará las prioridades de Redeia en materia ambiental, social y de gobernanza para los próximos años.
Renovación del consejo: nuevos nombres y salida de consejeros históricos
Junto al bloque puramente financiero, Redeia aprovechará la junta para remodelar parte de su consejo de administración. La compañía propondrá el nombramiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de José Luis Navarro Ribera como consejeros dominicales, reforzando así la representación del accionista público en el órgano de gobierno.
En el apartado de independientes, la empresa elevará a la junta la designación de Santiago Hurtado Iglesias y Marta María de la Cuesta González como nuevos consejeros. Ambos se incorporarán en calidad de independientes, y su perfil se percibe como técnico y alineado con las necesidades de gestión de una compañía de infraestructuras críticas.
Estas incorporaciones se acompañan de la salida de varios miembros históricos del consejo. Abandonan su puesto Esther María Rituerto, representante dominical de la SEPI, así como Socorro Fernández Larrea y Antonio Gómez Ciria, que habían entrado en 2014 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de estos últimos, concluían su tercer mandato y, por normativa, dejaban de poder ser considerados independientes.
Fuentes próximas al Ejecutivo apuntan a que los nuevos consejeros presentan un perfil más cercano al actual Gobierno, aunque no se trata de nombramientos de carácter político al uso, sino de profesionales con trayectoria en ámbitos relacionados con la energía, la economía o la regulación. A diferencia de lo ocurrido en otras compañías reguladas, como Enagás, en esta renovación no se han incorporado consejeros propuestos por los socios catalanes del Gobierno en el Congreso.
Con estos cambios, Redeia busca actualizar la composición de su consejo, ajustar la categoría de cada consejero a las exigencias de independencia marcadas por la CNMV y asegurar una combinación de perfiles técnicos, regulatorios y financieros que permita afrontar con solvencia los retos de la red eléctrica y la transición energética.
Estrategia corporativa, sostenibilidad y retos regulatorios
El Plan de Sostenibilidad 2026-2029 será otro de los documentos clave que se pondrán sobre la mesa, ya que fijará la hoja de ruta de Redeia en materia de transición ecológica y responsabilidad social. Entre las prioridades previsibles se incluyen la integración de renovables en la red, el refuerzo de las interconexiones y el impulso de la digitalización de las infraestructuras.
Este marco se complementará con la información detallada del Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2025, en el que se recogen las prácticas de transparencia, control y supervisión del consejo, así como la política de riesgos y el cumplimiento normativo. Ambos documentos constituyen la base con la que la compañía pretende reforzar la confianza de los inversores y del regulador.
En paralelo, el sector está pendiente de los movimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría incoar en las próximas semanas expedientes relacionados con incidentes relevantes en el sistema eléctrico, como el apagón del 28 de abril de 2025. Aunque estos aspectos no forman parte directa de la política de dividendos, sí condicionan el entorno regulatorio en el que opera Redeia.
En conjunto, la compañía combina una política de retribución estable al accionista con un calendario de inversiones y compromisos regulatorios exigente. La clave para los próximos años será mantener el equilibrio entre un dividendo atractivo, la solidez financiera y la capacidad de financiar los proyectos necesarios para garantizar la seguridad de suministro y la integración masiva de energías renovables.
Con la junta del 13 de mayo, Redeia perfila un escenario en el que la aprobación del dividendo complementario de 0,60 euros, la retribución total de 0,80 euros por acción, la renovación parcial del consejo y la puesta en marcha de su plan de sostenibilidad 2026-2029 se convierten en los pilares de una etapa marcada por la estabilidad del pago al accionista y por la adaptación a un sistema eléctrico en plena transformación en España y en el conjunto de Europa.