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El modelo exportador español

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El sector exterior está aportando un saludable balón de oxígeno, propulsando la economía española por encima de los niveles de actividad previos a la pandemia. Ahora la incógnita es si ese pulmón se mantendrá pese a la desaceleración que se percibe en nuestros principales mercados de exportación.

Sin el impulso exterior, el PIB se situaría todavía un 2,5% por debajo del umbral fetiche de la era precovid, como consecuencia principalmente de la anemia del consumo privado, lastrado por la erosión de poder adquisitivo sufrida por los hogares. Entre los factores de demanda nacional, solo se salva el consumo público y, en menor medida, la inversión en equipo.

El panorama interno contrasta con el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios: hoy por hoy los clientes extranjeros compran más de 4 de cada 10 euros que se generan en España, en fuerte alza frente a 2019 y casi el doble que antes de la crisis financiera. Estamos por tanto asistiendo a la aceleración del proceso de internacionalización de nuestra economía. Como, por otra parte, las importaciones crecen a un menor ritmo, el resultado es una aportación positiva al crecimiento del PIB, más que compensando la debilidad de la demanda que emana de los sectores residentes.


La normalización del turismo es de gran ayuda, pero el tirón no procede solo del “sol y playa”. También cabe señalar el auge de los servicios no turísticos (30% desde finales de 2019 en términos reales, es decir descontando la inflación), y en menor medida de las exportaciones de mercancías (5,5%). Detrás de estas referencias está el mercado europeo, como lo evidencia el creciente superávit de los intercambios con la UE, más que triplicado desde 2019. Gracias a estos excedentes, hemos podido afrontar cómodamente el encarecimiento de la factura de las importaciones energéticas.

Otro potente factor es la inversión internacional en nuestro tejido productivo (la llamada inversión directa extranjera). Según datos armonizados de la OCDE, España es el país de la eurozona que más inversión directa recibe, después de Francia. Además, la entrada de capital productivo se ha casi duplicado en relación a 2019 (84%), un logro en un contexto de inversión en decline a nivel global (-27%). La inversión procede sobre todo de otros países europeos, de manera similar a lo que ocurre con las exportaciones. Todo ello configura la profundización del mercado único y una relocalización en nuestro país de las cadenas de producción de algunos sectores. Es prematuro determinar si se trata de un cambio estructural como consecuencia de la desglobalización, o bien de un fenómeno pasajero.

Pero no habrá que esperar mucho tiempo para saberlo: la economía europea está dando señales inquietantes de desaceleración, poniendo a prueba el pulmón exterior. Los indicadores de gestores de compra de la eurozona han dado un vuelco inesperado, lo que sería consistente con una cierta contracción de la actividad en este inicio de verano, especialmente en la industria. En España, los datos más recientes de ventas de grandes empresas y de afiliación a la Seguridad Social, con una primera quincena de junio sorprendentemente en negativo en términos desestacionalizados, también apuntan a un menor dinamismo. Las subidas de tipos de interés están provocando una reducción de la demanda a través de toda la eurozona, como lo muestra el inquietante descenso de los préstamos bancarios de nueva concesión. Nos asomamos por tanto a una segunda parte del año menos boyante.

Con todo, los hechos evidencian el buen posicionamiento competitivo de nuestro aparato productivo, algo que habrá que cuidar ya que necesitamos un excedente externo tanto para mantener la senda de crecimiento a corto plazo, como para aprovechar el proceso de reducción de riesgos, que redunda en un acercamiento de la producción a los lugares de consumo. El tiempo dirá si este fenómeno de reducción de riesgos, o de-risking, resulta beneficioso para la economía española. De momento, las sensaciones son positivas.

PIB | El crecimiento del PIB del primer trimestre ha sido revisado al alza, desde un 0,5% inicialmente publicado hasta un 0,6%. También se ha revisado al alza una décima la tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2022, hasta el 0,5%. Estas dos revisiones implican que en el primer trimestre de este año se alcanzó el nivel real de PIB del cuarto trimestre de 2019 (lo supera en apenas un 0,07%). Entre los países de la UE, solo Alemania y República Checa se sitúan por debajo de ese umbral (-0,5% y -1%, respectivamente).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El peculiar europeísmo de los españoles

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 20231. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.


Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)2.


Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).


En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas:  las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

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Los problemas crecen

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Aunque en enero estábamos en plena incidencia de la variante ómicron y la inflación ya presionaba, los pronósticos para la economía en 2022 eran, en general, bastante optimistas. Mucho más de lo que lo son hoy, con una guerra en Ucrania de consecuencias imprevisibles, una inflación que no para de crecer y con una pandemia que aún deja su triste huella. Como en China, que tiene confinada a decenas de millones de personas en ciudades industriales relevantes. Esta confluencia de dificultades ha encarecido brutalmente los combustibles y la electricidad. En paralelo, ha cortocircuitado las cadenas de suministro a escala global, con dificultades particulares en Europa.

