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La economía española entre sorpresas y tinieblas

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El trienio que se acaba deja buenas sensaciones para la economía española. Ni la guerra en Ucrania, la inflación o el ciclo de endurecimiento monetario iniciado en 2022 parecen haber hecho mella en el cuadro macroeconómico: desde ese año, el avance del PIB ha superado netamente las previsiones. Destaca la resistencia del consumo de las familias, con un ascenso estimado del 9,5% en total durante el periodo, pese a la pérdida de poder adquisitivo de muchos hogares. Asimismo, el comercio exterior parece inmune tanto al parón de los mercados centroeuropeos como a las tensiones geopolíticas que proliferan por doquier. Las exportaciones se han incrementado un 21,3% en los tres años, más del doble que las importaciones.

Algunos de los impulsores del crecimiento se mantienen: los costes de producción y los precios energéticos son competitivos, la inmigración suaviza los incipientes cuellos de botella y el sector privado está saneado. Todo ello alienta la previsión del Banco de España de una tasa de paro por debajo del 10% en 2027 y un crecimiento de la inversión—la variable más rezagada— del 7,4% hasta ese año. Ojalá, porque habrá que esforzarse más para cumplir las expectativas.

En primer lugar, porque nos enfrentamos a un desafío mayúsculo por uno de los flancos de vulnerabilidad: la deuda pública. Los ahorradores están siendo implacables con las economías como la francesa, que no consiguen cuadrar las cuentas al tiempo que se enfrentan a un panorama de crecimiento débil. También son escépticos acerca de las promesas de Trump de recortar los impuestos con el riesgo de generar más deuda. En este contexto de nerviosismo, el auge del consumo público español, cuyo crecimiento es uno de los más elevados de toda la Unión Europea, es insostenible: la deuda española desciende levemente, y solo lo hace por el efecto inercial del crecimiento de la economía. En todo caso sería contraproducente corregir el desvío comprimiendo la inversión pública en infraestructuras o en educación.


Aún más relevante para Europa es el vuelco discursivo operado por la Reserva Federal, ante la perspectiva de una inflación más persistente de lo anticipado. La economía americana, con señales de sobrecalentamiento que podrían agudizarse con la nueva administración, atrae la inversión tanto real como financiera. Todo ello genera presiones a la baja sobre el euro, encareciendo los costes importados y complicando la labor del BCE. El cambio de tercio se refleja ya en los costes financieros que soportan los tesoros públicos europeos. En el caso de España, el rendimiento del bono a diez años cotiza de nuevo por encima del 3% (la prima de riesgo, afortunadamente, no se ha movido).

A ello se añade la amenaza proteccionista, cada vez más palpable, y la retahíla de represalias y contrarrepresalias que entrañaría una guerra comercial. Ante estas presiones, la UE parece estar dispuesta a decidir compras conjuntas de gas y armamento de EE UU, cuando anteriormente resultó imposible consensuar un presupuesto común para relanzar la inversión y la actividad de las empresas europeas. Inimaginable hasta hace poco. Veremos si, al menos, el esfuerzo de defensa sirve de acicate a la inversión en tecnología europea.

La economía española dispone de impulso inercial, de modo que debería todavía crecer a buen ritmo en el próximo ejercicio, probablemente por encima del 2%. Pero el clima de incertidumbre es perjudicial para la inversión, base de la prosperidad futura. Y el papel tractor del sector exterior perderá fuelle, en consonancia con el contexto internacional, al tiempo que el turismo está tocando techo. Un desacoplamiento permanente con respecto al lúgubre panorama de las otras grandes economías europeas es en todo caso inverosímil. La trayectoria no puede ser corregida por las fuerzas del mercado: solo una política económica bien calibrada es susceptible de liderar la transición y generar la confianza que requiere el momento actual.

INDUSTRIA | La industria ha sido el sector más afectado por los shocks que se han sucedido desde el inicio de brote inflacionario y de la crisis energética. Sin embargo, el impacto ha sido desigual entre países. En el caso de España, el valor añadido manufacturero registra un crecimiento superior al 13% entre los tres primeros trimestres de este año y el mismo periodo de 2021. La media de la UE se sitúa en el 1,9%, con Alemania en valores nulos, Francia cerca del 1% e Italia en torno a la media europea. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La ofensiva arancelaria de Trump

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El proteccionismo comercial ha sido uno de los temas más populares de la campaña electoral americana, especialmente en los territorios golpeados por la pérdida de empleos industriales bien remunerados. La victoria del candidato que más ha abundado en la inflación de propuestas lo ha expuesto con nitidez: según el presidente electo, el déficit comercial es una de las causas de la pérdida de tejido productivo de la economía americana. 

