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La escalada imparable de la deuda global

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Los conflictos comerciales y geopolíticos dividen a las grandes potencias. La política fiscal las asemeja: Europa, EE UU y China se disponen simultáneamente a emitir un volumen ingente de deuda pública. El programa de rearme anunciado por la Comisión Europea con el visto bueno del eje francoalemán asciende a 800.000 millones de euros, a los que habría que añadir medio billón del fondo de inversiones en infraestructuras y descarbonización de Alemania. Por su parte, el presidente Trump ha prometido renovar los recortes de impuestos de su primer mandato, prefigurando una pérdida de ingresos de 4,5 billones de dólares durante un periodo de diez años. El agujero presupuestario sería descomunal si Washington persistiera en la política arancelaria y sus efectos depresivos en la economía y en la hacienda pública. Al mismo tiempo, China pone en marcha nuevos estímulos para intentar superar el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario. 

La OCDE estima que este año las necesidades de endeudamiento superarán los 17 billones de dólares, es decir aproximadamente la cuarta parte del PIB del conjunto de las economías avanzadas. Esto es un 21% más que hace dos años, tensionando las condiciones de financiación de los Estados. Los ahorradores exigen una remuneración más elevada para sus compras de deuda pública. El rendimiento del bono español se ha incrementado en medio punto en los últimos tres meses, más o menos lo mismo que el alemán, contrastando con la relajación monetaria del BCE. El impacto de la política económica de la administración Trump en los tipos de interés es más complejo, ya que muchos inversores venden acciones por temor a la recesión y se refugian en la deuda pública, de ahí que los tipos de interés hayan tenido un comportamiento más volátil que en Europa.  


Ante el subidón de los costes financieros, cabe preguntarse si la deuda es sostenible. No lo es según los criterios de la normativa europea, que exige una ratio de deuda sobre PIB decreciente hasta alcanzar el 60%. Pero estos objetivos pierden peso en el recetario europeo: implícitamente Bruselas reconoce que las reglas fiscales, incluso en su versión reformulada y flexibilizada, no son aplicables en un contexto de rearme acelerado.

Lo relevante es la respuesta de las economías a los estímulos fiscales. Habida cuenta del nivel de partida de los desequilibrios y de los tipos de interés, un crecimiento económico en el entorno del 1% como se vaticina para la economía europea para este año (esto en el mejor de los casos) redunda automáticamente en una escalada de la deuda pública en relación al PIB. En este escenario, los mercados se tensionarían, generando una espiral de deuda y costes financieros, incluso si el BCE recortara sus tipos de interés como sería deseable.    

Por fortuna, la coyuntura española es netamente más favorable. No obstante, la estabilización de la ratio de deuda sobre PIB depende del mantenimiento de un ritmo de crecimiento en el entorno del 2% (o de un hipotético ajuste presupuestario, que habría que compatibilizar con la subida del gasto en defensa). El cumplimiento de este criterio de sostenibilidad está garantizado para este año gracias al tirón del consumo interno. El empleo sigue creciendo, en parte por la inmigración, al tiempo que muchos hogares sostienen su gasto recurriendo al colchón de ahorro. Todo ello compensando la pérdida de fuelle cada vez más patente de las exportaciones y la incertidumbre generada por la amenaza proteccionista. 

A medio plazo, sin embargo, la sostenibilidad fiscal dependerá de los factores subyacentes que son la productividad y la capacidad del tejido productivo de aprovechar los estímulos fiscales, todo un desafío en un entorno de costes financieros relativamente elevados. En suma, no relajemos los esfuerzos de inversión y de reformas, porque solo cuidando la mantequilla y las personas que la producen será posible comprar cañones.            

DEUDA | Desde la pandemia, la Unión Europea ha incrementado fuertemente sus emisiones de deuda mancomunada. A día de hoy, el saldo vivo de bonos y letras emitidos por la Comisión ronda los 650.000 millones de euros, trece veces más que hace un lustro. En lo que va de año, el monto de nuevas emisiones asciende a 62.000 millones, y los planes anunciados por Bruselas prefiguran un importante aumento de las necesidades de financiación. La prima de riesgo sobre la deuda mancomunada, o diferencial con la referencia alemana, se sitúa en niveles próximos a la que soporta España.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto económico del rearme europeo

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El viento de oscurantismo que sopla desde el Atlántico está generando la reacción que muchos europeos anhelaban, con consecuencias relevantes para la economía española. Los planes de inversión y de rearme anunciados en los últimos días totalizan 1,3 billones de euros, o el 7,2% del PIB comunitario: un bazuca tres veces más potente del que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado).    


Ni los informes de Draghi y Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar la sensación de inercia agudizada por la creciente divergencia entre socios comunitarios. 

Son, sin embargo, las amenazas geopolíticas las que han producido el cambio de paradigma: Alemania se dispone a renunciar al sacro santo límite de endeudamiento que encorseta su economía, al tiempo que pone en pie un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio y se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en este caso para incrementar el gasto en defensa—, alineándose con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a acometer en cuatro años, en buena parte por los Estados miembros. El Gobierno español promete llegar al 2% del PIB, lo que supone incrementar el gasto un 53%.   

En teoría el plan supone un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta el 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el nuevo canciller de Alemania está a la altura de las expectativas, pudiendo además revertir en el resto de economías europeas. España estando bien posicionada en ese sector.  

En cuanto a la defensa, sin embargo, mucho depende de la capacidad de absorción de los recursos por el tejido productivo, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importadas, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias (antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%, evidenciando el carácter estructural del déficit en defensa). Un incremento abrupto del gasto agravaría el grado de dependencia de la defensa europea, redundando también en un débil multiplicador para las empresas ubicadas en el viejo continente. 

En el caso de España el efecto multiplicador podría ser incluso menor, por el tamaño del sector de la defensa en nuestro país, y pese a disponer de capacidades relevantes en algunos nichos como la tecnología de los satélites y los radares. Una limitación generalizada atañe a la atomización de la producción, como es el caso de los carros de combate, encareciendo los costes de producción. Por otra parte, en materia de armamento no está claro que el sector privado pueda complementar la inversión pública, al tratarse principalmente de bienes de consumo colectivo. Finalmente, Europa carece de instrumentos de coordinación a la altura de los desafíos, lo que contribuye también al riesgo de dilución de los esfuerzos.  

La financiación del plan de rearme es otro condicionante. Bruselas considera que este gasto no debería computar a efectos de las reglas fiscales, de modo que los Estados que cumplen el objetivo en defensa no se expongan a reprimendas. Los mercados lo ven a de otra manera y ya exigen un tipo de interés más elevado para sus compras de bonos, ante la previsible acumulación de deuda pública que será necesaria para financiar el rearme. La alternativa sería subir impuestos o recortar el gasto civil, lo que se encontraría con fuertes resistencias por parte de la ciudadanía. 

Bruselas está procediendo al giro copernicano que se hubiera esperado durante la crisis financiera. Al tratarse de la defensa, es importante que la nueva estrategia proceda con gradualidad para que redunde simultáneamente en un menor grado de dependencia del exterior y más bienestar económico. 

GASTO |  Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un esfuerzo en defensa, con un gasto que en el caso de España culminó en el 3% del PIB en la década de los ochenta, un valor próximo a la media europea (según datos del Stockholm International Peace Research Institute). Tras la caída del muro de Berlín, Europa cosechó los dividendos de la paz, de modo que el gasto descendió hasta un mínimo cercano al 1% a mediados del decenio pasado. Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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