programa de compra de deuda – Negocios e Inversiones

Ahora, corregir el desequilibrio fiscal

junio 2, 2023

Cuando estalló la crisis de 2008 las cuentas públicas se encontraban en una situación saneada: habían registrado superávit durante tres años consecutivos y su deuda se hallaba bajo control en un 35,8% del PIB. La larga crisis financiera arrasó con esas cifras, pero después disfrutamos de seis años de recuperación, entre 2014 y 2019, que se podrían haber aprovechado para poner orden. Sin embargo, no fue así: el déficit público estructural se mantuvo en el 3% del PIB, mientras que la ratio de deuda sobre PIB al final de dicho periodo era del 98,2%, apenas 2,3 puntos inferior a la de 2013, el último año de la crisis, cuando la economía tocó fondo.

Durante los años de recuperación se advirtió repetidamente desde diferentes instancias de la importancia de sanear las cuentas públicas para que, cuando llegara una nueva crisis, la política fiscal tuviera suficiente margen de maniobra para hacer frente a la misma. Pero dichas recomendaciones tuvieron poco éxito, y cuando llegó la pandemia, su situación seguía siendo desequilibrada. Hay que recordar que al inicio de la misma, la prima de riesgo ya dio un pequeño susto, pero la rápida actuación del BCE, anunciando un programa de compra masiva de deuda pública —adicional al programa ya en vigor desde 2015— puso fin a las incipientes tensiones, y fue gracias a ello que pudimos aplicar las medidas presupuestarias que salvaron a la economía de la catástrofe, aunque a costa de disparar aún más el déficit y la deuda.

En 2022 se pudo dar por finalizada la crisis sanitaria, pero ello no supuso una reducción del gasto nominal, porque entonces llegó la crisis energética e inflacionaria, y los recursos que antes se destinaban a la pandemia ahora se debían dirigir a medidas para paliar el impacto de la nueva emergencia, alimentando más la deuda. Una parte de dichas medidas se mantienen en 2023, pero una vez finalice esta nueva emergencia, el gasto tampoco se reducirá, puesto que habrá sido sustituido por un mayor gasto en pensiones, en remuneraciones salariales —por el incremento en el número de empleados públicos y en sus salarios— y en pago de intereses. El propio Gobierno estima en su Programa de Estabilidad un gasto del 46,3% del PIB en 2024, ya sin medidas excepcionales de ningún tipo —y sin contar con los pagos relacionados con el Plan de Recuperación—, cuatro puntos porcentuales por encima de las ratios de los años previos a la pandemia. Es decir, los gastos extraordinarios de 2020 a 2023 desaparecerán completamente en 2024, pero habrán sido sustituidos, e incrementados, por otros de carácter estructural.

Pese a ello, el déficit se ha reducido desde el máximo alcanzado en 2020, gracias a un significativo e inesperado crecimiento de los ingresos públicos, que también han aumentado su peso sobre el PIB. Una parte de este crecimiento se explica por la inflación y la adopción de medidas impositivas; pero hay otra parte para la cual no se encuentra una explicación clara, y se sospecha que procede del afloramiento de economía sumergida. Tanto la Airef como el Banco de España han advertido de que este crecimiento inesperado de los recursos públicos podría no ser permanente, pero el Gobierno da por hecho que sí lo es, y estima que en 2024 los ingresos supondrán un 43,3% del PIB, también cuatro puntos porcentuales por encima de los años previos a 2020.

Todo ello implicaría que en 2024 el déficit aún sería del 3%, muy semejante al de 2019. Asimismo, el Gobierno estima que el déficit estructural —es decir, eliminando los ingresos y gastos derivados del ciclo económico— descendería progresivamente hasta el 2,5% del PIB en 2026. Sin embargo, las proyecciones de instituciones privadas y organismos internacionales apuntan a cifras más elevadas, con un déficit estructural, en ausencia de medidas de ajuste, que podría situarse de forma persistente entre el 3,5% y el 4% del PIB.

