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Algunas claves del Informe Pisa 2022 sobre competencias financieras: deberes pendientes

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La desigualdad tiene en el dinero un importante referente y la educación financiera es un baluarte para tratar de reducirla. Recientemente se ha publicado el Informe Pisa 2022 de la OCDE con título en forma de pregunta: How financially Smart are students? (¿Cómo son de inteligentes financieramente los estudiantes?). Permite conocer las capacidades, mejoras producidas y tareas pendientes en materia de educación y cultura financiera para los estudiantes de un número significativo de países. También comparar la situación de cada país a escala internacional en este contexto. Es de gran importancia para el bienestar de estos jóvenes, que en el futuro tendrán que tomar decisiones económicas que deberían ser sólidas e informadas. Como referencia de la muestra, la mayor parte del alumnado participante en la evaluación se encontraba cursando 4º de ESO o equivalente.

La puntuación media de los estudiantes españoles (486 puntos) queda por debajo del promedio de la OCDE (498 puntos). Alrededor del 17 por cien de los estudiantes españoles no alcanza el nivel básico de rendimiento (Nivel 2, según el informe) en competencia financiera, un porcentaje similar al 18% de media de la OCDE. España se encuentra en un nivel intermedio entre los países evaluados. Por detrás de países como Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, pero con datos equiparables a los de Portugal o Italia. Sin embargo, el 25% de los estudiantes españoles se encuentra en los niveles más altos de rendimiento en competencia financiera. Es decir, los estudiantes españoles con elevadas competencias destacan significativamente en la muestra.

Un primer apunte de dos brechas de relevancia. La de los resultados entre estudiantes desfavorecidos y favorecidos en España es menos acentuada que en otros países de la OCDE. Tampoco se observan diferencias significativas en el rendimiento en términos de género en nuestro país, lo que sugiere que, en principio, la equidad entre diferentes sexos en la adquisición de competencias financieras. Es destacable que el 94% de los estudiantes españoles afirmó haber ahorrado dinero al menos una vez al año en los doce meses anteriores al estudio, un porcentaje similar al 93% de media de la OCDE. Por su lado, el 85% de los alumnos de nuestro país realizó alguna compra online en los 12 meses anteriores a la evaluación (similar a la media de la OCDE, del 86%). El 47% de los estudiantes en la muestra declara tener una cuenta en una entidad bancaria, frente al 63% en que se sitúa el promedio de la OCDE. En España solamente el 24% tiene una tarjeta de pago o de débito, frente al promedio de la OCDE, que es del 62%.

Un análisis crítico y más detallado del informe permite identificar las implicaciones y áreas de mejora necesarias en el contexto educativo español. España se sitúa ligeramente por debajo del promedio en términos de alfabetización financiera, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún existen brechas significativas que deben abordarse. El rendimiento promedio de los estudiantes españoles en comparación con otros países europeos avanzados sugiere que hay margen para mejorar las estrategias educativas y los recursos dedicados a este ámbito.

Asimismo, el informe destaca una fuerte correlación generalizada entre el rendimiento financiero y el estatus socioeconómico de los estudiantes en toda la muestra internacional. En España, esta disparidad es notable, con estudiantes de entornos más favorecidos superando significativamente a aquellos de entornos menos privilegiados. Esta brecha sugiere que las políticas educativas deben reforzar la inclusión y el apoyo a los estudiantes desfavorecidos, proporcionando recursos adicionales y programas específicos para equilibrar las oportunidades de aprendizaje.

A diferencia de algunos países, como ya se ha indicado, en España no se observa una diferencia significativa en el rendimiento entre chicos y chicas. Sin embargo, es crucial seguir monitorizando esta tendencia para asegurar que ambos géneros reciban las mismas oportunidades y apoyo en el aprendizaje financiero. Asimismo, fomentar la inclusión y participación de las chicas en áreas tradicionalmente dominadas por chicos, como las matemáticas y las ciencias, podría tener un impacto positivo en su alfabetización financiera.

También destaca la importancia del entorno familiar en la educación financiera de los jóvenes. En España, los estudiantes que discuten regularmente temas financieros con sus padres tienden a tener un mejor rendimiento en esta área. Este hallazgo resalta la necesidad de programas que involucren a las familias en el proceso educativo, promoviendo una cultura de educación financiera desde el hogar.

