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El órdago del BCE

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Tras la reciente decisión de subir los tipos de interés y, lo que es más importante para nuestra economía, crear un mecanismo potente de prevención de crisis financiera, el BCE retoma las riendas de la coyuntura en un contexto plagado de incertidumbres. No existía solución milagro al dilema inflación-recesión, los dos males que acechan la economía europea. 

Pero la poción que se ha administrado es a priori la menos arriesgada. En primer lugar, porque de no ajustar los tipos de interés, el euro se hubiera depreciado aún más frente al dólar, la moneda en que cotizan la mayoría de materias primas, exacerbando la inflación importada y el descontento social. En el último año el euro ya ha perdido cerca del 17% de su valor frente a la divisa americana, dopada por la senda de subidas de tipos de interés pilotada por la Reserva Federal. Era por tanto imprescindible colmatar esa brecha para frenar la depreciación cambiaria, y así contribuir a moderar el IPC. 

Bien es cierto que el encarecimiento del precio del dinero en medio punto (el doble de lo anticipado) se trasladará rápidamente a las cargas financieras que soportan las familias y las empresas endeudadas a tipos de interés variables. Esto pesará en las decisiones de consumo y de inversión, y por tanto agudizará la desaceleración en marcha. Sin embargo, el impacto debería ser moderado al menos en el caso de España, gracias a la posición financiera relativamente saneada del sector privado —nada que ver con la época de la crisis financiera. Bajo la hipótesis de una subida adicional del euríbor, desde el 1,15% actual (que ya refleja el ajuste de tipos del BCE) hasta el 1,5% a finales de 2023, los intereses devengados por los hogares en relación a su renta disponible subirían en poco más de medio punto, y el impacto sería de un punto en el caso de las empresas (comparando 2023 con 2021 en el gráfico 1). Magnitudes que parecen asumibles, si bien un incremento de la morosidad es probable.    


Otra cosa es la situación de los Estados, algunos de los cuales, como el nuestro, están muy endeudados y por tanto son más vulnerables que el sector privado ante el alza de tipos de interés. De ahí la importancia vital del nuevo mecanismo de prevención de crisis financieras (el llamado “instrumento de protección de la transmisión monetaria”, o TPI por sus siglas en inglés). Se trata de disuadir mediante intervenciones en teoría ilimitadas posibles ataques especulativos de los mercados como los que ocurrieron hace una década antes de la era Draghi, y que nos obligaron a pagar primas de riesgo exorbitantes. 

Por supuesto el respaldo del BCE no es incondicional. Para beneficiarse los países deben mantener una senda fiscal razonable y acometer las reformas previstas en el Plan de recuperación. Se trata de condiciones poco onerosas en comparación con el anterior mecanismo de respaldo, que obligaba a un plan de rescate, y que dejan un amplio margen de interpretación para el BCE —algo que puede resultar útil para disuadir los ataques especulativos. 

Apenas anunciado, el arsenal puesto en marcha por el BCE se someterá a una prueba de estrés económica, por las noticias inquietantes acerca de la economía europea: el indicador de coyuntura de julio que se acaba de dar a conocer se sitúa en terreno recesivo por primera vez en el último año.  Las vicisitudes de la política italiana podrían también generar turbulencias que obliguen a solicitar el TPI. Ojo con el efecto de arrastre sobre otros países, si bien de momento nuestra prima de riesgo se mantiene a buena distancia de las del país vecino.  


Con todo, el órdago anticrisis del BCE aporta una red de seguridad a la economía española. Depende de nosotros aprovecharla, ejecutando el Plan de recuperación y anunciando una senda equilibrada de contención de los desajustes presupuestarios.  

COYUNTURA| La facturación de las empresas de la eurozona registró un descenso en julio, apuntando a una contracción de la actividad. El índice PMI de gestores de compra se situó ligeramente por debajo del nivel 50, lo que indica una reducción de la producción por primera vez desde febrero del pasado ejercicio. Los indicadores también muestran una menor incidencia de los cuellos de botella y una desaceleración de los costes de producción, si bien las tensiones inflacionistas son persistentes. Destaca la economía alemana como una de las más afectadas por el shock de estanflación.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Solvencia bancaria tras el coronavirus

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En 2020 se decidió posponer los Juegos Olímpicos por la pandemia. Se esperaba que en el verano de 2021 la covid-19 ya no sería un obstáculo para celebrarlos. En cierto modo, lo ha seguido siendo, imponiendo unas pruebas deportivas sin público. También la Autoridad Bancaria Europea (ABE) optó por postergar la realización de los test de estrés a la banca hasta 2021, algo inicialmente paradójico para unas pruebas que están diseñadas para responder a escenarios adversos. La decisión parecía razonable por la dificultad que entrañaba dilucidar a qué escenarios había que enfrentarse y además los bancos de la Eurozona mantienen niveles cómodos de capitalización en general.

