el-mayor-gasto-por-envejecimiento-y-su-posible-efecto-sobre-una-eventual-reforma-fiscal

El mayor gasto por envejecimiento y su posible efecto sobre una eventual reforma fiscal

Comparte esta entrada



La economía española se enfrenta a cambios estructurales debido a factores demográficos, climáticos, tecnológicos y geopolíticos, con efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el papel del envejecimiento de la población será preponderante, al menos en las próximas dos décadas, como prevén la AIReF y la Comisión Europea (CE). A efectos ilustrativos, la tasa de dependencia pasará del 26,6% actual al 51,4% en 2050. Además, la supervivencia de las cohortes mayores de 67 años aumentará en cerca de 3 años en ese período. El tamaño de la población jubilada, la creciente esperanza de vida y el aumento de la pensión media elevará de forma intensa el gasto en pensiones. La población española podría crecer en cerca de 5 millones hasta 2050. Sin embargo, existen dudas de que dicho incremento sea suficiente para reducir la tasa de dependencia en el actual contexto de bajas tasas de natalidad.

Como se muestra en los gráficos 1a y 1b, los gastos derivados de la evolución demográfica, del coste de la deuda y del gasto en defensa supondrán 1,8 puntos de PIB más en 2035 —y 6,2 puntos más en 2050— que en 2021. El mayor incremento del gasto tendrá su origen en las pensiones públicas que aumentarán 2,6 puntos de PIB hasta 2050, pudiendo incluso superar esas cifras de acuerdo con las estimaciones de la CE. Le sigue en importancia el gasto en sanidad y los cuidados de larga duración, que aumentarán en conjunto 1,9 puntos de PIB en las dos próximas décadas. Como contrapartida, los cambios en la estructura poblacional reducirán el gasto en prestaciones por desempleo en 1,8 puntos. En resumen, en términos netos, los factores demográficos aumentarán su peso en el PIB en 1,7 puntos en 2035 y 4,5 puntos en 2050. No obstante, esta proyección ha de tomarse con las debidas cautelas, al realizarse bajo un conjunto de hipótesis sobre tasa de actividad, tasa de paro y productividad laboral[1] en un escenario fiscal inercial a políticas constantes. Por otra parte, el coste de la deuda aumentaría su peso hasta el 5,1% del PIB en 2050 en ausencia de medidas de consolidación. Finalmente, es previsible que el gasto en defensa converja hasta el 2% si se cumple el acuerdo alcanzado con el resto de los miembros de la OTAN. Respecto a los efectos de los shocks del cambio climático, no incluidos en los gráficos, estudios como este de Gagliardi han realizado diferentes pruebas de estrés para analizar el impacto de sucesos de naturaleza extrema como una sequía muy prolongada. Los resultados muestran que este tipo de fenómenos podrían generar un incremento del gasto primario de entre 2,0 y 2,4 puntos de PIB con efectos directos sobre el coste de la deuda.


En definitiva, ese conjunto de proyecciones muestra que España deberá enfrentarse en las dos próximas décadas a una creciente presión del gasto público. En ausencia de planes específicos de consolidación fiscal, el cuadro 1 muestra que el déficit comenzaría una fase creciente en 2026, pudiendo superar el 4% en una década. Asimismo, la deuda pública se elevaría hasta el 147% en 2050, alrededor del 120% en caso de un crecimiento potencial superior al 1,3%. Sobre el papel, las nuevas reglas fiscales obligarán a España a realizar ajustes a partir de 2025 para situar la deuda en una senda decreciente. La existencia de varias salvaguardas, incluso si el déficit se sitúa finalmente por debajo del 3%, ayudarían a reducir el déficit en la próxima década.