Esa multiplicación de obstáculos va esparciéndose como una mancha de aceite. El encarecimiento de la energía y la falta de suministros se han convertido en un quebradero de cabeza para transportistas y sectores como la agricultura y la pesca, que dependen de un coste asumible de la energía. Serias dificultades que afectan a producciones básicas y generan tensión social. Aunque las cuentas públicas salen debilitadas de la pandemia, es probable que sea necesario hacer esfuerzos (fiscales) adicionales para superar la segunda crisis en dos años, la tercera en algo más de una década. Todos estamos agotados. Las finanzas del sector público no paran de recibir golpes, pero es peor no hacer suficiente. En la crisis de 2008, se tardó años en actuar. En la pandemia, se reaccionó rápidamente.

En la crisis actual, con la agudización de los problemas en pocas semanas, una respuesta gradual no será suficiente. Una parte significativa del sistema productivo puede quedarse paralizada súbitamente. Ya sucede en algunos casos. Con efectos en cadena si las decisiones son insuficientes. Conviene plantearse medidas contundentes, poner más carne en el asador por parte de las administraciones implicadas y así parar la espiral de estrés en la que se ha embarcado la economía española. Eso sí, nada ayudan las profecías catastrofistas que solamente generan más presión social.

Parece que se apuesta por esperar a mandatos de la Unión Europea, que se reúne esta semana. Tienen la ventaja de poder contar con medidas que sean verdaderos game changers porque permitan acometerse con mayor comodidad fiscal o con cambios en los mecanismos de precios —electricidad— avalados por las autoridades comunitarias. Sin embargo, hasta que se materialicen esas decisiones —si así ocurriera—, las propuestas deben ayudar a disminuir la tensión. Bajar impuestos —como el IVA, que al final pagan los consumidores, no los productores— tiene poca efectividad.

A corto plazo, parecen necesarias adicionalmente ayudas fiscales específicas que compensen a los sectores más impactados —transporte, agricultura y pesca, entre otros— ya que, de otro modo, no podrán enjugar sus pérdidas. Se trabaja en ello, aunque hay urgencia para que lleguen de modo inmediato y no en unas semanas. El dinero en metálico puede ayudar a reducir la tensión, como ha ocurrido en otros países. Y eso sí, a medio plazo, tras un exhaustivo debate, la UE debe reformar determinadas políticas transversales —agricultura y pesca, energía— con un doble objetivo: reducir la dependencia exterior de los suministros y proteger mejor las rentas de estos sectores.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

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Para la UE la sostenibilidad ya no es voluntaria

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Hace ahora 20 años la UE puso en marcha su particular vía hacia la inclusión de los principios de sostenibilidad en la actividad corporativa. La iniciativa de responsabilidad social empresarial, RSE, aprobada en 2001 y actualizada con sucesivas disposiciones y requerimientos informativos a las compañías, elegía la voluntariedad, la autorregulación y la sensibilidad de los gestores empresariales a las demandas de los stakeholders (clientes, proveedores, inversores y en general todos los grupos de interés alrededor de su actividad) como el modo de integrar el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente en su cadena de valor. Hablamos de cómo las empresas persiguen reducir o evitar los efectos negativos —por ejemplo, el trabajo infantil, los trabajos forzados, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad— de su actividad. Dos décadas más tarde, los responsables comunitarios constatan que “la acción voluntaria no parece haber mejorado los resultados a gran escala a través de distintos sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo dentro y fuera de la Unión”. En consecuencia, han determinado que lo que no se ha conseguido con la presión del mercado, se consiga con la regulación y, desde ahora, en la Unión Europea, el compromiso social de las empresas no será una vía voluntaria, sino obligatoria. Así se desprende de una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que la Comisión adopta el pasado 23 de febrero.

El objetivo principal de la nueva Directiva es que las empresas determinen, prevengan, mitiguen y minimicen los efectos negativos de su actividad sobre derechos humanos y medio ambiente  —un anexo establece los impactos negativos en los ámbitos de derechos humanos y protección medioambiental relevantes para la norma—. También pretende que las compañías establezcan procedimientos de gestión interna y mejoren su información sobre la diligencia debida. Su cumplimiento será supervisado por agencias nacionales designadas por los Estados miembros que tendrán capacidad sancionadora. La norma otorga un papel especialmente activo a los directivos de las empresas, a quienes atribuye el deber de integrar la diligencia debida en la estrategia corporativa y, entre sus medidas de acompañamiento, establece la posibilidad de fijar ayudas financieras a las pymes.

