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Más impuestos, más trabajadores públicos y tipos más altos: un cocktail explosivo para España

Nos las prometíamos muy felices hace tan solo unos meses. Salíamos de la pandemia por fin y la economía se iba recuperando a buena marcha mientras volvía a crecer el empleo y los españoles volvíamos a gastar, a salir, a vivir...

Pero en un pestañeo todo ha cambiado y ha vuelto a ponerse la cosa difícil. Una inflación histórica nos ha puesto contra las cuerdas, haciendo que las previsiones de crecimiento de nuestra economía se hayan enfriado hasta el 4%, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, que baja la cifra más de un punto y medio en tres meses.

No vamos a ser capaces de volver al nivel e riqueza de 2019 este año y teniendo en cuenta que todavía no hemos sido capaces de dejar atrás del todo la crisis de 2008. Pero parece que el Gobierno no lo ve o no quiere verlo, porque sigue adelante con medidas que claramente perjudican el bolsillo de los ciudadanos y la propia economía.

En la última semana ha anunciado un aumento de las plazas de empleo público este año hasta las 30.000, una cifra récord que ha acordado con los sindicatos. ¿Son necesarias tantas? El Gobierno estima que sí, pero parece que no se da cuenta de que el gasto público vuelve a desbordarse perjudicando claramente el endeudamiento del país.

Pero, ¿quién paga la fiesta?

Pagas muchos impuestos pero...¿te compensa?

Pues, evidentemente, los de siempre. Es decir, nosotros. Los ciudadanos, los contribuyentes. Que según la OCDE, destinamos casi el 40% de nuestro coste laboral a pagar impuestos y cotizaciones, cinco puntos más que la media de la OCDE.

Además, en cuanto a carga fiscal estamos en el puesto 16 de los 38 países que conforman esta organización, curioso cuando tenemos menos ingresos que la mayoría. Pero claro, en nuestro país el gasto público está disparado y mal repartido.

Porque los trabajadores pagamos nuestros impuestos pero después no gozamos de una protección social acorde a ello, con un sistema que ayude a encontrar empleo (de calidad) cuando se pierde o que nos aporte una buena formación laboral.

No, aquí los impuestos se destinan a engrasar la maquinaria de gasto público. De ahí que, a pesar de la alta inflación que se come nuestra renta disponible, el Gobierno no quiera oír hablar de bajadas de impuestos.

Y a todo esto se suma un ingrediente más. Y peligroso. Los tipos altos vuelven. Una noticia que no esperábamos pero que será un hecho muy pronto para poder combatir la elevada inflación.

En España, un país en el que se financia casi todo por la escasa cultura de ahorro que tenemos, eso es un duro golpe, pues significa que van a subir las hipotecas y demás créditos, mermando más la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Por lo tanto, tenemos entre manos un cóctel que puede estallarnos en la cara si no se toman medidas (que no tiene pinta). La bajada del precio de la luz sigue sin producirse, mientras todo sube y sube de precio.

¿Hada cuándo aguantaremos?

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Accidentes de trabajo en España: señales de vuelta a la preocupante situación prepandémica

La discusión sobre los accidentes de trabajo (ATR) en España no se libra de la dificultad que lastra el debate público en torno a muchos asuntos de interés social general: la exposición y la interpretación de los datos sobre siniestralidad laboral adolecen a menudo de un sesgo de selección, de manera que los datos se escogen, presentan y explican utilizándolos más bien como elementos ilustrativos o confirmatorios de ideas previas (“pre-juicios”) que como piezas de evidencia fundamentales para describir y analizar una realidad compleja, que evoluciona por efecto de muchos factores y precisa ser entendida antes que reprobada o celebrada. 

Este sesgo da lugar a noticias que pueden resultar contradictorias, o cuando menos entorpecer que los ciudadanos conozcan y cobren conciencia del problema de la siniestralidad laboral en nuestro país. Por ejemplo, coincidiendo con la reciente publicación del informe de la Confederación Sindical de CCOO titulado Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2021, dos medios de comunicación publicaron sendas noticias, en un caso llamando la atención sobre el aumento de los ATR en una determinada Comunidad Autónoma, y en otro, subrayando la reducción de los ATR mortales en el mismo territorio.[1] Aun siendo ambas informaciones ciertas, caben pocas dudas de que la lectura de sus titulares genera confusión sobre si, en cuestión de siniestralidad laboral, estamos mejorando o empeorando.

Lo primero que hay que dejar claro es que 2020 y 2021 son años atípicos por lo que se refiere a cualquier indicador relacionado con el empleo, también los que utilizamos para medir la incidencia de los ATR. Hacer afirmaciones fiables sobre la tendencia de los ATR en España requiere observar la evolución de estos indicadores durante el periodo previo a la pandemia, analizándolos en  el contexto europeo. 