Con un déficit estructural del 3,5%, no hay ninguna garantía de que la ratio de deuda sobre PIB vaya a situarse en una senda de sostenibilidad, es decir, de descenso continuado. El nivel de esta ratio se ha reducido notablemente desde el máximo alcanzado en 2020 (120% del PIB), debido a la “normalización” del denominador tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Pero esa trayectoria descendente podría finalizar en 2024 o 2025, y solo bajo unos optimistas supuestos en cuanto al crecimiento potencial del PIB, tipos de interés y otros factores relacionados con las pensiones, dicha senda se prolongaría en los años posteriores. Bajo supuestos más prudentes, la deuda tomaría una senda ascendente, es decir, de insostenibilidad. Esta perspectiva nos expone a que, ante cualquier “tropiezo” en los mercados financieros nuestra prima de riesgo vuelva a dispararse.

Además, aunque los analistas no lo contemplen en sus escenarios centrales de previsiones, la posibilidad de un aterrizaje brusco tras el cambio de rumbo de la política monetaria es muy elevada si atendemos a los precedentes históricos. De hecho, el consumo ya ha caído durante dos trimestres consecutivos, y el impacto de la subida de tipos de interés aún no se ha transmitido en su totalidad a la economía. La llegada de una recesión, en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas como la actual, de elevada incertidumbre, y en medio de un proceso de adaptación de los mercados financieros a un nuevo marco de política monetaria, podría ser un cóctel desastroso.

El respaldo de la autoridad monetaria es lo que nos ha permitido transitar esta etapa de crisis sucesivas, pandémica primero y energética después, con relativa comodidad, pero el apoyo del BCE tiene los días contados. El año pasado anunció un programa especial destinado a controlar las primas de riesgo pero sus características no están claras, y en cualquier caso el recurso al mismo conllevaría un estigma y un daño reputacional. El desequilibrio fiscal, en suma, coloca a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad.

Durante la pandemia y la crisis energética no era el momento de aplicar un plan de consolidación fiscal, pero sí que hubiera sido deseable la presentación de un programa para ser aplicado cuando las condiciones lo hicieran posible, como reclamaba, entre otros, el Banco de España. En cualquier caso, el momento ya ha llegado tras la finalización de la situación de emergencia, y con el restablecimiento de las reglas fiscales el año próximo no será posible postergarlo por más tiempo.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario ABC.

El endiablado dilema monetario

mayo 8, 2023

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Tras la nueva subida de tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo (BCE) —un 0,25%, en línea con lo anticipado— nos acercamos al umbral a partir del cual los riesgos inherentes al arma monetaria se intensifican. Como ya ocurrió en el periodo anterior a la gran recesión, el impacto de los ajustes parece inocuo en las primeras fases del ciclo restrictivo, pero se aceleran posteriormente con la aparición de un episodio de inestabilidad financiera. Por supuesto, los responsables monetarios conocen esa “no linearidad”, si bien en el caso del BCE el objetivo cuasi exclusivo de eliminar la inflación en un plazo corto complica la tarea.

El principal argumento esgrimido para respaldar la vuelta de tuerca es que la inflación es persistente: pese al abaratamiento de la energía, la inflación subyacente se sitúa todavía en cotas demasiado altas. Por otra parte, la economía europea —y singularmente la española— evoluciona mejor de lo previsto pese a la subida de tipos, con un crecimiento escueto pero positivo del 0,1% en el primer trimestre. La extraordinaria resistencia del mercado laboral actúa como dique de contención ante la pérdida de poder adquisitivo a la vez que atenúa el riesgo de impago de los hogares endeudados. En todo caso, los niveles de deuda privada son muy inferiores a los observados antes de la gran recesión. En España, los hogares han conseguido aligerar sus pasivos en más de un tercio, en relación con su renta disponible. En el caso de las empresas no financieras, el recorte alcanza el 40%, fruto de un proceso de desendeudamiento que no ha concluido.

Según esta visión, la cascada de caídas de bancos regionales en EE UU y el colapso de Credit Suisse en Europa se interpretan como episodios puntuales, poco probables bajo el paraguas regulatorio que prevalece en la zona euro y con un impacto limitado habida cuenta del tirón de la economía. Si bien los halcones han aceptado relajar el ritmo de ajuste de tipos de interés, también han obtenido una decisión importante para España: el fin a partir del verano de la reinversión por parte del BCE de todos los bonos públicos que lleguen a vencimiento. Esto se asemeja a un órdago dirigido a los Estados, para que arrimen el hombro en la lucha contra la inflación, corrigiendo sus desequilibrios presupuestarios. A partir de julio, habrá que colocar en el mercado toda la deuda amortizada en el banco central, además de las necesidades de financiación ya anticipadas según el déficit y los vencimientos de títulos en manos del sector privado.