Las pruebas de esfuerzo simulan qué pasaría con los niveles de solvencia bancaria en determinados escenarios. En el muy adverso, por ejemplo, para el caso de España, se ha considerado una caída simulada del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023, con niveles hipotéticos de desempleo de hasta el 21,9%. Improbable, pero en lo que vamos de siglo ya hemos tenido grandes golpes. Sin olvidar, como apuntó el Banco de España esta misma semana, empieza a haber indicios de posibles aumentos de la morosidad.

Las pruebas que ya hizo la Reserva Federal y que incluían a varios bancos europeos ya fueron positivas. Pasaron todos. Buen precedente que se confirmó este viernes con los test de resistencia de la ABE para cuatro bancos españoles (Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter). Todos resistirían una recesión severa de cuatro años, aunque solamente el ratio de capital de Bankinter se quedaría por encima de la media europea en ese escenario.

En estas pruebas se aprende por el camino. Por eso, tal vez la lección más importante en 2021 es hacia dónde van y no tanto dónde se está ahora mismo. Los supervisores europeos siguen permitiendo —por motivos de la pandemia— a los bancos usar sus colchones de capital para absorber pérdidas. No aprietan, de momento, con el llamado Pilar 2 de exigencias de solvencia, que se ocupa de la gestión de pérdidas esperadas. Es más, han anunciado que, a partir de octubre, se eliminarán las restricciones para repartir dividendos. Hasta finales de 2022, cuando se esperan cambios. Por ejemplo, vincular más el resultado de los test de a las exigencias de ese Pilar 2. El colchón de capital va a tener que ser algo más holgado. Tanto más cuanto más exigidos se vean los bancos en las pruebas de esfuerzo. La banca española, que por diferentes razones ha funcionado con colchones algo más estrechos, debe culminar el refuerzo de su solvencia para llegar con más holgura a 2023.

En los test del futuro se incluirán exigencias relativas al blanqueo de dinero y fraude y, progresivamente, de financiación sostenible. Otros signos de los tiempos que corren, que marcan las crisis, con empresas financieras hiperreguladas. Tal vez, en algún tiempo, haya pruebas de privacidad y exigencias de transparencia y competencia, a medida que los bancos se parezcan más a las superplataformas que dominan la economía del siglo XXI o estas se acerquen más a lo financiero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Viaje al epicentro de la crisis

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El elevado endeudamiento de las empresas como consecuencia de la crisis y la persistencia de un importante número de personas en expedientes de regulación temporal de empleo son —junto con el control sanitario de la pandemia— los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses. Para intentar suavizar el impacto de la primera ola pandémica sobre el aparato productivo y el empleo, la política económica desplegó un ambicioso plan de urgencia, con ingentes inyecciones de crédito (mediante el ICO) y una movilización sin precedentes de ERTE. Este cortafuego, que logró contener el cierre de empresas y los recortes de plantilla, era lo adecuado para un shock transitorio.

Sin embargo, la incapacidad de controlar los rebrotes de coronavirus y su corolario, la perspectiva de una recuperación truncada, plantean un escenario inédito. Porque muchas empresas se han endeudado sobremanera hasta el punto de alcanzar la insolvencia técnica, que se produce cuando los pasivos superan los activos y los ingresos no crecen. Los datos de la central de balances muestran que más de siete de cada diez empresas se enfrentaron a problemas de liquidez en el primer semestre. Además, una de cada seis compañías soporta unos pasivos que más que duplican el patrimonio neto. Su supervivencia depende de una hipotética recuperación de las ventas y de las condiciones de refinanciación de la deuda a medida que va venciendo.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, por definición los ERTE están concebidos para reducciones temporales de actividad —el dispositivo nació en el norte de Europa como apoyo a sectores, como la construcción, que se enfrentaban a las inclemencias del invierno—. Pero, en un contexto tan incierto e impredecible como el actual, la probabilidad de regresar al puesto de trabajo disminuye, ya sea porque la empresa de origen no es viable o que las personas trabajadoras se desmotivan o disminuye su empleabilidad. Los datos de septiembre, que apuntan a una reducción minúscula del número de perceptores de la prestación, muestran que esos riesgos se están materializando.

«Lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo […], la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos».

Raymond Torres

Esta situación plantea una disyuntiva. Si los dispositivos se prolongan sin grandes cambios, para así proteger a los colectivos más vulnerables, se incrementa el riesgo de cronificación de la insolvencia y de paro de larga duración. Pero un recorte provocaría cierres en cascada de negocios, incrementos de morosidad bancaria y una escalada abrupta del desempleo, ensombreciendo las perspectivas de recuperación y agravando las desigualdades sociales.

El camino pasa por la adaptación de los dispositivos temporales existentes y, bajo esa premisa, su extensión durante todo el tiempo que sea necesario, de modo que las inyecciones generalizadas de liquidez vayan dando paso a ayudas a la capitalización selectiva de empresas con pérdidas pese a ser viables y a la reestructuración de las que no tienen un futuro garantizado. En cuanto a los ERTE, la puesta en marcha de un dispositivo de recolocación, formación y reciclaje en contrapartida a las transferencias monetarias parece ineludible.

Los fondos europeos no responden a esta urgencia. Porque lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo, y las inversiones financiadas —según se espera— por Bruselas en digitalización y transición ecológica no tienen ese objetivo. Además, la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos.

Así lo ha entendido el Gobierno italiano, que acaba de anunciar su plan de recuperación con un interesante conjunto de medidas de recapitalización de empresas y “activación” de personas en riesgo de exclusión social. Nuestro punto de partida es menos desfavorable en términos de finanzas públicas y capacidad de crecimiento. Todo empieza por reconocer la magnitud del riesgo incrementado de insolvencia que se cierne sobre la economía española. Junto con el control de los rebrotes, esa sería una fórmula más potente que las ayudas europeas para darle luz al otoño y reanudar la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La ‘V’ está en la solvencia

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La economía es un conjunto de plantas que hay que regar. Los regantes desaparecieron con la Covid-19 y el confinamiento. Las plantas más vulnerables ya dan señales de debilidad extrema. Hay que evitar dos escenarios para que el jardín no muera en este shock. La primera, que no llegue agua. La segunda, que las raíces se pudran. En la economía, el agua es la financiación y las raíces son la solvencia. Lograr una recuperación económica en V no va a ser nada sencillo. Más aún en un contexto imposible para hacer predicciones sobre la forma de la recuperación. Aparte del necesario control sanitario, es necesario mantener la salud del sistema productivo, en particular de los sectores más afectados.

Esa salud empresarial implica recuperar la oferta productiva, el empleo, el consumo y la inversión, con la necesaria concurrencia de los Gobiernos. Ganan sentido —extraordinario ahora mismo— financiaciones mixtas, que implican agua de riego en forma de crédito avalado y participación en el capital para salvar raíces. Sin olvidarse que el acceso a algunos programas de financiación públicos extraordinarios es solo posible superados unos umbrales mínimos de solvencia, que cubran riesgos y eviten quiebras.

«La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica».

Santiago Carbó

En materia de liquidez, el Gobierno ha actuado hasta con un programa de financiación privada mediante avales públicos del ICO, aunque paulatinamente en tramos de 20.000 millones. Gradualismo que no genera la suficiente estabilidad y confianza, por lo que hace falta sacar ya toda la artillería. Asimismo, se ha pedido una respuesta europea y así el Eurogrupo aprobó la semana pasada un programa que, entre otros elementos, implica financiación para empresas desde el Banco Europeo de Inversiones. Incluso el BCE, especialista destacado en riego por inundación, tiene aún la posibilidad de activar mecanismos de financiación para pymes y autónomos, como abogué desde esta tribuna. Todo ayuda, pero tampoco parece suficiente para conectar raíces y ramas.

Dicho esto, una buena noticia para el reforzamiento de la solvencia es que ya existen los mecanismos legales para activar la financiación participativa del sector público, entrando en el capital de empresas si fuera necesario. Todo ello por tiempo limitado porque no se trata de intervenir empresas sino de hacer puente y, lógicamente, con condicionalidad sobre bonuses y reparto de beneficios. La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica y que ya ha creado un fondo de estabilización nacional que permite la entrada en el capital empresarial. Echo de menos en este asunto, como en otros desde hace muchos años, una visión española propia para dar forma a lo que se cocina en Bruselas. En todo caso, esta normativa europea daría oportunidad para actuar rápido en España y abriría aún más las posibilidades ya existentes para que Gobierno central y agencias autonómicas dinamicen los préstamos participativos a empresas. Ojalá se aproveche con eficacia.

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