La Directiva, secundada con varias disposiciones y comunicaciones complementarias[1], afecta a grandes empresas europeas y foráneas con un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados. También son objeto de la regulación compañías con una dimensión menor, pero pertenecientes a determinados sectores de alto impacto (industria textil al por mayor, agricultura, minería…). Quedan por el momento fuera de su ámbito de aplicación las pymes. 

En un análisis disponible a través del Observatorio Funcas de la empresa y la Industria (OFEI) el profesor Vicente Salas señala la presencia de externalidades negativas de carácter global como el principal desafío para la nueva regulación. La UE —recuerda— admite la necesidad de actuaciones más allá de sus fronteras y, por tanto, serán necesarios esfuerzos coordinadores que impliquen activamente a países miembros y no miembros, más allá de los efectos ejemplarizantes que la Unión espera de sus políticas. Aún así, Salas pronostica como dudoso el cumplimiento efectivo de los preceptos recogidos en la Directiva si, como él mismo indica, más allá de la coordinación de empresas y stakeholders, los efectos adversos de la actividad empresarial se derivan de la existencia de problemas de motivación.

Un comentario detallado de la Directiva, por Vicente Salas, está disponible aquí.


[1] La directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas, la comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, la regulación taxonómica y la regulación sobre transparencia en finanzas sostenibles.

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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

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La posición de las mujeres en la ciencia depende, en gran medida, de su participación en la educación superior (universitaria). A este respecto es importante subrayar que, salvo en Alemania, en todos los países de la Unión Europea-27 la proporción de mujeres que en 2019 (últimos datos disponibles) se graduaron en la universidad fue superior a la de los hombres (Gráfico 1). 

Esa ventaja formativa de las mujeres se reduce, sin embargo, cuando se observan los datos correspondientes a la obtención del nivel educativo más alto, el que procura el acceso a la élite académica de una disciplina: el doctorado. En muchos países (entre ellos, los nórdicos, el Benelux, Francia, Austria y también Alemania), en 2019 se doctoraron más hombres que mujeres; sin embargo, en otros (por ejemplo, Portugal, Irlanda, Italia y España), el número de nuevas doctoras superó al de nuevos doctores (Gráfico 1). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].


Nota: Los “graduados” han completado “educación terciaria de ciclo corto” (short cycle tertiary education) o Grado o nivel equivalente (Bachelor’s or equivalent level).

Ahora bien, estos datos esconden diferencias significativas entre disciplinas académicas. Mientras en algunas disciplinas (sobre todo, educación y salud/bienestar) se doctoran muchas más mujeres que hombres, en otras (particularmente, tecnologías de la información y comunicación e ingenierías/producción/construcción), ellas están mucho menos representadas entre quienes alcanzan el doctorado. Esta pauta es común a diferentes países europeos (Gráfico 2), lo que indica la existencia de un patrón de género que prevalece sobre especificidades nacionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].


(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

En España, las mujeres superaron en número a los hombres tanto entre los graduados como entre los nuevos doctores en 2019. Del total de 312.866 graduados, 172.833 fueron mujeres (55%); y del total de 9.340 nuevos doctores, ellas (4.732) representaron también algo más de la mitad (51%) (Gráfico 3). Pero las diferencias de género en la elección de estudios son ostensibles. Por ejemplo, mientras casi dos de cada tres mujeres se graduaron en 2019 (63%) en las ramas de salud/bienestar, educación y negocios/administración/derecho, solo uno de cada tres varones graduados (32%) obtuvo el título de Grado en esas disciplinas (Gráfico 4). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].


Nota: Los “graduados” han completado “educación terciaria de ciclo corto” (short cycle tertiary education) o Grado o nivel equivalente (Bachelor’s or equivalent level).


(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

Si bien en todas las disciplinas habitualmente englobadas bajo la denominación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en 2019 se graduaron más hombres que mujeres, en ciencias naturales, matemáticas y estadística el número de graduados y graduadas se aproximó a la paridad (Gráfico 4). Cabe destacar que precisamente en este ámbito de conocimiento científico el número de mujeres que se doctoraron en 2019 (1.259) superó al de los hombres (1.067). En efecto, el 55% de quienes accedieron en ese año al título de doctor en las disciplinas de ciencias naturales, matemáticas y estadística fueron mujeres (Gráfico 5). De hecho, de todas las mujeres que se doctoraron en 2019 en España (4.732), el grupo de mayor volumen (27%) se concentra en ciencias naturales, matemáticas y estadística (mientras que de todos los hombres que se doctoraron en 2019 [4.608], el 23% lo hicieron en esas disciplinas). Si se tiene en cuenta el conjunto de las disciplinas STEM, el porcentaje de nuevas doctoras asciende al 37% (48% entre los hombres).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].


