Mercado laboral – Negocios e Inversiones

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Ni emancipados ni emparejados: los jóvenes españoles al acabar el primer cuarto de siglo

febrero 3, 2025

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En las últimas décadas, los jóvenes nacidos en España se han ido emancipando cada vez más tarde, y cada vez lo hacen menos para formar su propia familia. En España, en 2022, vivía con su pareja el 43% de las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España y el 32% de sus pares varones. Estas cifras son las más bajas del último medio siglo y quedan muy lejos de las de 1970, cuando vivían con su pareja el 85% de las mujeres y el 81% de los varones de ese tramo de edad (gráfico 1)^{^[1]}.

Esta caída de la vida en pareja de los jóvenes españoles se registra desde los años ochenta del siglo pasado, pero, según datos de los censos de población analizados en la última Nota de Coyuntura Social, se habría acentuado en los tres últimos lustros. Una experiencia que era tradicionalmente común a la inmensa mayoría de los jóvenes en torno a los treinta años es ahora claramente minoritaria.

Que tan pocos jóvenes de origen español vivan en pareja en la actualidad podría explicarse por las dificultades que afronta hoy la juventud española, como la inestabilidad laboral y un mercado de la vivienda no especialmente acogedor, entre otros factores. Sin embargo, la caída de los emparejamientos juveniles y el retraso, cada vez más sine die, de la formación de familias, es un fenómeno generalizado en los países desarrollados^[2]. De esto se deduce que las causas no pueden ser solo locales, sino que también responden a cambios culturales más amplios vinculados a las aspiraciones vitales o a la evolución de los ‘mercados matrimoniales’ y de las características individuales que dificultan la formación de parejas.

Las elevadas tasas de emancipación tardía, en cambio, sí tienen un marcado componente local y, además, han tendido a intensificarse en los últimos 35 años. Entre las mujeres de 25 a 29 años nacidas en España, casi dos tercios (66%) estaban emancipadas en 1987, pero la cifra ha caído hasta el 35% de 2024. La emancipación de los varones de 25 a 29 años nacidos en España, siempre con tasas inferiores a las de las mujeres, ha seguido un patrón similar de caída (desde el 48 al 28%), aunque se adivina una cierta convergencia entre hombres y mujeres, ya que la diferencia se ha reducido desde los 18 puntos porcentuales a unos 7 debido a una caída más intensa de la tasa femenina.

Incluso entre las mujeres de 30 a 34 años nacidas en España se observa también una reducción de la tasa de emancipación desde 1987, con un 85%, hasta 2024, con un 74% (gráfico 2), aunque la caída no ha sido tan pronunciada como en el tramo de edad anterior. También se ha reducido la tasa de emancipación de sus coetáneos varones, desde el 79 al 64%.

Compartimos con muchos países la caída en la formación de parejas, una de las causas inmediatas del desplome reciente de la natalidad. Y a esta se suma la intensificación de la emancipación tardía, que seguramente contribuye aún más a esa caída de la natalidad. Se refuerza así un rasgo distintivo de la sociedad española y de otras meridionales europeas, el papel protector de la familia. Si bien este modelo familiar ha sido clave para paliar las dificultades en tiempos de crisis, también suele relacionarse con sociedades menos dinámicas en términos de asociacionismo, confianza en los demás e innovación. En una sociedad envejecida y con menos jóvenes, sin embargo, el atrevimiento y la iniciativa se vuelven más necesarios que nunca para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.

Acceda aquí y descargue la última edición de las Notas de Coyuntura Social.

^[1] Para aislar el efecto de los cambios demográficos asociados la migración, se emplean solo cifras de nacidos en España, si están disponibles. La metodología de elaboración de los datos puede consultarse aquí.

^[2] Burn-Murdoch, J. (2024). “The relationship recession is going global”, Financial Times, 11 de enero.

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Competencias de los adultos españoles: buenos resultados en equidad, pero mejorables en excelencia y en la conexión con el mercado laboral

enero 14, 2025

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El Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés) es descrito como una versión para adultos del programa PISA; evalúa competencias en comprensión lectora y matemática, así como la resolución de problemas adaptativos entre personas de 16 a 65 años. Un seminario virtual organizado en diciembre por Funcas presentó por primera vez en España los datos de su segundo ciclo y, sobre esa base, abordó diversos aspectos clave sobre las competencias de la población joven y adulta en nuestro país y en otros 30. El evento contó con la participación de expertos como Marta Encinas-Martín, Brindusa Anghel y Alfonso Echazarra, quienes analizaron las implicaciones de los resultados para el sistema educativo y el mercado laboral.

