Regulación y Competencia – Página 2

Pigou y competencia, en lugar de peajes

octubre 4, 2023

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La decisión de reemplazar la implantación generalizada de los peajes en las vías de alta capacidad en España por medidas para impulsar el transporte sostenible va en la buena dirección, pero sería necesario que el gobierno y Bruselas expliquen este acertado golpe de timón y, de paso, resuelvan algunas de las dudas que esta solución puede generar.

La economía no es maniquea, existen razones a favor y en contra de los peajes. Empecemos con los argumentos espurios a favor y sus inconvenientes. Las empresas constructoras defienden los peajes como un ingreso finalista para la construcción y mantenimiento de la red de carreteras. España es uno de los países europeos con más kilómetros de carretera por millón de habitantes, lo que es una ventaja competitiva pero conlleva, igualmente, unos enormes gastos de mantenimiento. Diversas asociaciones de usuarios y las constructoras denuncian que existe un déficit importante en la conservación de nuestra red viaria, generado entre otras razones por los recortes que vinieron con las crisis económicas o el COVID. Sin embargo, los ingresos finalistas no son una buena idea económica. La razón es obvia. Cuando uno elabora un presupuesto para satisfacer dela mejor manera posible las necesidades de la población, introducir una restricción hace que la solución sea peor. El mantenimiento de las carreteras es importante, pero no lo es menos la educación o una emergencia sanitaria.

La solución de los peajes conlleva, además, otros inconvenientes como la necesidad que imponen de invertir en un sistema de control de tráfico que, según cómo se implemente, puede conllevar un importante coste e incluso tener un riesgo de obsolescencia tecnológica. Pero probablemente el mayor problema potencial es que los peajes incentiven un trasvase del tráfico de autovías a carreteras de un solo carril por sentido, con la consiguiente reducción de la eficiencia y aumento en la siniestralidad.

Sin embargo, existen dos argumentos en favor de los peajes que sí tienen fundamento económico. Primero: el pago por uso es un buen principio, por equidad y por eficiencia, para financiar la construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes. Solo si los usuarios de las carreteras, (y de todos los medios de transporte), pagan por los costes de uso de la infraestructura (y también por los costes medioambientales), tomarán las decisiones correctas en lo que respecta a qué modo de transporte emplear e impulsar.

Segundo —siguiendo el argumento anterior—: el uso de peajes pondría al transporte por carretera en igualdad de condiciones con otros medios de transporte que ahora pagan por el uso de la infraestructura. En la situación actual, el transporte por carretera está parcialmente “subvencionado”, lo que puede ser uno de los motivos por los cuales el ferrocarril de mercancías tiene un papel casi testimonial en España en comparación con otros países europeos. Este es un punto importante para Bruselas y para la estrategia de lucha contra el cambio climático y, por ello, la nueva hoja de ruta plantea impulsar el transporte sostenible.

La forma de hacerlo
es recuperar a Pigou, y aplicar de forma más intensa el lema de “quien contamina,
paga”: tratar el transporte por carretera como otros sectores industriales,
imponiendo a los vehículos comerciales (y a la vivienda) un pago por emisiones
de CO₂ a partir del 2027, que
se estima que será unos 45 euros por tonelada. El argumento del gobierno
español es que este nuevo impuesto, que se va a implantar en toda la UE, cumple
parcialmente con los objetivos que se perseguían con los peajes. Aún no se sabe
cómo se va implementar; una posibilidad sería utilizar el impuesto de los carburantes.

Utilizar los
impuestos pigouvianos (medioambientales) —como el de carburantes— tiene
múltiples ventajas sobre los peajes. El primero y más obvio es que estos
impuestos ya existen, y no hay que realizar inversiones para su puesta en
funcionamiento. Además, se aplica a todas las carreteras y su importe es mayor para
vehículos más grandes, que son, a su vez, los que generan un mayor desgaste de las
infraestructuras. Y, no menos importante, precisamente porque su importe depende
del uso de combustible, proporciona incentivos al ahorro energético a través de
la moderación de la velocidad y de la adquisición de vehículos más ecológicos. Es
decir, puede ser una forma de incentivar los vehículos eléctricos —que en
nuestro país tienen una cuota de mercado muy baja— más eficaz que los actuales planes
Moves, cuyas subvenciones directas a la
compra se trasladan en gran medida a los precios.

Una buena pregunta sería
si es mejor esperar a 2027 o, por el contrario, es preferible hacer una
transición más gradual, subiendo progresivamente los impuestos de los
carburantes con el doble objetivo (el famoso doble dividendo de los impuestos mediambientales) de reducir las
emisiones y de que los usuarios de la red viaria contribuyan en mayor medida a
su mantenimiento (¡eso si, sin convertir estos impuestos en finalistas!). No se
pueden ignorar los costes políticos de una medida de este tipo. A nadie le gusta
subir impuestos y, aunque nunca es un buen momento para hacerlo, siempre es
útil una comparación con el entorno para comprobar si existe margen para una
medida como esta. Y lo que se comprueba sistemáticamente es que el precio de la
gasolina, antes de impuestos, es más elevado en España que en nuestros
principales vecinos, pero el PVP, que incluye impuestos, es significativamente más
bajo. Algo similar sucede con el gasóleo (ver gráficos). Dado que el precio del
petróleo es un precio internacional, se puede deducir que el hecho de que el
precio de los carburantes antes de impuestos en España se sitúe entre los más
altos de Europa es consecuencia de la falta de competencia en el mercado de
refino y distribución. Estos sectores están muy concentrados, y aunque la CNMC
ha hecho una gran labor en los últimos años (favoreciendo las gasolineras
automáticas e introduciendo medidas para reducir la cuota de mercado de las
empresas dominantes), todavía queda mucho camino por recorrer.