Nota: Los “graduados” han completado “educación terciaria de ciclo corto” (short cycle tertiary education) o Grado o nivel equivalente (Bachelor’s or equivalent level).


(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad02].


(*) “Servicios” incluye las disciplinas de deportes y turismo.

Ampliando el foco a los Estados miembros de la UE, llama la atención que los países con tasas más altas de doctores y doctoras entre 25 y 34 años en materias STEM (por 1.000 habitantes) presentan una mayor desigualdad de género en esta variable (Gráfico 6). Efectivamente, en aquellos países en los que hay menos jóvenes doctores por cada 1.000 habitantes (por tanto, países con entornos científicos más débiles), la ratio entre hombres y mujeres es más similar, lo que, al fin y al cabo, devalúa la importancia de esa igualdad de género. En España, esta ratio se sitúa en 75 (doctoras de 25 a 34 años por cada 100 doctores varones de la misma edad), en el entorno de otros países europeos meridionales (Portugal e Italia) y significativamente por encima de los Estados miembros con mayor PIB per cápita de la UE (Gráfico 6). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat [educ_uoe_grad07].

En un día como el de hoy en el que se celebra la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, es, sin duda, crucial reivindicar su contribución al conocimiento científico y la necesidad de reforzarla. Pero no menos importante es reclamar que la ciencia cobre más importancia en la sociedad, aumentando los recursos humanos dedicados a promover su producción y transferencia.

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24 de enero: Día Internacional de la Educación

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Desde 2018, cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha decidido enmarcar la celebración de este año bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”, que sugiere cierta insatisfacción con el estado de la educación actual en el mundo e indica la necesidad de un giro educativo. 

Cada país puede identificarse más o menos con este lema en función de la calidad y el rendimiento de su sistema educativo. En el caso de España, los informes de evaluación de competencias promovidos por la OCDE han situado a nuestro país en puestos comparativamente bajos de los distintos rankings que miden el rendimiento del sistema educativo entre los alumnos que cursan el último curso de educación obligatoria (PISA) y entre la población de 16 a 65 años (PIAAC). Estas evidencias comparativas avivan periódicamente el debate sobre la educación en España, muy marcado también por la inestabilidad legislativa en esta materia (ocho leyes educativas desde 1980, la última aprobada en diciembre de 2020).

Ahora bien, estos debates desdibujan a menudo la importancia que la educación ha adquirido como motor de cambio social durante las últimas cuatro décadas. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2021 el 36% de la población española entre 25 y 64 años ha cursado, como máximo, educación secundaria básica, el 10% educación secundaria superior generalista, el 24% educación secundaria orientada profesionalmente, y el 29% educación superior. Cuarenta años atrás, la proporción de población de la misma edad que había alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria era abrumadoramente mayoritaria (89%), mientras que la que contaba con títulos de educación secundaria superior (4%) o profesional (1%) o de educación superior (6%) era muy escasa (Gráfico 1).

Elaboración de Luis Garrido Medina a partir de datos EPA (IVT1980-IIIT1981 / IVT2020-IIIT2021).

(*) Población española nacida en España.

Ciertamente, desde la perspectiva del nivel educativo, la población de 16 o más años residente hoy día en España se distribuye en torno a dos polos. Por una parte, se concentra en los dos extremos de la distribución educativa: frente a aquellos con pocas credenciales educativas (45%) cobran creciente peso quienes cuentan con títulos de educación superior (33%). Solo un 22% de la población se sitúa en posiciones intermedias. Por otra parte, esta estructura bipolar también se plasma en perfiles educativos muy diferentes en función de la edad. Tal y como pone de relieve el Gráfico 2, mientras que abundan los universitarios entre quienes se encuentran en la primera fase de su trayectoria laboral (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años), en el colectivo de población mayor de 55 años se observa una proporción amplia de personas con un nivel educativo muy bajo.

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy llamativas. Así como entre los mayores de 59 años la proporción de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, a medida que disminuye la edad, aumenta la diferencia en el porcentaje de universitarios a favor de las mujeres (Gráfico 3). En el grupo de personas entre 25 y 34 años esta diferencia alcanza su máximo: más de la mitad de ellas (55%) han completado estudios superiores, mientras que ellos presentan una proporción de titulados superiores mucho menor (42%).