Por su parte, la exposición a la educación financiera en las escuelas varía considerablemente entre regiones de España. La efectividad y la calidad de los programas educativos parecen ser dispares. Puede deberse a la falta de un currículo estandarizado y a la capacitación insuficiente de los docentes. Es crucial que el Ministerio de Educación implemente un enfoque coherente y bien estructurado que asegure que todos los estudiantes reciban una educación financiera adecuada y de alta calidad.

Por último, algún deber adicional: Aunque muchos estudiantes españoles tienen conocimientos básicos sobre economía, carecen de habilidades prácticas y actitudes necesarias para tomar decisiones financieras informadas. Por ejemplo, una proporción significativa de estudiantes no compara precios antes de realizar compras o no ahorra de manera regular. Este comportamiento sugiere que los programas educativos deben enfocarse más en la aplicación práctica de los conocimientos financieros y en el desarrollo de actitudes financieras saludables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El poder de la maternidad y la caída de la natalidad

¿Acaso existe mayor poder individual legítimo que el de decidir si traer un hijo al mundo o no y, en caso afirmativo, cuándo hacerlo? Desde hace solo algunos decenios, millones de mujeres pueden ejercer ese poder en las sociedades económicamente más avanzadas. En qué grado comparten ese poder con sus parejas, cuando las tienen, no es fácil de averiguar, pero cabe suponer que, en tanto gestanturi, su criterio es decisivo. De ahí que las claves de la natalidad haya que buscarlas fundamentalmente en la maternidad.

El ejercicio del poder de la maternidad lo han posibilitado el acceso masivo y concurrente de las mujeres a los anticonceptivos y al trabajo retribuido. Aun cuando no está libre de costes para ellas, los anticonceptivos les han procurado más libertad sexual y, en combinación con el trabajo retribuido, un instrumento esencial para planificar y configurar autónomamente sus propias biografías. Allí donde este doble acceso se ha generalizado, la concepción ha dejado de ser un destino para convertirse en una elección. No un sujeto social en busca del empoderamiento de género o de cualquier otro objetivo colectivo, sino incontables mujeres tomando decisiones individuales en función de sus preferencias y circunstancias han impulsado la transición de la maternidad desde el Sistema 1 (el que piensa “rápido” y genera comportamientos automáticos) al Sistema 2 (el que piensa “despacio” y racionaliza las acciones), por utilizar la célebre distinción del psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman. Esta transición puede tardar años en cumplirse, pero cuando el Sistema 2 se apodera de las riendas de la maternidad, y los cambios de comportamiento de las mujeres van arraigando culturalmente, caen la fecundidad y, antes o después, los nacimientos.

Es verdad que, en la España contemporánea, el primer descenso intenso de la fecundidad, protagonizado por las mujeres nacidas a principios del siglo XX, obedeció al control creciente de la mortalidad. Las hijas de aquellas mujeres que redujeron el número de embarazos porque ya no se les morían tantos bebés, dispararon la fecundidad (que alcanzó su valor más alto en 1964, con 2,96 hijos por mujer en edad fértil), dando a luz a los más de 13 millones de baby boomers nacidos en los últimos 20 años de la dictadura franquista. Sin embargo, sus nietas, ya con acceso pleno a anticonceptivos (despenalizados en 1978), y cada vez con más medios económicos propios como resultado de su progresiva incorporación al mercado de trabajo, apostaron por afianzar su carrera profesional antes de emprender la familiar. El consiguiente retraso de la primera maternidad acabó resultando en un descenso de la fecundidad. En 1986, el indicador coyuntural de fecundidad cayó por debajo de 1,5, un umbral que desde entonces no ha superado. En 2021 España ostentaba, por quinto año consecutivo, un indicador inferior a 1,2 (el más bajo de la Unión Europea, salvo Malta). Demográficamente, España destaca en el mundo por su elevada esperanza de vida, pero también por conjugar uno de los indicadores de fecundidad más bajos con una edad media de las mujeres al nacimiento del primer hijo de las más altas (31,6 años).

