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Rescate al sector del automóvil: las matriculaciones de coches caen un 72% en mayo

El sector del automóvil es clave para la economía española pues representa el 10% del PIB, aporta el 9% del empleo (la industria genera 300.000 empleos directos y alrededor de dos millones de puestos de trabajo en total vinculados al sector) y ha sido el mayor contribuyente en una balanza comercial positiva con 14.000 millones de euros.

Y precisamente este sector que es uno de los grandes motores para España se ha visto obligado a cerrar en prácticamente toda la cadena de valor durante más de mes y medio, lo que supone un duro impacto como nunca antes se había visto.

El escenario para este año se plantea enrevesado. Las actuales previsiones señalan que se han dejado de fabricar 700.000 vehículos durante este 2020, lo que supone una producción total alrededor de dos millones, una cifra que no se había registrado desde la crisis.

Durante el mes de mayo, hemos visto una caída de las matriculaciones del 72,7%, según afirma ANFAC la patronal el sector automovilístico. Si el año pasado asistimos a un volumen de 125.623 matriculaciones en el mes, este año únicamente se han matriculado 34.337 vehículos.

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Si el mes de mayo ha sido terrible para el sector ¿cómo fue el mes de abril en pleno confinamiento? De las 5 semanas de abril solo algunas de las 17 fábricas lograron poner en marcha sociedad a partir del día 20, logrando una producción ínfima de 4.844 unidades. En términos comparativos, representaría una reducción del 97,8% frente al mismo mes del año anterior.

Otro factor a tener en cuenta es que el 25% de la producción española se queda dentro de nuestras fronteras y el resto se exporta. Pero la parálisis global llevó a que las exportaciones el mes de abril se hundieran en la misma medida que la producción, enviando únicamente 3.753 vehículos, un 98% menos frente al mismo mes del año anterior.

Intervenir el sector para favorecer la venta de vehículos

El sector está deseando que el Estado lo ponga fácil. La propuesta de la patronal queda plasmada en el Plan auto 2020-40, una propuesta a largo plazo que plantea las bases de una estrategia país que permita mantener la alta competitividad de la industria mientras se enfrenta a los retos futuros de movilidad.

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El plan desea que se desarrolle un marco regulatorio estable que permita la planificación de forma homogénea y centralizada en lo que se refiere a la regulación de la movilidad y la calidad del aire.

Hasta aquí, ningún problema, pero hay algo más: se solicita una fiscalidad favorable.

Se pretende que la Administración Pública fomente la renovación del parque con los vehículos nuevos de bajas y cero emisiones, con especial hincapié en los eléctricos, mediante una fiscalidad favorable, ayudas a la compra, ayudas a la infraestructura de recarga, una mejora de la legislación para el fomento de la infraestructura eléctrica, entre otras decisiones.

En otras palabras, desean que el vehículo eléctrico se extienda apoyado por el Estado, en vez de por ser un producto de consumo duradero competitivo frente al vehículo de combustión que sea un verdadero sustitutivo.

Para dar respuesta a estas peticiones, se impulsó el Plan MOVES, acrónimo de Movilidad Eficiente y Sostenible que el año pasado movilizó 45 millones de euros. Para este año, y según lo que ha manifestado la ministra de Empleo Teresa Ribera, la segunda edición del Plan MOVES repartiría 65 millones de euros, un incremento del 40% con respecto a la anterior.

Pero lo cierto es que el plan aún no se ha aprobado este año. El sector pide más al Estado. Se está solicitando ayudas adicionales más allá del plan MOVES, los fabricantes reclamarían al gobierno un ambicioso plan cuantificado en 400 millones de euros. Como contrapunto, el Gobierno estaría valorando ayudas para vehículos que incluyeron todas las tecnologías, es decir el motor de combustión, movilizando 300 millones.

Recordemos que España se beneficiaría del Plan de Ayudas europeo, por el que recibiría 140.000 millones de euros y tendría como sectores objetivos a la automoción y el turismo, entre otros, por ser los más afectados en esta crisis.