Converger con nuestros socios europeos en la presión impositiva sobre los combustibles fósiles, además de potenciar el uso de medios de transporte más sostenibles, generaría un incremento sustancial de los recursos. La presión sobre conductores y transportistas podría aliviarse con reducciones en el precio de la gasolina antes de impuestos, lo que solo puede venir de un aumento de la competencia en el sector. Además, la complementariedad entre el fomento de la competencia y la política fiscal también aplica al transporte de mercancías por ferrocarril: la reducción de algunas de las barreras a la entrada a la que se enfrentan los operadores entrantes en este mercado, en particular en lo referente a maquinistas y acceso a material rodante, y especialmente locomotoras, podría ser una alternativa —al menos, parcial— a los subsidios que ahora se plantean a este medio de transporte.

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Inflación de costes y precios: evidencias con datos empresariales

julio 26, 2023

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Los sucesivos incrementos en el nivel general de precios desde la
recuperación post pandémica por la COVID19, acelerados por la invasión rusa de
Ucrania, han suscitado un amplio debate sobre sus causas, sus consecuencias y las
correspondientes respuestas de política económica. Al tradicional análisis
macroeconómico de la inflación y las respuestas monetarias y fiscales para doblegarla,
se le ha sumado en esta ocasión uno nuevo de carácter microeconómico, que relaciona
la inflación con la falta de competencia en los mercados, con el poder y la
codicia empresarial (greedinflation)
y propone otras soluciones, entre ellas, una defensa más activa de competencia
y el control de precios.

El reciente episodio inflacionario ha estado precedido y acompañado por
fricciones en las cadenas de suministro globales, el encarecimiento del
transporte y la distribución y la subida de los precios de la energía y los
alimentos, todos ellos inputs
productivos en muchos casos importados y de uso generalizado en todos los
sectores. Es, por tanto, razonable relacionar el reciente episodio
inflacionario con un incremento generalizado en los costes de producción de las
empresas como consecuencia del encarecimiento de los inputs energéticos y de las materias primas. Las cuestiones que
animan el debate se refieren a si la traslación de los incrementos de costes a
precios se ha realizado de forma absorbente (las empresas no trasladan
íntegramente el aumento de costes y reducen márgenes), o se ha realizado de
forma aumentada (incrementando precios y márgenes). Y si la mayor o menor
traslación de incremento de costes a incremento de precios depende de la
competencia en los mercados y en qué sentido.

La disponibilidad de información sobre incrementos relativos de costes y precios en los ejercicios de 2022 y 2023 (expectativas) para una muestra de cerca de 500 empresas españolas con sede en Aragón, ha permitido llevar a cabo un estudio que trata de responder a las preguntas planteadas. El cuadro 1 resume una parte relevante de la información proporcionada directamente por las empresas en una encuesta voluntaria y anónima, sobre aumentos relativos de costes y precios en 2022 con respecto a 2021 y expectativas de incrementos de costes y precios para 2023 en relación con 2022. Prácticamente todas las empresas que participan en la encuesta responden afirmativamente a la pregunta sobre un posible aumento de costes en 2022, proporción que disminuye cuando se trata de expectativas sobre el comportamiento de los costes en 2023. Por tanto, el supuesto de que las empresas transitan por un episodio de inflación de costes no se rechaza. En segundo lugar, un porcentaje significativo de empresas no traslada el incremento de costes a incremento de precios, al menos instantáneamente y, entre las que sí lo hacen, el incremento medio de precios es menor al incremento medio de costes; es decir, las empresas de la muestra soportan en promedio un descenso en sus márgenes de beneficios.

Un análisis pormenorizado de la información disponible permite llegar a otros resultados relevantes. En primer lugar, la proporción de empresas que aumentan precios habiendo incrementado sus costes es menor en mercados más competitivos. Sin embargo, entre las empresas que experimentan aumentos de costes y deciden aumentar precios, la proporción de incremento de costes que se trasladan a precios es mayor entre las compañías que perciben más competencia en sus mercados que entre las que perciben un entorno menos competitivo. Otro resultado del análisis es que la traslación de incrementos de costes a precios se reparte a lo largo de varios periodos de tiempo y que las empresas que perciben entornos más competitivos trasladan el incremento de costes con más rapidez que las que perciben un entorno menos competitivo. Finalmente, se comprueba que la variación de márgenes se explica (negativamente) por la variación de costes, pero, controlando por la situación de costes de las empresas, la variación de precios no es informativa de la variación de márgenes.

Las respuestas de las empresas de la muestra a la inflación de costes es la
que podría esperarse según la teoría microeconómica de formación de precios en
mercados de competencia imperfecta. Las empresas tienen cierto poder de
mercado, pero desigual según las características estructurales del mismo
(número de competidores, diferenciación de producto). En un entorno de
competencia perfecta, no trasladar los incrementos de costes a incrementos de
precios y no hacerlo con rapidez significa poner en peligro la propia
viabilidad de la empresa. En mercados con competencia imperfecta las empresas
tienen holgura suficiente para valorar qué parte del incremento de costes
trasladan a los precios, conscientes de que los resultados no serán
indiferentes a las decisiones de otros competidores y de la sensibilidad de la
demanda a los precios de venta. La formación de precios se explica como un
resultado de equilibrio, donde el poder de mercado —situaciones donde los
precios se mantienen por encima de los costes marginales—, se conoce a partir
del resultado de equilibrio, es decir no se trata de un valor determinado de
antemano. Bajo este marco conceptual de análisis, en mercados estructuralmente
más competitivos los precios se mantienen cerca de los costes y se mueven en
paralelo a ellos cuando la competencia estimula la innovación y la mejora en la
relación calidad/coste de los productos. Sin embargo, las variaciones de costes
se trasladan más rápidamente y con mayor proporción a incrementos de precios en
mercados estructuralmente más competitivos que en los que lo son menos. La
competencia en los mercados tiene muchas virtudes, pero no es efectiva como
primera defensa frente a la inflación medida como variación de los precios.