Los resultados en España

El rendimiento en la evaluación de PIAAC se expresa en una escala de 0 a 500 puntos; para lectura y matemáticas, se establecen 6 niveles de rendimiento que van desde el nivel inferior a 1 (el más bajo) hasta el nivel 5 (el más alto). Para la resolución de problemas adaptativos no se incluye el nivel 5. El informe español contiene una descripción detallada de los diferentes niveles en cada área. Un resumen de los resultados de España frente a la OCDE se muestra en el gráfico 1. En conjunto, considerando las tres áreas evaluadas (lectura, matemáticas y resolución de problemas adaptativos), el 21% de los adultos en España se encuentra en los dos niveles más bajos de estas escalas de competencia, superando ligeramente el promedio del 18% de la OCDE.

España necesita impulsar la excelencia y mejorar la formación continua

Marta Encinas-Martín, de la OCDE, inició el seminario destacando la importancia de esta evaluación para comprender lo que los adultos saben y pueden hacer en su vida diaria y laboral. Los resultados de PIAAC sitúan a España en un lugar intermedio-bajo entre los países evaluados.

Encinas-Martín subrayó que, aunque España tiene buenos registros en equidad educativa, con una de las brechas socioeconómicas más pequeñas en competencias por nivel educativo de los progenitores según PIAAC, es necesario impulsar la excelencia, y especialmente en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), para mejorar el futuro de los jóvenes. En cuanto al fomento de la formación continua, Marta Encinas-Martín puso como ejemplo a los países nórdicos, donde los programas de formación a lo largo de la vida han sido clave para mantener altos niveles de competencias en todas las edades.

Vea aquí la intervención de Marta Encinas.

El contexto de España en relación con la Unión Europea (UE)

Brindusa Anghel, del Banco de España, presentó un análisis sobre las diferencias en competencias entre España y los países de la UE que participaron en PIAAC, destacando que, aunque la brecha de la media de las puntuaciones PIAAC ha disminuido en la última década, los retos persisten.

Competencias de los graduados superiores: los titulados universitarios y de FP Superior en España tienen menores niveles de competencias en matemáticas y lectura en comparación con sus homólogos de la UE. Esta brecha podría reflejar problemas estructurales del sistema educativo, que afectan la empleabilidad y la productividad laboral.
Desempeño generacional: los adultos españoles mayores (55-65 años) tienen competencias más cercanas a la media de la UE en comparación con los jóvenes (16-24 años).
Éxitos en equidad: aunque los resultados generales de España no son sobresalientes, el país destaca por su reducida brecha en competencias entre los grupos con un nivel educativo de los padres bajo y medio, lo que refleja cierto éxito en la reducción de desigualdades.

Además, señaló que el mercado laboral español sigue mostrando un alto desajuste entre las competencias de los trabajadores y las necesidades reales de las empresas, afectando la competitividad y el crecimiento económico.

Vea aquí la intervención de Brindusa Anghel.

Reflexiones sobre la repetición y el abandono educativo

Alfonso Echazarra, evaluador externo de la OCDE, amplió el debate con un enfoque en las barreras estructurales que limitan el progreso educativo en España. En su intervención, subrayó que la repetición de cursos, una práctica común en el país, tiene un impacto negativo a largo plazo en las competencias de los estudiantes. La repetición perpetúa desigualdades, tiene un coste financiero elevado y no resulta efectiva para mejorar los resultados educativos. Los estudiantes repetidores tienden a abandonar el sistema antes de completar su formación.

Entre otros desafíos destacados por Echazarra, se incluyen:

Altas tasas de abandono escolar: España sigue registrando una de las cifras más altas de abandono educativo temprano en Europa, lo que limita el desarrollo de competencias básicas.
Competencias y mercado laboral: existe una desconexión significativa entre lo que se enseña en los programas educativos y las demandas del mercado laboral. Según Echazarra, es esencial revisar los currículos para incorporar competencias transversales como resolución de problemas, pensamiento crítico y habilidades digitales.

Vea aquí la intervención de Alfonso Echazarra.

Conclusiones finales

España ha logrado avances importantes en términos de equidad educativa, pero las competencias de su población adulta continúan rezagadas frente a los estándares internacionales. La necesidad de reforzar la educación inicial, buscar mayor excelencia, ajustar los programas educativos al mercado laboral e implementar estrategias de formación continua es más urgente que nunca.

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

diciembre 9, 2024

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria.

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste.

De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo).

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump.

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo.

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión.

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El déficit educativo y laboral de las personas con discapacidad en España

noviembre 28, 2024

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Funcas publica hoy, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el estudio Las personas con discapacidad en España: actividad, empleo y calidad de vida. El documento ofrece una radiografía de la situación de los 4,3 millones de personas —2,5 millones de mujeres y 1,8 millones de hombres— con discapacidad en nuestro país, lo que representa el 9,7% de la población española. De ellos, más de un millón —732.000 mujeres y 327.000 hombres— viven en solitario.