Frente a este escenario de reducción de la inflación con aterrizaje suave de la economía, existe otro menos amable. En primer lugar, la resiliencia de la economía se sustenta en buena parte en el fenómeno de ahorro embalsado, un factor que está perdiendo fuerza a tenor de la caída del consumo de los hogares registrado en los dos últimos trimestres. La tendencia es similar en la eurozona, según los malos datos de ventas minoristas (-1,2% en marzo). Los salarios siguen perdiendo capacidad de compra, a la vez que los costes financieros se disparan. Por otra parte, la experiencia pasada muestra que la inflación responde con retraso a la restricción monetaria, de modo que no resulta fácil para el BCE calibrar su política. Se puede pasar si la tendencia de fondo es ya consistente con una convergencia hacia el objetivo.

En cuanto a la inmunidad del sistema financiero europeo, el propio supervisor reconoce vulnerabilidades como las posibles conexiones entre las entidades que operan bajo su normativa y la banca en la sombra. Otro foco de atención atañe a las pérdidas latentes generadas por la depreciación de activos adquiridos a tipo fijo. Todo ello sin contar con el impacto de eventuales brotes aislados de estrés financiero. Conseguir a la vez una rápida vuelta a la estabilidad de los precios y un crecimiento sostenido es un dilema endiablado.

MANUFACTURAS | El índice de producción manufacturera registró en marzo un crecimiento mensual del 2,6%. Sin embargo, habida cuenta de la debilidad del inicio del año, el índice muestra un estancamiento para el conjunto del trimestre. En cuanto a las perspectivas, el indicador PMI de gestores de compra de manufacturas para abril ha descendido por debajo del nivel de 50, algo que apunta a una contracción de la actividad —aunque en menor medida que en las otras grandes economías europeas—. Asimismo, la utilización de la capacidad productiva manufacturera anticipa un retroceso en el segundo trimestre.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Fin al dinero barato 4.026 días después

julio 23, 2022

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Todas esas jornadas han pasado desde el 13 de julio de 2011 para que el BCE haya vuelto a subir los tipos de interés. Ha acontecido de todo desde entonces, desde la agudización de la crisis de la deuda soberana aquellos años, hasta una severa pandemia y una guerra cruenta en Ucrania —de futuro incierto—, pasando por el whatever it takes del siempre presente (ahora no menos) Mario Draghi. Este jueves el BCE finalmente ha aumentado su tipo de interés de referencia, nada menos que un 0,5%, con más subidas próximamente, como primera acción contundente para combatir una inflación que parece desbocada.

Como un complemento de manga ancha, finalmente se aprobó el llamado Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés). Hace pocos meses parecía muy improbable —véase la hemeroteca con declaraciones oficiales—, pero ha acontecido tras asentarse una realidad cruda y cabezona: la inflación se ha puesto cómoda en nuestras vidas. O se combate con toda la fuerza o se nos queda en el salón de casa por mucho tiempo. Y, por las turbulencias que puedan venir —desde Italia las primeras— desde Fráncfort se comprará lo que sea preciso.

El miedo a la deflación —y, de reojo, a una posible crisis de deuda soberana— explica por qué los tipos de interés no subieron en este largo periodo. Solamente bajaron o se mantuvieron. Se acometían también masivas compras de bonos. El tiempo juzgará el acierto de estas decisiones. Los posibles errores tendrían atenuantes, por decidir en territorios inexplorados, como es la realidad económica y geoestratégica cambiante y virulenta. También el complejo entramado institucional de la UE, con claras carencias en el camino hacia la completitud de una mayor unión política.

Tras meses en los que el mercado parecía penalizar todo lo que olía a euro y a Viejo Continente, los últimos días han dado respiro. Hay menos pesimismo. Los mensajes del BCE, ratificados este jueves con fuerza, parecen haber ganado credibilidad. La gran espada de Damocles —un eventual corte del gas ruso y sus terribles consecuencias económicas— sigue pendiendo, pero si se compara con las debilidades de la crisis financiera de 2008, está ganando terreno una visión menos apocalíptica de la economía, el empleo y los precios. Lo sabremos en los próximos meses, pero la recesión parece que será menos generalizada de lo que se pensaba hace semanas. Donde acontezca, apunta a menos prologada.