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

A pesar de estos datos positivos sobre el nivel educativo de los adultos jóvenes, no todo son buenas noticias. La polarización ya señalada también afecta a la composición de este grupo, de modo que, a día de hoy, son muchos los jóvenes con escasos recursos educativos. En efecto, el 28% de los que cuentan entre 25 y 34 años han alcanzado, como máximo, titulación en educación secundaria obligatoria. Este porcentaje aumenta cuando solo se tiene en cuenta a los hombres de esas edades (33%). Y es que si bien en 2020 España se situaba por encima de la media comunitaria en la proporción de jóvenes con estudios terciarios, también registraba el  mayor porcentaje de personas entre 25 y 34 años con estudios básicos en la Unión Europea (27), casi duplicando la media europea (15%), como se aprecia en el Mapa 1.

Elaboración propia a partir de Eurostat [edat_lfse_03].

En definitiva, sin olvidar los grandes avances realizados por la sociedad española en cuanto a extensión de la educación, es preciso señalar en un día como hoy que en torno a tres de cada diez de quienes se encuentran en la fase inicial de participación en el mercado laboral (25-34 años) presentan niveles educativos bajos. La ausencia entre muchos jóvenes de formación post-obligatoria, específicamente orientada a la inserción en el mercado de trabajo, es un problema todavía muy presente en la sociedad española.

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El mundo difiere sobre cómo poner orden en el criptomercado

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El mercado de criptoactivos crece a un ritmo formidable; el Banco de Inglaterra cifra su incremento en este mismo 2021 en un 200%, hasta llegar a los 2,3 billones de dólares, lo que igualaría ya el valor de los dólares estadounidenses en circulación. 

Lo cierto es que el aumento de su popularidad rivaliza con las incertidumbres que lo rodean, no siendo la menor de las ellas la falta de un conocimiento cierto sobre cuál es el valor intrínseco de muchos de los valores operados. Otras dudas asociadas a las criptomonedas se derivan del aumento de delitos relacionados con su distribución; por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. informa que las estafas de inversión en criptodivisas se multiplicaron por diez entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Sobre estos y otros riesgos —incluidas potenciales amenazas a la estabilidad financiera— han alertado diversos organismos a uno y otro lado del Atlántico, que consideran llegado el momento de una regulación que cubra una serie de objetivos, entre ellos: 

  • la preservación de los mecanismos de control monetario y financiero
  • la prevención de riesgos sistémicos
  • la protección de inversores y consumidores
  • la lucha contra la delincuencia
  • la racionalización del proceso de minado y su gasto energético

En todo caso, la respuesta regulatoria difiere según el ámbito desde el que se aborda, ya sea a nivel competencial o geográfico. 

El Comité de Supervisión de Basilea, máximo órgano prudencial bancario, ha puesto el foco en la exposición de estas entidades al mundo cripto y ha propuesto exigentes requerimientos de capital para los bancos que negocien con criptoactivos. Sin embargo, la industria defiende que este enfoque —dotar de regulación a los criptoactivos a través de la reglamentación bancaria— puede no ser el más acertado. En el sector se transmite la idea de que las entidades pueden aportar fiabilidad y seguridad a este mercado, pero ello sería imposible de aprobarse el exigente marco regulatorio propuesto por el Comité, que impediría, de facto, la participación de los bancos en el mismo. Y ello, sin olvidar que, si esa regulación hubiera de ser cumplida por los bancos, también debería afectar —defienden— a todos los demás agentes relacionados con el mercado de criptoactivos. 

Respuestas parciales desde EE. UU.

Otra aproximación es obligar a que la venta de estos activos se lleve a cabo desde entidades reguladas. En este sentido, EE. UU. prepara ya un cuerpo legislativo, impulsado por la actual administración, que busca regular las stablecoins (monedas respaldadas por, o al menos vinculadas a, otros activos), básicamente convirtiendo los emisores de estas monedas en bancos, y también las denominadas plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). Sobre estas últimas, por ejemplo, se plantea considerar a sus distribuidores como brokers y requerirles, por tanto, informar sobre sus clientes.

Sin embargo, la falta de una regulación integral de estos mercados o las propias contradicciones entre los organismos a la hora de considerar la naturaleza de sus activos son causa de preocupación en EE. UU. A falta de la aprobación de las nuevas normas, las agencias de ese país intentan su supervisión con normas ya vigentes, pensadas para activos convencionales, lo cual resulta problemático.

Europa: lenta pero exhaustiva

En Europa los planes regulatorios llevan avanzando más tiempo, preparándose una completa reglamentación y un conjunto de definiciones que afecten a todos los criptointermediarios con clientes en la UE. Esta regulación, conocida como MiCA (Markets in Criptoassets), está ahora siendo estudiada por los gobiernos nacionales y podría llevar aún dos años –o más– llevarla a la práctica. 

La UE decidió llevar a cabo este exhaustivo planteamiento porque los criptoactivos quedaban fuera del alcance de su legislación sobre servicios financieros, dejando sin protección a inversores y la propia estabilidad financiera. 

