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Test de estrés para los bancos centrales

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A los bancos centrales, auténticos artífices de la política económica desde el fin de la crisis financiera, se les atribuye la capacidad de controlar la evolución de los precios y simultáneamente alentar el crecimiento económico. Una virtud cuasi mágica, lograda gracias a un sabio manejo de las anticipaciones de los mercados. La receta, llamada relajación cuantitativa, ha sido similar en expansión como en crisis: compra masiva de deuda pública, tipos de interés insignificantes y fuertes inyecciones de liquidez para impulsar el crédito al sector privado. La estrategia alcanzó su máxima expresión con la pandemia, proporcionando ingentes cantidades de liquidez a los Estados para que éstos evitaran el hundimiento del empleo y el desgarro del tejido empresarial. 

A cambio de los estímulos, los responsables monetarios prometieron contención en los precios, factor crucial que posibilitó (y justificó a ojos del mercado) la relajación cuantitativa. Es un hecho que, hasta fechas recientes, la inflación había desaparecido, invalidando los pronósticos del manual monetarista. En España, como en el conjunto de la eurozona, la inflación se ha mantenido netamente por debajo del 2% en todos y cada uno de los últimos 8 años. Y en EE UU la inflación tampoco ha alcanzado el objetivo, ni siquiera en la etapa prepandemia cercana al pleno empleo.  

Este panorama podría estar cambiando radicalmente, en primer lugar, por las dudas acerca de la transitoriedad del repunte de inflación registrado desde inicios del presente ejercicio. Los costes de producción se disparan, por factores exógenos como la escasez relativa de metales (con un incremento del 26% desde enero), de productos alimentarios (15%), y sobre todo de productos energéticos (35%). El indicador de costes de producción española, en terreno negativo a finales de 2020, apunta a una presión creciente (el índice PMI de precios de compra en la industria rozó en mayo el máximo de la serie histórica, y repuntó intensamente en los servicios). 

Gráfico 1

Gráfico 2

De momento, los precios internos no se resienten: descontando los productos energéticos, el IPC apenas se incrementa. Otros indicadores también avalan una repercusión limitada del alza de costes externos. Por ejemplo, en el primer trimestre, el principal indicador sintético de precios de producción (deflactor del PIB) no se movió del 1% de incremento anual. Y los salarios evolucionan dentro de la misma tónica de moderación. 

Pero si el shock de costes externos perdura, las empresas podrían repercutirlo en sus tarifas de venta, provocando incrementos en cascada de precios internos. Esta podría ser ya la situación en EEUU, donde se vislumbran señales tangibles de inflación subyacente. En mayo, el IPC superó el 5% y el componente no energético también se aceleró hasta tasas próximas al 4%. En algunos segmentos del mercado laboral norteamericano, se aprecian fenómenos de escasez de personal.    

Otra importante alteración de la estrategia de relajación cuantitativa atañe a su posición de liderazgo de los mercados. Porque la credibilidad juega un papel fundamental en las expectativas de los agentes: éstos anticipan una inflación baja si consideran que el banco central dispone de instrumentos para reaccionar a cualquier importante desvío con respecto a los objetivos. En ese sentido, una dependencia fiscal considerada como excesiva reduciría la credibilidad del objetivo de estabilidad financiera, y dificultaría el control de la inflación ante shocks de costes como el actual. 

Se evidencia, por tanto, la necesidad de modificar las políticas monetarias a medida que la recuperación vaya ganando tracción. Esta semana la Reserva Federal anunció una inflexión en su política a partir de 2023, y otros bancos centrales como el de Noruega se decantan por una acción incluso más temprana. El BCE se mantiene al margen, de momento. Pero todo prefigura un nuevo modelo de gestión macroeconómica, desde la heterodoxia fraguada en la crisis financiera en que los bancos centrales jugaron un papel preponderante, hasta la reflación poscovid. La cuestión es si los Estados están en condiciones de asumir un mayor protagonismo.