Los resultados del estudio con datos empresariales —y la lectura que se realiza de los mismos desde la microeconomía— podrían ponerse en cuestión por la evidencia del incremento en los márgenes empresariales observado en las cuentas nacionales de la economía española y de otras economías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los datos agregados influyen los resultados de unas pocas y grandes empresas de una forma que no lo hacen en los resultados de los análisis con datos más granulares, como es este al que nos referimos. Más importante aún, en nuestra opinión, es el hecho de que los resultados con datos agregados no permiten diferenciar entre la influencia del comportamiento de los costes marginales y de los costes medios sobre la evolución de aquellos. Los partidarios de la explicación del episodio inflacionista como una greedinflation tendrán que argumentar por qué los márgenes empresariales, en el agregado, se mantienen relativamente estables antes de la pandemia y disminuyen durante la misma, cuando las condiciones estructurales de los mercados y el poder de mercado que se atribuye a las empresas no eran tan distintas a las actuales.

Más información en la nota técnica “Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis“

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Funcas y la CNMC publican el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’

mayo 9, 2023

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Uno de los
grandes problemas que tiene la defensa de la competencia es una cuestión de marca. El término “competencia” no evoca
en la ciudadanía sentimientos tan positivos como lo hacen, por ejemplo, las
palabras “equidad” o “innovación”. Sin embargo, la competencia es la palanca
por la que muchos servicios se han hecho accesibles a los consumidores con
rentas más bajas, generando una sociedad más equitativa. Gracias a la
competencia, los viajes en avión o en tren de alta velocidad se ha
universalizado; los servicios de telecomunicaciones —una puerta a la sociedad
del conocimiento— han reducido sus precios drásticamente en la ultima década,
al tiempo que mejoraban su calidad. De igual forma, cuando el mercado es un
terreno de juego “justo”, en el que se modula el poder de mercado y se derriban
las barreras de entrada, las empresas invierten más en innovación, porque es el
único camino para obtener ventajas competitivas y beneficios en el largo plazo.
Por ello, la competencia de los mercados, el santo grial que persiguen los
economistas, no es un fin en sí mismo, sino el medio a través del cual nuestra
economía puede aumentar su productividad, reducir los precios, generar más
equidad y, en definitiva, aumentar el bienestar para todos.

Ese problema de marca hace necesaria una reivindicación de la defensa de la competencia, transmitiendo a la sociedad española la importancia que tiene para la economía el funcionamiento competitivo de los mercados. Con ese propósito principal se publica hoy el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’, fruto de la colaboración entre Funcas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El libro
complementa este objetivo con otras finalidades. Una de ellas es dar
visibilidad al trabajo de la CNMC, una labor desconocida por muchos ciudadanos
pese a su gran impacto económico. Por razones tecnológicas, regulatorias, y de
abuso de poder de mercado por parte de las empresas establecidas, muchos
mercados no son competitivos. Por ello es trascendental la labor de la CNMC de vigilar
el comportamiento competitivo de las empresas, penalizando el que no lo es, así
como los análisis que realiza sobre las concentraciones empresariales o las
posibles mejoras de la regulación y la intervención pública. Este libro
pretende visibilizar este esfuerzo institucional y para ello, los expertos de
la CNMC exponen diversos estudios llevados a cabo durante estos años, sobre la
situación competitiva de los mercados, los potenciales problemas de
competencia que genera la regulación o la intervención pública, así como posibles
reformas para promover la competencia en diversos sectores.

La tercera meta
del presente libro es mostrar la complementariedad de esfuerzos entre la labor
desarrollada por la CNMC y la investigación de economistas de reconocido
prestigio. Y es que el análisis económico de problemas de competencia es
complejo por diversas razones. Como señaló Jean Tirole en su discurso de
aceptación del premio nobel, requiere comprender el modelo de negocio y el
comportamiento de las empresas que funcionan en el mercado, y llevar a cabo
esta labor requiere utilizar avanzadas herramientas metodológicas teóricas y
empíricas. Por ello, el análisis aplicado de la política de la competencia
está muy relacionado con la investigación económica más actual. Los
análisis de las agencias de la política de la competencia se nutren de los
últimos resultados obtenidos por la investigación económica, y los
investigadores se inspiran en los retos que plantea el análisis de la
política de la competencia para diseñar sus agendas investigadoras.

Una última
idea que ha sobrevolado el trabajo de todos los autores de este libro es que
los mercados, los problemas, las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos
cambian, a veces más rápido de lo que anticipamos. Ello determina que las
normas y las recetas de intervención pública corran el riesgo de quedar
obsoletas rápidamente. Por eso es necesaria una labor periódica de evaluación
y actualización, y ajuste cuando sea necesario. Un último objetivo que perseguíamos
en este libro es revisitar los sectores y remedios que han sido objeto de
atención y análisis en el pasado, para saber si, como sociedad, hemos sido
capaces de corregir los problemas que identificamos, o nos enfrentamos a nuevos
retos. Y, sobre todo, poner énfasis en la evaluación como herramienta de
avance social. Nunca es tarde para mejorar.

El libro se estructura en nueve secciones, dedicadas cada una de ellas a un sector económico. Los nueve mercados elegidos son importantes por su impacto social y económico y en gran parte de ellos, se han llevado a cabo cambios regulatorios importantes. En el libro se analizan mercados tan relevantes como la contratación publica, la publicidad online, el sector bancario y las fintech, el transporte de pasajeros en el sector aéreo, del ferrocarril y de los autobuses de larga distancia, los carburantes de automoción, la distribución de medicamentos y del agua. Cada sección consta de dos estudios, uno realizado por expertos de la CNMC basado en estudios previos llevados a cabo por la misma institución, y un segundo estudio realizado por académicos especialistas en el tema, que incorpora los resultados relevantes de la investigación reciente, realizada en algunos casos por los propios autores del estudio.