Además de exponer los grandes datos sobre este colectivo, el estudio, firmado por los profesores Miguel Ángel Malo, Ricardo Pagán y Vanesa Rodríguez Álvarez, examina las condiciones de vida de estas personas, poniendo el foco en el panorama laboral y educativo, pero también en lo referido a recepción y prestación de cuidados personales o a los servicios sanitarios y sociales que reciben. Otros aspectos analizados son sus relaciones sociales y familiares, su participación ciudadana y cuestiones relacionadas con su autonomía personal.

Es en el ámbito laboral donde se centran los principales desafíos para las personas con discapacidad. Sus niveles de actividad, empleo y desempleo reflejan un problema estructural profundo y se sitúan muy por alejadas de la media nacional. La tasa de paro casi duplica la de la población total, mientras que la de empleo apenas supera un tercio de la de toda la población.

En la esfera educativa, crucial para la integración social, se observan progresos discretos pero insuficientes. El porcentaje de personas con discapacidad con estudios universitarios ha crecido del 7,2% al 10,7% en 15 años, aunque este avance está por debajo del incremento experimentado por la población general.

En el ámbito de los cuidados personales, el estudio constata que aproximadamente la mitad de las personas con discapacidad los recibe; quienes los prestan, mayoritariamente, son familiares que conviven con la persona con discapacidad, lo que genera importantes cargas emocionales y físicas. Por otro lado, los servicios sanitarios muestran una cobertura amplia entre la población con discapacidad, con un 93,2% de utilización, mientras que los servicios sociales presentan una penetración mucho más limitada. Una proporción significativa de personas recibe ayudas técnicas, aunque persisten importantes brechas de atención.

El estudio concluye con una relación de implicaciones para las políticas públicas, entre las que se incluyen el desarrollo de estrategias más efectivas para la inclusión educativa y laboral, el diseño de políticas de apoyo a los cuidadores o la ampliación de los servicios sociales adaptados a las diversas necesidades.

Descarga íntegro el estudio aquí.

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Final anticipado de la escalada de tipos de interés

diciembre 4, 2023

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Ahora que la desinflación
se va afianzando, el impacto en la economía real del actual episodio de
endurecimiento monetario se ha convertido en la principal preocupación, de tal
modo que cabe preguntarse si no se le ha ido un poco la mano al BCE.

Casi todos los factores de crecimiento se están agotando uno tras otro. El sobreahorro de los hogares ha desaparecido o se ha transformado en un activo financiero poco líquido, al tiempo que el encarecimiento del dinero reduce la demanda de crédito, uno de los determinantes de la inversión. Tampoco cabe esperar un fuerte impulso del exterior: los intercambios internacionales renquean, afectando sobremanera a la industria europea, muy dependiente de las exportaciones (la OCDE prevé un crecimiento escuálido del comercio mundial en los próximos dos años).

Por si fuera poco, las políticas presupuestarias están constreñidas por la próxima reactivación de las reglas fiscales europeas y las crecientes cargas financieras. La economía española resiste mejor que en el resto de Europa, pero la magnitud de nuestros desequilibrios presupuestarios nos aboca un esfuerzo de consolidación.

Eso sí, los análisis coinciden en el papel destacado del mercado laboral como dique de contención. El empleo ha seguido creciendo, evitando una escalada de impagos de préstamos bancarios y sosteniendo la demanda. Esto explica que el consumo de las familias sea el principal artífice de la leve recuperación del crecimiento pronosticada por la OCDE para el año que viene. Sin embargo, el vaticinio depende de que el empleo siga aguantando, algo que no está garantizado: si los sectores con más dificultad para adaptarse a la transición energética o la desglobalización no recortan plantilla, es porque consideran que la desaceleración es pasajera.

Por ejemplo, la actividad
en las ramas de automoción y otro material de transporte ha descendido un 4%
desde la pandemia, cuando el empleo se ha mantenido (en el tercer trimestre del
presente ejercicio se situaba incluso un 1,5% por encima del nivel alcanzado en
el mismo periodo de 2019, según los datos de ventas de grandes empresas). Estos
sectores prefieren retener la plantilla, aun recortando la jornada laboral: un
comportamiento que se entiende en un contexto de declive demográfico, siempre y
cuando se mantengan las expectativas de una mejora de la cifra de negocios en
un futuro no muy lejano. De hecho, están apareciendo ya algunas señales
preocupantes a este respecto: véase la ligera caída del empleo en Francia en el
último mes, la también leve subida del paro en Alemania y la clara desaceleración
de la afiliación en España.

A medida que los precios
se moderan, los salarios podrían también recuperar algo de capacidad de compra y
estimular la demanda. No se trata de una espiral salarial tan temida por los
bancos centrales, sino más bien de un fenómeno de compensación puntual de poder
adquisitivo. En Alemania, por ejemplo, los salarios pactados suben entre un 2,5
y un 3%, excluyendo esas compensaciones transitorias y no consolidadas. En todo
caso, el IPC de noviembre confirma la menor presión de la inflación subyacente
(la que se obtiene descontando los componentes más volátiles del índice), tanto
en el conjunto de la eurozona como en España.