Nada indica que los deseos de maternidad sean en España más débiles que en otros países. Más bien parece que las mujeres (y sus parejas) en las edades en las que esos deseos se plasman en propósitos, decisiones y acciones, consideran que no cuentan con cantidades suficientes de los tres recursos necesarios para la crianza: dinero, tiempo y esfuerzo. Cuando los progenitores son dos, la proporción de esos recursos que cada uno aporta es menor que cuando solo es uno, pero, aun así, la inversión resulta muy costosa y, por lo general, más onerosa para las madres que para los padres. Pero lo que eleva sobremanera el coste de esa inversión es un mercado de trabajo —basado en un tejido empresarial con un gran número de empresas de pequeño tamaño y reducida productividad— que no facilita la consolidación de puestos cuyas condiciones de retribución y duración de jornada permitan crear una familia sin tormentos diarios. Y es que las mejores oportunidades de empleo suelen encontrarse en grandes ciudades, donde los precios de compra y alquiler de vivienda son muy elevados en proporción a los salarios, y las distancias entre el lugar de residencia y el de trabajo amplían el tiempo fuera del hogar.

Estos problemas socioeconómicos e
institucionales se arrastran desde hace años de un gobierno al siguiente. Sin
duda, como empleador, el Estado ofrece mejores condiciones de conciliación de trabajo
y familia (sobre todo, por lo que se refiere a la duración de las jornadas y la
disposición de tiempo para asuntos sobrevenidos) y, además, relaja el vínculo
entre rendimiento y retribuciones. Pero si bien presta a todas las familias con
hijos pequeños buenos servicios sanitarios, proporciona unos servicios
educativos de calidad mediana y exiguas ayudas específicas para la crianza. Durante
el quinquenio previo a la pandemia, el gasto en la función “familia/niños” se
mantuvo en España en torno a 1,3% del PIB, casi un punto por debajo de la media
de la zona euro. En el primer año de pandemia, especialmente difícil para las
familias con hijos pequeños, el gasto por habitante en esta partida ascendió a 372
€, algo por encima del registrado en Grecia, Portugal e Italia, pero muy por
debajo del que dedicaron Francia (848 €), Suecia (1.346 €), Alemania (1.517 €)
o Dinamarca (1.824 €). Todos estos países cuentan con
programas que combinan medidas tales como prestaciones económicas por hijos a
cargo, gratuidad de escuelas infantiles, rebajas fiscales en función del número
de hijos dependientes o ayudas para cubrir los costes privados de cuidadores
domésticos.

Por tanto, en España persisten restricciones sustanciales al ejercicio del poder de la maternidad. Ante ellas, muchas mujeres —en particular, las que han dedicado más años de su vida a formarse— siguen retrasando el primer hijo. La Encuesta de Fecundidad de 2018 cifró el porcentaje de mujeres de 30 a 34 años sin hijos en 52%. De ellas, seis de cada diez afirmaron su propósito de tenerlos en los próximos tres años; una parte lo habrá conseguido, pero otra seguirá demorando el momento del embarazo, confiando en que, cuando se decida, la gestación prospere naturalmente o con la ayuda de la reproducción asistida. Lástima que no dispongamos de datos longitudinales para conocer cuántos de estos deseos reproductivos llegan a buen puerto. Aun careciendo de esa información, sabemos que muchas de esas mujeres no llegarán a ser madres. El porcentaje de las que cumplen los 50 años sin descendencia ha crecido en los últimos 20 años y se estima que entre un 25 y un 30% de las que nacieron en la segunda mitad de los años setenta se quedarán sin hijos, convirtiéndose en las generaciones más infecundas de todas las nacidas desde finales del siglo XIX.

La infecundidad generacional puede resultar de las decisiones voluntarias de mujeres que durante su periodo fértil renuncian a tener hijos, pero todo indica que responde en mayor medida al desistimiento de la maternidad por las múltiples restricciones que impone el entorno laboral, económico e institucional. Hay quien, dando la espalda a esta evidencia o minimizando su importancia, piensa que la caída de la natalidad no constituye un problema social, toda vez que la inmigración puede suplir a los niños que no nacen. Al margen de la profunda frustración que, individual y colectivamente, puede provocar la imposibilidad de satisfacer los deseos reproductivos, conviene recordar que la inmigración como estrategia demográfica precisa de planificación, acuerdos estables y políticas públicas bien diseñadas que hay que ir probando y ajustando, dando tiempo a que rindan los resultados previstos. Mientras seguimos a la espera de todo ello, las cifras anuales de fecundidad y nacimientos retratan a una población que ha perdido ilusión, empuje y confianza en su capacidad de afrontar las incertidumbres que el porvenir siempre entraña.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Mundo

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El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

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Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).