Y para resolver el desequilibrio, Trump pone en el punto de mira a China, como ya viene siendo habitual, pero también a Europa, considerado como uno de los principales responsables del agujero exterior. De ahí la amenaza de imponer un arancel sobre nuestras exportaciones que podría alcanzar entre el 10 y el 20%. 

Algunas voces restan fuelle a las promesas electorales, aludiendo a los efectos limitados a unos pocos sectores que tuvo el primer mandato de Trump. Sin embargo, en esta ocasión el impacto podría ser mucho más significativo, en parte por la dificultad del viejo continente para asimilar los movimientos tectónicos de la geopolítica.  

Es un hecho que la economía americana importa mucho más de lo que lograr vender fuera de sus fronteras, generando un déficit colosal, equivalente al 3,3% del PIB. El desequilibrio es particularmente acusado con China, así como, de manera creciente, con México y la Unión Europea. En el caso de España, los intercambios rozan el equilibrio (el saldo de bienes y servicios arroja incluso un ligero superávit a favor de EE UU). Sin embargo, el déficit con respecto a Alemania e Italia es considerable. Estos son también dos socios comunitarios particularmente dependientes del mercado americano: el valor de los envíos a EE UU supera el 10% del total exportado, el doble que España. 


Un endurecimiento de los aranceles ensombrecería las perspectivas económicas europeas, ya mediocres de por sí. Peligra la salida de la recesión que se vislumbraba en Alemania y el leve repunte anticipado en Italia, por su dependencia de las exportaciones, entre las que destaca el sector del automóvil, quizás el más emblemático de la promesa proteccionista de Trump. Además, China intentará ganar cuota de mercado en Europa, para así compensar la nueva vuelta de tuerca que se cierne sobre sus negocios en EE UU. 

Pero el neoproteccionismo que se adentra en la economía global no es solo coyuntural: también entraña un debilitamiento disruptivo del multilateralismo, es decir de las reglas de reciprocidad que rigen las relaciones económicas desde la segunda guerra mundial. Los Estados, incluso los más aperturistas como los europeos, ya no pueden garantizar un horizonte normativo previsible para las empresas que han basado su negocio en los mercados exteriores. Y la incertidumbre es nefasta para la tan ansiada recuperación de la inversión empresarial. 

El principio de reciprocidad sigue siendo el mejor cortafuegos para prevenir una guerra comercial a gran escala que sería nefasta para todos. De ahí también la necesidad de prever respuestas a cualquier ofensiva arancelaria. Por otra parte, numerosos estudios muestran que la vía unilateral por la que aboga el presidente electo suele tener efectos contraproducentes, particularmente en la inflación. Pero en vez de añorar tiempos pasados, también conviene corregir las deficiencias estructurales del viejo continente: un modelo productivo demasiado dependiente de las exportaciones, particularmente hacia EE UU; un consumo privado renqueante, y en los últimos años lastrado por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y la baja productividad; y una inversión insuficiente para hacer frente al déficit de vivienda y auparse al tren de la transformación tecnológica. 

Ante los desafíos globales, la profundización de la integración europea —empezando por su mercado único— debería ser una cuestión prioritaria. Como también lo es la inversión en bienes públicos europeos. Alemania, hasta ahora reticente a avanzar en esta dirección, sería uno de los más beneficiados habida cuenta del riesgo de declive industrial. La ola proteccionista que se avecina es una amenaza: ojalá sirva de revulsivo.   

ARANCELES | La aplicación de aranceles con el objetivo de reducir el déficit exterior puede tener efectos poco intuitivos. Las restricciones a las importaciones norteamericanas procedentes de China han conseguido reducir el desequilibrio con ese país en más de 50.000 millones de dólares en los últimos cinco años. Sin embargo, el saldo total se ha deteriorado en casi 250.000 millones, como consecuencia, entre otros factores, del plus de importaciones procedentes de la expansión fiscal, y del “efecto desvío”: algunos competidores del gigante asiático han ocupado el terreno perdido por las empresas chinas afectadas por los aranceles.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las clases medias y el crecimiento económico español