A corto plazo cabe
esperar todavía una inflación subyacente alta, y repuntes de IPC por los
efectos base. El BCE querrá comprobar que la trayectoria de los precios y de
los salarios es coherente con sus objetivos, de modo que no se espera un ajuste
antes de la primavera. A partir de ese momento, no obstante, los argumentos a
favor de un recorte de tipos de interés adquirirán más peso (pero ojo porque no
volveremos a la era del dinero casi gratis). Entre tanto, vendría bien una
inflexión en el discurso monetario para alentar las expectativas, y así sostener
los colchones de resistencia, entre otros el mercado laboral.

IPC | El descenso del IPC en noviembre (-0,5% en la eurozona y -0,6% en España), refuerza la tendencia a la moderación de la inflación. Durante la primera parte del año, el IPC registró un incremento medio mensual del 0,4% tanto en la eurozona como en España. En ambos casos, la tasa se ha reducido hasta el 0,1% en lo que va de segundo semestre. Además, la trayectoria es compartida por todos los socios de la moneda única. También se observa una convergencia entre países en el núcleo central de precios, excluyendo energía y alimentos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos anticuerpos ante el ajuste del BCE

julio 31, 2023

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La respuesta de la economía española a la subida de tipos de interés no deja de sorprender. Casi todos los anteriores ciclos de endurecimiento monetario —motivados, como ahora, por la necesidad de luchar contra la inflación— habían generado una recesión. En este caso, sin embargo, la economía resiste mejor de lo previsto, a tenor del dato de crecimiento del segundo trimestre, un notable 0,4%, prácticamente lo mismo que en los tres trimestres anteriores. Durante el mismo periodo, el coste del dinero se ha encarecido vertiginosamente y el euríbor cotiza ya por encima del 4%.

Las explicaciones más inmediatas —abaratamiento de la energía, recuperación del turismo, fondos Next Generation—se quedan cortas, porque no bastan para entender la aparente inmunidad de las variables más sensibles a la subida de tipos de interés: la inversión se incrementó nada menos que un 4,6% en el segundo trimestre.

La aceleración del ritmo de ejecución de los fondos europeos es un factor. Otro, crucial en un contexto de subida de tipos, el desendeudamiento de las empresas y de los hogares. Tras el shock de la pandemia, las empresas reanudaron el proceso de reducción de pasivos, de modo que su deuda se sitúa ya por debajo del nivel prepandemia y es casi la mitad que en el anterior ciclo de subida de tipos de interés, que coincidió con la crisis financiera. Asimismo, las familias han aligerado sus balances, aprovechando la subida del euríbor para amortizar préstamos hipotecarios. Su situación financiera es, por tanto, significativamente más holgada que en el momento del estallido de la crisis financiera. El nivel de deuda privada es también menor que en otros países de nuestro entorno, especialmente Países Bajos, Finlandia y Suecia, algo que también contribuye a explicar el buen tono de la economía española en el seno de la OCDE.

Bien es cierto que el elevado peso de los préstamos hipotecarios a tipo variable es un factor de vulnerabilidad. El foco de atención debe estar en las personas con menores niveles de renta, y es importante que las medidas dirigidas a este colectivo se refuercen, tratándose de una cuestión social acuciante. Pero a nivel macroeconómico, el desendeudamiento parece estar amortiguando el impacto financiero de la subida de los tipos de interés.

El comportamiento del mercado laboral es otro factor diferencial en relación con épocas anteriores. La moderación del IPC, junto con los acuerdos salariales y la incesante creación de empleo, han aportado un impulso al poder adquisitivo, contribuyendo a contener el impacto de la restricción monetaria en la renta de los hogares. El consumo privado rebotó en el segundo trimestre, quebrando la senda negativa de los dos trimestres anteriores.

Pero no echemos las
campanas al vuelo, porque las señales de desaceleración se han multiplicado.
Nuestra economía, muy dependiente del exterior, no puede desacoplarse del parón
de la eurozona, especialmente de Alemania. Las exportaciones, protagonistas de
nuestra recuperación pos pandemia, dan síntomas de debilitamiento. El sector
industrial se resiente, y las expectativas para los próximos meses no son
halagüeñas (el indicador PMI de gestores de compra de las manufacturas se sitúa
en terreno contractivo).

Por otra parte, la subida de tipos de interés no se ha trasladado todavía por completo a la economía. La encuesta de préstamos bancarios apunta a una fuerte reducción de la demanda de crédito. Además, el BCE podría dar una nueva vuelta de tuerca en septiembre, apoyándose en la resiliencia de los precios, y sobre todo Lagarde advierte que mantendrá los tipos durante un periodo más prolongado de lo vaticinado.

