Categoría: Renta

La paralización de gran parte de la actividad económica por causa del actual estado de alarma está provocando mermas notables en los ingresos de muchas familias y empresas. Ello ha llevado a nuestras autoridades a anunciar todo tipo de ayudas, las cuales deberán llegar tanto del Gobierno Central como de gobiernos autonómicos y entidades locales.

Así el Gobierno de España aprobó el pasado 31 de marzo 50 medidas de apoyo a “los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables”. Estas medidas, en lo referente a las familias, consisten entre otras en moratorias para alquileres e hipotecas, ampliación del bono social eléctrico, subsidio temporal para empleadas del hogar, subsidio extraordinario para determinados contratos temporales o congelación de tarifas de determinados suministros.

Para las empresas, las ayudas van desde moratorias excepcionales para el pago de cotizaciones sociales y prestación extraordinaria por cese de actividades con alto grado de estacionalidad hasta supresión de los pagos por créditos concedidos por la Secretaría de Estado de turismo.

Sin embargo, la situación es tan grave que ni siquiera la avalancha de medidas impide que muchos sectores económicos sigan reclamando ayudas, unos por considerarse excluidos, otros por la incertidumbre en su percepción y otros por sentirse especialmente perjudicados por la crisis: es el caso de sectores como la restauración, artes escénicas, comercio no alimentario, cadenas de televisión, talleres mecánicos, marisqueo, fisioterapeutas y un largo etcétera. Lo mismo sucede con colectivos de consumidores como arrendatarios o usuarios de servicios financieros.
En medio de todas estas medidas surge la inevitable confusión entre los posibles beneficiarios en lo relacionado con requisitos, formalidades, plazos e incompatibilidades; por este motivo las solicitudes requieren no solo mucho tiempo y esfuerzo sino además, en muchas ocasiones asesoramiento profesional.

Así pues, como complemento a las 50 medidas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha anunciado la próxima implantación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas y colectivos considerados especialmente vulnerables; con ello se pretende completar las ya conocidas 50 medidas sociales.

Aunque los conceptos se parecen, Ingreso Mínimo Vital no es lo mismo que Renta Básica Universal (RBU): el primero es un complemento en forma de subsidio para aquellas personas que previamente justifiquen que no alcanzan determinado nivel de ingresos o que pertenecen a un determinado colectivo, mientras que el segundo consiste en una suma de dinero que todo residente de un país recibe regularmente del gobierno sin condiciones, independientemente de que perciba cualquier otro ingreso, de su situación económica o de con quién conviva. Así pues, para recibir el primero hay que justificar “a priori” y para el segundo “a posteriori”, es decir se cobra y si no se cumplen los requisitos, se devuelve todo o la parte que corresponda. Las diferencias son por tanto notables.

Quienes defienden la opción de la RBU argumentan la simplicidad de la medida y la facilidad para su puesta en marcha inmediata: parece lógico pensar que muchas de las ayudas mencionadas más arriba y otras que pudieran implantar serían sustituidas por la RBU, con el consiguiente ahorro en tiempo y costes. Técnicamente no parece una medida complicada: una vez realizadas las transferencias, en la próxima declaración de la renta se incorporaría el dato en los borradores y en función de los ingresos totales de este año, en 2021 habría que devolver en todo o en parte esa ayuda, o no devolver nada.

Viabilidad de la RBU

Para implantar la RBU es necesario contar con recursos suficientes para su pago: partiendo de los cálculos de Toni Roldán con la referencia del profesor de Harvard Gregory Mankiw, el coste inmediato, si se transfiere a los 39,5 millones de personas en edad de trabajar que hay en España una renta de 1.000 euros durante 3 meses esto supondría el 9,5% del PIB; pero si ajustamos con las devoluciones, suponiendo que el 50% lo devuelven todo, el 25% nada y el otro 25% la mitad, el coste final quedaría en el 3,5% del PIB de 2019.

