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La evolución del abandono educativo en España y sus implicaciones en el mercado laboral

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La tasa de abandono educativo temprano ha disminuido del 13,7% en 2023 al 13,0% de 2024, marcando un mínimo histórico. No obstante, sigue siendo la segunda más alta de la Unión Europea, solo superada por Rumanía, y aún lejos del objetivo del 9% fijado por la UE para 2030. El 3 de febrero, Funcas celebró una jornada virtual sobre “Análisis de los últimos datos del abandono educativo en España”. El acto contó con la participación de cuatro expertos para abordar el fenómeno del abandono desde diferentes perspectivas. 

El abandono educativo en perspectiva: evolución y situación actual

Jesús Ibáñez, subdirector general de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, fue el primero en intervenir, explicando la evolución del abandono educativo en España y su comparación con Europa. Recordó que este indicador surge en el marco de la Estrategia de Lisboa como parte de los objetivos europeos en educación y formación. En los últimos 15 años, la tasa de abandono en España se ha reducido drásticamente, pasando del 31,7% en 2008 al 13% en 2024. La diferencia con la media de la UE se ha reducido a 3,5 puntos, ya que en 2023 se situaba en el 9,5%, debiendo seguir con un último esfuerzo para alcanzarla.

Ibáñez destacó que el abandono educativo temprano no solo depende de la participación escolar, sino también de las estructuras del sistema educativo y las oportunidades de formación. En este sentido, subrayó la importancia de los programas de Formación Profesional Básica y Grado Medio, así como la necesidad de facilitar las vías de acceso a la educación secundaria superior. También apuntó a la persistente brecha de género: la tasa de abandono sigue siendo más alta en hombres que en mujeres, una tendencia que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo.

El abandono y la desigualdad educativa

Marisa Hidalgo, profesora titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Pablo de Olavide, abordó el abandono desde una perspectiva de equidad. Hidalgo explicó que el fenómeno no afecta por igual a toda la población, sino que está fuertemente condicionado por el entorno socioeconómico y familiar. En España, los jóvenes de familias con menor nivel educativo o situación financiera desfavorecida tienen una probabilidad mucho mayor de abandonar los estudios antes de finalizar la educación secundaria superior. Marisa Hidalgo; también mostró que, por ejemplo, que la tasa de abandono educativo en nuestro país es 5 veces más elevada si ninguno de tus padres tiene estudios superiores. La Profesora Hidalgo también presentó datos que muestran cómo las tasas de abandono son considerablemente más altas en las comunidades autónomas del Sur y señaló que el abandono educativo temprano perpetúa situaciones de desventaja y pobreza por la baja movilidad social española.

En términos de políticas, destacó la importancia de programas de refuerzo educativo como el PROA, que han demostrado tener efectos positivos en el rendimiento académico y la persistencia en el sistema escolar. También subrayó la relevancia de las intervenciones en edades tempranas, dado que cuanto antes se detecte el riesgo de abandono, mayor será el impacto de las medidas correctivas.

Políticas para reducir el abandono educativo

Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, habló en su intervención en el análisis de medidas efectivas para reducir el abandono. Basándose en la literatura económica reciente, destacó la importancia de tres estrategias clave: incentivos y mentoría; la reducción del tamaño de las clases y el uso de modelos de inteligencia artificial para identificar el riesgo de abandono.

Sainz hizo referencia a estudios internacionales que demuestran que las campañas informativas sobre los beneficios de la educación pueden tener un impacto positivo en la permanencia escolar. Asimismo, subrayó que los programas de mentoría han mostrado efectos significativos en la mejora de la motivación y el rendimiento, especialmente entre los estudiantes con más dificultades. Respecto a la reducción del tamaño de las clases, explicó que la evidencia empírica muestra que su impacto es mayor en etapas tempranas de la educación y que los efectos son más positivos en contextos de mayor vulnerabilidad social. Disminuir la ratio alumnos por clase en un estudiante mejora el aprendizaje en un 1% de la desviación estándar, el equivalente a lo que el alumnado aprende en una semana. Además, un menor tamaño de la clase también mejora el funcionamiento del centro y el bienestar de la comunidad educativa en las aulas en donde hay más estudiantes disruptivos, en centros situados en zonas desfavorecidas y con alumnado rezagados.

Finalmente, presentó un estudio en el que ha trabajado junto con Ismael Sanz y Maite Ballestar, en el que se demuestra que los modelos de inteligencia artificial pueden ser herramientas útiles para predecir el abandono educativo y mejorar la asignación de recursos en programas de refuerzo.