Una cuestión clave es en qué lado del presupuesto descansarán estos ajustes. Previsiblemente, la consolidación se apoyará en mayor medida en el lado de los ingresos que en el de los gastos por varios motivos, aunque destacamos los tres siguientes. Primero, la reforma de las pensiones de 2023 ha abordado la insuficiencia de recursos desde el lado de los ingresos (destope de bases máximas, Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad). Segundo, los gastos en sanidad y de cuidados de larga duración —que suponen el 15% del gasto público— muestran también una clara tendencia positiva fruto del envejecimiento. Estos gastos están gestionados por las comunidades autónomas lo que añade más complejidad al control de su crecimiento. Por último, las diferentes olas del spending review realizado por AIReF muestran la existencia de margen de mejora en la eficiencia del gasto público, aunque los avances alcanzados han sido limitados. En conclusión, las expectativas para atenuar el crecimiento del gasto público son reducidas. Contrariamente, donde existe más margen de actuación es en el lado de los ingresos. Entre otros, en la revisión de gastos fiscales (entre ellos, los tipos de IVA), la indexación de tipos de gravamen de impuestos especiales o la potenciación de los impuestos ambientales.

En el debate de la reforma fiscal pendiente existen importantes retos, tanto en la consecución de un nivel suficiente de ingresos como en la realización de un diseño certero del tax-mix sobre el que descansará la reforma. La presión fiscal deberá acomodarse al mayor nivel de gasto que se vislumbra para las dos próximas décadas. En este tránsito, los gestores públicos deberán elegir sobre qué impuestos descansará en mayor medida el aumento de recaudación. Así, un amplio cuerpo de la literatura —por ejemplo, aquí y aquí—, (no exento de críticas [por ejemplo aquí]) ha encontrado que cotizaciones sociales, impuestos directos e impuestos indirectos son, por este orden, los que tienen un mayor efecto negativo sobre el crecimiento. De hecho, el aumento de las cotizaciones para financiar las pensiones ya está condicionando el diseño de futuras reformas tributarias: la fiscalidad del trabajo aumentará en promedio 2,7 puntos en los próximos años debido a los cambios en las cotizaciones. Es de esperar que las cuestiones de eficiencia del sistema fiscal ganen relevancia en el debate público en los próximos años. En este sentido, la Comisión insiste en la necesidad de revisar y simplificar el sistema fiscal para impulsar el crecimiento económico y el empleo.


[1]
Se asume que crecimiento de la productividad
aparente del trabajo se situará a partir de 2035 en 1,1 puntos, la tasa de paro
se situará en 2050 en un valor próximo al 7% y, por último, se asumen tasas de
actividad femeninas superiores a las actuales.

Comparte esta entrada



Leer más
la-reforma-fiscal:-por-donde-empezar

La reforma fiscal: por dónde empezar

Comparte esta entrada



La semana pasada, Funcas organizó el seminario “La reforma fiscal: por dónde empezar”. El video de la jornada se encuentra disponible aquí. En esta entrada se sintetizan las ideas principales.

El punto de partida del debate fue la constatación de que la pandemia y la invasión de Ucrania han condicionado la puesta en marcha de una reforma tributaria en profundidad en el pasado reciente. El estreno de la nueva legislatura y la normalización del entorno en 2024 ofrecerían, de entrada, un marco más propicio, a pesar de que la mayor fragmentación parlamentaria complica la tramitación de leyes que den cobertura a las modificaciones de mayor calado.

En este contexto, el debate se centró en repasar las actuaciones más urgentes y en explorar las posibilidades reales de reforma tributaria, teniendo en cuenta las propuestas del libro blanco para la reforma tributaria publicado en 2022, las tendencias recientes en los Estados miembros de la Unión Europea y el escenario internacional, definido por directivas y acuerdos multilaterales de todo tipo.

En
lo que atañe al diagnóstico, se valora positivamente el contenido y alcance del
libro blanco, si bien se indican dos aspectos clave en los que se podría
complementar. Primero, la realización de cálculos y estimaciones en algunos impuestos.
Segundo, un mayor aprovechamiento del conocimiento práctico de los
profesionales del sector.