Sin embargo ese 9,5% del PIB en forma de crédito, menos de 120.000 millones de euros, podría ser menor si se excluye de las ayudas a quienes ya tienen garantizado por el Estado unos ingresos superiores a los 1.000 euros mensuales. Este sería el caso de los casi 2 millones empleados públicos con plaza fija y los más de 3 millones de beneficiarios de pensiones de jubilación superiores a 1.000 euros. Es decir, los perceptores de la RBU en España podrían quedarse en 34,5 millones de personas. El coste de la medida aún podría reducirse si la ayuda se transfiriese previa solicitud; muchos no la pedirían sabiendo que después tendrán que devolverla. Si, por simplificar, los que lo tienen que devolver todo, es decir la mitad no solicitan la RBU, el coste inmediato se reduciría a menos de 60.000 millones.

Con estos números su puesta en marcha sería factible si España contase para ello con 60.000 de los 540.000 millones de euros en forma de préstamos aprobados por la Unión Europea el pasado 9 de abril para apoyar a estados, empresas y trabajadores frente a la pandemia.

Por tanto la RBU no solo es posible desde el punto de vista técnico sino que también es viable desde el punto de vista financiero. La dificultad para su implantación dependería entonces de las condiciones impuestas por Bruselas para la aplicación de las ayudas.

Ventajas de la RBU

Las ventajas de esta medida alcanzarían en primer lugar a las familias, que dispondrían así de forma inmediata de los recursos mínimos para garantizar su subsistencia en los meses que se prevé dure la alarma; esto se conseguiría de un modo directo, inmediato y sin dejar a nadie fuera, como sin duda requiere la actual situación, pero también evitando duplicidades en la percepción de ayudas.

En segundo lugar, emprendedores y empresas serían receptores de una demanda, ahora escasa, que estaría basada en las necesidades de las familias, y por tanto sostenible en el tiempo. Es decir, se conseguiría reactivar la economía dotando de liquidez a los consumidores. La alternativa a la RBU para reactivar la economía son modelos de inversión pública como el plan E de Zapatero en los años posteriores a la crisis de 2007; este plan supuso un gasto total de 50.000 millones de euros y fue calificado por el profesor de IESE Xavier Vives como “insostenible e improductivo”.

La RBU presenta además la ventaja de su neutralidad desde el punto de vista de la actividad económica puesto que al llegar directamente a los consumidores son éstos quienes con sus decisiones indican a los productores sus necesidades y como atenderlas, al margen de preferencias de otra índole; ningún sector económico podría argumentar agravios en relación a otros.

Por último debemos mencionar la equidad de la medida desde el punto de vista de las familias: al final del proceso tan solo recibirían la renta quienes realmente no alcancen un mínimo, el resto tendrían que devolverla.

Dificultades para su implantación

Una medida de reactivación económica y de subsistencia para las familias que además es viable, transparente, equitativa y neutral desde el punto de vista de la economía ¿tendría dificultades para su puesta en marcha? Lamentablemente la respuesta es sí.

Las dificultades para su implantación pueden tener diversos orígenes debido a la previsible resistencia de muchas partes interesadas como entidades públicas de todo tipo, asociaciones sectoriales y asociaciones de ayuda a colectivos vulnerables.

La RBU, al llegar de modo uniforme para todos, es de gestión única y no necesita justificación previa, por ello muchas de las actuales ayudas ya existentes deberían desaparecer sustituidas por la RBU. Esto no parece que sería fácilmente aceptable por los responsables políticos que preferirán contar con un cierto grado de discrecionalidad que les permita rentabilizar electoralmente las ayudas, aunque ello suponga costes y esperas. Desde este punto de vista interesa que los perceptores sepan quién da las ayudas e interesa controlar directamente su gestión; en definitiva, es preferible que la ayuda se pida y se justifique antes que implantarla de modo universal.

Ayudas para alimentación, vivienda, suministros o tributos, incluso rentas mínimas como la ya existente en el País Vasco, podrían perfectamente ser sustituidas por la RBU pero ello afectaría a determinadas entidades públicas y privadas que las gestionan, y sin duda implicará numerosas resistencias.

Por último asociaciones sectoriales tendrían que renunciar, al menos en parte, a determinadas subvenciones públicas. Como partes interesadas es probable que también se muestren reticentes a ello. La buena noticia es que con una RBU se facilita también que los consumidores adquieran bienes y servicios con los que reactivar los diferentes sectores económicos.