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Renta neta real de los hogares en 2024: (todavía) por debajo del umbral de 2008

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La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ofrece una buena oportunidad para analizar la evolución de la renta de los hogares en el largo plazo. Los datos disponibles muestran que la crisis financiera de 2008 afectó de forma muy intensa a su capacidad económica. Tanto, que sus efectos aún perduran. En dicho año, la renta media neta de los hogares[1], medida en términos nominales, fue de 30.045 euros. Se tardaron 11 años en superarla, alcanzando 30.690 euros en 2019, justo el año previo a la pandemia. En la siguiente etapa, entre 2019 y 2024, la renta ha crecido, aproximadamente, un 25%[2] impulsada por un amplio conjunto de factores, entre ellos, el intenso escudo social, la mejora del empleo, la revalorización de pensiones y ayudas sociales de acuerdo con el IPC, nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluso una posible reducción de la economía informal.

Pero, ¿qué ha sucedido en términos reales? De acuerdo con el gráfico 1, el índice de crecimiento del IPC ha estado desde 2008 por encima del crecimiento de la renta neta nominal. Concretamente, entre 2008 y 2024, el incremento acumulado de la renta fue del 27,7%; claramente por debajo del 33,5% de aumento de los precios. Es decir, en esos dieciséis años los precios han crecido alrededor de 6 puntos más que la renta neta nominal, erosionando, como muestra el gráfico 2, la renta neta real. Dicho de otro modo, la renta neta real de 2024 equivale, aproximadamente, al 95,6% del valor que tomó en 2008. En definitiva, la renta neta real de un hogar medio en 2024 sigue siendo inferior a la de 2008. Esa diferencia para converger plenamente al nivel de 2008 exige todavía un esfuerzo importante que no debe soslayarse. De hecho, el crecimiento de 2024 debería haber sido, aproximadamente, del 9% para conseguir la plena equiparación a la renta real de 2008[3]. Sin embargo, desde 2019, la renta neta real ha crecido a un promedio de 1,9 puntos por año. A ese ritmo, manteniendo lo demás constante, la convergencia no se alcanzaría hasta 2027, dos décadas después de la crisis financiera. 


Sin duda, no son buenas noticias para la evolución del nivel de bienestar de los hogares desde una perspectiva de largo plazo. Pese a ello, los datos muestran avances en la renta neta real en los últimos años. Como también muestra el gráfico 2, la renta neta real tocó fondo en 2014 cuando se situó en 24.039 euros. Aunque con altibajos, la renta neta real creció entre 2014 y 2024 un promedio del 1,6% anual frente al -3,6% del período 2009 a 2014. 

En resumen, como se comentó anteriormente, el profundo impacto de la crisis financiera sobre la capacidad en renta real de los hogares todavía no ha sido superado. Incrementarla exige, ineludiblemente, aumentar la productividad del factor trabajo. La mejora del nivel de formación de los trabajadores y su adaptación a los nuevos cambios tecnológicos son dos de los factores clave para la consecución de este objetivo.


[1] La renta neta corresponde, esencialmente, a la diferencia entre ingresos brutos percibidos por los hogares y las cotizaciones del trabajador e IRPF. Los ingresos brutos incluyen, entre otros, salarios y transferencias corrientes recibidas las administraciones públicas (pensiones, desempleo, etcétera).

[2] Asumiendo un crecimiento de la renta neta media de 2024 en línea con el 3,7% de incremento de los costes salariales.

[3] Debemos esperar a la ola de la ECV de 2026 para tener mayor precisión de las cifras del crecimiento de la renta neta de los hogares en 2024.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total. 

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público. 

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados. 

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El auge internacional de la economía española

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La posición internacional de la economía española está experimentando una mejora notable —una tendencia que, de afianzarse con inversiones, reformas y un esfuerzo de contención de la inflación subyacente podría abrir una nueva etapa en nuestro desarrollo—. La manifestación más visible de este cambio es el sorprendente crecimiento de las exportaciones: cuatro de cada diez euros generados por la economía española provienen de la demanda externa, un 20% más que antes de la pandemia, y un 60% por encima del nivel anterior a la crisis financiera.

La tendencia no se desmiente pese al debilitamiento global en marcha. En 2022, con datos hasta noviembre, las ventas de mercancías en el exterior registraron un incremento apabullante del 24% —la mejor marca entre los grandes países de la Unión Europa— mientras que las exportaciones de servicios tuvieron un comportamiento aún más dinámico. Todo ello redunda en una progresión de la cuota de nuestra economía en el mercado global, avalada por la entrada de un volumen ingente de capital extranjero con fines productivos (más de 33.000 millones de euros hasta octubre en términos de inversión directa internacional, es decir, excluyendo los flujos de capital financiero).


El tirón exportador ha permitido amortiguar el impacto del shock energético y de su corolario en términos de encarecimiento de las importaciones. El resultado es que España es una de las pocas economías de la zona euro que ha conseguido mantener un superávit externo. Solo nos acompañan en ese ranking otros seis países, entre ellos Alemania, si bien en este caso con un excedente en fuerte contracción. A la inversa, Italia ha entrado en números rojos por primera vez en el último decenio y Francia ha agravado su ya abultado déficit.

Además, el comercio se está diversificando. Aparte de los sectores tradicionales como la industria agroalimentaria, la automoción y el turismo, que mantienen una presencia internacional relevante, destaca la pujanza de las exportaciones de medicamentos, bienes de equipo, energía y servicios profesionales.

Es pronto para determinar si la tendencia es sostenible en el tiempo, pero la moderación de los costes laborales unitarios registrada en los últimos años apuntaría en esa dirección, al menos a corto plazo. A este factor se añade ahora la ventaja de costes energéticos que entraña la disponibilidad de una potente infraestructura de gas licuado (de ahí el abaratamiento del precio del gas en el mercado ibérico Mibgas, en relación al europeo TTF), junto con el despliegue de inversiones en energías renovables. Por otra parte, algunos sectores como la farmacia se están beneficiando del acortamiento de las cadenas de suministro en reacción a los fenómenos de escasez generados por la pandemia. La intensificación del comercio entre España y otros países europeos también evidencia el giro hacia una “regionalización” de los intercambios, con múltiples beneficios para la economía española.

Estos resultados, si bien positivos, no están sin embargo traduciéndose hoy por hoy en una elevación paralela de las cotas de bienestar para la mayoría de las personas. La renta per capita, por ejemplo, se sitúa todavía por debajo del nivel prepandemia. Y en lo que va de siglo ha retrocedido en comparación con la media europea. Un ingrediente crucial para impulsar la convergencia hacia las sociedades más exitosas es la productividad, otro la creación de empleo de calidad, de ahí la importancia de una buena ejecución de los fondos europeos, de las reformas y de la modernización de la gestión empresarial. Sin duda todo ello llevará tiempo, y entre tanto será necesario preservar el plus competitividad, algo que pasa por prevenir la pugna entre márgenes y salarios en su afán por recuperar el poder adquisitivo perdido. Por tanto, el barómetro a vigilar en el año que se inicia será el IPC subyacente, y el legado del que se cierra: un preocupante 7%.

IPC | La desescalada del IPC se afianza gracias a la moderación de los precios energéticos, más acusada en España que en la mayoría de países europeos. En diciembre la tasa interanual armonizada se situó en el 5,5%, el mejor resultado de la eurozona donde el IPC creció una media del 9,2%. Sin embargo, la tasa subyacente registró un repunte hasta el 7%, una décima por encima de la media de la eurozona. Esta evolución refleja sobre todo el encarecimiento de los alimentos elaborados (16,4% en España versus 14,3% en la eurozona). 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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