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La economía española bate un récord de crecimiento, tras anotar en el tercer trimestre el mayor avance del PIB de la Unión Europea: un 3,4% en términos interanuales, casi cuatro veces más que la media europea. Las cifras macroeconómicas, aun empañadas por un consumo público desbocado, iluminan las perspectivas en el corto plazo, sin que aparezcan los desequilibrios que en otras épocas nos abocaron a una crisis. La deuda del sector privado se desinfla, no se perciben burbujas de crédito, la prima de riego se ha anclado por debajo de la de Francia, mientras que las cuentas externas arrojan un excedente sólido (el superávit por cuenta corriente acumulado hasta agosto es un 30% superior al registrado el año pasado). El tejido productivo se diversifica, fruto del auge de las exportaciones de servicios no turísticos, cuyo crecimiento casi cuadriplica el del PIB.  

El cuadro global es por tanto alentador, otra cosa es cómo se percibe en la ciudadanía tras la sucesión de shocks de estos últimos cinco años. En este periodo los ganadores son los colectivos que han conseguido un empleo, sobre todo los parados y los extranjeros que se han insertado en el mercado laboral, siendo este último grupo el más numeroso. Asimismo, los perceptores del salario mínimo y de prestaciones que se han revalorizado por encima de la inflación también han podido mejorar su situación. En el otro extremo, se encuentran los inversores que han logrado fructificar su capital al calor de la subida de los tipos de interés y de la bolsa. 

El grueso de las clases medias, sin embargo, ha sufrido una merma de poder adquisitivo: pese a la mejora salarial observada hasta el tercer trimestre, la remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace cinco años (descontando la subida de los precios al consumo). A ello se une en el caso de los jóvenes la dificultad de acceso a la vivienda. 


La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como consecuencia de mejoras de eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero del presente ejercicio el PIB se ha incrementado un 6,6%, y el empleo lo ha hecho un 9,3%, evidenciando un declive de la productividad por ocupado. La tendencia en términos de productividad por hora trabajada ha sido más favorable, incluso levemente positiva en el periodo más reciente, pero no se aprecia de momento una mejora estructural.

El modelo aditivo de crecimiento se enfrenta a la necesidad de construir vivienda para así acompasar incremento de población que sustenta el actual ciclo expansivo y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, la inversión residencial apenas reacciona a la situación de escasez, siendo la construcción una de las variables más rezagadas desde la pandemia. 

El déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado. El comportamiento de esta variable clave sigue marcado por la debilidad, algo sorprendente teniendo en cuenta la situación relativamente saneada de las cuentas de las empresas, la disponibilidad de abundantes fondos europeos y la entrada de capital extranjero. Se estima que el volumen de inversión empresarial se sitúa todavía en torno a un 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia, lo que podría acabar por constreñir la expansión, además de alejar la perspectiva de una transformación del modelo productivo, como sería deseable.

Entre tanto, la renta per capita apenas ha avanzado un 1,4% en el periodo considerado, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico.  

DÉFICIT | Pese al crecimiento económico, el desvío de las cuentas públicas no parece estar corrigiéndose. El déficit consolidado de las administraciones públicas (a excepción de las locales) alcanza el 2,3% del PIB, con datos hasta agosto. Esto es una décima más que en el mismo periodo del año pasado. Si bien la recaudación mantiene una tónica creciente, al compás de la economía, el gasto público avanza a un ritmo mayor. Destaca el consumo de las administraciones, con un avance del 6%, superior a lo que cabía esperar en un contexto de prórroga presupuestaria.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La pérdida de poder adquisitivo y su significado

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Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tirón del empleo… las cifras macroeconómicas confirman el momento dulce de la economía española desde una perspectiva agregada. Y, sin embargo, las encuestas cualitativas dibujan un panorama más complejo, con matices relevantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia roza dos de cada tres personas encuestadas.   

Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022 marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que hoy por hoy el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.


En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos —y de la propia Unión Europea— para mejorar el día a día.

La pérdida de poder
adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando
con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los
componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los
alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos
consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la
principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de
Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por
otras cuestiones, como la reducción de jornada.

Ahora bien, la erosión del
poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo
durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que
se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es
decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada
la inflación. Esta constatación explica la contradicción aparente entre los
resultados macroeconómicos, respaldados por el ensanchamiento del mercado
laboral, y por otra parte la sensación individual de deterioro del nivel de
vida.