Nissan se despide de Barcelona

Una de las peores noticias que hemos conocido recientemente es que, finalmente, la factoría de Nissan ubicada en Barcelona cierra.

El problema existente para su fábrica es que en el último año y medio se había visto una notoria pérdida continuada de modelos hasta que la capacidad productiva llegó a situarse en un 20%. Es decir, existía un problema de sobrecapacidad o de inversión ociosa, no productiva, que ha obligado a la marca a desinvertir y reajustarse.

Los Trabajadores De Nissan Cortan La Ronda Litoral En Barcelona

El programa de reducción de costos se produjo cuando la pandemia de coronavirus empujó a Nissan a su primera pérdida anual en 11 años. Los ingresos cayeron un 14% interanual en los 12 meses hasta el 31 de marzo.

La estocada final fue una decisión de Mercedes Daimler que decidió interrumpir la producción de su pick up a partir de mayo de 2020 y, justamente Daimler representaba cerca del 50% de la producción del pick up. lo que ha llevado a precipitar las decisiones.

El cierre de la planta de Barcelona dejará al fabricante de automóviles japonés sin fábricas de automóviles de la UE. La otra cara de la moneda la vemos en el Reino Unido que elimina una amenaza a corto plazo para la mayoría de los 6.700 puestos de trabajo en la fábrica de automóviles más grande de Nissan en SunderlandBritain.

Tras la decisión, aparecieron ideas que podríamos calificar de estrambóticas como la del líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que apuntaba a la nacionalización de la fábrica para poder preservar los puestos de trabajo.

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La pregunta sería ¿qué nacionalizamos? ¿Una fábrica con piezas de metal para producir un coche sobre el cual no se tiene la patente de producción? Si Nissan, que tiene una experiencia específica en el sector, no ha sido capaz de rentabilizar esa fábrica ¿podría el Estado, sin experiencia alguna, meterse en la creación de una marca de coches de la nada?

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El sector del juego tendrá su bestia negra en el Ministerio de Consumo

El próximo gobierno que se forme y que previsiblemente tendrá a Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, al frente del Ministerio de Consumo tendrá en el punto de mira al sector del juego que hoy en día tiene un peso económico del 0,8% del PIB.

El sector del juego se ha caracterizado por sufrir una discriminación frente al resto sectores tanto desde el punto de vista de la regulación cómo por los factores impositivos que recaen. Por ello, llama la atención la especial inquina existente contra el sector.

En las siguientes líneas repasaremos cuáles son las diferentes medidas que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y cómo podrían afectar en última instancia su aplicación.

Las medidas que quiere impulsar el nuevo Gobierno

El acuerdo suscrito entre los miembros de la coalición PSOE y Unidas Podemos abarca la regulación del juego para según ellos prevenir y frenar la ludopatía. En este punto nos dicen que pretenden aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea de ámbito estatal y que sería similar a la que hoy encontramos en los productos del tabaco.

Por otro lado, también pretenden centrarse en medidas de información gestión y limitación de consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuestas en línea con el objetivo final de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir coma anticipar o identificar la generación de patrones de juego que puedan ser problemáticos.

El horario de apertura también es otro punto que se pretende intervenir. El objetivo es que dentro del marco de la Conferencia Sectorial buscar un criterio homogéneo en conjunto con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan iniciar su apertura antes de las 22:00 horas y limitar, también, su proximidad a centros escolares.

Otra medida regulatoria sería promover la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información prevención sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de los juegos de azar.

En último lugar aseguran que reorientaran la tasa por la gestión administrativa del juego, lo que puede identificarse como eufemismo de más impuestos, que pagan los operadores en línea con el fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

La hipocresía regulatoria

El mensaje que se lanza a los ciudadanos es que el juego es dañino, y puede llevar a los consumidores a efectos adversos con carácter adicción. Pero esa afirmación puede ser identificada en muchos sectores ya que todo exceso en un hábito de consumo puede identificarse como perjudicial.