Frente a las inconsistencias legislativas estadounidenses, la normativa europea gana adeptos en su ambición declarada de convertirse en estándar global. Pero, simultáneamente, no le faltan críticas de quienes creen que favorece a las instituciones tradicionales frente a las nuevas empresas del sector fintech, al incrementar las barreras de entrada. 

El mundo aborda la criptorregulación

El enfoque más radical sobre este asunto proviene en la actualidad de China, que esencialmente ha arrinconado las criptodivisas privadas coincidiendo con el lanzamiento del e-yuan, su moneda estatal digital propia o Central Bank Digital Currency (CBDC). Algunos expertos señalan que el objetivo de Pekín es aprovechar las ventajas del sistema blockchain sin criptomonedas. El resto del mundo refleja las dudas que existen en estos momentos sobre la regulación de este mercado. Algunos países africanos (Argelia y Nigeria) y Turquía han seguido los pasos de China pero, simultáneamente, Singapur, El Salvadorotros países emergentes promueven una legislación favorable a las criptomonedas. Japón, un país clave, afronta el dilema de convertirse en un referente de este mercado creciente, que es ya un fenómeno de moda entre su población más joven, al tiempo que observa riesgos significativos en su desarrollo. 

En todo caso, hay que destacar que gran parte de la oposición a las nuevas y más estrictas normas se debe a la falta de oportunidades de inversión de alto rendimiento en un mercado que sigue con tipos de interés históricamente bajos. Y mientras esta situación continúe, tanto las inversiones racionales como las irracionales coexistirán en el mercado de las criptomonedas.

Lo cierto es que, de un modo u otro, lo cripto ha crecido lo suficiente como para llamar la atención y su ordenación, en uno u otro sentido, ocupa ya el tiempo de legisladores y supervisores. 

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Brecha con el resto de Europa

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Una vez más, el INE sorprende con su estimación del crecimiento de la economía: los indicadores avanzados apuntaban a un incremento del PIB superior al 2% divulgado por el instituto estadístico. El buen comportamiento del empleo, con un aumento del número de ocupados y de horas muy superior a esa cifra, auguraba un resultado más vigoroso. Pero, incluso anticipando una corrección de esas cifras más adelante, a medida que los expertos del INE recopilen más información, parece evidente que la recuperación de la economía está siendo menos intensa de lo previsto.   

Además, nos estamos quedando atrás en relación a los países de nuestro entorno. El crecimiento acumulado desde el inicio del año es del 2,4%, frente al 4,4% en Francia y 5,6% en Italia (solo Alemania, con un 1,7%, tiene un resultado inferior, pero partiendo de una situación menos degradada). Los principales socios europeos se acercan al nivel de actividad prepandemia, incluso en Italia con una estructura productiva tan dependiente del turismo como en nuestro país, mientras que la brecha es todavía muy acusada en el caso de España. 

Fuente: Eurostat.

¿Cómo se puede explicar la pérdida relativa de vigor? Más allá de factores que atañen al carácter inescrutable de la ciencia estadística (llama la atención la caída del consumo privado en el tercer trimestre, contradiciendo el fuerte rebote registrado del turismo y de las compras con tarjeta), hay que reconocer que la inflación complica el escenario. Con un IPC en el 5,5%, y unos ingresos que para la mayoría de hogares apenas se incrementan, la pérdida de poder adquisitivo es ineludible. En Francia e Italia la inflación es dos puntos menos, lo que contribuye a explicar el tirón de la demanda interna en esas economías. 

Tanto Macron como Draghi han optado por atenuar el impacto de la escalada de los costes eléctricos en el bolsillo de la ciudadanía, mediante un incremento significativo de las subvenciones a las empresas y recortes de impuestos. Esta política se basa en la visión de transitoriedad del shock energético: para que no pese en la coyuntura, el Estado asume buena parte del alza de los costes, financiándose con déficit. También intentan desvincular la factura de la luz del vaivén de los mercados mayoristas, mediante un mayor protagonismo de los contratos a plazo. 

En contraposición, nuestra estrategia es menos gravosa para las arcas públicas, pero entraña unos mayores costes para el sector privado no-energético. Solo se podrá sostener si se interrumpe el ciclo alcista de costes, o se contrarresta con reformas adicionales del mecanismo de formación de precios. A largo plazo, por supuesto, solo queda apostar por un mayor protagonismo de renovables.  

