La guerra energética. Precios eléctricos de destrucción masiva

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La primera onda expansiva de la guerra nos ha llegado en forma de precio de la electricidad. No hace mucho era noticia que el precio del MW/h había alcanzado los 100 euros. Hace dos días, arrastrado por el precio y la escasez de gas, superó los 500. Las consecuencias redistributivas y de perdida de riqueza van a ser enormes y urge tomar medidas excepcionales, propias del contexto bélico en el que nos encontramos. Desconocemos cuánto puede perdurar en el tiempo esta situación y es posible que el suministro de gas ruso se reduzca aún más y, con ello, aumente la presión al alza sobre los precios.


Menos del 10% de la electricidad que se consume en España se produce con un gas natural que ahora está por las nubes. Al mismo tiempo, nuestro sistema de fijación de precios eléctricos (llamado comúnmente “marginalista”) toma el precio máximo —marginal— de un pool de tecnologías, entre ellas las que emplean el gas para la generación, como precio para toda la electricidad. Este precio ahora extraordinario supone un beneficio igualmente excepcional para las empresas eléctricas que producen el 90% restante, utilizando energía nuclear, renovable o hidroeléctrica. Todas ellas hicieron sus planes de negocio e invirtieron en un mercado eléctrico en el que, en la década pasada, no se superaron los 50 euros por MW/h, por lo que, de cada 10 euros que obtengan mañana, más de 9 serán de beneficio. 

Este no es un problema español; todos los países de nuestro entorno tienen precios de la energía similares. Es más: estamos en un mercado único europeo, y la respuesta a este reto debe venir fundamentalmente de Europa. La UE ha sido tradicionalmente reticente a modificar el marco regulatorio eléctrico cuando en el pasado ha habido crisis de precios. Sin embargo, la actual es de tal magnitud que la comisaria de Energía ha anunciado que se va a intervenir en el mercado para reducir en lo posible el precio. En esta entrada vamos a analizar posibles medidas que se podían tomar.  

La primera idea que se apunta es cambiar el sistema de fijación de precios por uno en el que, a diferencia de lo que sucede ahora, las empresas reciban el precio de acuerdo a la puja/oferta que presentaron en la subasta, o incluso que se hagan subastas por diferentes fuentes de energía. Como ya explicamos en otra entrada, esto no funciona. No solo porque cambiar el sistema de fijación de precios es un proceso complejo y largo, para el que seguramente no tenemos tiempo, sino porque, además, no sería efectivo. La teoría económica demuestra que hay una maldición, llamada “principio de equivalencia” que hace que, si la demanda es inelástica y finalmente hay que meter en el sistema este MW/h de oro producido por gas natural, el precio de las demás fuentes de energía se acercará al precio del gas independientemente del formato de subasta que se emplee. 

Les remito a esa entrada para ver los argumentos técnicos; allí también se apuntaba a un camino más expeditivo, que es fijar un tope regulatorio al pago por MW/h diferenciando por fuente de energía. Esta medida podría aplicarse al menos a las energías verdes y a la nuclear. El caso de la hidroeléctrica es más complejo, porque interesa preservar los incentivos a que se use cuando sustituye a las energías más caras. Ese precio máximo puede fijarse por encima de la media de los años anteriores al 2020 —ese año de pandemia fue especialmente bajo, unos 34 euros— para asegurar que estas fuentes de energía inframarginales cubren costes variables y de amortización. 

La principal ventaja de este sistema es que es transparente y no hace necesario cambiar el sistema de fijación de precios. El problema es que, en la práctica, supone cambiar las reglas de juego a las empresas de electricidad y expropiar parte de sus beneficios. Los economistas académicos somos vistos habitualmente como conservadores, porque somos conscientes de lo importante que es la confianza de los mercados en la seguridad jurídica y la necesidad de preservar los derechos de propiedad para garantizar las inversiones futuras. La reputación se construye en décadas y se destruye en minutos. Pero esto no puede paralizarnos cuando llega una situación de emergencia. No hay que saltarse semáforos, pero entendemos que las ambulancias no esperen a que cambien de color cuando transportan a la víctima de un infarto.  

Una medida así requiere evaluar los riesgos jurídicos y necesita de consenso político europeo; por ejemplo, algunos países exportan energía nuclear y pueden oponerse a reducir los beneficios extraordinarios de este tipo de energía —confiemos en que comportamientos no solidarios así no afloren—, y por eso es útil explorar otras alternativas. No se vislumbran muchas. Una posible sería replicar el precio máximo con un impuesto, que gravaría el exceso de remuneración a las fuentes de energía alternativas al gas para extraer los beneficios excesivos (como se ha ensayado ya, dicho sea de paso, para evitar los efectos de los derechos de emisión). Esta medida es menos transparente que los precios máximos, pero plantea, al parecer, menos problemas jurídicos.

