La nueva orden de cotización de la Seguridad Social ha supuesto un giro importante para más de un millón de autónomos societarios y familiares colaboradores en España. A partir de 2026, la base mínima por la que cotizan estos colectivos pasa a ser sensiblemente más alta que en 2025, lo que se traducirá en un incremento notable de sus cuotas, incluso aunque de manera provisional puedan seguir pagando lo mismo durante este año.
Mientras que las cuotas del resto de autónomos personas físicas se han mantenido congeladas, el Gobierno ha activado para societarios, colaboradores y autónomos sin rendimientos las reglas de la reforma de 2022 del sistema de cotización por ingresos reales. Esta decisión ha generado un fuerte malestar en las principales asociaciones de autónomos y en organizaciones empresariales, que hablan de subida “desproporcionada” y de ruptura del trato igualitario dentro del colectivo.
Subida del 42% en la base mínima: de 1.000 a 1.424,4 euros
La principal novedad es que la base mínima de cotización para los autónomos societarios y familiares colaboradores se incrementa algo más de un 42%, desde los 1.000 euros mensuales fijados en 2025 hasta los 1.424,4 euros en 2026. Esta nueva cuantía se ha incluido en la orden de cotización para este ejercicio, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este aumento supone que muchos de estos trabajadores por cuenta propia, que hasta ahora estaban cotizando por la base mínima, verán cómo la cuota a la Seguridad Social asociada a esa base se encarece en torno a 135 euros al mes, lo que equivale a unos 1.620 euros adicionales al año. En la práctica, la cuota mínima pasará de rondar los 300-315 euros mensuales hasta situarse cerca de los 435 euros al mes para quienes sigan en la mínima que ahora se fija en 1.424,4 euros.
La medida tiene carácter general para más de un millón de personas, entre las que se incluyen más de 800.000 autónomos societarios y entre 400.000 y 700.000 familiares colaboradores, según las distintas estimaciones manejadas por las asociaciones del sector. Sin embargo, el impacto real se concentrará en quienes efectivamente cotizan por la base mínima, que se calcula en varios cientos de miles de afectados.
Para quienes ya venían cotizando por una base superior a 1.000 euros, el ajuste será menor. Por ejemplo, un autónomo societario o un colaborador con una base actual de 1.212 euros tendrá que asumir una diferencia de algo menos de 70 euros adicionales al mes, es decir, en torno a 840 euros más al año cuando se practique la regularización definitiva.
La nueva base de 1.424,4 euros se ha fijado alineándola con la del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, lo que responde directamente a las previsiones de la reforma del sistema de cotización por ingresos reales de 2022, que ya contemplaba este encaje a partir de 2026.
Cobro provisional en 2026 y regularización posterior
A pesar del cambio normativo, la Seguridad Social permite que, con carácter transitorio, durante 2026 los autónomos societarios y familiares colaboradores puedan seguir cotizando por una base de 1.000 euros y abonando la misma cuota que tenían en 2025. Esta opción temporal se ha planteado como una especie de colchón para dar margen de adaptación, pero no elimina el efecto del incremento.
La clave está en la regularización posterior de las cuotas. En el caso del ejercicio 2026, este proceso de ajuste se llevará a cabo entre finales de 2027 y principios de 2028, de acuerdo con las previsiones manejadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese momento, quienes no hayan adaptado su base a los 1.424,4 euros deberán pagar la diferencia acumulada entre lo cotizado realmente (1.000 euros al mes) y la base mínima que les correspondía durante todo el año.
Este mecanismo significa, en la práctica, que muchos de los afectados pueden percibir este año una cuota “congelada”, pero terminarán afrontando más adelante un desembolso adicional. De ahí que distintas asociaciones hayan calificado la medida como “pan para hoy y hambre para mañana”, al considerar que solo difiere la carga económica en el tiempo.
Fuentes de la Seguridad Social recuerdan, no obstante, que existe cierto margen para la adaptación, ya que los autónomos pueden modificar su base de cotización durante el año si lo consideran oportuno. Aun así, quienes opten por mantener la base inferior deberán asumir el ajuste en la regularización, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
El diseño de esta regularización se enmarca dentro del nuevo sistema de ingresos reales, que ya contempla un proceso anual de revisión para ajustar las cotizaciones a los rendimientos declarados. En el caso de societarios y colaboradores, se añade ahora la obligación de respetar esta base mínima equiparada al Régimen General, independientemente de su situación individual concreta.