MERCADOS | El anuncio por parte de la Reserva Federal de un posible incremento del principal tipo de interés de referencia a partir de 2023 ha tenido como principal efecto una apreciación del dólar frente al euro, ante la posibilidad de un mayor diferencial de rentabilidad entre ambos lados del Atlántico. Así pues, la cotización del dólar se ha apreciado en torno al 2% en menos de una semana. De momento, no se aprecia una tendencia clara en el tipo de interés de los bonos españoles ni en la prima de riesgo.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Impuesto mínimo de sociedades

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Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica, y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía, gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Frankfurt reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE, a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades
es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios
y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para
atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de
algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las
grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas
públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la OCDE. La
competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a
las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre
jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación
para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte,
ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados
se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, o a recortar el
gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: OCDE, Tax Foundation y estimaciones Funcas.

Todo ello motiva la propuesta de la administración Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos— tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa, y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales, y sobre todo la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.


IMPUESTO DE SOCIEDADES | El impuesto de sociedades ha seguido una tendencia descendente en las últimas cuatro décadas. La tributación media en la OCDE ha pasado del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. La UE ha registrado una evolución similar, con recortes especialmente pronunciados entre 2000 y 2010. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, diez puntos menos que en 2006. Y entre los países de la UE, solo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades por debajo del umbral del 15% propuesto por EEUU en el G7.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La palabra de moda

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Se empieza a ver la luz al final del túnel de la covid-19 y no es la recuperación —evidente en algunos países— el término económico que más se menciona sino la inflación. Eso sí, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo mostró poca preocupación en el medio plazo por el repunte de los precios y dejó claro que el menor tono de crecimiento de la Eurozona le inquieta más. En Fráncfort se sigue hablando de “puente” para la recuperación porque no es tan palpable, como sí lo es en Estados Unidos. No se esperan grandes cambios en la estrategia monetaria —los tipos de interés no cambian por ahora— y se mantiene con intensidad el programa de compra de activos. La autoridad monetaria ratificó que este programa está para lo que haga falta aún durante bastante tiempo.

El BCE no está muy presionado para hacer virajes porque, aunque la inflación de la Eurozona ha aumentado, sigue estando dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y la subyacente en el 0,9% en mayo, aún relativamente contenida. Los más halcones presionan para ir anunciando alguna retirada adicional de estímulos, pero no protestan demasiado. No quieren descarrillar la recuperación en sus propios países, aún débil. El retorno a niveles prepandemia del empleo y otros indicadores se producirá más bien en 2022 y, en algunos países, en 2023.

«Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta».

Santiago Carbó

El mandato de los bancos centrales marca pautas. En la Fed de los Estados Unidos es amplio, aporta flexibilidad. El del BCE es mucho más limitado. Su presidenta se ve obligada a ampliar la dialéctica, incluso a retorcerla. Aunque no ha cambiado el objetivo de inflación, Lagarde ha afirmado que para que haya un cambio en la política monetaria no bastará con que la inflación llegue al 2% de forma “robusta” sino que se mantenga en ese nivel o por encima de forma “consistente”. Es hacer política monetaria con adjetivos. De momento, funciona. A pesar del menor margen de maniobra, el BCE ha ampliado implícitamente o indirectamente ese mandato con la protección de primas de riesgo, el control de temperatura de mercados de deuda o mimando la recuperación.

Los próximos meses son cruciales. Presiones inflacionarias más potentes en el segundo semestre podrían llevar a algunos a preguntarse cosas como “si no cambia la política monetaria ahora ¿cuándo lo hará?”. O a plantearse qué sucederá si, en una recuperación algo desigual en Europa y con potentes estímulos, la inflación se mantuviera elevada durante la segunda parte del año y 2022. ¿Sería un año suficiente para hablar de consistencia en la inflación?

Dos últimos apuntes. Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta. Asimismo, aunque suene a una dolorosa ironía, el desempleo puede ser aliado de la estrategia del BCE porque con millones de personas que han perdido su trabajo o en riesgo de hacerlo en la Eurozona, un repunte continuado de la inflación parece más improbable.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los precios que vienen

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El despertar de la inflación

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Tras haber permanecido en hibernación en las economías avanzadas durante más de tres décadas, la inflación hace su gran retorno en pleno debate de la salida de la crisis pandémica. El despertar es particularmente precoz en EEUU, con un IPC de abril por encima del 4% que está quitando el sueño a la Reserva Federal. De este lado del Atlántico la onda alcista llega con menos presión, pero el cambio de ritmo es abrupto: en España el IPC se incrementó en abril un 2,2%, casi un punto más que en marzo, y en un país tan sensible a esta cuestión como Alemania, el índice se acelera hasta el 2%.