Otra explicación del decepcionante tercer trimestre atañe a la política fiscal: de los 27.000 millones de euros presupuestados en inversiones del Plan de recuperación, se han ejecutado proyectos por un total de 5.800 millones (con datos obtenidos agregando las convocatorias publicadas en el portal del Plan, que tal vez no recogen todos los proyectos de las comunidades autónomas). Por tanto, el impulso que se esperaba de los fondos europeos está siendo menos potente de lo esperado. Es un hecho que la inversión pública se ha reducido un 2,4% hasta agosto. 

Con todo, no hay que confundirse de diagnóstico: los motores de la recuperación se mantienen, en particular la bolsa de sobre ahorro dispuesto a liberarse es considerable. Prueba de ello, los hogares y las empresas siguen acumulando dinero en depósitos, en vez de gastarlo. Por tanto, la clave está en adaptar la política fiscal al contexto de cuellos de botella, con inversiones en sectores que contribuyen a relajarlos a la vez que facilitan la transición energética y la formación de los trabajadores. Entre tanto, es tiempo de recortar las previsiones de crecimiento. Pero, más allá del baile de cifras, la prioridad pasa por reconocer que los atascos de abastecimiento y los costes energéticos perjudican sobremanera el aparato productivo. Y se han convertido en el principal freno a nuestra recuperación.    

Coste de la deuda | El brote de inflación se ha trasladado a las expectativas, encareciendo el coste de financiación de los Estados. El rendimiento de los bonos españoles con vencimiento a 10 años, que cotizaba en terreno negativo en enero, supera el 0,6% y su tendencia es alcista. Por tanto, el mensaje del BCE, reiterado por su presidenta esta semana, no parece disipar la percepción de que el encarecimiento de costes energéticos tendrá un impacto más persistente de lo vaticinado. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en niveles reducidos, inferiores a 70 puntos. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Evolución dispar de las exportaciones españolas

El comercio mundial vivió
en el pasado 2019 una situación muy convulsa con una guerra comercial declarada
entre Estados Unidos y China. La fuerte inestabilidad resultante provocó un retroceso
muy leve en el comercio mundial, pero en las exportaciones sí se registró una
caída del 3,0% en términos nominales. Teniendo en cuenta que el PIB mundial creció
(un 2,4% según el Banco Mundial[1]),
esta evolución global de las exportaciones ya daba señales de alerta. En este
contexto, las exportaciones españolas de bienes recuperaron dinamismo en la
segunda mitad del 2019 y consiguieron mantener su cuota mundial en el 1,77% de las
exportaciones mundiales (en 2018 fue el 1,78).

Con el comienzo de 2020, el comercio internacional empezó a enfrentarse a una nueva amenaza, la covid-19. Inicialmente, en Europa se pensaba que solo afectaría a China y los países asiáticos (al igual que ocurrió con el SARS en 2002). En el peor de los casos, se contaba que podría haber problemas de abastecimiento de algunos suministros procedentes de estos países. Lamentablemente, la realidad ha superado cualquier previsión que pudiera parecer catastrofista en febrero, cuando todavía el comercio exterior no reflejaba cambios. Las exportaciones españolas crecieron el 4,2% y en la Unión Europea, aunque fue un crecimiento más moderado, se llegó al 1%.

Gráfico 1

El cierre de fronteras decretado en España el 17 de marzo (Orden INT/248/2020, de 16 de marzo) no impedía el tránsito de mercancías. Por tanto, la reducción de las exportaciones es el resultado de la reducción de la producción industrial y del desplome de la demanda exterior en determinados productos. La conjunción de ambos fenómenos explica que el valor de las exportaciones en marzo sean un 14,5% más bajas que en marzo de 2019 (Gráfico 1). Un dato elevado en comparación con la Unión Europea[2] que solo ha reducido sus exportaciones un 10,2%, pero en línea con lo ocurrido en Francia o Italia donde las exportaciones han disminuido un 16,2% y 13,5%, respectivamente. Alemania, por su parte, ha registrado un mejor comportamiento al retroceder un 7,9% sus exportaciones de bienes debido a que gran parte de sus exportaciones son bienes de equipo cuyas compras se programan con más antelación.

El análisis por zonas geográficas muestra que la reducción de la demanda hacia nuestros productos ha sido generalizada y muy uniforme; no en vano gran parte de los mercados que compran los productos españoles tenían algún tipo de confinamiento. El cuadro 1 muestra la distribución de los mercados de destino de las exportaciones[3] en marzo de 2018, 2019 y 2020. Este cuadro pone de manifiesto que la participación de los mercados más próximos (Europa, Unión Europea y Zona euro, respectivamente) continúa bajando lentamente, mientras que las exportaciones hacia China y América (fundamentalmente hacia Estados Unidos) siguen su camino ascendente. Luego el desplome de las exportaciones no ha cambiado las tendencias que se venían observando en los mercados de destino.

Cuadro 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES Y PAÍSES en marzo

2018 2019 2020
EUROPA 73,3 71,5 71,0
UE(*) 60,9 58,8 57,7
Zona Euro 53,2 51,5 49,7
  Alemania 12,2 11,4 10,9
  Francia 15,6 14,6 13,9
  Italia 8,2 8,2 7,3
  Portugal 6,9 7,1 7,3
  Reino Unido(*) 6,8 7,2 7,1
AMÉRICA DEL NORTE 5,0 6,0 6,2
AMÉRICA DEL SUR 4,9 4,7 5,1
ASIA 8,5 9,2 9,2
  China 2,0 2,3 2,7
AFRICA 6,3 6,4 6,7
RESTO 2,0 2,2 1,8

Nota: Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Para facilitar la comparación tanto en 2018 como en 2019 no se han sumado a la Unión Europea (UE) las exportaciones al Reino Unido.

Fuentes: DATACOMEX, Agencia Tributaria.

Donde sí se han producido diferencias significativas es en la evolución por productos, ya que algunos productos incluso han incrementado sus exportaciones. El Gráfico 2 muestra la variación anual registrada para las 15 secciones de productos[4] que exportan más de 1% en los meses del primer trimestre de 2020. 

Gráfico 2

Es evidente que varias secciones de productos han crecido, incluso por encima del 10%, pero excepto las de 1) alimentación, bebidas y tabaco y 2) grasas y aceites, esas secciones estaban creciendo con anterioridad. En la otra cara de la moneda se sitúan secciones como los productos minerales, el material de transporte o el material textil y de confección que sufren caídas muy fuertes que no se corresponden con su trayectoria anterior, es decir, están sufriendo muy intensamente los efectos de la covid-19. Sin embargo, el comportamiento ha sido tan dispar que incluso dentro de las secciones se encuentran productos cuyas exportaciones se han hundido junto con otros que han crecido intensamente. Así, por ejemplo, en la sección de Animales vivos y del reino animal coexiste un crecimiento anual del 36,8% en productos cárnicos con una caída del 27,5% en pescados y crustáceos.

La desagregación por capítulos incluye productos más homogéneos y ofrece una panorámica más robusta de la situación de las exportaciones. Aunque el valor de las exportaciones también es muy diferente por capítulos por lo que se examina la aportación de la variación de cada producto a la variación total de las exportaciones[5].

Gráfico 3

El Gráfico 3 muestra la aportación de los 7 capítulos que más han contribuido a la reducción de las exportaciones y los 7 que más han contribuido con crecimiento. Es evidente la magnitud del retroceso en la exportación de los automóviles y componentes, que provoca una caída en las exportaciones equivalente a 6,4 puntos porcentuales, seguido del petróleo y sus derivados que generan una caída de 3,4. También relevante es el impacto del sector de confección, ya que las prendas y complementos explican la caída de 1,7 puntos porcentuales.

En el caso de los automóviles, la caída trunca la recuperación que habían iniciado desde mediados de 2019. Además, este parón aumenta la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la demanda de automóviles —no solo en número sino también hacia qué tipo de producto— puesto que es posible que esta interrupción suponga un cambio brusco hacia la demanda de productos propulsados por combustibles alternativos a los fósiles en los que la fabricación española no tiene, por el momento, tanta ventaja comparativa. Por el contrario, los otros dos sectores arrastran una tendencia decreciente en las exportaciones, por lo que su situación es más crítica y precisa ya un reposicionamiento hacia productos con más valor añadido incorporado.

En el otro extremo
se encuentran productos de primera necesidad que han visto como el
confinamiento ha mantenido e incluso aumentado su demanda externa consolidando
la buena trayectoria que mostraban en el último año. Esta situación debe servir
a las empresas para fortalecer sus canales de distribución hacia los hogares de
otros países para cuando se restablezcan las actividades del canal HORECA
(hoteles, restaurantes y cafeterías) se produzca un incremento adicional de
exportaciones y no una sustitución de ventas por canales.  


[1]
Los datos de exportaciones proceden de la Organización Mundial del Comercio y
el crecimiento mundial de las Perspectivas Económicas Mundiales del
Banco Mundial (enero de 2020).

[2] Datos procedentes de Eurostat.

[3] El Reino Unido formalizó la salida de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Para facilitar la comparación no se han sumado a la Unión Europea las exportaciones del Reino Unido en ningún año.

[4] La clasificación de Nomenclatura Combinada la emplea la Agencia Tributaria para el comercio exterior. Desagrega 22 secciones y 99 capítulos de productos.

[5] Se pondera la variación registrada en cada producto y se pondera por su participación sobre el total de las exportaciones un año antes (marzo de 2019).

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