Con todo, la política
económica se enfrenta a la necesidad de mantener el dinamismo del mercado
laboral, y a la vez atender las expectativas de mejora de los ingresos de un
amplio espectro de la población, y no solo entre los colectivos más
desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco de atención se centraba en el
empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por
la globalización y un proceso de cambio tecnológico sesgado en detrimento del
trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado
desplegar políticas efectivas a este respecto.

El momento actual, caracterizado por una pérdida cuasi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.

IPC Y SALARIOS | Según el indicador adelantado del INE, el IPC se incrementó en junio un 3,4% en términos interanuales, cifra que coincide con la previsión de Funcas. Este dato lleva la subida acumulada del índice, desde que se inició el brote inflacionario en el primer trimestre de 2021, hasta el 18,8%.  Durante el mismo periodo, se estima que la remuneración media por asalariado —una variable que proviene de las cuentas nacionales, incluyendo los salarios directos y otros costes laborales— se ha revalorizado un 14,4%, es decir 4,4 puntos menos que el IPC. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Vientos de cola transitorios

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La economía se despide del año en mejor forma de lo que se había anticipado. Las turbulencias globales, exacerbadas por el conflicto en Oriente Medio, y el ciclo de subidas de tipos de interés, han frenado el crecimiento, pero sin provocar la tan temida recesión, al menos en España. La economía parece seguir resistiendo, según se desprende del puñado de indicadores que toman el pulso de la coyuntura en tiempo cuasi real (encuestas PMI de gestores de compra, ventas de grandes empresas, afiliación). Y a ello se añade la desescalada del IPC. Conviene, sin embargo, contextualizar estas dinámicas antes de extraer conclusiones de cara al próximo año.

Uno de los principales factores atenuantes del endurecimiento monetario y del estancamiento del comercio mundial estriba en el descenso de los costes importados. Los bienes y servicios que compramos en el exterior se han abaratado casi un 9%, en términos agregados (con datos de contabilidad nacional del tercer trimestre), borrando prácticamente todo el shock que se desató tras el estallido de la guerra en Ucrania.

La desescalada ha tendido dos consecuencias providenciales. La más obvia es que ha facilitado la desinflación, como lo evidencia la rápida desaceleración del IPC total, que incluye los precios importados, en contraposición con la relativa persistencia del IPC subyacente, un indicador que aproxima las trayectorias internas. Así es como, poco a poco, las remuneraciones han ido recuperando algo de capacidad de compra: desde el segundo trimestre, los salarios pactados se incrementan a un ritmo superior a la inflación, sosteniendo el consumo de los hogares.  


En segundo lugar, el descenso de los costes de los suministros importados supone una inyección de poder adquisitivo de una magnitud inesperada. Esto es así porque, al tiempo que los costes de importación se han desplomado, el precio de nuestras exportaciones se ha mantenido, de modo que generamos más ingresos por cada unidad de producto intercambiada con el exterior. Es decir, la llamada “relación de intercambio” ha mejorado drásticamente, compensando por completo el deterioro consecutivo a la contienda en Europa del este.     

Ahora bien, el beneficio es transitorio, ya que los precios internacionales se van estabilizando, de modo que el viento de cola aportado por la mejora de la relación de intercambio irá amainando. Por fortuna, el impacto del abaratamiento de los costes importados está llegando con un cierto desfase en otros países europeos (razón por la cual su tasa de inflación se sitúa desde hace poco por debajo de la nuestra), algo que podría ayudar a despertar de su letargo la economía del núcleo central de la zona euro. Pero también hay que contar con que otros de los factores que han sostenido la demanda, como el excedente de ahorro, tenderán a desaparecer.

El resultado es que, a
partir de ahora dispondremos de pocos colchones para amortiguar el impacto de
la política monetaria. Y esa es precisamente la clave: la lectura que haga el BCE
de una coyuntura vacilante, con una inflación en trayectoria descendente, pero
todavía sujeta a altibajos por los efectos de la reversión de los recortes de
IVA y subvenciones a los carburantes, y con unos salarios que se recuperan
levemente del golpe del shock energético.

El propio banco central
reconoce que, ante la extrema debilidad de la economía europea, los beneficios
empresariales están absorbiendo la revalorización de las remuneraciones (unos
procesos puntuales en la mayoría de casos, y por tanto no consolidados). Todo
ello apunta a un escenario de desinflación que irá afianzándose en el
transcurso del año, de modo que se podría vislumbrar un terreno propicio al recorte
de tipos de interés a partir de la primavera. Preocupa que el BCE, a diferencia
de su homólogo norteamericano, no abra la puerta de momento a un posible ajuste
de sus instrumentos monetarios. Deseemos para el nuevo año que el esfuerzo de
lucidez llegue a tiempo.