El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.


Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).


En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).


Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

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Aumentar la actividad y reducir el paro, objetivos para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad

La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020)[1] muestra, como ya hicieron las dos anteriores (1999 y 2008), una integración muy pobre de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si centramos la atención en las personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), su número —estimado en 1,58 millones— representa un 37% de todas las personas con discapacidad (4,32 millones). Es una cifra más alta que la que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2008 (1,47 millones)[2]. Ahora bien, las tasas de prevalencia de personas con discapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantienen en un nivel parecido, en torno al 5% (5,2 % en 2020, 4,9% en 2008, y 5,1% en 1999). Por tanto, aunque la cantidad de personas con discapacidad en esa franja etaria ha aumentado, también lo ha hecho la población en edad laboral. 

Como cabría esperar, las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral (Gráfico 1). Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. Llama asimismo la atención que, aunque en la juventud la prevalencia de discapacidad de las mujeres es proporcionalmente menor que la de los hombres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con discapacidad supera al de los hombres, sobre todo, a partir de los 65 años.


De los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral, en 2020-2021 estaban trabajando 370 mil (192 mil mujeres y 178 mil hombres), mientras que 160,4 mil buscaban empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad[3] asciende a 33,5%, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población (una distancia que entre los hombres todavía se agranda). Una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde, sin duda, a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren. Al fin y al cabo, la mayoría de quienes están en edad laboral y no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propia discapacidad (así lo hacen el 53,1% de las mujeres y el 75,2% de hombres). Pero es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez.

Aun cuando en términos absolutos las mujeres con discapacidad tienen más presencia en el mercado de trabajo que los hombres, no solo sus respectivas tasas de actividad, sino también de empleo y paro son muy similares (Gráfico 2). Que la tasa de empleo de las personas con discapacidad[4]  (23,4%) represente aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%) puede responder a las restricciones que impone la propia discapacidad. En este sentido, entre las personas con discapacidad que, teniendo experiencia laboral, han dejado de trabajar, el 43% declara haberlo hecho por la aparición o el agravamiento de su discapacidad, sin apenas diferencia alguna entre mujeres y hombres (Gráfico 3). Ahora bien, la reducida tasa de empleo también puede deberse a las reservas de las empresas a contratar a estas personas, dadas las dificultades de los empleadores para conocer la capacidad de estos demandantes de empleo para desempeñar su trabajo; es decir, para anticipar en qué medida su discapacidad afecta a su productividad. Disminuir el impacto de este problema de información de las empresas podría mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A esa mejora también podría contribuir el aumento de los niveles educativos de estas personas; de hecho, las personas con discapacidad que no trabajan, pero están buscando empleo, presentan un nivel educativo más bajo que las que están trabajando, aunque claramente más alto que el de las que no trabajan ni buscan trabajo (Gráfico 4). 


Visto desde otro ángulo, es preocupante que la tasa de paro de las personas con discapacidad[5] (30,2%) doble a la de la población total (15,6%) ¿Cómo están buscando empleo esos 160,4 mil hombres y mujeres con discapacidad que quieren trabajar y no encuentran dónde? El 60,8% de ellas y el 67,5 % de ellos utilizan a amigos o conocidos como principal método de búsqueda de empleo, proporciones considerablemente más elevadas que las de aquellos que afirman recurrir a los servicios públicos de empleo (SEPE). La preferencia por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, habida cuenta de que resulta más prometedora: el 38,2 % de las mujeres y el 38,9% de los hombres con discapacidad que trabajan, afirman haber encontrado su empleo a través de contactos con familiares y amigos, mientras que solo el 4,6% de ellos y el 4,4% de ellas lo encontraron mediante el SEPE (Gráfico 5).


Los resultados de la EDAD-2020 ponen de relieve la importancia de la red familiar y de amigos en la búsqueda de empleo. Cabe pensar que las personas con discapacidad que no trabajan deseando hacerlo cuentan con redes familiares y de amigos más débiles, por lo que, además de carecer de empleo, una vía fundamental de integración social, probablemente padezcan en mayor medida soledad. De ahí que este colectivo merezca una atención especial de los servicios públicos de empleo y, también, el despliegue de medidas de integración laboral de las que se puedan beneficiar. Téngase en cuenta que según la EDAD-2020, solo el 18,4% de las personas con discapacidad —es decir, unas 70.100— afirman haberse beneficiado de estas medidas (Cuadro 1). 