Cómo encaja esta subida en la reforma de 2022
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz se insiste en que el incremento de la base mínima de los autónomos societarios y familiares colaboradores no es una decisión improvisada, sino la aplicación directa de lo pactado en la reforma del régimen de autónomos de 2022. Aquella reforma fue acordada con las asociaciones de autónomos mayoritarias, la patronal y los sindicatos, y salió adelante en el Parlamento con amplia mayoría.
En concreto, tanto el Real Decreto-ley que dio forma al nuevo sistema de cotización por ingresos reales como la propia Ley General de la Seguridad Social establecían que, a partir de 2026, la base de cotización de autónomos societarios, colaboradores y de quienes no declaran rendimientos no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General. El grupo de referencia para esta equiparación es el grupo 7, al que ahora se ha ajustado la nueva cifra de 1.424,4 euros.
Desde la Seguridad Social se subraya que nadie había cuestionado hasta ahora esa previsión legal y que la medida es “congruente con la evolución del sistema”. La intención de fondo, argumentan, es reforzar la contribución de estos colectivos al sistema de protección social, extendiendo la lógica de los ingresos reales también a quienes cotizan como societarios o colaboradores familiares.
Además, el Ministerio defiende que este incremento de la base mínima se traducirá en el futuro en prestaciones más altas para los afectados, tanto en pensiones como en otras coberturas ligadas a la Seguridad Social. Al elevarse las bases sobre las que se calculan esas prestaciones, el resultado final debería ser un nivel de protección más elevado, algo que el Gobierno presenta como un refuerzo de derechos.
No obstante, las mismas normas que fijaron esta equiparación también preveían una senda gradual de ajuste de las tablas de cotización para el resto de autónomos persona física, que debía desarrollarse entre 2026 y 2031 en varias fases. Ante la falta de acuerdo con las organizaciones de autónomos y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ha decidido pausar ese despliegue para la mayoría del colectivo, pero ha seguido adelante con la parte que afecta a societarios y colaboradores, lo que ha alimentado la sensación de trato desigual.
Congelación de cuotas para la mayoría de autónomos y excepción para societarios
Uno de los elementos que más polémica ha generado es que, mientras se ha optado por prorrogar las cuotas de 2025 para la mayoría de los autónomos, la misma protección no se ha extendido a los societarios y a los familiares colaboradores. El Gobierno había anunciado que mantenía sin cambios las cuotas para 2026 tras fracasar los intentos de pactar una nueva senda de cotización, pero la letra pequeña de la orden de cotización ha dejado fuera de esa congelación a un tercio del colectivo.
Según explican las asociaciones, el Ministerio de Seguridad Social trató sin éxito de acordar con las organizaciones representativas una subida de las cuotas para el periodo 2026-2028, que en un primer borrador llegaba a prever incrementos de entre el 4% y el 35% según tramos de ingresos. La falta de consenso, en algunos casos incluso con resistencia dentro de los propios partidos de la coalición de Gobierno, llevó finalmente a prorrogar la tabla de bases de 2025 para los autónomos persona física.
Sin embargo, al desarrollar técnicamente la orden de cotización, se ha optado por activar para los societarios y colaboradores la regla de que su base no puede ser inferior a la del Régimen General, aplicando así la disposición ligada a la reforma de 2022. Esto explica que la subida del 42% se haya producido ahora, en un contexto en el que el resto del colectivo no ha sufrido cambios en sus bases mínimas.
La situación tiene un componente adicional: la disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 13/2022 fijaba que en 2023 la base mínima para estos colectivos sería de 1.000 euros, y que las bases de 2024 y 2025 debían determinarse en los Presupuestos Generales del Estado. Al no haberse aprobado nuevas cuentas públicas ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026, la subida se ha acabado aplicando “de golpe” a través de la orden de cotización, sin una transición gradual.
Este salto brusco en la base mínima, combinado con la congelación de cuotas para el resto de autónomos, es lo que las organizaciones representativas califican como una desigualdad interna dentro del colectivo, especialmente en un contexto de incertidumbre económica para muchos pequeños negocios.
Críticas de ATA, UPTA y otras organizaciones empresariales
La reacción de las asociaciones de autónomos no se ha hecho esperar. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, ha acusado al Gobierno de “volver a mentir” a los autónomos, al entender que la congelación de las cuotas no se ha aplicado realmente a todos. Según sus cálculos, alrededor de un tercio del colectivo verá cómo sus cotizaciones mínimas suben en 2026 en esos 135 euros mensuales adicionales.