El abandono educativo y el mercado laboral

Por último, Marta Martínez-Matute, profesora del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó el impacto del abandono en la empleabilidad y la calidad del empleo. Explicó que los jóvenes sin educación secundaria superior enfrentan mayores dificultades para acceder a trabajos estables y bien remunerados, lo que contribuye a la precariedad laboral y a una mayor incidencia del desempleo juvenil en España.

Martínez-Matute subrayó que el mercado laboral español es especialmente sensible al ciclo económico, lo que significa que en épocas de crisis el desempleo juvenil aumenta de manera desproporcionada. Además, destacó la existencia de una fuerte polarización en el empleo, donde las personas con baja cualificación se concentran en sectores con tareas rutinarias, lo que las hace más vulnerables a los efectos de la automatización y la digitalización.

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Guía para interpretar los cambios fiscales

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Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Ajustes necesarios en la respuesta a la invasión de Ucrania

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Hace poco más de un mes, el Banco Central Europeo (BCE) publicaba en su boletín mensual un análisis del impacto presupuestario de las medidas adoptadas en los países de la eurozona para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Según los cálculos de los autores, tan solo el 12% de esas rebajas impositivas e incrementos del gasto tiene por beneficiarios a los hogares vulnerables; y menos del 2% contribuirá directamente a la transición ecológica. La semana pasada, Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertía de la necesidad de que las actuaciones se centren en apoyar a los más frágiles, evitando medidas generalistas que, por definición, son más costosas para los erarios europeos y acaban alimentando el proceso inflacionario.

Desafortunadamente, la probabilidad de que la necesidad de medidas compensatorias se extienda a 2023 debería hacernos reflexionar para redefinir el plan de choque. Y el párrafo anterior nos da pistas sobre cómo deberíamos hacerlo: focalizando mucho más las ayudas y apostando en mayor medida por actuaciones que sean compatibles con el impulso a los objetivos de transición energética y ecológica.

En todo caso, debemos tener claro que para afrontar el episodio inflacionario no basta con lo anterior; y que la subida de tipos de interés por parte del BCE puede ser una medicina particularmente dolorosa y no muy eficiente, en la medida en que el origen de la inflación no es un sobrecalentamiento de la economía europea y, por tanto, habrá que reducir mucho la demanda para que se note el efecto en los precios. Por eso necesitamos tres cosas más.

La primera es actuar de forma contundente sobre los mecanismos de fijación de precios de la energía, que generan resultados absurdos en la coyuntura actual. La UE debería resolverlo en lo que resta de mes. Porque no es muy inteligente mantener las reglas actuales y dejar que Rusia utilice su gas como una potente arma de guerra económica.

La segunda es la enorme importancia de alcanzar un pacto de rentas ambicioso y en un plazo breve. En tiempos de guerra, necesitamos que en el seno de los países de la UE mantengamos cohesión, paz social y solidaridad.

La tercera está íntimamente ligada a la anterior. La pandemia nos ha mostrado la importancia de la coordinación y la cooperación en momentos críticos. Desafortunadamente, estamos ante otro. Cierto que en este caso no se trata de mascarillas, distancia social y responsabilidad individual para frenar contagios. Ahora se trata de que los sectores productivos y los hogares en mejor situación financiera acepten que las ayudas vayan a otros, asuman que su pérdida de poder adquisitivo sea comparativamente mayor y que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se hagan esfuerzos voluntarios para ayudar a los más vulnerables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Con quién vamos a estar en casa?

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Todos los ciudadanos españoles empezamos estos
días el reto, individual y colectivo, de confinarnos en nuestras casas
restringiendo al máximo las salidas al exterior. Para cada uno de nosotros esta
situación implica un desafío relacional particular, puesto que mientras que
para unos supone lidiar con la soledad, para otros pasa por afrontar las
dificultades de la convivencia en condiciones muy exigentes. Además, a este cambio
se le suma la necesidad de reajustar la relación con el trabajo, incluso su
pérdida, y la atención a los dependientes menores y mayores, tanto cuando se
convive con ellos como cuando hay que organizar esos cuidados en la distancia.

Los datos de la Encuesta Continua de Hogares nos ayudan a trazar un panorama de las formas de convivencia en que los residentes en España afrontan las medidas de aislamiento. De los últimos datos publicados de esta encuesta, referidos a 2018, se desprende que la convivencia con otros familiares es la situación más frecuente entre los residentes en España, por encima de otras, como vivir solo o vivir con personas que no son parientes. Cinco de cada seis personas (de todas las edades) viven en hogares familiares, una de cada 10 en hogares unipersonales y solo tres de cada 100 conviven con otras personas que no son familiares directos (gráfico 1).