El BCE ha compartido una visión similar. No puede evitarse una notable desaceleración, pero los preparativos de reservas de gas —con mayor resiliencia y capacidad de cooperación en la UE para compartir recursos— y la reciente evolución de los precios de la energía parecen apuntar a un escenario menos catastrofista. Los deberes pendientes con la inflación continúan siendo de gran magnitud. El BCE ha comenzado el tratamiento para la dolencia inflacionaria: subir tipos de interés y prometer nuevas dosis. Y, además, para evitar efectos secundarios de esa medicación sobre los mercados de deuda soberana, aprobó el TPI que aplicará seguramente con la contundencia que transpiraba en el discurso de Lagarde. Aun así, la inestabilidad política ha hecho subir la prima de riesgo italiana. La presidenta de la institución monetaria lo ha dejado claro: “Las compras no van a estar restringidas ex-ante”. De alguna manera, ya tiene su whatever it takes. Esperemos que los mensajes y decisiones conduzcan al éxito.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Se adelanta el final de las compras de deuda del BCE?

marzo 15, 2022

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El año pasado los tipos de interés llegaron a mínimos históricos. Así, el Euríbor a un año descendió hasta un nivel medio anual del -0,5% y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años situó su media anual en el suelo histórico del 0,35%. Pero con el despegue de la inflación, y tras la reunión del BCE de principios de febrero, quedó claro que la política monetaria se dirigía hacia la normalización y que la etapa de tipos de interés ultrarreducidos llegaba a su fin. Los mercados de futuros descontaban agresivas subidas, apuntando incluso a un retorno a niveles positivos al final del año. El Euríbor comenzó a ascender y la rentabilidad de la deuda pública española a diez años llegó a alcanzar el 1,25%, con un ascenso también de la prima de riesgo, aunque todavía lejos de la zona de peligro.

Tras la invasión de Ucrania, el panorama con respecto a la senda de la política monetaria y los tipos de interés se volvió más incierto. El impacto de la guerra es de tipo estanflacionario, es decir, eleva la inflación al tiempo que reduce el crecimiento. Esto supone un dilema para el banco central, que tiene que decidir qué objetivo es prioritario: evitar el desencadenamiento de un proceso inflacionista persistente, y por tanto endurecer la senda prevista de su política monetaria, o sostener la actividad económica y el empleo, lo que le llevaría a una relajación de la misma.

La reacción inicial de los mercados tras el estallido de la guerra fue moderar las expectativas con respecto a las subidas de tipos por parte del BCE. El Euríbor a un año frenó su escalada, y la rentabilidad de la deuda pública descendió. Lo que se esperaba, en general, era el mantenimiento de la retirada de estímulos decidida en febrero, y que, de modificar la senda prevista de la política monetaria, sería para suavizarla. Se pensaba, por tanto, que sería la preocupación por el impacto sobre la actividad económica la que más pesaría.

La decisión anunciada el jueves por Lagarde, sin embargo, ha sido la opuesta. El BCE acelerará la reducción de las compras de deuda, y podría finalizar las mismas en el tercer trimestre en caso de que las perspectivas para la inflación no hayan mejorado. Lagarde no concretó nada con respecto al inicio de las subidas de tipos, pero tras el anuncio los mercados volvieron a descontar su retorno a terreno positivo. El impacto más relevante, sin embargo, es en el mercado de deuda. La perspectiva de una próxima finalización de las compras de títulos por parte de la institución disparó las rentabilidades hasta máximos anuales, con un incremento, de nuevo, de la prima de riesgo.

“La finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal”.

María Jesús Fernández

El BCE ha considerado, por tanto, que su prioridad es evitar que la inflación se desboque y las expectativas se desanclen, lo cual no debería sorprender, puesto que el control de la inflación es su único mandato, no el sostenimiento de la actividad económica. Pese a ello, la decisión será polémica, dado el fuerte impacto económico, de magnitud aún incierta, que va a derivarse de la guerra, y dada también la poca utilidad de la política monetaria para impedir una inflación originada por un aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales. No hay que olvidar el precedente de las subidas de tipos practicadas por Trichet en 2011, cuando, en un momento de gran debilidad económica, la inflación aumentó a consecuencia del encarecimiento del petróleo, decisión de la cual se tuvo que retractar pocos meses después. Se puede alegar, no obstante, que lo anunciado por Lagarde, en realidad, no supone el inicio una política monetaria restrictiva, sino tan solo la eliminación de unos estímulos que podrían proporcionar a la economía combustible para el desencadenamiento de una espiral precios-salarios. Es decir, no se trata de rebajar los precios energéticos, sino de evitar que la inflación actual acabe perpetuándose.