Por si fuera poco, diferentes indicadores apuntan a un encarecimiento adicional de la cesta de la compra, al menos a corto plazo. Las empresas registran una escalada de costes de todo tipo de suministros importados, a la vez que la escasez de componentes tecnológicos provoca cuellos de botella en sectores clave para la economía española como el automóvil. La factura de la energía también tiende a subir. El incremento del IPC se debe a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes. Pero, habida cuenta de las tendencias recientes y de factores estacionales, la inflación podría superar el 3% en Europa en los próximos meses. El corolario es una pérdida de poder adquisitivo para hogares y empresas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: INE y Ministerio de Economía.

La clave está en cómo
reaccionarán los bancos centrales, una cuestión vital para nuestro país que
depende de las generosas compras de deuda pública por parte del BCE. Mucho depende
de la cronificación del repunte de la inflación, es decir de la transmisión de
las presiones externas a los precios internos. De momento, el riesgo es
reducido: los salarios están contenidos por el miedo a perder el puesto de
trabajo que se ha extendido en un contexto de paro elevado; y las empresas
españolas no pueden fácilmente trasladar el incremento de costes de importación
a sus tarifas de facturación. Por tanto, lo más probable es que, a corto plazo,
los agentes absorban el shock. El comportamiento de la inflación
subyacente (estancada en abril en España y muy reducida en Alemania), parece
avalar esta tesis. Y motivar la aparente impasibilidad del BCE.   

Sin embargo, desde EEUU nos llega un mensaje distinto. Allí aparecen síntomas (todavía confusos) de sobrecalentamiento, como la escasez de personal en los sectores más pujantes. Además, el intenso rebote de la economía y el multibillonario plan Biden prefiguran una presión adicional sobre los precios. En un reciente desliz, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen evocó la posibilidad de una salida de los estímulos monetarios. Si bien el anuncio fue desmentido, los ahorradores han reaccionado ante esa eventualidad, exigiendo una remuneración más elevada de los bonos públicos.

El resultado se va contagiando a Europa, por la interconexión de los mercados. El tipo de interés del bono español de referencia (con vencimientos a 10 años) supera el 0,5%, lo que contrasta con los valores negativos de inicio de año. Se trata de un nivel todavía muy reducido, pero revelador de expectativas orientadas al alza. A largo plazo, no le vendría mal a la economía española un poco más de inflación, si bien ésta debería proceder de una dinámica acompasada de precios y costes internos —y no como ahora, de factores externos que restan fuelle a la recuperación—. La inflación es un mecanismo potente y poco traumático para reducir el peso de la deuda que se cierne sobre nuestro país. Naturalmente, los tipos de interés acabarían por incorporar el alza de la inflación, elevando las cargas financieras para el Estado. Pero ese coste sería limitado frente al enorme beneficio que aporta la erosión del valor real de los pasivos, fruto de la inflación. Pese a todo ello, está por ver si los halcones que vigilan están dispuestos a soportar incrementos de IPC por encima del objetivo del 2% durante un tiempo prolongado.


IPC | El índice de precios al consumo se incrementó un 1,2% en abril, lo que equivale al 2,2% respecto a un año antes. Esta evolución, que ha provocado un diferencial desfavorable frente a la eurozona por primera vez desde 2018, se debe al encarecimiento de los productos energéticos. Según las previsiones de Funcas, el mantenimiento de fuertes presiones alcistas sobre los costes de los suministros importados, junto con el fin del efecto escalón derivado de la pandemia, debería redundar en una inflación superior al 2% hasta finales de año, en ocasiones rozando el 3%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tratamiento a base de deuda

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Uno de los resultados más espectaculares de esta crisis es el incremento exponencial de la deuda tanto pública como privada. Según el FMI, el endeudamiento global batirá este año un nuevo récord como consecuencia de la caída abrupta de la actividad y de las políticas de sostén de la economía, basadas en el crédito a las empresas y el gasto público.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió durante la crisis financiera, tanto los expertos de Washington como los de Bruselas asumen la expansión fiscal y las ayudas a negocios en dificultad como una necesidad. Un giro hacia la austeridad sería letal para una economía convaleciente —si no en estado de shock como la nuestra—, una de las más señaladas por el organismo internacional. Las cuentas financieras divulgadas esta semana por el Banco de España evidencian la debilidad de las fuerzas de mercado, incapaces de generar una recuperación sostenida. Así pues, en el segundo trimestre las familias incrementaron su ahorro (capacidad de financiación) en cerca de 60.000 millones de euros, casi lo mismo del total ahorrado durante los cuatro años pre-covid. Los datos de depósitos bancarios muestran que la situación de sobre-ahorro prevalece, restando fuelle al consumo y socavando la recuperación.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: FMI y Banco de España (para el segundo trimestre de 2020).