Con todo, la economía
española ha dejado atrás algunas de sus rémoras históricas como la querencia
por la deuda privada y la volatilidad del mercado laboral, lo que está permitiendo
encarar el ciclo monetario en mejor posición desde el punto de vista
macroeconómico. Queda por apuntalar estos resultados con reformas e inversiones
que nos permitan abordar los grandes desafíos económicos, presupuestarios y
sociales de nuestros tiempos.

PIB | En el segundo trimestre el PIB avanzó un 0,4%, un ritmo similar al de los tres trimestres anteriores, pero con un cambio notable en su composición: ahora es la demanda interna la que lidera la actividad, mientras que la aportación del sector exterior es negativa, como consecuencia del enfriamiento de los mercados internacionales. Desde el lado de la oferta, los servicios y la construcción lideran el crecimiento de la actividad, mientras que la industria manufacturera se contrae y la agricultura cae un 8,4%, el segundo mayor descenso de la serie histórica, en un contexto de sequía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevo factor de resiliencia

julio 10, 2023

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Que la economía española ha capeado mejor de lo vaticinado las consecuencias de la crisis energética, de la inflación y de una guerra, es ya una evidencia. La pregunta es hasta qué punto puede seguir sorprendiendo. Para responder, aparte de realizar un ejercicio de humildad, es importante identificar la sostenibilidad de los principales pilares del impulso. Algunos, como la estabilización de los mercados energéticos o la normalización del turismo, seguirán teniendo un impacto positivo pero cada vez menor al tratarse de fenómenos por naturaleza transitorios.

Otros, como el tirón de las exportaciones de productos industriales y de servicios no turísticos, alentados por el buen posicionamiento competitivo de nuestras empresas, parecen más sólidos. Es un hecho que el sector exterior ha sido el principal artífice del crecimiento desde finales del pasado ejercicio (de ahí buena parte del error de previsión). Sin embargo, el debilitamiento de los mercados europeos deja escaso margen de sorpresa. La fuerte caída de los indicadores de coyuntura de la eurozona es preocupante a este respecto.

Asimismo, se percibe una desaceleración del mercado laboral, que ha sido otro importante factor de resiliencia en esta etapa. Ante el riesgo de no disponer de personal suficiente durante el periodo vacacional, las empresas habrían anticipado las contrataciones durante la primavera, de modo que no cabe ya esperar grandes avances. Los datos de afiliación de junio, menos boyantes que la norma para un inicio de temporada, ya apuntan en esta dirección.

Pero la principal incógnita radica en la pugna entre dos fuerzas contrapuestas: las subidas de tipos de interés, y, por otra parte, el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios y su posible efecto en el consumo. La desescalada de los precios de las materias primas energéticas y de las que entran en la cadena alimentaria está ayudando a doblegar el IPC. Asimismo, se espera una disipación de la presión alcista de los beneficios empresariales, que ya se sitúan por encima de los valores pre-pandemia en términos agregados (con enormes diferencias entre sectores, según los datos de la Agencia Tributaria), en un contexto de debilitamiento de las expectativas.

Todo ello apunta a una paulatina desaceleración del IPC, que coincide con el repunte de los salarios: éstos crecen ya por encima de 3% (en concepto de salarios pactados), dejando atrás el periodo de erosión de la capacidad de compra de los hogares que se inició con el brote inflacionario. El alza de las remuneraciones en relación a los precios, en consonancia con el acuerdo salarial, aportará un respiro al consumo, muy alicaído últimamente. Sin embargo, este efecto será sin duda limitado a corto plazo, ya que los hogares querrán asegurarse que ese plus de ingresos es sostenible antes de gastarlo.

Entre tanto, el BCE, preocupado por las presiones subyacentes en Alemania y otros países del núcleo duro del euro, seguirá subiendo tipos de interés: nos asomamos a una nueva vuelta de tuerca este mismo mes, y otra después del verano, lo que llevará el euríbor a nuevos máximos. Los tipos de interés se mantendrían en ese nivel durante bastante tiempo, hasta que el gurú monetario considere que el proceso de desinflación es irreversible.

Con todo, el ciclo de restricción monetaria pesará necesariamente sobre la coyuntura —ya ha dado pie a un descenso de los préstamos de nueva concesión a empresas y particulares—. El ejercicio podría acabar con un crecimiento del PIB superior al 2%, gracias a la progresiva recuperación de los salarios unida al efecto arrastre asociado al buen inicio de año. Pero, con la desaparición de este último factor, una neta ralentización parece inevitable para el 2024. Eso, siempre y cuando la política monetaria no sobrerreaccione, ni que los costes financieros se disparen, siendo éste el principal riesgo de previsión. A la inversa, el entorno de recuperación de renta disponible de los hogares podría abrir la vía a una trayectoria económica más favorable de lo anticipado.