Se ha sugerido también la posibilidad de incidir exclusivamente en la energía eléctrica producida con gas, por ejemplo, excluyéndola del pool. Es decir, se haría una primera subasta con el resto de las fuentes de energía y una segunda solo con la producida por gas (para terminar de cubrir toda la demanda). ¿Cambiaría esto el resultado actual? Probablemente no. Las empresas inframarginales (que ahora pujan muy por debajo del precio) anticiparán que todas las pujas serán aceptadas siempre que estén por debajo de las del gas, subirán sus pujas y el resultado no cambiará mucho. Es el reverso oscuro del principio de equivalencia. ¿Y si obligamos a las empresas que producen con gas a pujar con un precio máximo, y las compensamos después? En la práctica, es parecido a imponer un precio máximo al resto de las tecnológicas, pero con un problema añadido: ¿Qué perdidas compensamos? 

Otra medida más imaginativa, pero con muchos más riesgos, sería que el Gobierno comprase a pérdidas el gas y lo revendiese a las eléctricas a un precio por debajo del de mercado, siempre que pujasen por debajo de un determinado límite. Se trasladaría así al déficit gran parte del incremento del precio del gas (pero que correspondería solo a la producida con esta tecnología), rebajando el precio del pool, y con ello, los beneficios extraordinarios de las eléctricas que producen con otras tecnologías. 

En definitiva, la UE se enfrenta a un problema complejo —y el análisis académico se hace en condiciones ideales, a resguardo de los vientos de los lobbies eléctricos y los intereses de cada uno de los países—. Siempre es aconsejable huir de respuestas simplistas y análisis maniqueos; con más razón ante rompecabezas tan complicados como el del precio de la electricidad.

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La electricidad, las subastas y las sardinas

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Sardinas a precio de besugo: con tan suculenta alegoría se describía hace unas fechas en los medios la subasta “marginalista” con la que se determina en nuestro país el precio de la electricidad cada día. La metáfora —un símil tan incorrecto como potente— triunfó, fijando en la opinión pública la idea de que este sistema constituye un fraude al consumidor. Sin embargo, como en tantas ocasiones, lo expresivo de la imagen no arroja luz sobre el funcionamiento de las subastas eléctricas e impide valorar las razones por las que usamos este mecanismo para determinar el precio de algo tan esencial como la energía eléctrica. Subsanemos, pues, ambas lagunas en las siguientes líneas.

El precio de la electricidad que estamos consumiendo ahora se determinó en una subasta ayer. A la misma acudieron las empresas generadoras  y presentaron ofertas en las que especificaban cuanta energía producirían en caso de obtener la adjudicación y a qué precio. La gran virtud que tiene este tipo de subasta —dejando a un lado efectos estratégicos de segundo orden— es que las empresas tienen incentivos a pujar por lo que verdaderamente les cuesta producir la electricidad. Las pujas se van aceptando de manera ordenada, desde las ofertas más bajas (es decir, las de empresas con tecnologías menos costosas: las más eficientes) a las más altas, hasta que se alcanza la demanda estimada de electricidad. Ahora viene la sardina: si, efectivamente, el precio queda fijado por la última oferta aceptada y todas las empresas reciben ese mismo precio, ¿es esto un “chollo” para las empresas inframarginales que han pujado por debajo de ese precio? No necesariamente. Pensemos que esta compañía puede ser, por ejemplo, una generadora eólica, a la que le cuesta poco producir electricidad pero que necesita de esos beneficios para amortizar el coste de los molinos de viento. 

Esta subasta no es una anomalía española, no es el  “ancho de vía ibérico” de la electricidad. Todo lo contrario: su diseño se basa en contribuciones de varios premios Nobel de Economía (entre ellos, los de la edición de 2020, Milgrom y Winson) y es el mecanismo estandarizado por el que gran parte de los países de nuestro entorno —y muchos más en todo el globo— fijan el precio de la luz. La razón de su éxito es que tiene dos importantes ventajas.  La primera es que selecciona las fuentes de energía más eficientes en cada momento. La segunda ventaja consiste en que, si una fuente de energía —por ejemplo, la fotovoltaica— obtiene altos beneficios, incentiva la inversión en esta tecnología y eso, a medio plazo, hace que el precio baje. 

“Si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no”.