Amor considera que esta subida supone un “sablazo” a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios con rendimientos cercanos a 1.000 euros al mes, lo que, en su opinión, se traduce en una carga difícil de asumir para multitud de pequeños negocios. El dirigente de ATA denuncia que se rompe la transitoriedad prevista en la disposición del Real Decreto-ley que regulaba la implantación progresiva del nuevo sistema, aplicando de forma directa la base mínima del grupo 7 del Régimen General.
Además, ATA sostiene que se rompe el principio de equidad y proporcionalidad del sistema de Seguridad Social, al prorrogar las cuotas de 2025 para 2026 a la mayoría de autónomos pero dejar fuera precisamente a los societarios y colaboradores. Esta diferencia de trato, recalcan, genera una brecha interna en función del carácter fiscal del trabajador por cuenta propia.
En respuesta a este escenario, ATA ha iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios para tratar de frenar lo que califica de “salvajada” y buscar una solución legislativa con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La asociación reclama que el Gobierno impulse una norma con rango de ley que prorrogue la base mínima anterior para estos colectivos, del mismo modo que se ha hecho con el resto de autónomos.
Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), presidida por Eduardo Abad, también ha mostrado su inquietud. Abad recuerda que ya advirtió a la Seguridad Social de que esta situación podía darse y propone como salida una prórroga explícita de la base de cotización de autónomos societarios y colaboradores mediante un Real Decreto-ley. A su juicio, si se ha actuado para mantener congeladas las bases del resto del colectivo, es razonable aplicar una fórmula similar a estos grupos.
Impacto en el territorio y colectivos más vulnerables
Más allá de las cifras generales, distintas patronales territoriales han puesto el foco en cómo esta subida impacta en la España rural y en los negocios familiares. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), por ejemplo, ha cifrado en 25.155 los autónomos afectados en Asturias, lo que equivale a aproximadamente el 35,9% del total de autónomos de la comunidad.
FADE considera que la medida supone una “carga desproporcionada” que muchos no podrán asumir, especialmente aquellos que trabajan en el pequeño comercio, la hostelería y otras actividades tradicionales con márgenes ajustados. La organización alerta de que la mayor parte del colectivo afectado en la región está formado por mujeres mayores de 50 años que colaboran de forma habitual en negocios familiares ubicados en el entorno rural.
Desde la patronal asturiana se denuncia, además, que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en 2024, 2025 y 2026 ha provocado que la subida se aplique “de golpe, sin margen de adaptación”, rompiendo el acuerdo de transitoriedad que preveía una implantación progresiva de estas bases de cotización. A su juicio, no tiene sentido congelar la cuota para la mayoría de los autónomos y dejar fuera a quienes consideran más vulnerables.
En otras comunidades, responsables políticos también han criticado el cambio. En Extremadura, por ejemplo, se ha señalado que el incremento afecta a más de 24.000 autónomos, en muchos casos mujeres del mundo rural que sostienen negocios familiares. Desde el ámbito autonómico se insiste en que este tipo de decisiones puede agravar las dificultades de los territorios con menor densidad de población y menor diversificación económica.
Las asociaciones de autónomos advierten de que, en la práctica, pueden darse situaciones en las que un autónomo persona física que ingresa en torno a 12.000 euros anuales siga cotizando sobre una base de 1.000 euros, mientras que su familiar colaborador, con ingresos similares, esté obligado a hacerlo sobre una base de 1.424,4 euros. En esos casos, la cuota del colaborador sería aproximadamente un 40% superior a la del titular, algo que organizaciones como ATA o FADE consideran difícil de justificar.
En el trasfondo de este debate, el Ejecutivo mantiene que el despliegue del sistema de cotización por ingresos reales debe continuar su curso y que la equiparación al Régimen General es coherente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y una mayor protección social. Las organizaciones empresariales y de autónomos, en cambio, piden más gradualidad y homogeneidad en el trato dentro del propio colectivo de trabajadores por cuenta propia.
El panorama que se abre para 2026 deja, por tanto, un escenario en el que más de un millón de autónomos societarios y familiares colaboradores verán condicionadas sus cuotas por una base mínima de 1.424,4 euros al mes, mientras el resto de autónomos mantiene la congelación de sus cotizaciones. Aunque la medida se apoya en la reforma pactada en 2022 y en la normativa vigente, su aplicación concentrada en estos colectivos ha desatado un fuerte debate político y social, y ha colocado en el centro de la agenda la necesidad de ajustar el calendario y el alcance de la reforma del RETA para evitar desequilibrios y tensiones adicionales en el tejido productivo más pequeño.