No estoy de acuerdo con el nuevo impuesto a los bancos. Los supuestos en los que se sustenta son incorrectos. Tampoco ayuda a resolver de manera significativa los posibles problemas recaudatorios. Se trata de un gravamen mediático que yerra el tiro. Genera más problemas que soluciones. La estructura impositiva de nuestro país requiere una reforma desde hace tiempo, entre otras razones, por su insuficiencia, pero ni el impuesto a las energéticas ni el de la banca son el camino. Gravar a unos sectores por sus supuestos “beneficios extraordinarios” y no a otros que también pueden estar teniéndolos facilita una crítica tan sencilla como la discriminación por ramas de actividad.
La clave conceptual reside en qué son “beneficios extraordinarios”. La situación excepcional en los mercados de gas y petróleo y el sistema marginalista de fijación de precios ha podido conducir a “beneficios extraordinarios” en algunas empresas energéticas. Por el contrario, es muy difícil argumentar sólidamente que la banca esté teniendo análogos “beneficios extraordinarios”. Llevamos escasamente cuatro meses de subidas de tipos de interés oficiales y del euríbor. Aunque algunos bancos hayan anunciado un incremento de beneficios en los últimos trimestres, ello no significa que el sector no siga teniendo problemas de rentabilidad. En la mayoría de los casos no cubre el coste estándar de capital que exigen los inversores, como señala el bajo valor en bolsa comparado con el mantenido en libros.
No es un problema que afecte solamente a la banca española, sino internacional. Es una actividad con grandes costes administrativos y de cumplimiento regulatorio para garantizar la estabilidad financiera. Si ésta se pierde, genera graves problemas sociales, análogas a una crisis de salud pública. Esos supuestos “beneficios extraordinarios” serían, más bien, el resultado de la normalización de los tipos de interés que vuelven a estar en positivo tras una década cerca de cero o negativos. Ahora están cerca del 3%, bastante bajos en perspectiva histórica. Y habrá que ver si con el debilitamiento de la economía no aumenta la morosidad.
El argumento de vincular este gravamen para “arrimar el hombro” con el rescate bancario de hace diez años es débil. Se rescataron principalmente los depósitos de las entidades en dificultades. No hacerlo habría causado una cascada de acontecimientos más graves. En los casos donde hubo una gestión negligente la fiscalía actuó, por lo que no cabe hablar de “rescate de banqueros”. Además, el sector financiero, se ha adaptado al nuevo entorno de mayor exigencia como demuestra su participación activa en los préstamos ICO o en el reciente acuerdo para aliviar la carga hipotecaria.
Por último, algunos argumentos económicos de peso. Con el impuesto se encarece el crédito en un contexto de inflación y fuerte desaceleración. Asimismo, como señaló el BCE en su dictamen al respecto, puede aminorar la creación de las reservas de la banca, pilar clave de su solvencia y estabilidad. Menor crecimiento de recursos propios conlleva una disminución de la capacidad de la banca para asumir nuevos riesgos lo que implica menos crédito. Y finalmente debilita la posición competitiva bancaria española globalmente. No existe parangón de un impuesto así en otras latitudes.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