Descarga aquí el libro “Reformas para impulsar la competencia en España”.

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La atención primaria, vista desde la economía. Un seminario virtual de Funcas

abril 19, 2023

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La Atención
Primaria a la salud (AP), una parte fundamental del sistema sanitario público
español, ha despertado en los últimos meses gran preocupación social por las
demoras en las consultas y porque sus profesionales, especialmente los médicos
y en Madrid, se han puesto en huelga. Actualmente la población con seguros
privados está creciendo. Más del 30% del gasto sanitario es financiado
privadamente.

En España, desde
mediados de los años ochenta del pasado siglo, se ha desplegado una estructura
de AP relativamente potente y bien situada en las comparaciones internacionales.
Estas estructuras no existen en todos los países desarrollados sino sólo en
algunos, como el Reino Unido o los países nórdicos, además del nuestro. Los
problemas actuales han evolucionado en un proceso que ya dura años. Desde luego
la pandemia de la COVID-19 sobrecargó y tensionó el sistema y también se
denuncia la escasez de recursos y personal. Pero parece que los males son más
profundos.

La AP responde a la concepción de que, idealmente, deben funcionar unos servicios multidisciplinares integrales, que, con el foco puesto en el paciente y con visión global, coordinen todas las actuaciones que le afecten, que sirvan de contacto inicial accesible con capacidad resolutiva de gran parte de los problemas de salud y que sean capaces de proporcionar “longitudinalidad asistencial” (relación estable en el tiempo entre el equipo de AP y cada uno de sus pacientes, que favorezca la promoción de su salud y la prevención y el seguimiento de su evolución a través de todos los episodios de enfermedad y supervisando sus tratamientos). Hay razones teóricas y fundamento empírico para afirmar que una buena AP se asocia con menores costes, mayor satisfacción de la población, mejores indicadores de salud y menor uso de medicamentos (véase el Informe SESPAS 2012).

El 1 de marzo pasado Funcas celebró un seminario virtual de la serie de “Economía y políticas de salud: de la investigación a la acción”, para tratar de discernir los problemas profundos de la AP, especialmente desde el punto de vista de la Economía y a la luz de las investigaciones con fundamento empírico de las diversas disciplinas implicadas. Fue ponente un gran especialista, Vicente Ortún, Profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y comentaristas Remedios Martín Álvarez, médico de familia en el equipo de AP de Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Juan Simó Miñana, también médico, del centro de salud de Rochapea-Pamplona, y editor del muy difundido blog “Salud, dinero y atención primaria”.

En la sesión se
puso de manifiesto que existen problemas muy importantes de organización,
política de personal e incentivos, que van mucho más allá de la escasez de
recursos y tienden a ser ignorados en la discusión pública y política. Entre
ellos una organización actual muy burocrática, una rara avis en el mundo, que trata a los servicios sanitarios como
negociados estatales decimonónicos que debería ser sustituida por otras
fórmulas organizativas, como un sistema de autonomía organizativa responsable
para la AP del que ya hay experiencias (Entidades de Base Asociativa, EBA
catalanas). Igualmente se propuso descargar a los médicos y enfermeras de
tareas administrativas, reorganizar y compartir entre todo el equipo visitas y
otras actividades autogeneradas (control de crónicos y niños sanos…), gestión
de la demanda por enfermería, etc.

También se insistió
en la rígida gestión de personal. Tratándose de unos profesionales de larga y
compleja formación, alta especialización y elevadas expectativas, sorprende la
ausencia de métodos de selección modernos, carrera profesional y evaluación del
desempeño.

En cuanto a la
falta de incentivos correctos se puso de relieve el probado potencial
trasformador que podría tener la financiación capitativa, frente a presupuestos
y salarios, y pago por acto controlado para ciertas actividades. A nivel
individual los incentivos también son insuficientes, no sólo en cuanto a nivel
de remuneraciones, sino también por el abandono de las demás dimensiones de la compensación
laboral. Así, la Medicina Familiar y Comunitaria “cotiza a la baja”: pérdida de
poder, prestigio, influencia, vocaciones… Entre los 3.000 primeros puestos MIR
pocos son MFC y las administraciones tienen dificultades para incorporar a los
ya formados porque la organización no hace atractivas las condiciones de
trabajo.

Entre otras
aportaciones Remedios Martín expuso en detalle las propuestas de los propios
profesionales y Juan Simó recordó su idea del “descremado sociológico” de la AP.
Los colectivos con poder de decisión (políticos y funcionarios) y creadores de
opinión (periodistas) no la utilizan porque tienen regímenes privilegiados
alternativos. El desconocimiento subsiguiente le priva de prioridad.

Acceda aquí
al programa, al vídeo completo de la sesión y a las diapositivas del profesor
Ortún.

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De nuevo la ley de vivienda

febrero 8, 2023

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Segunda vuelta de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en el Parlamento, aprobada ya hace un año por el Consejo de Ministros. Ponencia parlamentaria delicada, de gran sensibilidad social en España. La actual coyuntura política de aprobación de leyes sensibles obliga a ser cuidadoso. En vivienda, además, se ha cosechado en las últimas décadas más hiel que miel. No se han solventado los principales problemas de acceso. Persisten distorsiones inmobiliarias que impiden los incentivos correctos. Sobre todo, en materia de oferta, donde su falta —para adquisición o alquiler— no es el único fallo, pero es el principal. Crear los incentivos correctos para aumentar las casas y pisos disponibles debería ser el eje de cualquier actuación pública. Se echa de menos apetito político desde hace, al menos, dos décadas por políticas de vivienda activas. Quizás el cortoplacismo explica la falta de objetivos de largo plazo en la acción pública.