En resumen, queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que intentar que el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo –un colectivo cuya magnitud hoy día desconocemos, pero que cabe suponer significativo– sea lo más pequeño posible; es decir, que las personas con discapacidad inactivas se circunscriban a aquellas que no pueden o no quieren ocupar un puesto de trabajo. En segundo lugar, es deseable que el paro entre la población con discapacidad se sitúe en tasas cuando menos equiparables a las de la población total. 

Estos son actualmente los grandes problemas de la población con discapacidad en edad laboral. No lo es, en cambio –y esto es una buena noticia– la discriminación en el puesto de trabajo: casi nueve de cada diez personas con discapacidad ocupadas (88%) no han experimentado sentimientos de discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Y quienes afirman sufrirla “muchas veces” o “constantemente” representan un 1,2% (Gráfico 6). En definitiva, a la luz de los datos de la EDAD-2020, se puede decir que la sociedad española trata adecuadamente a las personas con discapacidad que han conseguido una ocupación, pero probablemente desconoce y desatiende a quienes, deseándola, no la alcanzan.   


Este análisis representa un primer resultado del proyecto de investigación financiado por Funcas “Envejecimiento, discapacidad y participación laboral”.

[1] Los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto de 2020 y octubre de 2021, han sido publicados en abril de 2022. La muestra se compone de aproximadamente 67.500 viviendas.

[2] Que, a su vez, era mayor que la que arrojó la Encuesta en 1999 (1,34 millones). Estimaciones a partir de las correspondientes encuestas de discapacidad, también realizadas en su momento por el INE aplicando las mismas definiciones internacionales estandarizadas. Véase Malo, M.Á., Dávila, C.D., y Pagán, R. (2009). “Hacia la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad”, en J.M. Zufiaur (coord.), Los retos de la igualdad en el trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, 325-350.

[3] Cociente de la suma de las que están ocupadas y las que, no estándolo, buscan empleo, entre el total de personas con discapacidad de 16 a 64 años.

[4] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral ocupadas y la población total en edad laboral.

[5] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral desempleadas y el de personas con discapacidad en edad laboral activas.

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hacia-hogares-mas-reducidos…-¿y-familias-mas-individualizadas?

Hacia hogares más reducidos… ¿y familias más individualizadas?

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Desde 1994, cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, tal como acordó la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) un año antes. La celebración de este día ofrece la oportunidad de cobrar conciencia sobre una institución que la propia ONU define como “la unidad básica de la vida social”, pero que tendemos a dar por supuesta, como si su existencia y capacidad funcional estuvieran aseguradas en todas las sociedades en el pasado, en el presente y en el porvenir. 

Esta confianza generalizada en la solidez institucional de la familia no debería llevar a pasar por alto o infravalorar los cambios que se suceden en ella. Una instancia en la que se pueden observar algunos de los cambios más fundamentales que experimentan las familias es el hogar. En la medida en que las familias se distribuyen y organizan en hogares, conocer la composición de estos últimos permite aproximarse a las estructuras del sistema familiar de un territorio determinado. 

A propósito de la publicación de las estadísticas europeas sobre composición de los hogares (basadas en las Encuestas de Población Activa que se llevan a cabo en todos los Estados miembros), Eurostat ha destacado el aumento en la Unión Europea, durante la última década, de los hogares sin niños/jóvenes (económicamente dependientes), y en particular, de los hogares unipersonales. Como se aprecia en los Gráficos 1 y 2, España se encuentra en ese grupo mayoritario de países en los cuales se han verificado estos aumentos. 

En concreto, los hogares sin niños/jóvenes[1] han aumentado del 69,9% (2012) al 72,4% (2021), un 8,1% más (sobre el total de hogares), de manera que actualmente en más de siete de cada diez hogares de España no hay niños/jóvenes. Incluso en aquellos países donde este tipo de hogar está menos extendido (por ejemplo, Irlanda y Eslovaquia), la proporción de hogares sin niños/jóvenes supera los dos tercios (Gráfico 1). 