Una consecuencia muy relevante del anuncio del BCE es que la finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal —por ejemplo, a través de subvenciones o bajadas de impuestos a hogares y empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía—. Si el margen de maniobra era ya reducido, ahora lo es aún más. Es más, sin el BCE actuando como demandante, existe el riesgo de que las condiciones en los mercados financieros se tensionen y comiencen a dispararse las primas de riesgo, lo que pondría a la institución en un nuevo dilema, que probablemente sería resuelto retornando al mercado a comprar títulos de deuda.

Por otra parte, la incertidumbre es máxima; no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto ni qué va a pasar en los mercados energéticos. No se puede descartar ningún escenario, ni por tanto un cambio en la valoración relativa del BCE con respecto a los riesgos para la inflación y el crecimiento. De hecho, en su comunicado dice expresamente que las compras netas podrían reanudarse si fuera necesario. No está claro, en suma, que el BCE vaya a poner fin a los estímulos de forma tan inmediata como ha anunciado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Cuenta atrás para apuntalar la recuperación

diciembre 13, 2021

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Uno de los resultados más inesperados de esta crisis es el cambio de paradigma de la política económica europea. Frente al dogma del retorno al equilibrio presupuestario en 2011-12, sin miramiento por las consecuencias económicas ni sociales, en esta ocasión Bruselas se ha decantado por un apoyo inteligente a la coyuntura. Las reglas fiscales hubieran encorsetado la respuesta a la pandemia, de ahí la decisión de ponerlas en suspenso.

El BCE, por su parte, ha jugado un papel crucial facilitando la compra de deuda pública en condiciones excepcionalmente favorables. Desde el inicio de la pandemia, la deuda del Estado se ha incrementado en 170.000 millones de euros (casi 3.600 euros por persona), y prácticamente todo ese pasivo nuevo se encuentra en el balance del banco central. Una política muy distinta de la restricción financiera y del incremento de tipos de interés de la época Trichet. El resultado es un abaratamiento del coste de financiación del Estado y una reducción providencial de la prima de riesgo.

Fuentes: Tesoro Público, Banco de España, BCE y Funcas.

Ese alineamiento de las planetas fiscales y monetarias es todavía necesario: la coyuntura interna parece estar padeciendo un nuevo ataque de debilidad, fruto de los cuellos de botella, la merma de poder adquisitivo producida por la inflación de precios energéticos y ahora Ómicron. El índice de producción industrial encadena 5 meses de caídas y las perspectivas de recuperación del turismo se ven empañadas por las restricciones que se extienden por toda Europa.

Si bien las administraciones parecen estar acelerando la ejecución de los fondos europeos (sobre todo con la reciente aprobación del plan del vehículo eléctrico), el empuje llega tarde en relación al enfriamiento en marcha. Es probable, por tanto, que España no alcance los niveles de actividad prepandemia hasta finales de 2022 o inicios del siguiente ejercicio.

¿Podremos seguir contando con una política económica europea tan benevolente? En parte sí, pero se vislumbran importantes cambios para los que convendría prepararse.

Del lado amable, el argumento más contundente viene de Draghi. El primer ministro italiano nos ha acostumbrado a expresarse con parsimonia, y cuando lo hace suena como la llamada de un oráculo: “la reforma de las reglas fiscales es inevitable”. Y lo es, en primer lugar, porque la UE tiene que afrontar una transición energética más complicada de lo previsto, y que por tanto se requiere de un volumen ingente de inversiones para cambiar el modelo energético. Esto no es posible en el marco de la senda de consolidación establecido en el siglo pasado.