Todo parte de un derecho constitucional programático, algo a lo que debemos aspirar, que desde muchas voces se convierte en un derecho absoluto. España tiene un grave problema de acceso. Hay una distribución muy desigual de la propiedad inmobiliaria, con grandes divergencias entre generaciones. Una parte de la población tiene dos o más propiedades inmobiliarias (generalmente, los tramos de mayor edad) y otra parte (los jóvenes) lo tienen muy crudo para tener una. Se une a otros problemas generacionales como las pensiones o la carga impositiva. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten. Son los que suelen motivar la acción pública.

En el alquiler, el intervencionismo es frecuentemente la medida más mencionada. No es la respuesta adecuada. Siempre más enfocados en precios que en cantidades. Cada vez que se habla de “topar” el alquiler, el mercado empeora. Se generan los incentivos incorrectos. Desaparece oferta, lo que refuerza el desequilibrio de una demanda que crece más que las viviendas disponibles para alquiler. Cualquier iniciativa legislativa para poner bases de medio y largo plazo debe responder a la realidad del mercado. La participación pública es necesaria para crear una mayor oferta pública de vivienda y para incentivar la movilización de la privada. La primera no es suficiente, sobre todo si la demanda se desboca. Precisa estímulos adecuados. Las medidas deben ser efectivas y para ello la mayor parte del mercado de alquiler debe quedar dentro del alcance la Ley. Ahora puede que no ocurra porque hay muchas vías de escape. Privadamente, inquilinos y arrendadores pueden fijar sus propios términos. Otras cuestiones controvertidas incluyen la complejidad (innecesaria) de la distinción entre “grandes propietarios” —con más de 10 viviendas— y los propietarios particulares o el concepto de zonas tensionadas, —aquellas en las que el precio se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años—, que queda desdibujado con la actual inflación.

Los conceptos claves para un aumento de la oferta, verdadera solución a los problemas de vivienda, son incentivos correctos, seguridad jurídica y una política mucho más activa que en las dos últimas dos décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Medicamentos y Economía: la evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico

enero 12, 2023

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Poco antes de Navidad celebramos en Funcas una jornada virtual sobre “Medicamentos y Economía: La evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico”, cuyo programa puede consultarse aquí y el vídeo aquí. Fue un seminario más de la serie de “Economía y políticas de salud: De la investigación a la acción”. La jornada tuvo mucho éxito, con 98 seguidores conectados durante la sesión y 487 visualizaciones durante el mes transcurrido.

Los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) son un instrumento sintético de gestión de la incorporación de nuevos medicamentos al arsenal terapéutico del Sistema Nacional de Salud con financiación pública, creado por el Ministerio de Sanidad en 2013. Por un lado, tratan de resumir la compleja evaluación de su eficacia terapéutica y su seguridad, desarrollada antes de la puesta en el mercado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero dando un paso más, pues intentan determinar su valor añadido terapéutico en comparación con los tratamientos alternativos existentes. Es un paso que Europa todavía no ha dado plenamente, pero que tiene planeado dar, según el reglamento europeo de evaluación de tecnologías sanitarias aprobado hace poco más de un año, que dispone la realización a partir de 2025 de Informes de Evaluación Clínica Conjunta, centrados en la efectividad clínica relativa.

Por otro lado, los IPT, progresivamente y no sin dificultades, han comenzado a incorporar la evaluación de la eficiencia (EE), es decir, el análisis de la relación (marginal) entre sus costes y sus beneficios en términos de salud, que no está exenta de desafíos metodológicos. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CC.AA., decidió impulsar su realización, como anunció en un plan publicado en 2020. La confluencia de ambas evaluaciones permite precisar la posición en la terapéutica de los medicamentos, con lo que los IPT servirían de base fundamental para orientar las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la utilización en la clínica de los medicamentos y también las decisiones de autorización de los precios e inclusión en la financiación pública.

El objetivo de este seminario fue, precisamente, que la profesora de la Universidad de Las Palmas Laura Vallejo y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva, ambos con destacada experiencia investigadora en este campo, presentaran los primeros resultados de un trabajo dedicado a valorar el grado de cumplimiento de dichos planes y la calidad de las EE incluidas en los IPT. Como expusieron, tras analizar los IPT publicados han comprobado que en el primer año y medio el número de los que han considerado la inclusión de la EE es bajo, que no en todos ha sido posible su realización y que su calidad es muy heterogénea. Para determinar su calidad los han contrastado con la metodología que el mencionado plan recomienda y que es la del grupo Génesis.

Una vez que esta valoración adelantada en el seminario Funcas esté concluida totalmente y publicada, podremos calibrar mejor las dificultades presentes y orientar actuaciones futuras que refuercen la realización generalizada de la EE en los IPT y su calidad metodológica.