En cuanto a los hogares unipersonales, su crecimiento en España ha sido más acusado, pasando de 23,6% a 26,6% ( 18%, también sobre el total de hogares) entre 2012 y 2021. Por tanto, en 2021, de todos los hogares contabilizados en España (aproximadamente 18,9 millones), algo más de uno de cada cuatro eran unipersonales; una proporción significativa, que, no obstante, en comparación con las que registran los países nórdicos y bálticos –y también los Países Bajos (43,4%), Alemania (41,4%) o Francia (40,9%)– parece moderada (Gráfico 2). 


En definitiva, los hogares que en los últimos años más han aumentado en toda Europa son aquellos que no encajan en la idea que históricamente evoca el concepto de familia: la formada por padres y madres de hijos con edades comprendidas en la infancia, adolescencia o primera juventud que conviven bajo un mismo techo. España no es una excepción: los unipersonales constituyen ya la categoría más extendida en el conjunto de hogares (Gráfico 3). De hecho, la proporción de hogares unipersonales (26,6%) queda solo ligeramente por debajo de la proporción resultante de la suma de todos los tipos de hogar en los que viven niños/jóvenes (27,5%).


Centrando ahora la atención en los hogares en los que viven niños/jóvenes (dependientes), en toda la Unión Europea la mayoría de ellos responde al modelo de familia nuclear (una pareja con hijos), pero una parte no desdeñable está formada por hogares con un solo adulto o con varios adultos que no constituyen una única pareja. En España, si bien los hogares en los que conviven un solo adulto y uno o varios niños/jóvenes representan una proporción pequeña de todos los hogares (2,5%), la importancia que este tipo de hogares ha adquirido en la demografía familiar salta a la vista cuando, tomando como unidad de análisis a los hijos/hijas, se calcula la parte de ellos que no conviven con alguno de sus progenitores. 

El Gráfico 4 representa los porcentajes de niños de 0 a 16 años residentes en hogares familiares de España que se encuentran en esa situación, calculados a partir de las Encuestas de Población Activa de los cuatro trimestres de 2021. La proporción asciende al 18% de todos los niños de esas edades. Es decir, en España casi uno de cada cinco niños no convive regularmente con alguno de sus progenitores. Las diferencias por comunidades autónomas son ostensibles, con Canarias  a la cabeza (26%), y Extremadura en la cola (14%). También se aprecian diferencias significativas entre las comunidades cuando se tiene en cuenta la edad de los hijos, con algunas particularidades llamativas (por ejemplo, el elevado porcentaje de bebés que en Canarias y en la Comunidad de Andalucía no conviven de forma continuada con alguno de progenitores) (Gráfico 5). 


Preguntas necesarias

Así pues, en España, como en la mayoría de los países europeos, los hogares sin hijos en la infancia, adolescencia o juventud ganan presencia, al tiempo que los hogares en los que sí están presentes diversifican su composición. Ciertamente, la mayoría de los hijos conviven con ambos progenitores, pero hay muchos que lo hacen solo con uno de ellos. 

¿En qué medida afectan fenómenos como los aquí esbozados a la solidez institucional de las familias y su capacidad de mantener la condición de “unidad básica de la vida social”? ¿Debería preocuparnos como sociedad que los hogares unipersonales sean casi tantos como los hogares en los que viven niños y jóvenes (con uno o varios adultos)? ¿Deberíamos aceptar estas y otras evidencias indicativas del profundo cambio familiar que se ha producido en España (y en otros países de nuestro entorno) como un reflejo de la ineludible realidad, como un progreso hacia una mayor independencia y libertad individuales o como un síndrome perturbador de nuestro tejido social? Por difícil que resulte abordarlas, estas son preguntas que invitan a reflexionar en el Día Internacional de la Familia y que, en una sociedad que aspire a diseñar y desarrollar un proyecto de futuro orientado al bienestar de toda la población, es necesario plantear en el debate público. 


[1] La categoría incluye a todas las personas de 0-17 años y a las de 18-24 años económicamente dependientes.

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la-familia,-bien,-gracias…-¿seguro?

La familia, bien, gracias… ¿seguro?

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Los españoles valoramos mucho la
familia. Nos gusta compartir tiempo con ella, y cuando precisamos ayuda, confiamos
en la familia y los familiares por encima de cualquier institución o grupo de
personas. Así lo manifestamos reiteradamente en las encuestas de opinión, y la
pandemia ha brindado una nueva oportunidad para comprobar la fuerza de estos
afectos y esta confianza.