SALARIOS | Los costes salariales por hora trabajada se incrementaron un 4,6% en el tercer trimestre, en relación a un año antes. Esto es 1,2 puntos por encima de los salarios pactados en convenios colectivos del trabajo. El diferencial podría explicarse por los acuerdos de compensación de la inflación, que no están necesariamente consolidados en los convenios (una señal de moderación). La tendencia es similar en el conjunto de la eurozona, con una subida del 5,3% de los costes salariales por hora trabajada durante el mismo periodo, seis décimas más que los salarios pactados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española ante el bache global

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Los escollos se han multiplicado a la vuelta del verano: nuevas tensiones en los mercados energéticos, estallido de la burbuja de crédito en China, inflación estancada por encima del 5% en Europa y con un repunte en España, pese a la subida de los tipos de interés, y pronunciada contracción de los nuevos préstamos a particulares y empresas. Sin embargo, también han aparecido algunas luces que deberían alejar los peores augurios.

En lo inmediato, los indicadores apuntan en una dirección contractiva, especialmente en la industria que es el sector más afectado por las turbulencias globales (el indicador PMI de agosto sigue en caída libre, adentrándose en terreno negativo). Los mercados internacionales se resienten de la sucesión de shocks, de las tensiones proteccionistas, y de la cuasi recesión de la demanda asiática, de modo que difícilmente podemos contar con el sector exterior para seguir tirando del crecimiento. En el periodo más reciente nuestras ventas de mercancías en el exterior se han debilitado, aún ganando cuotas de mercado.

Frente a estas tendencias nada halagüeñas, la demanda interna podría jugar un papel estabilizador. Pese al repunte del IPC, los hogares recuperan algo de poder adquisitivo —un pequeño alivio tras el duro golpe asestado al bolsillo de los hogares en el pasado ejercicio—. Los salarios pactados crecen a un ritmo superior al 3%, y un punto más en el caso de los convenios firmados en lo que va de año, mientras que el IPC se mantiene por debajo de ese umbral. Así se refleja en el factor confianza, a tenor de la mejora del indicador de expectativas de la Comisión Europea, con valores menos negativos para España que en el cénit del brote inflacionario.


Además, el mercado laboral acusa la desaceleración de la economía, pero resiste. Según el último recuento de la afiliación a la seguridad social, en la segunda quincena de agosto se crearon 1.269 empleos con respecto al mes anterior, en comparación con los más de 100.000 nuevos afiliados que se registraron en la primavera en base a la misma metodología (con datos desestacionalizados por el ministerio). Esta pauta obedece en parte a un fenómeno de anticipación de la contratación, ante el riesgo de no encontrar personal en plena temporada. En todo caso, el avance de las ventas minoristas apunta a una ligera recuperación del consumo privado, fruto del buen comportamiento del mercado laboral.

Por otra parte, los banqueros centrales parecen estar incorporando los riesgos inherentes al ciclo monetario. Las últimas declaraciones de Lagarde ya no prometen nuevas dosis restrictivas, prefiriendo considerar un escenario de mantenimiento de tipos de interés elevados por más tiempo de lo anticipado. La inflexión en la narrativa sugiere una pausa en los ajustes de tipos, tras la probable vuelta de tuerca de la próxima reunión del BCE. Este escenario de mayor previsibilidad es sin duda preferible para una economía que necesita innovar e invertir para transitar hacia un modelo productivo más sostenible.

Pero hay riesgos, como
una nueva perturbación energética o de otros recursos naturales. El anuncio de
un conflicto laboral en el sector gasístico de Australia, el mayor exportador
de hidrocarburo licuado del mundo, ha bastado para tensionar los mercados. El
componente energético del IPC europeo se incrementó un 3,2% el pasado mes. El
precio de los alimentos más afectados por la sequía y las carencias de las
políticas de adaptación ante el cambio climático también dificultan la
desinflación. Todo ello, junto con el aumento de los márgenes en los servicios,
está en el punto de mira del banco central.

En suma, el entorno internacional se complica, sin que de momento se vislumbre una recesión. La economía española debería entrar en una fase de crecimiento más lento, pero positivo, y de descenso gradual de la inflación subyacente, aún con dientes de sierra. Eso si la pausa monetaria se materializa. Y si no se produce un nuevo shock externo.  