De hecho, tenemos actividades dentro de nuestro ocio como los videojuegos que un consumo excesivo puede también promover comportamientos sedentarios y obsesivos, el aislamiento social y un fuerte impacto económico para los consumidores.

Pero, el Gobierno no tiene previsto un abuso regulatorio sobre este sector sino que, enmarcado dentro de la revolución digital, se pretende el desarrollo de aplicaciones en proyectos piloto (medida 4.1 acuerdo PSOE-Unidas Podemos).

Si el mensaje es que el juego es dañino para los ciudadanos, ¿Por qué el Estado participa a través de SELAE con la Lotería de Navidad, el sorteo del Niño, la Lotería Nacional semanal, la Primitiva o la Quiniela? El mismo ejemplo podemos identificar con la parapública ONCE a través de sus cupones y loterías instantáneas.

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Se trata de la típica hipocresía de un Gobierno que identifica una actividad como negativa, pero eso sí, no la prohíbe, participa directamente de ella, no solo a través de entidades públicas, sino de impuestos especiales aplicados a ese sector. Unos impuestos que una vez implantados, se van subiendo lentamente para fines puramente recaudatorios.

Al decir que "reorientaran la tasa por la gestión administrativa del juego", podemos identificar perfectamente que el objetivo final es promover una tasa mayor a la que enfrentan actualmente. Y, lógicamente, no recaerán sus beneficios en el propio sector ya que cita que un porcentaje sin aclarar cuál será se derivaría actividades de prevención... El otro porcentaje se desconoce su objetivo final.

El agravio comparativo que sufre el sector del juego

Se pretende poner el punto de mira en uno de los sectores que marginalmente más están aportando de acuerdo a su actividad económica. Pero parece que nada es suficiente para el agravio comparativo de la visión estatista.

Recordemos que en la actualidad los impuestos autonómicos sobre el juego ascendieron a 1.124,6 millones de euros durante 2018, lo que representa el 25% del margen de las empresas.

Esto no acaba aquí. El Estado se llevó 215,7 millones euros a partir de los impuestos que se introdujeron con la ley 13/2011 sobre los operadores online, las apuestas deportivas mutuas y la tasa por actividades regulatorias qué a sus efectos finales opera como un impuesto más.

A esta cifra hay que sumar otros 407,9 millones de euros vinculados a los premios de las loterías y el juego del bingo establecidos por las comunidades de Asturias, Murcia y el Ayuntamiento de Pamplona.

En total, tenemos que el conjunto de administraciones sustrajeron del sector 1.748,2 millones euros únicamente por llamarse sector del juego.

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A este importe debemos añadir los impuestos que pagaría un sector normal por su actividad. En este caso el juego aporta 139 millones en concepto de Impuesto de Sociedades, 80,3 millones por el IAE, las cotizaciones del SELAE representan 7 millones de euros y las del sector privado 351 millones, y, en último lugar 56 millones de euros por el IRPF.

Para hacernos una idea de lo que verdaderamente representa el pago de impuestos para el sector del juego presencial, de global de los ingresos brutos las empresas estarían pagando el 34,8% para hacer frente a las obligaciones fiscales.

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Además, si por algo se caracteriza el sector del juego es por presentar un fuerte impacto sobre la cuantía de empleos directos e indirectos en España. Obviamente, cuánto mayor sea la regulación que deba sufrir este sector, menor será su actividad económica potencial y menor impacto podrá repercutir en su estructura de empleos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha demostrado resultados pésimos en la evolución del mercado laboral, por ello no nos debe extrañar que no tengan reparos en poner en juego cerca de 85.000 empleos directos de este sector y hasta 174.000 empleos indirectos vinculados a la actividad económica.

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Y es que asediar constantemente a un sector tiene sus consecuencias finales. Si la factura fiscal que deben presentar estas empresas es cada vez es mayor y la regulación persigue no solo un aumento de costes sino una disminución de ingresos, el resultado final no puede ser otro que una disminución del atractivo que pueda tener este sector para canalizar inversiones, menguando un volumen de negocio que tendría un impacto final en los empleos vinculados al sector.

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