Ahora bien, mientras celebramos
nuestro amor por la familia, asistimos al deterioro de comportamientos sociales
clave para su mantenimiento. Fijemos aquí la atención en dos de ellos: la
convivencia en pareja y la fecundidad.  

En los albores de este siglo, en torno al 40-42% de las mujeres de 20 a 34 convivían en pareja (estando casadas o no). Esta proporción se mantuvo bastante estable hasta el final de la crisis económica (2013-2014), cuando comenzó a descender. En 2019, las mujeres de 20 a 34 que vivían con su pareja representaban el 36% de todas las que integraban ese grupo de edad; en el año de la pandemia, el porcentaje cayó dos puntos más. Actualmente, por tanto, solo alrededor de una de cada tres mujeres de 20 a 34 años conviven con su pareja (más o menos, la mitad de las que lo hacían en 1976). La pandemia ha intensificado la caída de la convivencia en pareja que ya se venía evidenciando durante el quinquenio de recuperación económica previo a la crisis del coronavirus.

Gráfico 1

Fuente: INE. Elaboración de Luis Garrido Medina.

Mayor todavía ha sido el golpe que ha provocado la pandemia a la natalidad. Los datos disponibles sobre el número de nacimientos en 2020 y los primeros meses de 2021 indican que, durante este periodo, se han alcanzado los niveles más bajos desde que existen datos de registro. En 2020 nacieron 339.000 bebés, 21.000 menos que en 2019. El indicador coyuntural de fecundidad (número de hijos por mujer) de las españolas cayó en 2020 hasta 1,12, y el de las extranjeras, hasta 1,45. Pero la intensa caída de estas variables debe observarse en el contexto de la tendencia descendente de la fecundidad y los nacimientos que viene verificándose desde 2008; un descenso que la recuperación económica a partir de 2014 no detuvo (téngase en cuenta que en 2008 nacieron 520.000 bebés, y durante los años del baby boom [1958-1977], más de 650.000 anualmente).

Gráfico 2

* Con el término “españoles/españolas” nos referimos a quienes ostentan la nacionalidad española y han nacido en España. ** A partir de 2001 los años aparecen desplazados un trimestre, comprendiendo así desde el segundo trimestre del año en cuestión,
hasta el primero del año siguiente. En cualquier caso, en el gráfico aparecen en la posición del eje temporal que les corresponde.Fuente: INE. Elaboración de Luis Garrido Medina

Seamos, pues, conscientes de esta incongruencia: mientras atribuimos importancia fundamental a la familia en nuestras vidas, asistimos a su debilitamiento estructural. Reforzadas por la pandemia, las tendencias descendentes de la convivencia en pareja, la fecundidad y los nacimientos confirman esta evolución a la que –en general, como sociedad– prestamos escasa atención. Celebrar el sentido y el valor de una institución de cuyo futuro aparentemente no nos preocupamos no parece lo más sensato.


* Los datos y argumentos expuestos en este artículo proceden de: Garrido, L. y Chuliá, E. (2021). La pandemia y las familias: refuerzo del familismo y declive de la institución familiar.

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Todos los ciudadanos españoles empezamos estos
días el reto, individual y colectivo, de confinarnos en nuestras casas
restringiendo al máximo las salidas al exterior. Para cada uno de nosotros esta
situación implica un desafío relacional particular, puesto que mientras que
para unos supone lidiar con la soledad, para otros pasa por afrontar las
dificultades de la convivencia en condiciones muy exigentes. Además, a este cambio
se le suma la necesidad de reajustar la relación con el trabajo, incluso su
pérdida, y la atención a los dependientes menores y mayores, tanto cuando se
convive con ellos como cuando hay que organizar esos cuidados en la distancia.

Los datos de la Encuesta Continua de Hogares nos ayudan a trazar un panorama de las formas de convivencia en que los residentes en España afrontan las medidas de aislamiento. De los últimos datos publicados de esta encuesta, referidos a 2018, se desprende que la convivencia con otros familiares es la situación más frecuente entre los residentes en España, por encima de otras, como vivir solo o vivir con personas que no son parientes. Cinco de cada seis personas (de todas las edades) viven en hogares familiares, una de cada 10 en hogares unipersonales y solo tres de cada 100 conviven con otras personas que no son familiares directos (gráfico 1).