El próximo gobierno alemán lo ha entendido, y podría estar dispuesto a aceptar que la inversión verde no se contabilice a efecto de los objetivos de déficit público. En segundo lugar, Francia e Italia comparten con nuestro país una situación presupuestaria y de deuda deteriorada —la consecuencia del reciente empujón a la inversión pública es un crecimiento más elevado que el nuestro, de momento—. Una vuelta de tuerca abrupta a partir de 2023, que es cuando las reglas fiscales se reactivarán hipotéticamente, provocaría un seísmo de consecuencias impredecibles. Por las mismas razones, el BCE solo puede normalizar su política monetaria gradualmente, so pena de tensar las primas de riesgo.

No obstante, los planetas tienen su lado oscuro: todo apunta a que, el nuevo paradigma necesariamente incorpora condiciones. Los países “frugales” no han renunciado al manual, y exigirán una corrección de los desequilibrios presupuestarios a cambio de una eventual relajación de las reglas que se aplican a la inversión. Y la compra de deuda por razones de pandemia del BCE podría tocar a su fin a partir de la primavera, ante una inflación más persistente de lo anticipado, lo que nos abocará a recurrir más a los mercados. La política económica española dispone por tanto de un tiempo acotado para apuntalar la expansión, impulsando la inversión y la ejecución del plan de recuperación. Cuando giren los astros, el margen de actuación se estrechará irremediablemente.

INDUSTRIA | El índice de producción industrial descendió un 0,4% en octubre, y más del 3% desde mayo. Según las encuestas cualitativas, la falta de suministros es la principal causa. Los cuellos de botella están impidiendo la realización de una abultada cartera de pedidos. Destaca la caída de la producción de bienes de equipo, en consonancia con el enfriamiento de la inversión y el retraso en la ejecución de los fondos europeos. Según la IGAE, el gasto total hasta octubre a cuenta de los fondos asciende a poco más de 6.000 millones.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿El principio del fin?

septiembre 11, 2021

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La respuesta es no. Aunque este jueves el Banco Central Europeo (BCE) anunció que aflojaba un poco el ritmo de compras de bonos por motivo de la pandemia, solamente cabe esperar, al menos por ahora, que este movimiento, sea un pequeño “retoque” en el proceso monetario expansivo. Ese ajuste se produce en un contexto de fuerte recuperación económica y aumento de la inflación. En otras circunstancias supondría un cambio en la estrategia a una más restrictiva, pero son ya doce años sin atisbar grandes señales de cambio de política monetaria. Y veinte de excepcionalidades y sobresaltos desde el 11-S. Siguió una crisis financiera brutal, con legado complicado, fases de crecimiento desigual y, finalmente, una pandemia devastadora. Mucha tela monetaria que cortar.

Parece existir un razonable optimismo en el BCE sobre la evolución macroeconómica en los próximos trimestres. El mayor éxito de la vacunación de la UE comparado con otras zonas y bloques del mundo han reforzado las buenas expectativas de la Eurozona. Ha vuelto a funcionar el Mercado Único, aunque sea con alguna dificultad, incluso en la movilidad de personas. La vacunación y los “pasaportes covid” pueden llevar la fase de bonanza más allá que en otras partes del mundo. La pujanza en la inflación no parece ser motivo de profunda preocupación en Fráncfort. Hay fuerzas de medio plazo algo “deflacionarias” —como la debilidad del mercado de trabajo y la digitalización de la economía— pero en el corto plazo puede haber nervios ante la subida de la “fiebre” (inflación). El sentimiento irá por barrios. En Alemania deben estar bastante incómodos con su inflación de 3,9% de agosto. Si a ello se une el “castigo” para los ahorradores europeos que supone la estrategia de bajos y/o negativos tipos de interés de los últimos doce años del BCE, se entiende que en los países de Centro y Norte de Europa —donde están las mayores tasas de ahorro— estén deseando un cambio significativo en las condiciones monetarias. Se antoja que ni por esas.