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Rebaja del IVA de los alimentos básicos, competencia y Santa Bárbara

diciembre 30, 2022

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El Gobierno ha decidido reducir el IVA de los alimentos básicos: el del pan, la harina, los huevos, la leche, frutas, legumbres, verduras y cereales del 4% al 0%, y el de la pasta y el aceite del 10% al 5%. La medida viene acompañada, además, de ayudas directas —claramente distributivas— a personas con menores ingresos y patrimonio. Las rebajas fiscales son controvertidas, especialmente en un país con una deuda pública mayor que su propio PIB y en un entorno de tipos de interés crecientes. De hecho, muchos economistas han criticado ya esta reducción de los impuestos indirectos y dudan de que sea la mejor manera de ayudar a los más vulnerables durante la crisis. Por ello, merece la pena poner la lupa del análisis económico en esta reducción y obtener nuestras propias conclusiones

Un motivo razonable para la duda es que las rentas más altas también se benefician de las reducciones de los impuestos indirectos, a veces en mayor medida que los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la reducción del IVA que se aplica a algunos bienes culturales, muy deseable por otras razones, es claramente regresiva, ya que su consumo esta muy correlacionado con el nivel educativo y la renta. Por tanto, son las rentas medias y altas las que disfrutan fundamentalmente de esta subvención implícita a la cultura. Sin embargo, esto no sucede con los alimentos básicos. Es más: alguno de ellos, como las patatas o la pasta, son el ejemplo típico de lo que los economistas llamamos bienes “inferiores”, un adjetivo en ningún caso peyorativo, sino que alude a que su demanda aumenta al reducirse la renta: con menos recursos tendemos a sustituir la carne por los macarrones. En definitiva, al contrario de lo que pasa con gran número de ayudas y subvenciones fiscalmente regresivas (cultura, coche eléctrico, placas solares, etc…), las rentas más bajas deberían beneficiarse en igual o mayor medida que el resto de la población de esta reducción fiscal.

Otro problema potencial de la medida en la mente de sus críticos es que resulta fácil bajar impuestos, y muy, muy difícil subirlos, de modo que lo que es una decisión coyuntural (por el aumento de la inflación, o los precios de la energía) podría tender a volverse permanente. Pero en este caso el Gobierno evita este “efecto de trinquete” al establecer que la rebaja desaparecerá cuando la inflación subyacente descienda del 5,5%. Aún mejor: pensando en la cercanía de las elecciones y en las restricciones políticas, la rebaja que nos ocupa —con un coste fiscal estimado por el gobierno de 660 millones de euros— seguramente ha permitido justificar la retirada de la subvención universal de 20 céntimos por litro para la compra de carburantes: una gran noticia, ya que dicha subvención tenía un coste fiscal muy superior (rondaba los 5.000 millones), era manifiestamente regresiva (calculen el generoso subsidio público que los afortunados propietarios de grandes todoterrenos han recibido), y aumentaba el consumo de combustibles fósiles, desincentivando el uso del transporte público y de soluciones de movilidad menos contaminantes. La subvención era medioambientalmente disparatada, económicamente ineficiente al aumentar artificialmente el consumo de un insumo que había incrementado su coste e, incluso, estratégicamente cuestionable, pensando en la guerra de Ucrania y el impacto de la demanda de petróleo sobre los recursos de Rusia.

«Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado».

Juan José Ganuza

Más discutibles son las voces que reclaman sanciones para los establecimientos que no repercutan la bajada del IVA en los precios. Los controles de precios no funcionan y no se puede ir contra la ley de la gravedad y contra la microeconomía. Si se introduce una subvención (una rebaja impositiva) en un mercado competitivo, una parte se trasladará a los consumidores en términos de reducción de precios; inevitablemente, la otra parte engrosará los beneficios empresariales. Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado.

Con respecto a la elasticidad de la demanda, tenemos el viento de cola. La demanda de alimentos básicos no varía significativamente cuando estos aumentan su precio. La falta de elasticidad de la demanda (en jerga economista) hace que los cambios en los costes repercutan rápidamente en los precios, pero también que las reducciones de impuestos se trasladen en gran medida a una bajada en el precio si el mercado es competitivo. Y esa es la gran condición: que el mercado sea competitivo. Cuanto más lo sea, más bajarán los precios al hacerlo el IVA.

Pero solo nos acordamos de la competencia, como de Santa Bárbara, cuando truena. Fomentar la competencia no vende. En el debate público no se discute sobre la conveniencia de reducir las barreras a la entrada a mercados como el de la distribución de alimentos, mientras que otros, como el de transporte por carretera, están aún pendientes de ser liberalizados. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para asimilar que la mejora de la competencia no es solo un mecanismo para mejorar la innovación, expandir los mercados y con ello la demanda y el empleo, sino también para mejorar la equidad, reduciendo los precios de bienes esenciales como los alimentos básicos.

La eficacia de la competencia como palanca para mejorar el bienestar de todos ha quedado demostrada, por ejemplo, a través de la liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa sin mucho entusiasmo doméstico. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% en los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios en el corredor Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá mas rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más elocuente a los consumidores. En definitiva, no es tiempo para amenazar con controles de precios, sino para aprender la lección de que la competencia es un mecanismo para impulsar la equidad y el bienestar de los más vulnerables.

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Ajustando el paquete fiscal

diciembre 23, 2022

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En los próximos días, el Gobierno central debe presentar la prórroga del plan de respuesta a la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Creo que acertaría eliminando la bonificación general de 20 céntimos en hidrocarburos y dejarla solo para ámbitos profesionales: transporte, pesca, agricultura. A corto plazo, estos sectores no tienen capacidad de sustitución tecnológica, por lo que la supresión de la bonificación se trasladaría a costes y la tasa de inflación volvería a remontar en el primer trimestre de 2023. Suprimirlo en el caso de los particulares ahorraría varios miles de millones de euros. Esto nos permitirá rebajar el coste fiscal global del paquete y dar margen financiero a la aprobación de medidas adicionales más focalizadas y no contrarias al proceso de descarbonización de la economía española. En particular, parece acertada alguna fórmula de cheque a las familias de menores ingresos para afrontar el alza de precios en energía y en alimentación.