Otra cosa es la sostenibilidad de la deuda. Una cuestión en apariencia inocua, gracias a la compra masiva de bonos por los bancos centrales, que han conseguido crear escasez de títulos en los mercados y así reducir los costes de financiación para los Estados. Los tipos de interés son negativos para las emisiones de deuda de hasta cinco años de vencimiento (es decir, el Tesoro español gana dinero cada vez que emite deuda en esos ramos) y la referencia a 10 años roza los mínimos históricos pre-covid.

«El FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos»

Sin embargo, la levedad de la deuda es engañosa. Algunas voces ya se han manifestado en el seno del BCE para preparar una vuelta a la normalidad monetaria a partir de junio de 2021, que marca el fin del actual programa de estímulos. Para entonces, la deuda pública española seguirá escalando.

Por tanto, la clave está en prepararse para esa eventualidad, en primer lugar, asegurándose que el endeudamiento sirve para generar crecimiento. En ese sentido, el FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos. Esta es una amenaza que se cierne sobre el sistema financiero, y que sin embargo no encuentra todavía respuesta en el Plan Presupuestario 2021 del Gobierno (salvo en lo que atañe al fondo de solvencia para empresas estratégicas, reservado a grandes corporaciones). Además, sorprendentemente el Plan no deja claro si procederá a nuevas medidas de liquidez y crédito ICO en 2021.

«Para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española»

La inversión es otro ingrediente que distingue los endeudamientos sostenibles de los que están abocados a futuras medidas de ajuste o recortes traumáticos. El plan europeo de recuperación ofrece una oportunidad histórica para financiar parte del esfuerzo inversor. Pero para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española.

La creación de puestos de trabajo es otra condición sine qua non para la sostenibilidad de la deuda, y la reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, el Plan Presupuestario está sembrado de incertidumbres acerca de la orientación de las medidas. Los ERTE han sido prorrogados hasta enero, y se desconoce si otro instrumento tomará el relevo.

Finalmente, la sostenibilidad de la estrategia depende de la definición de una senda de vuelta al equilibrio de las cuentas públicas a medio plazo. La prioridad es impulsar la economía. Y ganar credibilidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Covid-19 y desigualdad

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Despiértame cuando todo esto termine

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Era la canción más popular del malogrado DJ sueco Avicii: Wake me up when it’s all over. Es lo que parecen decir ahora la economía y los ciudadanos. Los observatorios más reputados apuntan a que las dificultades se prolongan. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que tolerará más inflación y que los tipos de interés ultrarreducidos continuarán, con lo que parece que la política monetaria súper expansiva se cuasieterniza, con sus efectos positivos, pero también con las distorsiones que genera. Un sueño anestésico demasiado largo y profundo.

«Debido a la situación estructural de incertidumbre económica desde hace 12 años, agravada y mucho por la pandemia, las distorsiones (que se han eternizado) que genera esta política monetaria pueden acabar suponiendo más componentes de pesadilla que de sueño».

Santiago Carbó

Powell hizo estas potentes declaraciones la semana pasada en el simposio de Jackson Hole, celebrado de forma virtual. Los mercados están aún ajustando la incidencia potencial de este redoble de tambores monetario. Por si fuera poco el somnífero que supone la pandemia, los banqueros centrales siguen anticipando la necesidad de anestesia. El anuncio de la Fed anticipa una recuperación más lenta y con más problemas de la que se preveía. La política monetaria hace todo lo posible por ayudar a evitar lo peor. Sin embargo, debido a la situación estructural de incertidumbre económica desde hace 12 años, agravada y mucho por la pandemia, las distorsiones (que se han eternizado) que genera esta política monetaria pueden acabar suponiendo más componentes de pesadilla que de sueño.