SALDO EXTERNO | La balanza por cuenta corriente arrojó hasta junio un superávit de 19.000 millones de euros, frente a un ligero déficit durante el mismo periodo del año pasado (-2.000). Esta mejora obedece al fuerte incremento de las exportaciones netas de bienes y servicios no turísticos, y en menor medida a la entrada de ingresos en concepto de turismo. El excedente debería incrementarse durante el tercer trimestre, el más favorecido por el turismo. Todo ello, junto con el dinamismo de la inversión directa extranjera, debería redundar en un descenso notable de deuda externa para este año. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Vientos de optimismo

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En poco tiempo, las expectativas acerca de la economía española han cambiado radicalmente. Los propios hechos han desmentido los augurios de recesión: la actividad sigue creciendo desde el inicio del año, según los principales índices de coyuntura (como los PMI de gestores de compra), avalando el buen comportamiento del mercado laboral. Son buenas noticias, que conviene ponderar a la luz de los riesgos que todavía se ciernen sobre el futuro inmediato. 


El entorno internacional es sin duda menos hostil, no solo por el vuelco espectacular de los precios energéticos (hasta el otoño, los mercados a plazo apuntaban a una cotización del gas de 120€ por MWh, 60% más que en la actualidad). La economía alemana, el flanco más débil de la crisis energética, apenas se contrajo un -0,2% en el último trimestre. Nuestras exportaciones, impulsadas por una posición competitiva favorable, se han beneficiado de este contexto menos negativo. Y las amenazas derivadas de la invasión de Ucrania se han moderado, de ahí el repunte acusado de la confianza tanto de los consumidores como de las empresas. La inflexión de las expectativas también ha animado a las empresas a mantener la plantilla, incluso cuando la demanda se deterioraba. 

Por otra parte, el proceso de desendeudamiento del sector privado ha ayudado a atenuar el impacto del alza de tipos de interés. Pese a la apabullante subida del euríbor en cuatro puntos porcentuales –la más abrupta desde la creación del euro— las hipotecas a tipo variable se han encarecido moderadamente para una mayoría de familias: aquellas que se endeudaron en la época anterior a la era de tipos negativos. Asimismo, gracias a la elevada antigüedad de los préstamos contraídos por las empresas, el golpe financiero de la restricción monetaria ha sido limitado en la mayoría de casos, al menos de momento.

Pérdida de poder adquisitivo

Otra cosa es lo que pase de
aquí en adelante. El eslabón más frágil está en el consumo de las familias.
Todo apunta a que la pérdida de poder adquisitivo se prolongará en la primera
parte del año, hasta que la desescalada de la inflación se afiance. Los
salarios de convenio apenas se incrementaron un 2,8% en enero. Los de las grandes
corporaciones apuntan a un ajuste algo más generoso, en el entorno del 4%,
todavía muy por debajo del IPC. Todo ello redunda en una nueva erosión de la
capacidad de compra, cuando la mayoría de hogares ya no disponen de un colchón
de liquidez para sustentar el gasto en consumo. Las perspectivas de inversión
son más optimistas por los estímulos de los fondos europeos, pero una premisa
es que el incremento de los márgenes sirva para invertir en mejoras productivas
y no en activos financieros. En todo caso, la inversión pesa menos que el
consumo en la demanda total.

Además, el alza de tipos
de interés, si bien no ha generado hasta ahora graves problemas financieros a
nivel agregado, empieza a incidir en la demanda de crédito, como cabía esperar.
El volumen de préstamos nuevos registró un fuerte descenso en el cierre del
año, tanto en el segmento de familias como en el de empresas. No es
sorprendente habida cuenta del del endurecimiento del acceso al crédito. Por
ejemplo, en caso de un nuevo préstamo a tipo variable, el incremento de las
cargas financieras generado por el ascenso del Euribor es un 70% más elevado
que para los préstamos que tienen una antigüedad media.   

Finalmente, el
recrudecimiento del proteccionismo por parte de las dos grandes potencias
plantea un importante desafío para una UE que aparece muy dividida. Con todo,
el golpe de la doble crisis energética y geopolítica ha sido menor de lo
anticipado. Pero las secuelas van a perdurar, algo que aboga por adaptar las
políticas que han funcionado en un entorno de excepcionalidad, y hacer frente a
los nuevos desafíos globales que se dibujan en el horizonte.