Hablando de alimentación, dos ideas. La primera es que la solución no está en el IVA. Porque buena parte de los productos ya están sujetos al tipo superreducido (4%) y, por tanto, la efectividad sería menor; y porque estamos abusando de las bajadas de tipos en este impuesto, lo que genera distorsiones en el funcionamiento de la economía. La segunda es que la cadena de producción y distribución de los alimentos es larga y los supermercados e hipermercados son solo una parte. Que sea en ellos donde percibimos las subidas no les convierte necesariamente en culpables, porque sus propios costes están aumentando sustancialmente. Por eso, el Ministerio de Consumo, en colaboración con las carteras de Agricultura y Pesca e Industria, debería analizar en el conjunto de la cadena alimentaria lo que está pasando con los precios de los productos que más han subido de precio, para identificar qué parte del alza no se justifica por mayores costes y quienes son los responsables.

En lo que concierne al tempo del plan, se deberían combinar medidas que, por su lógica, han de afectar al conjunto del año 2023 con otras que se vayan decidiendo trimestralmente. Porque esto nos permite ir ajustando el coste del paquete a la evolución del déficit fiscal y porque ante escenarios abiertos lo mejor es no atarse las manos.

Finalmente, un apunte menor: la subvención plena del transporte público no es buena idea. Desafortunadamente, el comportamiento de un porcentaje no menor de los usuarios deja que desear. La gratuidad total provoca irresponsabilidad en la reserva de plazas. Y las actuaciones de control por parte de Renfe están generando también distorsiones. Reducir la subvención al 50% o al 60% resolvería el problema y seguiría siendo un incentivo poderoso al uso del transporte público.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía de la salud pública en España (V). El gasto público desde un prisma internacional

diciembre 13, 2022

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Con este artículo finaliza la serie publicada en este blog (I, II, III, IV) sobre el análisis de la Economía de los servicios de salud pública en España. Su objetivo es contribuir a explicar por qué los servicios de salud pública – especialmente la vigilancia epidemiológica – a pesar de su importancia crítica, se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Los datos de gasto público en prevención y salud pública (GPSP) parecen ratificar la penuria de recursos. En esta ocasión vamos a analizar cómo estaba situada España en comparación con otros países europeos a este respecto desde 2002 y hasta 2020, primer año de la pandemia de la COVID 19 y último del que se dispone de datos.

Las principales observaciones son las siguientes:

Esta comparación se ve dificultada por la discrepancia importante entre la estimación del GPPSP de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) y la del propio Sistema de Cuentas de Salud (SCS) español (y consecuentemente también con los datos OCDE)^[1]. No cabe duda de que debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, con todas sus limitaciones, por la propia naturaleza de los gastos que incluye, por responder a las normas estadísticas internacionales, y porque coincide con los datos de la OCDE que nos permite hacer comparaciones internacionales.

En el periodo examinado 2002-2020 existe una notable dispersión del GPSP entre países. En el gráfico 1 aparece la nube de puntos representativos de las parejas de valores PIB y GPSP, que también permite apreciar su evolución temporal.

Como se ve en los gráficos 2, 3 y 4, Alemania, Italia y Finlandia (también Holanda, no representada) forman un pelotón de cabeza por encima de la media de la Zona Euro en las tres variables: gasto monetario agregado público (de las administraciones públicas), por persona, real; peso relativo en porcentaje sobre el PIB y peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto público corriente en sanidad. Alemania (y Holanda) gastan en euros por persona sistemáticamente alrededor de seis-siete veces lo que gastan los países más rezagados como Portugal (o Grecia no recogida en los gráficos) y tres veces en términos del PIB y del gasto corriente. En los años previos la pandemia Italia les llegó a superar, claramente en términos relativos. Estas coincidencias en las tres variables son relevantes porque significan una opción de política de salud clara. Francia destaca por su bajo nivel, sobre todo en términos relativos. Como se ve en los gráficos, y cabía esperar, la crisis de la COVID ha determinado un aumento notable del GPPSP en todos los países, pero especialmente en España (y en Holanda). En 2020 España ha adelantado a Finlandia en el peso relativo sobre el PIB.

Se comprueba que la evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2012, se quebró y no se había recuperado aún en 2019. Esto contrasta con el aumento en algunos países como Italia, Alemania o Finlandia. España, en 2019, en términos monetarios por persona gastaba casi tres veces menos que Alemania (49 versus 140,3 €) y aproximadamente la mitad que Italia (105,5 €) y estaba algo por debajo de la media de los países euro (58,5 €)^[2] (separándose más en los años previos a la pandemia). Esta inferioridad respecto del pelotón de cabeza y de la media se mantiene en 2020 a pesar de nuestro aumento del gasto. En relación al PIB y al gasto corriente España estaba también retrasada respecto del grupo destacado, pero ligeramente por encima o en la media. En 2020, con la pandemia, hemos superado dicha media en ambas variables. Llama la atención nuestro avance relativo en GPPSP respecto del gasto corriente, que puede reflejar un aumento del gasto en vacunas, pero un estancamiento del gasto en el sistema sanitario en su conjunto.

No ha sido posible detallar los Programas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos y enfermedades (HC 6.5 del SHA 2011) y en Preparación para programas de respuesta ante desastres y emergencias (HC 6.6 del SHA 2011) para España, ya que estos datos únicamente están disponibles para Bélgica y Francia.

En resumen, esta simple comparación internacional parece ratificar la penuria de recursos que nuestro país dedicaba a salud pública antes de la pandemia, aunque otros países europeos estaban aún peor. Resulta claro que esta área del gasto público debería gozar de mayor prioridad cuando todavía seguimos afectados por la pandemia de la COVID-19 y no se descarta que puedan sobrevenir otras en el futuro.