De la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EUROSTAT) se desprende que, en el año previo a la declaración de la pandemia, España encabezó la lista de países europeos ordenados por la incidencia de ATR no mortales con bajas de más de tres jornadas (Gráfico 1). En concreto, registró casi 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, superando a Francia (3.406) y Portugal (3.284). La posición de España no destaca tan negativamente cuando se comparan los índices de incidencia de ATR mortales entre los Estados miembros (Gráfico 1). Con 3,3 accidentes laborales mortales por cada 100.000 empleados, España registró en 2019 un índice más bajo que otros países, como Luxemburgo (5,2), Francia (4,8)  o Austria (3,5). No obstante, también este índice de incidencia le situó claramente por encima de la media de la Unión Europea. 


Lo cierto es que la evolución de los ATR en España durante la década previa al inicio de la pandemia justifica la preocupación. Mientras que entre 2010 y 2019 la media de la Unión Europea muestra una tendencia decreciente de los ATR mortales y no mortales, los datos correspondientes a España se desvían de ella (Gráfico 2). Por una parte, el índice de incidencia de ATR con resultado mortal empeoró desde 2010. En ese año coincidía prácticamente con la media de la Unión Europea (2,87 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores), mientras que en 2019 ambos índices aparecían ostensiblemente distanciados (España: 3,27; UE-27: 2,17). Por otra parte, la diferencia entre los índices de incidencia de ATR no mortales también se agrandó durante ese periodo en detrimento de España, que en 2019 año rozó los 3.700 ATR por cada 100.000 trabajadores, aproximadamente 2.000 por encima de la media de la Unión Europea (1.713).


La comparación de los datos españoles y europeos permite afirmar que España se encuentra en una peor posición que otros Estados miembros, mostrando, además, una incidencia de ATR más dependiente del ciclo económico (con  tendencia a aumentar en fases expansivas, y a reducirse en fases recesivas). 

¿Qué ha ocurrido durante los dos primeros años de pandemia? El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece estadísticas de ATR en 2020 y 2021 que permiten responder a esta pregunta.[2]

En el primer año de emergencia sanitaria (2020), el índice de incidencia del accidentes en jornada de trabajo cayó un 19% (de 3.020 a 2.455 por cada 100.000 trabajadores). Especialmente brusca fue la caída en el sector de la construcción (de 6.688 a 5.804 por cada 100.000 trabajadores). A pesar de la fuerte reducción de la incidencia de ATR, el índice de ATR mortales creció de 3,01 a 3,5 por cada 100.000 trabajadores.

En el segundo año de emergencia sanitaria (2021) se produjeron movimientos en la dirección contraria: los índices de incidencia de ATR aumentaron en todos los sectores (si bien manteniéndose por debajo de los registrados en 2019), mientras que, también en todos ellos, descendieron los índices de ATR mortales (aun cuando en algunos sectores, como la industria o los servicios, permanecieron por encima de los registrados en 2019).  

Las series temporales de ATR por sectores productivos construidas a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran, entre otras cosas, que aunque entre los asalariados de los sectores de la industria y los servicios los índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo correspondientes a 2020 registraron los valores más bajos desde 2010, en los sectores de la construcción y  agrario no ocurrió lo mismo (en el de la construcción, los índices más bajos se registraron entre 2012 y 2016, y en el sector agrario entre 2010 y 2018) (Gráfico 3). Por otra parte, solo entre  los asalariados del sector agrario el aumento de la incidencia de ATR mortales en 2020 se tradujo en índices superiores a los registrados desde 2010. En definitiva, la pandemia y el despliegue de medidas para combatirla provocaron cambios muy significativos en materia de siniestralidad laboral, pero no todos ellos “sin precedentes”. 


Con la recuperación de la producción económica y del empleo, la incidencia de los ATR vuelve aproximarse a la observada antes de la pandemia. Los datos de enero y febrero de 2022, disponibles en avance, muestran un fuerte aumento del número de ATR en jornada (respecto a los mismos meses de 2021) (Gráfico 4). En concreto, en esos dos primeros meses de 2022 han aumentado un 14% (de 70.672 a 80.236), acercándose a la cifra absoluta registrada en enero y febrero de 2020, los dos meses anteriores a la declaración de la pandemia (81.534). Mayor todavía ha sido el aumento en los ATR mortales, cuyo número creció en enero y febrero de 2022 un 31% respecto a los mismos meses del año anterior (de 90 a 118), superando incluso la cifra observada en enero y febrero de 2020 (96). Si, en lugar de las cifras absolutas de ATR, se presta atención a los índices de incidencia, se aprecia de manera todavía más clara el crecimiento de la siniestralidad laboral en los primeros meses de 2022 (concentrado en los sectores de la construcción y agrario).


Ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación de la nueva reforma laboral, de manera que cualquier valoración sobre sus efectos debería hacerse con mucha cautela. Pero, de momento, los datos de ATR de enero y febrero de 2022 no ofrecen respaldo al extendido argumento según el cual la disminución de la temporalidad del empleo (o precariedad) contribuiría a reducir, decisivamente, los accidentes laborales. Los datos que se irán conociendo a medida que avance 2022 permitirán averiguar si la nueva normativa ayuda a conseguir el objetivo, a buen seguro compartido por toda la sociedad española, de reducir la elevada siniestralidad laboral en nuestro país. 


[1] Los titulares de las noticias son los siguientes: “CCOO denuncia que los accidentes laborales en Cataluña crecieron un 21% en 2021” (La Vanguardia, 21/04/2022) y “Los accidentes de trabajo mortales se redujeron un 14,8% en Catalunya en 2021, según CCOO” (Europa Press, 21/04/ 2022).

[2] Las estadísticas de 2021 solo están disponibles en formato de “avance”. Téngase en cuenta que las series temporales que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social no coinciden exactamente con las que proporciona Eurostat para España. Por ello, en esta nota se utilizan por separado, indicando siempre la fuente de procedencia de los datos para evitar confusiones.

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Trabajadores inmunes al coronavirus, una demanda en la sombra

El mercado laboral se encuentra en plena convulsión. El desempleo no para de crecer desde el mes de marzo y hoy sumamos 3.857.776 parados. Se trata de un dato abrumador porque **el paro registró en mayo la mayor subida de su historia y, además, contamos con tres millones de personas en ERTE.

Por lo tanto, nos encontramos ante una gran oferta laboral que, hoy por hoy, el mercado es incapaz de dar una respuesta con los salarios existentes.

Que exista una mayor oferta, implica también que existirá una mayor competencia para cada una de las ofertas laborales publicadas. La competencia lleva a elegir los mejores candidatos para los mejores puestos y en este proceso de elección, un pequeño factor puede ser el decisivo para la selección.

Y es aquí donde empieza a ganar peso la figura del trabajador inmune. En otras palabras, un trabajador que ha sufrido el COVID-19, por lo que ha generado anticuerpos que le conceden una inmunidad.

En este contexto específico de desescalada y de una gran incertidumbre sobre si habrá que dar pasos atrás, en la que no se ha desarrollado la vacuna aún, y que las empresas invierten fuertemente en medidas de prevención, incluir las características de inmunidad en el currículum concede una ventaja competitiva ante la oferta laboral.

De hecho, ya hemos visto anuncios en que los ofertantes de un puesto laboral y citaban, como requisito deseable, que el trabajador tenga inmunidad o demandantes que trataban de diferenciarse incorporando esta característica.

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El dilema

Hasta la fecha, los sindicatos españoles no han sido partidarios de la creación de un DNI inmunológico en el que se pueda favorecer el acceso a determinados puestos mientras no exista cura ni vacuna contra coronavirus.

El argumento que utilizan es que la existencia de seroprevalencia constituye un principio discriminatorio y la solicitud de obligatoria de este documento por la parte del empleador, sería invasiva salvo en determinadas categorías laborales como pudieran ser profesionales sanitarios que han experimentado un elevado grado de contagios hasta un total de 51.000.

No obstante, es imposible ignorar que la característica de seroprevalencia sea una cualidad que aporte un valor añadido en la estructura empresarial porque transmite seguridad tanto a la empresa como a los clientes, especialmente si se trata de un negocio de venta al público.

Imaginemos que somos una empresa que solicita para un puesto de trabajo un determinado perfil de cara el pública. Tras un proceso selección, constatamos que tenemos dos currículums equivalentes y ambos son perfectamente óptimos para desarrollar las funciones que se requiere para el puesto.

No obstante, en el currículum de uno de los candidatos consta que recientemente ha pasado el coronavirus y ha generado anticuerpos. Con este nuevo dato, debemos valorar si este sería un factor determinante para tomar una decisión final o debería ser ignorado para evitar el perjuicio del otro candidato.

Es en este punto el que se pone de manifiesto que verdaderamente aporta valor. Y por ello, no es descartable que en los próximos meses veamos un auge en este tipo de demandas laborales incluyan la inmunidad como uno más de los requisitos para acceder al puesto de trabajo.

En un momento en el que el mercado laboral está tan tensionado con un elevado stock de personas que están demandando empleo, es lógico tratar de diferenciarse lo máximo posible para conseguir el acceso a un trabajo. Y, especialmente, en el contexto que nos encontramos, la figura del DNI inmunológico o simplemente la incorporación del factor inmunidad en el currículum es de especial importancia porque genera valor para la empresa.

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