INDUSTRIA | El avance de la producción manufacturera –un 2,5% en 2022— refleja dos realidades distintas. Por una parte, las industrias más afectadas por la crisis energética, como la química, la metalurgia, hierro y acero, textil, papel y otros productos minerales no metálicos, registraron una caída del 3,4% (todas ellos representan en total en torno al 22% del índice de manufacturas). El resto de ramas, entre las que destacan los bienes de equipo, se expandió un 4,5%. Pese a la moderación de los precios energéticos, no se aprecia de momento una inflexión en esa divergencia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto del alza de tipos de interés

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Una de las principales incógnitas de la coyuntura atañe al impacto de la subida de tipos de interés pilotada por el BCE en respuesta a la inflación. Si bien los riesgos generados por los mercados energéticos y la guerra en Ucrania han retrocedido, persisten importantes divergencias de opinión acerca del proceso de restricción de la política monetaria y sus derivadas en la economía.  

De momento los hechos tienden a avalar la visión de relativo optimismo manifestada por Christine Lagarde: la eurozona (y por ende España, por su diferencial favorable tanto de inflación como de crecimiento) evitaría una recesión prolongada. Es cierto que el ajuste abrupto de tipos de intervención directamente controlados por el banco central se ha trasladado a los costes financieros que soportan familias y empresas, como no podía ser de otra manera. El euríbor ha pasado del -0,5% a principios del año pasado, al 3,3% actual, mientras que el tipo de interés para los préstamos a empresas se ha duplicado hasta superar el 3% (con datos hasta noviembre, que hacen presagiar un ascenso adicional en el cierre del año).


Sin embargo, el crédito parece aguantar. La concesión de nuevos préstamos al sector privado se ha reducido de manera cuasi imperceptible en el periodo reciente. Recordemos que en 2008 las turbulencias financieras provocaron una contracción del crédito a empresas del 6%, y del 30% en el caso de los hogares, preludio de la Gran Recesión. También se esperaba un deterioro del factor confianza —clave en decisiones de consumo e inversión— como consecuencia del giro monetario. Pero la encuesta de la Comisión Europea para España apunta a un ligero repunte —si bien situándose todavía en terreno contractivo—, dejando atrás los mínimos alcanzados tras la invasión de Ucrania. Por otra parte, en contra de los peores vaticinios, la prima de riesgo que soporta la deuda pública española apenas se ha resentido de la subida de tipos ni del fin del programa de compra de bonos del BCE.

Con todo, y pese a que el impacto de la política monetaria se suele diluir durante un periodo relativamente largo que todavía no se ha agotado, la economía parece estar asimilando el alza de costes financieros sin demasiados sobresaltos. Otra cosa es hasta dónde podrá aguantar el nuevo ciclo de subidas de tipos que se ha anunciado, en aras a una inflación subyacente que no da respiro —se ha acelerado en todos los grandes países de la eurozona hasta niveles que dan alas a los partidarios de una acción anti-inflación mucho más agresiva.

Si el euríbor escalara hasta el 3,75% de aquí a la primavera —en consonancia con una facilidad de depósitos del BCE del 3,25%, frente al 2% actual— y se mantuviera en ese nivel hasta finales de año, los hogares todavía podrían evitar una erosión de su renta disponible en términos reales, es decir descontando la inflación y el incremento de cargas de intereses (con estimaciones de Funcas). Esto sería por tanto todavía asumible para la economía española. Pero por encima de ese umbral, la vuelta de tuerca monetaria generará una pérdida preocupante de poder adquisitivo.

La liquidez del sector financiero no bancario es otro frente a vigilar, según la encuesta del BCE de condiciones financieras en el último trimestre del pasado ejercicio. Destaca el riesgo a que se enfrentan los fondos de inversión que más se habían apalancado durante la época de tipos de interés negativos. Y ojo, porque la encuesta apunta a un deterioro adicional de las condiciones financieras para esos fondos durante el primer trimestre de este año.

En suma, bajo supuestos razonables, la economía española debería poder superar el efecto contractivo de la política monetaria y así crecer por encima de 1% en el conjunto del año a la vez que se aplaca la inflación, según el consenso. En este escenario, la clave está en el buen temple del BCE.

IPC SUBYACENTE | España es el miembro de la eurozona con mejor resultado en términos de
IPC general, a tenor de los datos de diciembre. Sin embargo, descontando la
energía y los alimentos frescos, el IPC subyacente se incrementó un 6,7%, superando
otros seis países. La media de la eurozona se sitúa en el 6,9%, y entre los
grandes socios comunitarios, Francia e Italia obtienen mejores registros (5,4%
y 6,5%, respectivamente), a la inversa de Alemania (7,3%) y Países Bajos (8,4%).
La inflación subyacente se mantiene en el doble dígito en los países bálticos.       