BALANZA EXTERNA | La balanza de pagos por cuenta corriente arrojó un superávit histórico en el primer trimestre de este año, de 10.300 millones de euros, la mejor cifra de un primer trimestre de toda la serie histórica. El déficit de la balanza comercial de bienes se redujo con respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que el superávit de las balanzas de servicios, tanto turísticos como no turísticos, creció de forma notable, solo mínimamente compensado por un ligero incremento de los pagos netos al exterior por rentas de la propiedad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los turistas extranjeros vuelven a aportar crecimiento

octubre 6, 2022

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Al inicio del año 2022 pocos eran los que vaticinaban buenos resultados para el turismo internacional, debido a la presencia de la variante Omicron que obligó, de nuevo, a ser más cautos en los flujos turísticos (Fernández, 2021). Con la Semana Santa, sin embargo, se reavivó la actividad turística nacional e internacional, lo que permitió revisar al alza las expectativas del sector turístico. Su avance es importante para mantener el ritmo de crecimiento de la economía española ante la aparición de nuevos problemas económicos que han quitado el protagonismo a la pandemia: la invasión rusa de Ucrania y el ascenso imparable de la tasa de inflación.

Los datos de agosto de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, proporcionados recientemente por el INE, confirman el buen comportamiento del sector turístico. A partir de junio, el número de turistas internacionales retomó su proporción habitual en el total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y, en agosto, se ha consolidado en niveles cercanos a los registrados en el mismo mes de 2019 (véase el gráfico 1). La vuelta del turismo a sus niveles prepandemia es una buena noticia, puesto que previsiblemente se normalizará su contribución al crecimiento del PIB en el tercer trimestre, en contraposición a otras dificultades que atraviesa la economía española.

En cualquier caso, es preciso matizar que el número de pernoctaciones de turistas no residentes ha sido un 2,5% inferior al registrado en agosto de 2019. Esta diferencia puede entenderse como que todavía existe un margen de mejora, pero también puede ser el resultado de un cambio en el comportamiento de los turistas que eligen, en una mayor proporción, alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos…). De hecho, el máximo de pernoctaciones en establecimientos hoteleros se registró en agosto de 2017. De manera que habrá que esperar a que la situación se consolide para poder identificar, mediante un análisis más profundo, cómo están cambiando las preferencias de los turistas.

Además de su impacto positivo sobre el crecimiento económico, la recuperación del turismo internacional genera efectos significativos en el mercado laboral y en la balanza de pagos. En primer lugar, el empleo en el sector hotelero ha sido solo un 1,2% inferior al registrado en agosto de 2019 (véase el gráfico 2). Además, el número de trabajadores que permanecen en situaciones de regulación de empleo bien sea con reducción de jornada o bien con suspensión completa de contrato es testimonial. El gráfico 3 muestra como todavía en Semana Santa estos trabajadores representaban cifras significativas, mientras que en julio (últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Economía Social), no llegaban a 300 trabajadores.

En segundo lugar, es de sobra conocido que los ingresos por turismo en la balanza de servicios son muy relevantes para financiar el déficit comercial español. En este sentido, los datos del Banco de España sobre la balanza de pagos, que se conocen dos meses más tarde que los de pernoctaciones del INE, sugieren que la recuperación en los ingresos por servicios turísticos está siendo intensa. En efecto, en el mes de junio, cuando todavía las pernoctaciones de turistas internacionales eran un 9,9% inferiores a las registradas en el mismo mes de 2019, los ingresos turísticos también lo fueron, pero menos: un 6,2%. Dado que, como se ha indicado, en agosto el número de pernoctaciones de residentes extranjeros fue solo un 2,5% menor que tres años antes, es presumible que se confirme el crecimiento del turismo internacional. Sin duda, esto contribuirá a compensar el aumento del déficit comercial debido al incremento del valor de las importaciones ante la fuerte apreciación del dólar y el avance de los precios de la energía.

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Aumentar la actividad y reducir el paro, objetivos para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad

septiembre 7, 2022

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La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020)^[1] muestra, como ya hicieron las dos anteriores (1999 y 2008), una integración muy pobre de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si centramos la atención en las personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), su número —estimado en 1,58 millones— representa un 37% de todas las personas con discapacidad (4,32 millones). Es una cifra más alta que la que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2008 (1,47 millones)^[2]. Ahora bien, las tasas de prevalencia de personas con discapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantienen en un nivel parecido, en torno al 5% (5,2 % en 2020, 4,9% en 2008, y 5,1% en 1999). Por tanto, aunque la cantidad de personas con discapacidad en esa franja etaria ha aumentado, también lo ha hecho la población en edad laboral.

Como cabría esperar, las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral (Gráfico 1). Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. Llama asimismo la atención que, aunque en la juventud la prevalencia de discapacidad de las mujeres es proporcionalmente menor que la de los hombres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con discapacidad supera al de los hombres, sobre todo, a partir de los 65 años.