Juan José Ganuza

Esta “bella” subasta, a pesar de haber funcionado exitosamente durante décadas, no ha podido evitar que el aumento desorbitado del precio de gas natural, producto de los problemas de suministro y de los derechos de emisión, haya disparado el precio de la electricidad. Pero si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no. Al cambiar las reglas, las empresas cambiarán la forma de pujar, y lo que nos dice la teoría de subastas es que el resultado no variará significativamente. Si las empresas pagan según sus pujas (subasta discriminatoria, porque el mismo kW/h se paga a diferentes precios ), podemos suponer que los precios, de media, serán ligeramente más bajos pero habría que asumir un coste de eficiencia, puesto que no siempre utilizaríamos las tecnologías con menores costes. Nos iría mucho peor si pretendemos seguir la estrategia de igualar el precio a la puja media. Las pujas se dispararían y los costes de eficiencia también. La subasta se convertiría en la lotería de navidad, porque a las empresas les costaría mucho calcular sus pujas y habría errores de asignación, de modo que en muchas ocasiones las empresas con altos costes de producción desplazarían a las más eficientes. Las subastas no hacen milagros; simplemente reflejan la competencia que existe en el mercado. Imaginemos que a una de estas empresas les cuesta cero producir un kW/h, pero sabe que el consumidor lo necesita para no tener un apagón y que su mejor alternativa es comprarlo a un precio de 200 euros, ¿a qué precio venderá?

Para reducir el precio, por tanto, el único camino es cambiar la estructura del mercado. Por ejemplo, excluyendo de la subasta a determinadas tecnologías que sabemos que tienen costes de producción muy por debajo del precio actual de mercado y fijándolas un precio regulado. Pero si nos adentramos en ese camino, debemos poner un ojo en la seguridad jurídica y otro en diferenciar entre la empresa que invirtió en el molino de viento anteayer, exponiéndose al riesgo y ventura,  y aquellos que amortizaron hace décadas sus inversiones, cuando la palabra derechos de emisión no figuraba siquiera en nuestro vocabulario. Las subastas no son el problema, pero pueden ser gran parte de la solución. Recordemos que también se utilizan subastas para comprar energía en el largo plazo. En las últimas subastas de energías renovables que se realizaron en España, se fijaron precios de entre 25 y 30 euros por kW/h para períodos de varios años. ¿Por qué? Primero, porque las empresas de energías renovables tienen que hacer inversiones de largo plazo, y el mercado diario es pan para hoy y hambre para mañana. Los altos precios de la electricidad están acelerando la inversión en fuentes de energía renovables que paulatinamente irán cubriendo la demanda, reduciendo con ello el precio. Los actuales agentes ya anticipan ese futuro. Pero, además, las subastas hacen que la competencia funcione. Este es un mercado sin grandes barreras a la entrada, en el que por ejemplo, Forestalia, una empresa que provenía del sector cárnico, ha ganado importantes concesiones de energía eólica. Cuando el mercado es tan competitivo, el precio de la subasta se acerca al coste medio de la tecnología, evitando a los consumidores (y a las empresas), los riesgos y los sustos que estamos viviendo ahora.

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Las pujas bien lo valen

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El de Economía es uno de los premios Nobel donde las quinielas casi siempre parecen fallar. El de este año también en buena medida, a pesar de las enormes contribuciones de los galardonados, que lo merecían sin duda. Eso sí, cada vez es más frecuente que aparezcan dos elementos en las decisiones de la Real Academia de las Ciencias de Suecia: un poder instrumental práctico y una honda incidencia social.

Si a la mayoría de los ciudadanos se les habla de subastas pensarán rápidamente en obras de arte o, como mucho, en pescado, aceite, fruta o viviendas adjudicadas por impagos. Pero representa mucho más para la ciencia económica y sus avances más recientes. La teoría de contratos relativa a subastas se ha desarrollado enormemente en los últimos 40 años porque son ubicuas. Más aún en la era de Internet, donde muchos usuarios están acostumbrados a lanzar ofertas durante un tiempo marcado con la esperanza de adquirir un producto. Sucede también cuando se quieren conceder nuevas licencias de radio o televisión, para decidir los derechos de emisión de CO2 los precios de la electricidad, el valor de muchos contratos de activos financieros o la liquidez que han concedido tradicionalmente los bancos centrales y que hoy es sostén de la economía poscrisis financiera y ahora pandémica.

Los ganadores, Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, engrosan la lista de premiados de la Universidad de Stanford, que junto a las también estadounidenses Harvard, Chicago, MIT y Berkeley copan el top 5 histórico de estos prestigiosos premios de economía.

En el anuncio se dejaba claro que no solo era un reconocimiento por la “contribución a la teoría” sino también por “inventar nuevos formatos de subastas”. En cuestiones tan esenciales (energía, alimentación, valores financieros) es preciso que el precio final sea eficiente para compradores, vendedores y el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, es deseable que la liquidez disponible en la economía sea la adecuada. O que las cuotas pesqueras permitan un equilibrio entre el desarrollo de ese sector de actividad y la sostenibilidad de los mares. Del mismo modo, parece conveniente que los precios de la electricidad sean adecuados y no estén sujetos a movimientos especulativos. En una economía abierta y con múltiples participantes esto es solo posible con contratos complejos.

