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Riesgo financiero

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Las fuerzas expansivas siguen prevaleciendo, desmintiendo los vaticinios más agoreros sobre la marcha de la economía española, pero las advertencias se acumulan acerca de la prueba de estrés a la que se está sometiendo el sistema financiero mundial. En sus proyecciones de primavera, el FMI identifica con una claridad inusual las principales vulnerabilidades del sistema, y sus probables derivadas en la economía real (en comparación, las llamadas de atención de los reguladores financieros europeos aparecen como ambiguas y difíciles de interpretar).

El mensaje central es nítido: los anteriores episodios de subidas abruptas de tipos de interés han producido fuertes sacudidas financieras y en la economía, especialmente en contextos de deuda elevada como el actual. De ahí el recorte de las previsiones de crecimiento mundial para este año hasta el 2,9% —un nivel muy reducido para la economía mundial— y la revisión al alza del riesgo de recesión como consecuencia de la inestabilidad financiera.

La advertencia contrasta con el momento relativamente dulce que vive la economía española. El descenso de los precios energéticos (-22% desde los máximos del verano) ha aportado un balón de oxígeno al bolsillo de los consumidores y a los sectores más electrointensivos. El contra-shock de oferta se ha producido también en el resto de Europa, de modo que la eurozona ha evitado la recesión.


Además, la economía española se beneficia de un impulso del lado de la demanda, y que proviene del retorno del turismo extranjero. En febrero la llegada de turistas alcanzó el nivel prepandemia y el gasto lo superó en un 11% (con datos desestacionalizados). Todo ello, junto con el buen comportamiento del mercado laboral y el mejor ritmo de ejecución de los fondos Next Generation, impulsará el crecimiento en la primera parte del año y podría ser suficiente para, por fin, superar el nivel de actividad precovid.

Lo que pase a partir de ahí depende de cómo se materializará el periodo de estrés financiero vaticinado por el FMI. El riesgo es doble. Uno, relativamente asumible desde el punto de vista macroeconómico, atañe al efecto de la subida de tipos de interés en la demanda de crédito y la renta disponible de los sectores endeudados. En el caso de España ya se registra una reducción del volumen de nuevos préstamos, por su coste. Este año el pago de intereses de los hogares endeudados se incrementarán en 16.000 millones, amputando la capacidad de compra, y el de las empresas lo hará en 24.000 millones. Todo ello pesará en la coyuntura, pero es manejable si se despliegan ayudas a colectivos vulnerables y el mercado laboral resiste.

El otro riesgo es sistémico y por tanto más
difícil de afrontar. Se produciría en caso de una fuerte depreciación de los
activos de las instituciones financieras, particularmente la “banca en la
sombra” que se ha sobreendeudado para generar ingresos fuera del radar
regulatorio de los bancos centrales. La caída de
Silicon Valley Bank y Credit Suisse es también sintomática de fallos
regulatorios y de supervisión. Este es un entorno propicio a una restricción de
la financiación a la economía, que afectaría incluso a particulares y empresas
que son solventes, y no solo a los vulnerables.

Si bien la probabilidad de este escenario se ha
incrementado según el FMI, su impacto en la economía española no sería tan
grave como en otros lares. El sector privado se ha desendeudado, y por tanto es
más inmune a las turbulencias que en el pasado. No se vislumbra una burbuja
inmobiliaria. Y el peso de las finanzas en la sombra es menor que en países de
nuestro entorno. Esto no exime al supervisor de un esfuerzo adicional de
vigilancia del sector financiero europeo, corrigiendo fallos normativos y
alejándose de diagnósticos triunfalistas. Porque ya sabemos que la
inestabilidad financiera suele generar un coste económico y social elevado.

IPC | La inflación sigue siendo la clave de bóveda de la política monetaria, y por tanto de la propia economía. Los datos de marzo traen como buena noticia la moderación del IPC hasta el 3,3%, gracias a la energía. Esto es menos de la mitad que la media europea. Sin embargo, descontando la energía y los alimentos frescos, el IPC subyacente no da tregua: 7,5%, lo mismo que la media europea. La tendencia cada vez más alcista de los precios de los servicios, bajo la lupa del BCE, acrecienta el riesgo de persistencia del brote inflacionario.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Gestión de riesgos sistémicos

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Los terribles efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia están abriendo debates que perdurarán. En nuestro país, la respuesta sanitaria, con la descentralización de la gestión a las comunidades autónomas, ha despertado críticas por falta de contundencia e insuficientes recursos y coordinación. Es cierto que otros países —como Alemania o Suiza— funcionan, en gran medida, descentralizando por regiones administrativas y les ha ido bastante mejor. Tal vez sea porque su sistema institucional está más engrasado que el español y menos sujeto a estériles tensiones políticas. En todo caso, España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar.

No es la primera vez en la historia reciente con algún episodio de riesgo sistémico donde buena parte de la gestión residía en las autonomías. En la crisis de 2008, las cajas de ahorros que tuvieron problemas de solvencia estaban sujetas al paraguas supervisor del Banco de España, pero también a las normas y, en algunos casos, por qué no decirlo, las interferencias de las comunidades. Parte de las competencias normativas de las cajas y las cooperativas de crédito entonces —y aún en algún aspecto anecdótico hoy— estaban en las autonomías. La lentitud con que reaccionaron algunas instituciones de ahorro, la imposibilidad de aumentar su solvencia a través de emisiones de capital debido a su carácter fundacional y las interferencias de los Gobiernos territoriales constituyeron un cóctel que empeoró la situación.

«España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar».

Santiago Carbó

El resto de la historia se conoce: reformas legislativas para convertirlas en sociedades anónimas y, al final, procesos de recapitalización que supusieron solicitar un programa de asistencia financiera en la UE. Aquel episodio sistémico se resolvió cuando se pudieron tomar decisiones más centralizadas de modo efectivo y se emplearon recursos por elevación, en este caso europeos. Se demostró que, para las crisis sistémicas, lo mejor es una gestión más centralizada, juntando fuerzas, con mayor capacidad de coordinación y credibilidad, así como un pool de recursos disponibles mucho mayor. La posterior creación de la unión bancaria europea ha propiciado un marco institucional mucho más potente para afrontar futuras crisis financieras.

Si para riesgos sistémicos de estabilidad financiera fue necesaria la estrategia por elevación, para una crisis global de salud pública, como la de la covid-19, esta receta parece también necesaria. Los mecanismos de coordinación sanitaria deben ser reforzados dramáticamente en España —alrededor del Ministerio de Sanidad, con muchos más recursos para estas contingencias—, para alcanzar mayores cotas de efectividad y evitar la sensación de desconcierto que tantos perjuicios ha causado.

Asimismo, hace falta algo más: una verdadera estrategia de salud pública paneuropea con recursos, credibilidad y competencias que eviten la evidente y dañina descoordinación —como han sido los cierres unilaterales de fronteras— que se ha producido en la UE. Catástrofes de estas características requieren de un sistema para afrontarlo, no de partes descoordinadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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