Se prefiere recalibrar el modelo a cambiarlo. No faltaron las voces críticas en el simposio, dentro de la pulcritud académica, pero con acidez. Con una doble interpretación. La primera, que la política monetaria y estos tipos de interés tan reducidos no permiten los ajustes empresariales dinámicos (creación, innovación, destrucción) que en otros tiempos favorecieron el crecimiento. La segunda, que, aunque controlemos la covid-19, es muy probable que persista en consumidores y empresas una importante retracción porque crean que fenómenos antes considerados extremos son ahora amenazas de ocurrencia frecuente.

Parte del problema está en los mercados. Sobre todo, los de bonos, muy desnaturalizados. Esta política monetaria ayuda a sobrellevar la situación y reducir el coste de la deuda y sus vaivenes, pero también revela la dificultad de revertir la situación. Se están viendo también las tensiones euro/dólar, muy relacionadas con las estrategias monetarias, pero también las incertidumbres a ambos lados del Atlántico. La debilidad del dólar —más ligada a debilidades coyunturales y temores institucionales que a un cambio en la primacía de la divisa— está siendo la comidilla del verano.

Este es el terreno por el que va a discurrir la lucha por superar la pandemia. Comienza septiembre con demasiada incertidumbre, con la esperanza de que la incidencia hospitalaria sea menor, pero con demasiadas incógnitas sanitarias y económicas. Aunque hiciéramos caso al canto de Green Day (Despiértame cuando termine septiembre), aún faltaría mucha luz.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿espejismo-financiero?

¿Espejismo financiero?

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Es importante que exista ilusión frente al miedo, pero también son precisas referencias sólidas para que todo no quede en un espejismo. La última semana, siguiendo la tendencia de las anteriores, destacó por dos acontecimientos financieros. El primero, la favorable evolución de los mercados de renta variable de todo el mundo, del que el Ibex 35 no fue excepción. Parecen haberse superado los peores niveles alcanzados en marzo, en pleno tsunami de la covid-19. Sorprende, en cierto modo, porque la economía real aún está comenzando a reactivarse y tiene pronósticos preocupantes e inciertos. Los mercados siguen yendo por libre en relación con la economía real. El pesimismo no ayuda. Tampoco esperar la recuperación por la pura inercia que generó la caída.

Las acciones del BCE siguen sirviendo para anestesiar las primas de riesgo, pero pocos confían ya en su poder vigorizante para recuperar crecimiento e inflación. Que la autoridad monetaria haya decidido aumentar notablemente volúmenes y alcance de la adquisición de títulos durante la pandemia era necesario e importante pero también indicativo de las negativas previsiones macroeconómicas para la eurozona que debe estar manejando el banco central. No se conoce aún el verdadero fuelle de la recuperación de los sectores productivos.

Precisamente la segunda referencia financiera que ha llamado la atención recientemente ha sido la notable reducción de las primas de riesgo de los países de la zona euro más afectados por la pandemia, incluido España. Están a niveles pre-covid. El programa pandémico de compras del BCE parece estar funcionando. En cuanto al tan comentado fondo de recuperación europeo, podría existir la tentación, como sucedió en la anterior crisis —en la que se propuso frecuentemente el rescate completo para España— de que nuestro país haga como hipótesis de partida la necesidad de emplear al máximo las transferencias y créditos “blandos” de esa facilidad europea.

«Hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro, pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible)».

Santiago Carbó

Están aún en proceso de negociación y los primeros desembolsos aún tardarían en llegar. Creo que es importante liberarse de cualquier espejismo y entender el papel que España debe señalizar ante la UE ahora. Si Europa está más abierta a ayudar y flexibilizar criterios, hay que situarse como candidato para los supuestos positivos, no los negativos o derrotistas. Todo ello reconociendo que tenemos serias restricciones financieras que impiden mayor contundencia en las acciones públicas para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Contar con más recursos facilitaría a España una mayor artillería (desde ya) para ser contundente y eficaz en materia de gasto sanitario y de apoyo a empresas y familias. Eso puedo entenderlo. Sin embargo, en la negociación parece necesario mantener la cabeza fría y no revelar una ansiedad que podría llevarnos con más velocidad de la deseada a tomar decisiones que dentro de unos meses podrían ser contraproducentes. También nos alejaría de nuestra propia responsabilidad y planes de acción. En suma, hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro —sobre todo en un contexto de restricciones fiscales y potenciales tensiones en la deuda soberana— pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible).

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Atisbos de recuperación

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.


Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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