De los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral, en 2020-2021 estaban trabajando 370 mil (192 mil mujeres y 178 mil hombres), mientras que 160,4 mil buscaban empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad^[3] asciende a 33,5%, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población (una distancia que entre los hombres todavía se agranda). Una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde, sin duda, a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren. Al fin y al cabo, la mayoría de quienes están en edad laboral y no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propia discapacidad (así lo hacen el 53,1% de las mujeres y el 75,2% de hombres). Pero es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez.

Aun cuando en términos absolutos las mujeres con discapacidad tienen más presencia en el mercado de trabajo que los hombres, no solo sus respectivas tasas de actividad, sino también de empleo y paro son muy similares (Gráfico 2). Que la tasa de empleo de las personas con discapacidad^[4] (23,4%) represente aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%) puede responder a las restricciones que impone la propia discapacidad. En este sentido, entre las personas con discapacidad que, teniendo experiencia laboral, han dejado de trabajar, el 43% declara haberlo hecho por la aparición o el agravamiento de su discapacidad, sin apenas diferencia alguna entre mujeres y hombres (Gráfico 3). Ahora bien, la reducida tasa de empleo también puede deberse a las reservas de las empresas a contratar a estas personas, dadas las dificultades de los empleadores para conocer la capacidad de estos demandantes de empleo para desempeñar su trabajo; es decir, para anticipar en qué medida su discapacidad afecta a su productividad. Disminuir el impacto de este problema de información de las empresas podría mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A esa mejora también podría contribuir el aumento de los niveles educativos de estas personas; de hecho, las personas con discapacidad que no trabajan, pero están buscando empleo, presentan un nivel educativo más bajo que las que están trabajando, aunque claramente más alto que el de las que no trabajan ni buscan trabajo (Gráfico 4).

Visto desde otro ángulo, es preocupante que la tasa de paro de las personas con discapacidad^[5] (30,2%) doble a la de la población total (15,6%) ¿Cómo están buscando empleo esos 160,4 mil hombres y mujeres con discapacidad que quieren trabajar y no encuentran dónde? El 60,8% de ellas y el 67,5 % de ellos utilizan a amigos o conocidos como principal método de búsqueda de empleo, proporciones considerablemente más elevadas que las de aquellos que afirman recurrir a los servicios públicos de empleo (SEPE). La preferencia por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, habida cuenta de que resulta más prometedora: el 38,2 % de las mujeres y el 38,9% de los hombres con discapacidad que trabajan, afirman haber encontrado su empleo a través de contactos con familiares y amigos, mientras que solo el 4,6% de ellos y el 4,4% de ellas lo encontraron mediante el SEPE (Gráfico 5).

Los resultados de la EDAD-2020 ponen de relieve la importancia de la red familiar y de amigos en la búsqueda de empleo. Cabe pensar que las personas con discapacidad que no trabajan deseando hacerlo cuentan con redes familiares y de amigos más débiles, por lo que, además de carecer de empleo, una vía fundamental de integración social, probablemente padezcan en mayor medida soledad. De ahí que este colectivo merezca una atención especial de los servicios públicos de empleo y, también, el despliegue de medidas de integración laboral de las que se puedan beneficiar. Téngase en cuenta que según la EDAD-2020, solo el 18,4% de las personas con discapacidad —es decir, unas 70.100— afirman haberse beneficiado de estas medidas (Cuadro 1).

En resumen, queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que intentar que el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo –un colectivo cuya magnitud hoy día desconocemos, pero que cabe suponer significativo– sea lo más pequeño posible; es decir, que las personas con discapacidad inactivas se circunscriban a aquellas que no pueden o no quieren ocupar un puesto de trabajo. En segundo lugar, es deseable que el paro entre la población con discapacidad se sitúe en tasas cuando menos equiparables a las de la población total.

Estos son actualmente los grandes problemas de la población con discapacidad en edad laboral. No lo es, en cambio –y esto es una buena noticia– la discriminación en el puesto de trabajo: casi nueve de cada diez personas con discapacidad ocupadas (88%) no han experimentado sentimientos de discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Y quienes afirman sufrirla “muchas veces” o “constantemente” representan un 1,2% (Gráfico 6). En definitiva, a la luz de los datos de la EDAD-2020, se puede decir que la sociedad española trata adecuadamente a las personas con discapacidad que han conseguido una ocupación, pero probablemente desconoce y desatiende a quienes, deseándola, no la alcanzan.

Este análisis representa un primer resultado del proyecto de investigación financiado por Funcas “Envejecimiento, discapacidad y participación laboral”.

^[1] Los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto de 2020 y octubre de 2021, han sido publicados en abril de 2022. La muestra se compone de aproximadamente 67.500 viviendas.