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los malos augurios y los hechos

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Una tormenta perfecta se cierne sobre la economía mundial. A la persistente crisis energética y geopolítica se añade un entorno monetario cada vez menos amable, especialmente para los países más endeudados: el repunte de la prima de riesgo de Italia en un contexto político incierto acabará poniendo a prueba el escudo anti-crisis del BCE. Y, por si fuera poco, las tres principales economías del planeta que son EE UU, China y sobre todo Alemania están amenazadas por la recesión. 

Debemos por tanto prepararnos a una fuerte sacudida. Pero sin descuidar los puntos de resistencia. En primer lugar, el retorno del turismo está aportando un balón de oxígeno providencial de modo que la economía española podría ser una de los pocas en Europa que esté todavía registrando un crecimiento honorable. Los europeos gastan en viajes y ocio buena parte de la liquidez acumulada en los últimos dos años —una tendencia que se mantendrá todavía un cierto tiempo, como ya se refleja en las perspectivas del sector para el otoño.      

Por otra parte, la reconfiguración de las cadenas de suministro ofrece oportunidades a nuestro aparato productivo como lo evidencia el dinamismo de las exportaciones. Falta apuntalar el resultado con un despliegue transformador de los fondos europeos. De momento, la balanza externa aguanta el encarecimiento de la factura energética, cuando la de Francia acentúa su deterioro, Italia entra en déficit y Alemania asiste a una contracción de su excedente.           

Incluso la inflación, principal enemigo, podría haber tocado techo. Algunos de los cuellos de botella que han presionado los precios se están diluyendo: el coste del transporte marítimo ha caído un 45% desde el máximo alcanzado tras la invasión de Ucrania, y la cotización de la mayoría de materias primas se aleja de los máximos observados a inicios de año. Todo ello redunda en una moderación de los incrementos mensuales del IPC, tras los registros desorbitados de la primavera.


La energía es el principal escollo. Pese al ligero alivio de los últimos días, el gas cuesta un 60% más que antes del verano, algo que junto con el parón de las centrales hidroeléctricas como consecuencia de la sequía ha incendiado la factura de la luz. El tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad está funcionando, tanto en términos de tarifas, más baratas que en el resto de Europa, como de volatilidad. Pero el mecanismo no es suficiente para neutralizar el shock. Ahora la clave está en las medidas de ahorro energético, de diversificación de los suministros y de elevación de las reservas puestas en marcha a través de todo el continente. Veremos si ayudan a reducir la vulnerabilidad ante las amenazas proferidas desde Rusia y, por tanto, contribuye a contener los costes energéticos. En un mercado marginalista en que el precio depende de las últimas unidades que entran en la generación de energía, es crucial suavizar los picos de demanda con medidas de ahorro. 

Finalmente, la psicología también desempeña un papel central en la dinámica de la inflación y por tanto en las perspectivas económicas. A partir de un cierto umbral, el incremento de los precios se percibe como un fenómeno global, lo que incita a una espiral de reivindicaciones en aras a recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Nadie sabe con seguridad dónde se sitúa ese umbral, pero cuanto más se prolongue el episodio de IPC a doble dígito, mayor la probabilidad de que se desencadene una espiral inflacionaria. La tendencia actual no es buena: más de la mitad de los componentes del IPC crecen a un ritmo superior al 6%, un porcentaje que no cesa de incrementarse desde el inicio del año. Solo cuando esa trayectoria cambie, podremos hablar de una verdadera desescalada de la inflación subyacente, condición sine qua non para un rebote del consumo.

Con todo, una fuerte desaceleración de nuestra economía —y no una recesión— es todavía el escenario más probable.  

BALANZA EXTERNA | Durante el primer semestre el déficit energético se incrementó en cerca de 17.000 millones de euros como consecuencia del encarecimiento de los hidrocarburos importados. A la inversa, la balanza de servicios y bienes no-energéticos mejoró significativamente, de modo que la balanza corriente total (energética y no energética) se ha mantenido en valores próximos al equilibrio. Este resultado, unido a las entradas ligadas al programa europeo Next Generation, explica que la posición con el exterior siga presentando un superávit neto (3.200 millones en el primer semestre, frente a 5.100 un año antes).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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