Gráfico 1

Un grupo especialmente vulnerable ante la situación de aislamiento puede ser el de mayores que viven solos. Tal y como se desprende de la información recogida en el gráfico 2, uno de cada cuatro mayores de 64 años vive en un hogar unipersonal, cifra que se traduce en más de dos millones y medio de personas. Esta situación es muy habitual entre las mujeres de edad avanzada, debido a la mayor longevidad femenina. El porcentaje de mujeres entre 65 y 69 años que viven solas es del 20% y crece hasta el 45% en el grupo de 85 años y más. Aunque muchas de estas personas disfrutarán de autonomía suficiente para gestionar el aislamiento, otras, sobre todo las de más avanzada edad, puede que necesiten de especial atención durante el confinamiento. Baste apuntar, para dar una idea de la magnitud del reto social, que en España el total de personas mayores de 80 años que viven solas es de 850.000.

Gráfico 2

En todo caso, la mayor parte de los mayores convivirán con sus parejas durante el aislamiento (54%) y en algunos casos también con sus hijos (13% del total) (gráfico 3). Por otra parte, un 8% vive sin pareja pero con hijos y un 11% en otro tipo de hogares familiares. Además, aunque no esté recogido en los datos de la Encuesta de Hogares, cabe resaltar que, según datos del Censo de 2011, más de 270.000 personas viven en residencias de mayores. Este grupo tendrá que enfrentar unas nuevas condiciones de convivencia y distancia social sin las visitas de sus familiares.

También la convivencia en pareja es la situación más frecuente entre la población adulta de 35 a 64 años, aunque hay diferencias entre los que tienen entre 35 y 54 años y los de 55 a 64 años. La convivencia de la pareja con hijos es mucho más habitual entre el primer grupo (casi seis de cada 10 del total), mientras que en el segundo la emancipación de los hijos se hace notar y solo cuatro de cada 10 pasan el aislamiento con su pareja e hijos (gráfico 3). Otros compartirán el confinamiento exclusivamente con sus parejas: uno de cada 10 (11%) entre los 35 y 54 años, y algo más de uno de cada cuatro (27%) entre los 55 y los 64 años.

Gráfico 3

En el grupo de 25 a 34 años nos encontramos con las situaciones más heterogéneas debido a que este grupo se compone en buena medida de jóvenes que ya se han emancipado y otros que aún no lo han hecho. Mientras que algunos viven con otras personas ajenas al núcleo familiar (5%), solos (9%), en pareja sin hijos (18%) o en hogares con hijos menores de 25 años (27%), aún un 18% de los jóvenes en este tramo de edad reside en hogares con una pareja e hijos mayores de 25 años y un 7% en hogares de un progenitor y un hijo mayor (gráfico 3).

Durante las próximas semanas una situación
especialmente difícil organizativamente puede ser la de las personas en hogares
monoparentales. El 9% de la población en España vive en hogares con un progenitor
y sus hijos, aunque solo un 5% del total se corresponde con hogares
monoparentales con hijos menores de 25 años. Esta forma de convivencia es más
frecuente entre las personas entre 45 y 54 años (6%). Uno de cada 10 menores de
15 años vive en este tipo de hogares, y uno de cada seis jóvenes entre 15 y 24
años.

Por último, debe apuntarse que el confinamiento puede
ser especialmente arduo para los niños más pequeños. En España viven casi 6 millones
de niños de 12 años o menos. Es asimismo excepcional la situación convivencial de
las familias que en estas circunstancias inician su paternidad. A pesar de la
caída de la natalidad, el número mensual de nacimientos en España se sitúa entre
los 25.000 y 30.000. No cabe duda de las circunstancias extraordinarias en que
estas familias iniciarán una nueva etapa vital, con restricciones a la
movilidad y sin el apoyo presencial de los familiares desde fuera del hogar.

La pandemia causada por el COVID-19 obliga a las sociedades a reorganizarse en todos los ámbitos.  Además del desafío al que se enfrentan los Estados del Bienestar y las empresas, cada familia afronta un reto de convivencia propio. El hecho de que esa partida se juegue en la privacidad de los hogares no resta importancia a sus consecuencias en términos de bienestar social, sobre todo,  si, tal y como cabe esperar, el confinamiento se alarga.

Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Hogares (2018).

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