La historia parece repetirse en la última década. Cuando un banco central —sea BCE o la Fed— se plantea en serio cambiar la estrategia monetaria e, incluso, subir los tipos, algo lleva al traste ese movimiento (el famoso “tapering”). O bien aparece una desaceleración brusca o unos malos datos de empleo en Estados Unidos o en la zona euro, donde el telón de fondo de repuntes en la prima de riesgo de las deudas soberanas ha sido determinante en lo acontecido desde 2010. Ya en 2020, cuando parecía que podía haber un cambio en la estrategia monetaria a medio plazo en los países occidentales, llegan los efectos devastadores del coronavirus y retienen a los bancos centrales en el bucle de la expansión monetaria, incluso, en este caso, mayor que las anteriores. Solamente nos queda imaginar cuál será la causa que en unos trimestres trunque nuevamente la modificación de la estrategia de las autoridades monetarias. A pesar de los anuncios de este jueves, no hay cambios significativos en el panorama monetario del euro. Ni están ni se les espera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La era del dinero mágico toca a su fin

septiembre 6, 2021

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Los buenos resultados que se han dado a conocer la pasada semana no deberían eclipsar el papel vital de uno de los principales artífices de la recuperación: el BCE. La casi totalidad de los 129.000 millones de euros de deuda pública emitida desde el inicio de la pandemia para sostener la economía y preparar su rebote han sido comprados por el banco central (con datos del Tesoro Público hasta mayo). Esto significa que los mercados no han mostrado interés por incrementar su participación: los operadores extranjeros han vendido títulos por un total de 12.000 millones, compensados por la mayor presencia de las entidades residentes.

Si el paro apenas subió durante la pandemia y sectores enteros no colapsaron es gracias al apoyo de los presupuestos públicos, financiados por emisión de una deuda que ha acabado en el balance del BCE. Esa generosidad se ha mantenido durante la etapa más reciente marcada por la salida de la crisis, evidenciada por los principales indicadores de coyuntura (los PMI encadenan cinco meses en cotas netamente expansivas, si no históricas). La afiliación a la seguridad social se ha incrementado en 1,2 millones de personas desde marzo (en términos efectivos, descontando el efecto de los ERTE y autónomos con prestación) lo que demuestra la importancia de los dispositivos de empleo financiados cómodamente gracias a los potentes estímulos monetarios.

Unos estímulos que han servido también para aligerar las cargas financieras de los Estados. Gracias al abaratamiento del dinero, los pagos por intereses han evolucionado en sentido inverso a la acumulación de deuda. Con los tipos de interés que prevalecían en la crisis financiera, es decir, sin la ayuda del BCE, las cargas por intereses alcanzarían 50.000 millones, el doble de lo que afortunadamente hemos soportado en el pasado ejercicio.

Pero las tornas podrían cambiar, no solo por el repunte ya registrado de los precios. El IPC se elevó un 3% en agosto en el conjunto de la eurozona, e incluso más en países hipersensibles a esta cuestión como Alemania (3,4%). El encarecimiento de todo tipo de suministros importados y de los productos energéticos son el principal factor, de modo que, de momento, el núcleo central de precios se mantiene en niveles inferiores al 2%. No se perciben tensiones inflacionistas de suficiente envergadura como para justificar un endurecimiento del BCE. Pero la preocupación crece entre los halcones.

Fuente: INE, Tesoro Público y Funcas.

La propia recuperación resta argumentos al mantenimiento de la excepcionalidad monetaria. Además, los efectos colaterales de la abundancia de liquidez son cada vez más visibles en los mercados de vivienda, con precios que se han disparado en la mayoría de países europeos —menos en España, donde la memoria de la época de la burbuja es dolorosa—.

La lógica aboga por un mayor protagonismo de otras políticas: la pandemia ha provocado una modificación estructural de la demanda, que presiona al alza en algunos precios (tecnología, electricidad) relativamente a otros. La política monetaria, global por naturaleza, es incapaz de hacer frente a estos cambios, que requieren de instrumentos quirúrgicos de corte fiscal y de reformas.

Todo confluye en una cierta inflexión de la ultra-expansión monetaria en los próximos meses. El banco central empezará reduciendo las compras de nueva deuda, de modo que en algún momento tendremos que recurrir al mercado para financiar el déficit, es decir atraer inversores que apuesten por nuestra economía. La calidad del gasto público, y la buena asignación de los fondos europeos, es crucial a este respecto. Japón soporta una deuda colosal sin duda porque los mercados anticipan efectos favorables de su política fiscal. La instrumentación de un presupuesto anti-cíclico europeo es otro ingrediente —las actuales acciones están marcadas por la transitoriedad—.

En cuanto a
las reformas, destaca la del mercado eléctrico, por su impacto desproporcionado
en la inflación, el poder adquisitivo y la competitividad. Nuestra política
económica no puede ser tan dependiente del BCE .