Gráfico 1

Un grupo especialmente vulnerable ante la situación de aislamiento puede ser el de mayores que viven solos. Tal y como se desprende de la información recogida en el gráfico 2, uno de cada cuatro mayores de 64 años vive en un hogar unipersonal, cifra que se traduce en más de dos millones y medio de personas. Esta situación es muy habitual entre las mujeres de edad avanzada, debido a la mayor longevidad femenina. El porcentaje de mujeres entre 65 y 69 años que viven solas es del 20% y crece hasta el 45% en el grupo de 85 años y más. Aunque muchas de estas personas disfrutarán de autonomía suficiente para gestionar el aislamiento, otras, sobre todo las de más avanzada edad, puede que necesiten de especial atención durante el confinamiento. Baste apuntar, para dar una idea de la magnitud del reto social, que en España el total de personas mayores de 80 años que viven solas es de 850.000.

Gráfico 2

En todo caso, la mayor parte de los mayores convivirán con sus parejas durante el aislamiento (54%) y en algunos casos también con sus hijos (13% del total) (gráfico 3). Por otra parte, un 8% vive sin pareja pero con hijos y un 11% en otro tipo de hogares familiares. Además, aunque no esté recogido en los datos de la Encuesta de Hogares, cabe resaltar que, según datos del Censo de 2011, más de 270.000 personas viven en residencias de mayores. Este grupo tendrá que enfrentar unas nuevas condiciones de convivencia y distancia social sin las visitas de sus familiares.

También la convivencia en pareja es la situación más frecuente entre la población adulta de 35 a 64 años, aunque hay diferencias entre los que tienen entre 35 y 54 años y los de 55 a 64 años. La convivencia de la pareja con hijos es mucho más habitual entre el primer grupo (casi seis de cada 10 del total), mientras que en el segundo la emancipación de los hijos se hace notar y solo cuatro de cada 10 pasan el aislamiento con su pareja e hijos (gráfico 3). Otros compartirán el confinamiento exclusivamente con sus parejas: uno de cada 10 (11%) entre los 35 y 54 años, y algo más de uno de cada cuatro (27%) entre los 55 y los 64 años.

Gráfico 3

En el grupo de 25 a 34 años nos encontramos con las situaciones más heterogéneas debido a que este grupo se compone en buena medida de jóvenes que ya se han emancipado y otros que aún no lo han hecho. Mientras que algunos viven con otras personas ajenas al núcleo familiar (5%), solos (9%), en pareja sin hijos (18%) o en hogares con hijos menores de 25 años (27%), aún un 18% de los jóvenes en este tramo de edad reside en hogares con una pareja e hijos mayores de 25 años y un 7% en hogares de un progenitor y un hijo mayor (gráfico 3).

Durante las próximas semanas una situación
especialmente difícil organizativamente puede ser la de las personas en hogares
monoparentales. El 9% de la población en España vive en hogares con un progenitor
y sus hijos, aunque solo un 5% del total se corresponde con hogares
monoparentales con hijos menores de 25 años. Esta forma de convivencia es más
frecuente entre las personas entre 45 y 54 años (6%). Uno de cada 10 menores de
15 años vive en este tipo de hogares, y uno de cada seis jóvenes entre 15 y 24
años.

Por último, debe apuntarse que el confinamiento puede
ser especialmente arduo para los niños más pequeños. En España viven casi 6 millones
de niños de 12 años o menos. Es asimismo excepcional la situación convivencial de
las familias que en estas circunstancias inician su paternidad. A pesar de la
caída de la natalidad, el número mensual de nacimientos en España se sitúa entre
los 25.000 y 30.000. No cabe duda de las circunstancias extraordinarias en que
estas familias iniciarán una nueva etapa vital, con restricciones a la
movilidad y sin el apoyo presencial de los familiares desde fuera del hogar.

La pandemia causada por el COVID-19 obliga a las sociedades a reorganizarse en todos los ámbitos.  Además del desafío al que se enfrentan los Estados del Bienestar y las empresas, cada familia afronta un reto de convivencia propio. El hecho de que esa partida se juegue en la privacidad de los hogares no resta importancia a sus consecuencias en términos de bienestar social, sobre todo,  si, tal y como cabe esperar, el confinamiento se alarga.

Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Hogares (2018).

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