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Un año económico de gobierno laborista

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.  

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Una crónica financiera de urgencia de Estados Unidos

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La economía y la sociedad estadounidenses parecen estar al borde del ataque de nervios, como en la gran película de Pedro Almodóvar. Termino de volver de un viaje a ese país, en el que he podido hablar con economistas y analistas, a la vez que percibir lo que ocurre a pie de calle. Caos (también económico) es la palabra más utilizada. El momento más llamativo fue la disputa pública entre el presidente Trump y Elon Musk, con más que probables consecuencias para las empresas de este último. Todo parece imprevisible y empieza a causar agotamiento en la población, que no ve las cifras económicas mejorar –tampoco empeorar significativamente– y ve que la incertidumbre inicial se alarga. Afecta negativamente a las expectativas de familias, empresas e inversores que no saben si, al final de este tumulto económico, el PIB y el empleo se debilitarán o si aumentará la inflación, o si los mercados continuarán sufriendo, con pérdidas para los ahorradores norteamericanos, o si un mayor déficit público puede llevar a una gran presión sobre el mercado de bonos y a algún episodio de inestabilidad financiera. Todo complejo de dilucidar.

Las últimas noticias de los aranceles de la Administración Trump son, por un lado, la continuación de la tensa espera ante los posibles acuerdos con todos los países y bloques como la UE. Los significativos avances de las últimas horas en la negociación con China parecen llevar a una cierta tregua comercial entre ambos gigantes.

Por otro lado, la más que inquietante medida que duplica los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, elevándolos del 25% al 50%, y que entró en vigor el 4 de junio, casi tiene los efectos de un embargo, como han comentado algunas empresas y analistas internacionales. Las cadenas de valor se van a resentir mucho. Y nuevamente las empresas estadounidenses, como las de las industrias automovilística o aeroespacial, pueden ser las más perjudicadas, y ya han expresado su preocupación por el impacto nocivo de estos aranceles en la viabilidad económica y la seguridad del transporte.

Todas estas medidas y la incertidumbre que las acompaña afectan a la inversión y al comercio, incluso si al final algunas de las tarifas se suavizaran notablemente. En todo caso, no cabe esperar con optimismo lo que quedará después de toda esta agonía arancelaria. La economía tarde o temprano lo notará negativamente.

En este entorno con dudas económicas es donde se va a aplicar la denominada “Big Beautiful Bill”, que es una ambiciosa propuesta legislativa fiscal ya aprobada por la Cámara de Representantes hace dos semanas. Combina temas fiscales, sociales y de seguridad nacional. O, dicho de otro modo, rebajas de impuestos, medidas de seguridad fronteriza, reformas del sistema de salud y modificaciones del gasto social. No está claro, a día de hoy, si el Senado lo aprobará tal y como está, vistas sobre todo las fuertes reacciones en el Congreso. Sin embargo, todos creen que una gran parte del Bill saldrá adelante tras su paso por esa Cámara.

Asimismo, los inversores –en particular los llamados bond vigilantes– van a estar muy pendientes de si esta propuesta lo que genera es un mayor déficit público e inflación. El primero de los efectos es difícil que lo compren unos inversores que están tomando muchas más cautelas desde los anuncios arancelarios de abril a la hora de adquirir bonos del Tesoro americano u otros activos denominados en dólares. El apetito inversor por esta divisa ha disminuido desde entonces. No es fácil sustituirla por otras divisas que son sólidas, pero que tienen unos mercados cuantitativamente mucho menos importantes (libra esterlina, franco suizo) o que nunca se diseñaron tan claramente para atraer capitales (como es el euro).

Y eso que la divergencia de las estrategias de política monetaria de la Reserva Federal con, por ejemplo, el Banco Central Europeo, debería conducir a una apreciación del dólar, algo que no se está produciendo. La semana pasada el BCE volvió a bajar los tipos hasta el 2%, mientras la Fed los mantuvo nuevamente en el 4,5%, con lo que el diferencial continúa aumentando.

Es cierto que la inflación parece más controlada en la zona euro, que además necesita, más que Estados Unidos, de estímulos financieros que saquen al Viejo Continente de la atonía en el crecimiento económico. En todo caso, está por ver que acontecerá en las próximas reuniones de los bancos centrales, pero seguramente las dudas sobre el dólar persistirán y meterán presión a los mercados.

Todo ello redunda en un menor apetito de los inversores globales por la deuda soberana estadounidense, lo que está convirtiendo las subastas del Tesoro americanos en grandes momentos de la verdad. Por ejemplo, hoy se emite deuda a 30 años, y lo que normalmente sería una subasta rutinaria de bonos, con una previsión de 22.000 millones de dólares, se ha convertido en unos de los momentos más esperados de Wall Street esta semana.

Lo que finalmente ocurra recibirá una atención especial porque ofrecerá una señal instantánea sobre el nivel de demanda del mercado en un momento en que la apetencia de los inversores por la deuda estadounidense a 30 años se ha debilitado. Y este no será última subasta al borde de un ataque de nervios, mientras la incertidumbre siga. Todas las subastas serán vistas como una prueba del sentimiento del mercado mientras el caos permanezca.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La economía de la salud pública en España (II)

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Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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