EMPLEO | El número de afiliados a la seguridad social se incrementó en agosto en 126.000, con cifras desestacionalizadas por Funcas. Descontando la reincorporación de los trabajadores en ERTE y otros dispositivos, el empleo “efectivo” se incrementó en 161.000 personas, encadenando seis meses de crecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que a final de agosto aún permanecían 272.000 asalariados en ERTE y había unos 222.000 autónomos recibiendo prestación. Con todo, en términos efectivos, aún faltan 725.000 empleos para recuperar el nivel de febrero de 2020 en el sector privado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La aparente levedad de la deuda

julio 5, 2021

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad.

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados.

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Impuesto mínimo de sociedades

junio 14, 2021

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Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica, y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía, gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Frankfurt reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE, a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades
es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios
y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para
atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de
algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las
grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas
públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la OCDE. La
competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a
las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre
jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación
para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte,
ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados
se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, o a recortar el
gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: OCDE, Tax Foundation y estimaciones Funcas.

Todo ello motiva la propuesta de la administración Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos— tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa, y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales, y sobre todo la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.

IMPUESTO DE SOCIEDADES | El impuesto de sociedades ha seguido una tendencia descendente en las últimas cuatro décadas. La tributación media en la OCDE ha pasado del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. La UE ha registrado una evolución similar, con recortes especialmente pronunciados entre 2000 y 2010. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, diez puntos menos que en 2006. Y entre los países de la UE, solo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades por debajo del umbral del 15% propuesto por EEUU en el G7.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La palabra de moda

junio 12, 2021

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Se empieza a ver la luz al final del túnel de la covid-19 y no es la recuperación —evidente en algunos países— el término económico que más se menciona sino la inflación. Eso sí, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo mostró poca preocupación en el medio plazo por el repunte de los precios y dejó claro que el menor tono de crecimiento de la Eurozona le inquieta más. En Fráncfort se sigue hablando de “puente” para la recuperación porque no es tan palpable, como sí lo es en Estados Unidos. No se esperan grandes cambios en la estrategia monetaria —los tipos de interés no cambian por ahora— y se mantiene con intensidad el programa de compra de activos. La autoridad monetaria ratificó que este programa está para lo que haga falta aún durante bastante tiempo.

El BCE no está muy presionado para hacer virajes porque, aunque la inflación de la Eurozona ha aumentado, sigue estando dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y la subyacente en el 0,9% en mayo, aún relativamente contenida. Los más halcones presionan para ir anunciando alguna retirada adicional de estímulos, pero no protestan demasiado. No quieren descarrillar la recuperación en sus propios países, aún débil. El retorno a niveles prepandemia del empleo y otros indicadores se producirá más bien en 2022 y, en algunos países, en 2023.

«Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta».

Santiago Carbó

El mandato de los bancos centrales marca pautas. En la Fed de los Estados Unidos es amplio, aporta flexibilidad. El del BCE es mucho más limitado. Su presidenta se ve obligada a ampliar la dialéctica, incluso a retorcerla. Aunque no ha cambiado el objetivo de inflación, Lagarde ha afirmado que para que haya un cambio en la política monetaria no bastará con que la inflación llegue al 2% de forma “robusta” sino que se mantenga en ese nivel o por encima de forma “consistente”. Es hacer política monetaria con adjetivos. De momento, funciona. A pesar del menor margen de maniobra, el BCE ha ampliado implícitamente o indirectamente ese mandato con la protección de primas de riesgo, el control de temperatura de mercados de deuda o mimando la recuperación.

Los próximos meses son cruciales. Presiones inflacionarias más potentes en el segundo semestre podrían llevar a algunos a preguntarse cosas como “si no cambia la política monetaria ahora ¿cuándo lo hará?”. O a plantearse qué sucederá si, en una recuperación algo desigual en Europa y con potentes estímulos, la inflación se mantuviera elevada durante la segunda parte del año y 2022. ¿Sería un año suficiente para hablar de consistencia en la inflación?

Dos últimos apuntes. Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta. Asimismo, aunque suene a una dolorosa ironía, el desempleo puede ser aliado de la estrategia del BCE porque con millones de personas que han perdido su trabajo o en riesgo de hacerlo en la Eurozona, un repunte continuado de la inflación parece más improbable.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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