^[2] Que, a su vez, era mayor que la que arrojó la Encuesta en 1999 (1,34 millones). Estimaciones a partir de las correspondientes encuestas de discapacidad, también realizadas en su momento por el INE aplicando las mismas definiciones internacionales estandarizadas. Véase Malo, M.Á., Dávila, C.D., y Pagán, R. (2009). “Hacia la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad”, en J.M. Zufiaur (coord.), Los retos de la igualdad en el trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, 325-350.

^[3] Cociente de la suma de las que están ocupadas y las que, no estándolo, buscan empleo, entre el total de personas con discapacidad de 16 a 64 años.

^[4] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral ocupadas y la población total en edad laboral.

^[5] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral desempleadas y el de personas con discapacidad en edad laboral activas.

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24 de enero: Día Internacional de la Educación

enero 24, 2022

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Desde 2018, cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha decidido enmarcar la celebración de este año bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”, que sugiere cierta insatisfacción con el estado de la educación actual en el mundo e indica la necesidad de un giro educativo.

Cada país puede identificarse más o menos con este lema en función de la calidad y el rendimiento de su sistema educativo. En el caso de España, los informes de evaluación de competencias promovidos por la OCDE han situado a nuestro país en puestos comparativamente bajos de los distintos rankings que miden el rendimiento del sistema educativo entre los alumnos que cursan el último curso de educación obligatoria (PISA) y entre la población de 16 a 65 años (PIAAC). Estas evidencias comparativas avivan periódicamente el debate sobre la educación en España, muy marcado también por la inestabilidad legislativa en esta materia (ocho leyes educativas desde 1980, la última aprobada en diciembre de 2020).

Ahora bien, estos debates desdibujan a menudo la importancia que la educación ha adquirido como motor de cambio social durante las últimas cuatro décadas. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2021 el 36% de la población española entre 25 y 64 años ha cursado, como máximo, educación secundaria básica, el 10% educación secundaria superior generalista, el 24% educación secundaria orientada profesionalmente, y el 29% educación superior. Cuarenta años atrás, la proporción de población de la misma edad que había alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria era abrumadoramente mayoritaria (89%), mientras que la que contaba con títulos de educación secundaria superior (4%) o profesional (1%) o de educación superior (6%) era muy escasa (Gráfico 1).

Elaboración de Luis Garrido Medina a partir de datos EPA (IVT1980-IIIT1981 / IVT2020-IIIT2021).

(*) Población española nacida en España.

Ciertamente, desde la perspectiva del nivel educativo, la población de 16 o más años residente hoy día en España se distribuye en torno a dos polos. Por una parte, se concentra en los dos extremos de la distribución educativa: frente a aquellos con pocas credenciales educativas (45%) cobran creciente peso quienes cuentan con títulos de educación superior (33%). Solo un 22% de la población se sitúa en posiciones intermedias. Por otra parte, esta estructura bipolar también se plasma en perfiles educativos muy diferentes en función de la edad. Tal y como pone de relieve el Gráfico 2, mientras que abundan los universitarios entre quienes se encuentran en la primera fase de su trayectoria laboral (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años), en el colectivo de población mayor de 55 años se observa una proporción amplia de personas con un nivel educativo muy bajo.

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy llamativas. Así como entre los mayores de 59 años la proporción de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, a medida que disminuye la edad, aumenta la diferencia en el porcentaje de universitarios a favor de las mujeres (Gráfico 3). En el grupo de personas entre 25 y 34 años esta diferencia alcanza su máximo: más de la mitad de ellas (55%) han completado estudios superiores, mientras que ellos presentan una proporción de titulados superiores mucho menor (42%).

Elaboración propia a partir de datos de EPA2021/III.

A pesar de estos datos positivos sobre el nivel educativo de los adultos jóvenes, no todo son buenas noticias. La polarización ya señalada también afecta a la composición de este grupo, de modo que, a día de hoy, son muchos los jóvenes con escasos recursos educativos. En efecto, el 28% de los que cuentan entre 25 y 34 años han alcanzado, como máximo, titulación en educación secundaria obligatoria. Este porcentaje aumenta cuando solo se tiene en cuenta a los hombres de esas edades (33%). Y es que si bien en 2020 España se situaba por encima de la media comunitaria en la proporción de jóvenes con estudios terciarios, también registraba el mayor porcentaje de personas entre 25 y 34 años con estudios básicos en la Unión Europea (27), casi duplicando la media europea (15%), como se aprecia en el Mapa 1.

Elaboración propia a partir de Eurostat [edat_lfse_03].

En definitiva, sin olvidar los grandes avances realizados por la sociedad española en cuanto a extensión de la educación, es preciso señalar en un día como hoy que en torno a tres de cada diez de quienes se encuentran en la fase inicial de participación en el mercado laboral (25-34 años) presentan niveles educativos bajos. La ausencia entre muchos jóvenes de formación post-obligatoria, específicamente orientada a la inserción en el mercado de trabajo, es un problema todavía muy presente en la sociedad española.

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