En el ámbito del IRPF, algunos cambios parecen especialmente urgentes. Entre ellos, destaca la eliminación del régimen de estimación objetiva; el mantenimiento del esquema de tributación dual, con la inclusión de los rendimientos de capital inmobiliario en la base ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general; la reforma de la actual reducción variable por rendimientos de trabajo; la revisión de los gastos fiscales para ensanchar la base; la simplificación del impuesto; la actualización periódica para corregir los efectos acumulados de la inflación; y la extensión de la obligación de declarar para contar con una radiografía económica de todos los hogares, input fundamental para un despliegue focalizado de actuaciones en el frente redistributivo.

En el ámbito del impuesto sobre sociedades hay que ser conscientes de todos los acuerdos internacionales para evitar el problema de la doble imposición, pero también los avances más recientes todavía en fase de implementación. En general, el acento se pone en la necesaria revisión de los ajustes que se hacen para pasar del resultado contable a la base liquidable. El ensanchamiento de bases permitiría aumentos de recaudación incluso con una reducción de tipos, en línea con las tendencias internacionales.

En
el ámbito de la tributación de la riqueza se impone una simplificación y una
actualización normativa. Hoy contamos con tres figuras que gravan la riqueza
general (impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre
las grandes fortunas), con una normativa muy desfasada en el caso de los dos
primeros, unos tipos impositivos excesivamente altos en perspectiva comparada y
en términos económicos, una elevada elusión fiscal, y problemas de
externalidades fiscales negativas (competencia fiscal nociva) que requieren
atención. El libro blanco discute estas cuestiones en detalle.

Finalmente, la reforma fiscal verde es un frente en el que casi todo está por hacer. A pesar de que los españoles son conscientes de la necesidad de hacer frente al cambio climático y los problemas medioambientales, vamos por detrás de la mayoría en el frente tributario en este ámbito. La convergencia en la tributación del gasóleo y la gasolina a los parámetros comunitarios, así como la implementación de las actuaciones discutidas en el libro blanco exigirían, no obstante, la utilización de mecanismos de compensación para afrontar la regresividad tributaria de las actuaciones. Precisamente, la extensión de la obligación de declarar en el IRPF sería un input valioso para la concreción de esas compensaciones.

Comparte esta entrada



Leer más
se-busca-hoja-de-ruta-desde-la-estabilizacion-economica-al-crecimiento-sostenido

Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

Comparte esta entrada



El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

Comparte esta entrada



Leer más
consolidacion-fiscal:-entre-el-alarmismo-y-la-necesidad

Consolidación fiscal: entre el alarmismo y la necesidad

Comparte esta entrada



En el frente de la política presupuestaria, España ha hecho lo que debía en los últimos tres años. La respuesta inteligente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania era poner dinero encima de la mesa, gastar por encima de los recursos disponibles, proteger los servicios esenciales del Estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, y en contraste con lo que a veces se lee o escucha, España no se ha pasado en la respuesta. Atendiendo a la caída del PIB que sufrimos en 2020, de las mayores del mundo, el incremento del gasto o la deuda están por debajo de lo que podría esperarse observando la respuesta de muchos otros: hemos hecho mucho, pero no demasiado. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo reflejan con claridad.

En tercer lugar, el buen comportamiento de los ingresos fiscales en estos años ha permitido que el déficit fiscal esté siendo sistemáticamente inferior a las previsiones de organismos públicos y analistas privados. Y va a volver a ocurrir en 2023. En síntesis, España y su Gobierno no se han vuelto, de repente, en unos irresponsables fiscalmente.

Pero esa crítica a los alarmistas y exagerados es compatible con reconocer que el punto de partida era malo. En 2019, España padecía un déficit estructural de los más elevados de la Unión Europea; y su ratio de deuda se situaba en el sexto lugar en la clasificación de los Veintisiete. Con esta situación de partida y la tensión a la que hemos sometido las cuentas públicas en el último trienio, la vuelta de las reglas fiscales comunitarias es un desafío particularmente exigente.