Tal vez el más célebre y aplicado en la práctica de los que Milgrom y Wilson propusieron es el de rondas múltiples simultáneas (SMR, por sus siglas en inglés). Se hizo popular en 1994, cuando demostraron que en las concesiones de licencias de radio y de móviles, en las que las pujas se hacían en sobre cerrado, el resultado no era bueno ni para los subastadores ni para los pujadores. Teniendo en cuenta la disponibilidad de medios electrónicos para pujas simultáneas y más transparentes (Internet, teléfonos móviles) el sistema SMR resultó ser notablemente más eficiente.

Con este premio Nobel se reconoce el refinamiento en beneficio social de uno de los principios básicos de la economía: cómo se reparten los recursos y a qué precio. Eso son las subastas y hoy están por todas partes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Robert Wilson y Paul Milgron reciben el premio Nobel de Economía por poner la teoría de subastas a trabajar

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Si buscan polémica, háganlo en las páginas de política o internacional de
los medios. El premio Nobel de Economía de este año es incontrovertible. Robert Wilson y Paul Milgrom (el orden se debe a que uno fue el mentor del otro) son
dos de los mejores economistas teóricos vivos. El galardón les ha sido
concedido por sus contribuciones a la teoría de subastas y el diseño de nuevos
formatos de subastas. Si estiran un poco e insisten en discutir el premio, podrían
objetar que hay otros grandes economistas que pueden reclamar ser pioneros de la
teoría de subastas, o que había otras contribuciones de Milgrom y Wilson que igualmente
hubieran merecido el reconocimiento. Pero la academia sueca acierta: el impacto
de ambos en la teoría de subastas es inmenso. Si acudimos al título de un libro
de Paul Milgrom, ellos pusieron la teoría de subastas a trabajar. Sus ideas nos
han permitido introducir competencia en el sistema eléctrico o asignar las
licencias de espectro de una forma eficiente, obteniendo además recursos para
el sector público y mejorando el bienestar de todos.

Wilson fue pionero en investigar las subastas de valor común. Las
subastas de arte que vemos en las películas son el ejemplo paradigmático de
subastas de valor privado.
Cada coleccionista valora el cuadro de forma diferente. Sin embargo, cuando subastamos
licencias de telecomunicaciones, campos petrolíferos o pensamos que los
coleccionistas pueden revender el cuadro, parece mejor asumir que, en gran
parte, los participantes comparten una valoración común y que, si difieren
entre sí, es por la incertidumbre sobre el valor del bien. En este contexto
aparece la “maldición del ganador”. El más optimista termina ganando la subasta,
pero perdiendo dinero, dado que el valor real de lo subastado estará más cerca
del valor medio de las estimaciones que de la más alta. Este fenómeno no es de
equilibrio, pero reduce los beneficios del subastador. Los agentes son
racionales; al pujar las compañías de telecomunicaciones se asesoran con
expertos, anticipan esta maldición y pujan menos cuanto mayor es su desventaja
informativa. Por eso, es óptimo para el subastador reducir al máximo la
incertidumbre sobre el valor del bien, no solo revelando información, sino también
permitiendo que los participantes agreguen su información durante la puja. En la
práctica esto significa apostar por formatos de subasta abiertos, donde los
participantes observan el comportamiento de los demás, aprenden y reducen su
incertidumbre. En un muy citado artículo, Milgrom (con R. Weber) generalizó
esta teoría para valoraciones interdependientes (con componentes privadas y
comunes), lo que describe bien muchas adjudicaciones reales: la incertidumbre
sobre la demanda afecta a todas las empresas que pujan por una licencia, pero
entre ellas existen diferencias de eficiencia.

Pero lo más importante de Wilson y Milgrom es que pusieron sus ideas a
trabajar y cambiaron nuestras vidas. En 1994, junto con otros economistas,
convencieron a los reguladores americanos para asignar el espectro
radioeléctrico[1] a través de una subasta
abierta con múltiples rondas. El problema era complejo, las valoraciones eran
interdependientes y además había complementariedades geográficas entre las
licencias. Sin embargo, la subasta fue un éxito, se recaudaron más de 20.000
millones de dólares y —lo más importante— los estudios posteriores demostraron
que la asignación del espectro fue razonablemente eficiente. Mucho mejor que
con los medios utilizados con anterioridad (concursos y loterías). Había
comenzado la época dorada del diseño de subastas.


[1] Un análisis sobre la teoría de subastas, las técnicas para el diseño óptimo
de mecanismos de adjudicación y el uso de la teoria en la asignación del
espectro radioeléctrico en España puede encontrarse en
este artículo
.

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