En la actualidad hay algunos síntomas de reacción de nuestras administraciones. El “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” en su “Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud” menciona esta prioridad^[3] y existe un proyecto de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Pero no está claro que estos proyectos sean suficientes. En todo caso, debería planificarse un gasto público óptimo para esta función, de importancia crucial para la salud y altísimos retornos económicos. Un ejemplo es el ejercicio realizado sobre necesidades de “rastreadores” para la detección de casos COVID, efectuado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También hay que reiterar que los problemas de metodología estadística que afectan a la estimación de estos gastos son muy importantes y no son independientes de las insuficiencias graves que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud. Debemos hacer un gran esfuerzo de mejora de estas estadísticas, dedicándoles los recursos necesarios. Son un instrumento de seguimiento, análisis y planificación imprescindible para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos van a seguir afectando.

^[1] En valores absolutos para 2019 (agregado nacional) frente a los 823 millones de euros de la EGSP, el SCS español estima 2.438. En términos por persona las cantidades son 17,4 y 51 euros respectivamente. Es decir, casi tres veces más. La discrepancia es debida a la distinta metodología empleada por las tres fuentes de información. La EGSP no se ajusta al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE-OMS-EUROSTAT (SHA) y contabiliza algunas partidas de forma diferente. En cambio, el SCS español incluye correctamente gastos que según el SHA son de Prevención y Salud Pública.

^[2] En los artículos anteriores, la media de los países se cifraba en 66,4€ (2019). Esta diferencia es debida a la actualización continua de los datos de los últimos años que tiene la base de datos de la OCDE (en este caso datos del 2020 y 2021, aunque estos últimos no completos). Cuando se incorporan los datos de los años más recientes son estimaciones que se acaban actualizando en un periodo de 2-3 años cuando los países disponen de la información ya validada. Por eso ha cambiado la estimación de la media, porque hay datos del 2017, 2018 y 2019 que se han actualizado para los diferentes países.

[3] Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén 37,9 millones de euros para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública.

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Un código para el buen inversor

septiembre 27, 2022

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El movimiento internacional alrededor del buen gobierno corporativo se activa a principios de los años noventa del siglo pasado con el llamado Informe Cadbury (1992), elaborado en el Reino Unido y presentado como un Código, cuyo propósito era “salvar” a las sociedades de capitales cotizadas en el Reino Unido, amenazadas por un desequilibrio de poder a favor de los equipos directivos y en detrimento de los accionistas. La gran innovación del Código Cadbury fue la potenciación de la figura del consejero independiente como defensor de los intereses de las compañías (de todos los accionistas, pero sobre todo de los minoritarios), y facilitar el reparto de las funciones de alta dirección y de control en personas distintas, evitando conflictos de interés. La iniciativa del Reino Unido se extendió por todo el mundo, y llega a España en 1998 con el llamado Código Olivencia para el buen gobierno de las sociedades cotizadas, con manifiestas influencias del Código pionero del Reino Unido.

La crisis financiera de 2008 fue el detonante de un cuestionamiento más profundo de las que hasta entonces se habían considerado buenas prácticas en la gobernanza empresarial. De nuevo en el Reino Unido se puso en marcha una comisión gubernamental con la misión de valorar y revisar las responsabilidades de la gobernanza corporativa dominante en el estallido de la crisis, y de sus trabajos surge la propuesta de elaborar un Código de buenas prácticas para los inversores-accionistas. El denominado Stewardship Code (SC) de 2010, dirigido principalmente a los inversores institucionales (que en Reino Unido son en su gran mayoría los titulares de las acciones de las sociedades cotizadas), considera positivo para las propias empresas y para los beneficiarios de los fondos de inversión la implicación de estos últimos, sus gestores, en el gobierno empresarial, y evita cualquier mención a los consejeros independientes, que habían sido los grandes protagonistas de la gobernanza corporativa hasta entonces.

La valoración oficial de la experiencia del SC 2010 en 2018 llegó a la conclusión de que su efectividad había sido muy escasa, y recomendó cancelarlo o revisarlo en profundidad. Finalmente, la autoridad competente optó por la revisión y en 2020 entró en vigor un nuevo SC. La versión revisada profundiza en el alcance de la implicación de los inversores institucionales en el gobierno empresarial, presta más atención a los incentivos de estos inversores a implicarse como accionistas activos, y, sobre todo, amplía los resultados a los que debe dirigirse la implicación para incluir aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, ESG —Environment Social Governance—, junto con el cambio climático. El subtítulo del artículo del profesor Paul Davies, From Saving the Company to Saving the Planet?, valorando críticamente la trayectoria reciente y perspectivas del SC 2020, sintetiza muy bien las aspiraciones del nuevo Código. La duda que plantea el interrogante es si, en las materias de ESG y cambio climático, las políticas gubernamentales y los cambios en las preferencias de los inversores y de los ciudadanos en general son suficientes, o no, para que los fondos de inversión y sus gestores se impliquen a favor de los intereses de toda la sociedad en estas áreas.

También la corriente de los Stewardship Codes se propaga y llega a España con el proyecto de Código de Buenas Prácticas para Inversores Institucionales, Gestores de Activo y Asesores de Voto que la CNMV saca a consulta pública el 24 de junio de 2022. En un trabajo que puede consultarse íntegramente en la web de Funcas, se presenta una valoración personal del texto provisional. El trabajo incluye comentarios y sugerencias que tratan de clarificar la diferencia entre salvar a las compañías cotizadas (ayudar a resolver conflictos de intereses entre partes afectadas) y salvar al planeta (internalizar externalidades de alcance global), y llaman la atención sobre las singularidades de la estructura accionarial de las sociedades cotizadas en España. En base a esas singularidades, en particular la presencia generalizada de accionistas de control, lo que no ocurre en el Reino Unido, se propone que el Código se dirija en general a los inversores-accionistas, con los inversores institucionales como caso particular, y no como destinatarios principales como ocurre en su redacción actual.

Acceda a los comentarios sobre el texto preliminar del Código de Buenas Prácticas de Inversores aquí.

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