Y en este sentido, tres ideas. La primera es que el Gobierno español debe seguir presionando para que las reglas fiscales en proceso de revisión asuman plenamente la necesidad de perseguir objetivos posibles. Los escenarios de consolidación fiscal deben ajustarse a los puntos de partida de cada país en sus parámetros de deuda y déficit. Lo contrario generaría esfuerzos de consolidación excesivos y, seguramente, poco eficaces: si nos pasamos de tuerca y provocamos recesiones, entraríamos en un círculo vicioso.

La segunda es que necesitamos equilibrar nuestras cuentas públicas para ganar margen de actuación ante crisis futuras y desafíos estructurales; así como para no vivir con miedo ante crisis de deuda soberana. La consolidación fiscal no debe verse solo como una obligación impuesta. También es una oportunidad para avanzar como país.

La tercera y última es que, inevitablemente, tenemos frente a nosotros la decisión de cómo combinar incrementos en recaudación impositiva y ajustes en el gasto. Una combinación que debe ser decidida políticamente y para la que la reforma tributaria y la detección y eliminación de gastos superfluos o socialmente poco eficientes son herramientas fundamentales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
guia-para-interpretar-los-cambios-fiscales

Guía para interpretar los cambios fiscales

Comparte esta entrada



Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
nuevos-impuestos

Nuevos impuestos

Comparte esta entrada



Comencemos por dos aclaraciones. La primera es que los impuestos anunciados la semana pasada no forman parte de la reforma fiscal pendiente que debería resolver múltiples problemas y afrontar nuevos retos. Su lógica y justificación es diferente. La segunda es que, por muy buena voluntad que se tenga, ningún Gobierno es capaz de garantizar que el coste de los impuestos no se vaya a trasladar vía precios a otros agentes económicos; en particular a los clientes de empresas energéticas y bancos. Porque una cosa es la incidencia legal de un tributo, que sí controla el gobierno a través de la normativa fiscal, y otra la incidencia efectiva.

Dependiendo de las condiciones de los mercados, las empresas pueden acabar trasladando una parte no menor del coste a sus clientes, proveedores o incluso trabajadores. Es una realidad que las empresas energéticas están siendo favorecidas por la coyuntura actual. En el caso de las eléctricas, por un sistema marginalista no pensado para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Los beneficios caídos del cielo están siendo enormes. La llamada “excepción ibérica” ha sido una solución buena, pero parcial. Aun con ella, los precios a los que se está cobrando la luz excede con mucho lo razonable, dado el peso menor del gas en las fuentes generadoras de electricidad en España. En el caso de los carburantes, el mecanismo es diferente. Pero existe evidencia empírica de esos beneficios extraordinarios. Por tanto, un impuesto transitorio sobre las energéticas es un complemento justificable a los cambios en el sistema marginalista, y va a permitir que una parte de esos sobreprecios a los consumidores pasen a financiar actuaciones compensatorias. Es muy probable que este tipo de tributos extraordinarios vayan a ser la norma en Europa.

En contraste, tengo serias dudas sobre la oportunidad del impuesto a la banca. El argumento de que las entidades financieras se van a beneficiar de la subida de tipos que se avecina no tiene nada que ver con la idea de los beneficios caídos del cielo. Como es bien sabido, el sistema financiero español ha pasado años difíciles en un contexto de tipos de interés negativos, nunca visto antes. Los ajustes en plantilla y las cotizaciones bursátiles dan fe de ello. Y no hay que olvidar que una subida de tipos no es sinónimo de mayores beneficios en un contexto de crisis económica con previsibles aumentos en la morosidad. Tampoco es totalmente sólido el argumento de que el impuesto es una compensación por el rescate a la banca que financiaron todos los españoles. Porque una parte sustancial de los bancos que soportarán el gravamen no recibieron esas ayudas. Me cuesta creer que este vaya a ser un camino que se transite de manera generalizada en los países de la UE.

Quizá tendría sentido volver al libro blanco de la reforma tributaria y encontrar otras posibilidades para obtener más ingresos, al tiempo que se mejora el sistema.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies