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Los estados, al rescate

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Con el colapso de la actividad en sectores de enorme peso en nuestra economía como el turismo, la hostelería y el transporte, muchas empresas han contraído un volumen ingente de préstamos que las sitúa al borde de la insolvencia. Según estimaciones derivadas de la central de balances, una de cada siete empresas, que dan empleo a cerca de dos millones de personas, está sobreendeudada.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y previsiones Funcas.

Conviene por tanto recordar que una de las principales lecciones de anteriores crisis es que el exceso de endeudamiento del sector privado puede lastrar la economía durante un tiempo más o menos largo, y provocar un estancamiento prolongado del nivel de vida. Las empresas sobreendeudadas no solo se resisten a añadir más pasivos a sus deteriorados balances, sino que incluso cuando la recuperación está en marcha prefieren dedicar sus ingresos a devolver préstamos en vez de invertir. Los bancos centrales intentan sin éxito paliar la situación abaratando los créditos, sin que esas empresas respondan a los incentivos. Prueba de ello, las dos décadas perdidas por Japón.

Por otra parte, ese contexto de abundancia de liquidez es propicio a nuevas burbujas financieras y a la proliferación de actividades de baja productividad que solo se mantienen con dinero barato y bajos salarios.

Por tanto, el statu quo entraña muchos riesgos. La solución, sin embargo, no puede consistir en aceptar como un mal necesario la quiebra de las empresas sobreendeudadas. Los negocios no son responsables de las restricciones aplicadas como consecuencia de la pandemia —tampoco los trabajadores que dependen de ellos—. Además muchos son viables y podrán reanudar su actividad cuando aparezca un antivirus efectivo. Ante una perspectiva tan preocupante, ha sido acertado prorrogar el periodo de devolución de los créditos concedidos por el ICO con avales públicos, y en adaptar los procedimientos de concurso de acreedores.

No obstante, esto no resuelve el problema de fondo, que es la falta de ingresos empresariales y su corolario, la elevación inexorable de las necesidades de financiación del tejido productivo. A corto plazo, la situación se aliviaría con la aportación de transferencias directas a negocios en dificultad por razones vinculadas a la pandemia, sobre todo pymes y autónomos que son las más vulnerables. Las grandes ya tienen acceso al fondo de solvencia para corporaciones estratégicas, dotado con 10.000 millones.

En Alemania, por ejemplo, el Estado compensa el 75% de las pérdidas incurridas por empresas afectadas por las restricciones impuestas en las últimas fechas para frenar los rebrotes —plan “ayuda de noviembre”—, dotado con 10.000 millones. El Gobierno francés, siguiendo los mismos pasos, acaba de crear un fondo de solidaridad para empresas y autónomos que cubre el 80% de las pérdidas generadas por los confinamientos de la segunda ola. Y el ejecutivo italiano prevé en su presupuesto para 2021 ayudas por 4.000 millones en condiciones similares. En todos los casos, se imponen límites a las transferencias, de forma que las pequeñas unidades productivas son proporcionalmente las más beneficiadas.

Además, Bruselas ha dado el visto bueno a esta estrategia, siempre y cuando los dispositivos estén acotados en el tiempo y que se focalicen en las empresas más perjudicadas por los cierres administrativos. Por la misma razón, la Comisión aboga por la extensión de las políticas de apoyo al empleo y al desarrollo de nuevas cualificaciones, todo el tiempo que dure la pandemia.

Si bien el agujero presupuestario se agravará, las medidas serían susceptibles de prevenir una pérdida adicional de tejido productivo, tras un 2020 que nos sitúa en posición desfavorable en Europa ante una posible recuperación. Además, muchas de las empresas sobreendeudadas han recibido créditos del ICO avalados por el Estado. A falta de ayudas, podrían suspender sus pagos, acrecentando el desequilibrio de las cuentas públicas a medio o largo plazo. El coste para Hacienda es por tanto ineludible. Asumirlo sin demora tendría enormes ventajas económicas y sociales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Personas y empresas

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Para paliar los devastadores efectos económicos de la covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos –tuvieran trabajo o no– y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTE y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse –únicamente para empresas y actividades viables– al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas –a fondo perdido– ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

«No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos».

Satingo Carbó

El Fondo Monetario Internacional junto a Rating Trust Corporation, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario –donde menos creíbles somos como país– tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes –sean personas físicas o jurídicas– y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad.

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

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