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La reforma laboral ya se ha aprobado. Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición ya ha salido después de meses de negociación con los agentes sociales. Un acuerdo que el Ejecutivo celebra como un logro, pero que no es ni de lejos lo que quería.

Se trata de una reforma muy tibia que deja la posición del mercado laboral español prácticamente igual que estaba, siendo las medidas bastante conservadoras para tratarse de un gobierno de coalición de izquierdas.

Y la reforma es solo el primer ejemplo de lo que se viene. Porque nos deja una enseñanza más allá de su contenido: el Gobierno ha fiado sus medidas estrella en materia económica a la negociación colectiva. Algo que, en principio, está muy bien, pero que puede generar un problema social.

Veamos por qué.

¿Qué pasa con los más vulnerables?

En concreto, el Gobierno acaba de anunciar que no va a subir el salario mínimo antes de que acabe el año, algo que también estaba entre sus planes y anunciaba Yolanda Díaz hace unos meses a bombo y platillo.

Sigue estando en sus planes hacerlo, pasando de los 965 actuales a 1.000 euros en 2022 y 1.045 en 2023. Pero no quiere abordarlo por Real Decreto, sino negociando de nuevo con los agentes sociales. Tan contentos están con el resultado de la reforma que no quieren jugársela y prefieren acordarlo con empresarios, por un lado, y sindicatos, por otro.

Y todo eso sería fantástico si estuviesen en ambos bandos bien representados los intereses de uno y otro colectivo. El problema es que esto no es así.

Porque los intereses de los más vulnerables no están representados en estas negociaciones. Si lo estuvieran, la reforma laboral recién firmada no tendría este resultado.

La cuestión es que los afiliados a sindicatos y con acción en este ámbito suelen ser empleados con antigüedad y en puestos que no corren peligro. Bien sabemos con lo que ocurre con los empleados sindicalistas en determinados sectores o empresas, por lo tanto, quienes están afiliados a un sindicato suelen ser trabajadores que no van a perder su trabajo por este motivo.

Por otra parte, la de las empresas, hablamos de compañías grandes, con músculo, las cuales no tienen tantos problemas en cambiar contratos, subir sueldos o mejorar su burocracia interna. Pero claro, no es lo mismo una multinacional que una PYME, donde quizá solo hay un jefe para ocuparse de todo.

Por lo tanto, negociar no representa a los extremos más vulnerables de la cadena. Esos que el Gobierno siempre ha prometido proteger, pero que con estas negociaciones pueden quedar más desamparados. Al final, la acción sindical en este país es muy tibia si la comparamos con otros de nuestro entorno y muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios, que son los que negocian.

De esta forma, aunque la voluntad del Gobierno es buena, quizá en algunas cuestiones debería abordar los cambios de motu proprio si quiere que sus medidas lleguen a los colectivos que más lo necesitan.

Tras meses contemplando como el mercado mayorista de la electricidad nos ofrecía récord sobre récord en el precio sobre el megavatio hora y ver cómo sus medidas previas habían sido estériles, el Gobierno se ha decidido a actuar contundentemente a través de un paquete de medidas que queda abarcado en el último decreto ley.

Este decreto nace en un determinado contexto. Ayer conocimos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy había pulverizado todos los récords anteriores, quedándose en 172,78 euros el mW hora. Y la factura para los consumidores ha aumentado un 35% en los 12 meses hasta agosto.

Hasta la fecha, el movimiento por parte del Ejecutivo para paliar la subida lo vimos el pasado mes de junio que ese trato de amortiguar el impacto de la cotización del gas en electricidad y el conjunto de la economía a través de una rebaja impositiva del IVA pasando del 21% al 10% hasta final del año para los suministros de 10 kW. Y, además, se decidió suspender Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre del año.

Las medias que se pone en marcha para combatir el alza de la factura eléctrica no van a funcionar

En estas nuevas medidas que plantea el Gobierno se rebajaría el Impuesto Especial de la Electricidad hasta llegar al 0,5% (mínimo legal) desde el 5,11% y suspender hasta final de año el impuesto sobre el valor de la producción energética eléctrica que tiene un impacto con el 7% grabado en la generación.

Por lo tanto, la novedad en materia fiscal es la rebaja del este impuesto especial que lo recauda el Estado pero es para las autonomías que les repotaba alrededor de 1.500 millones de euros al año. Dado que las autonomías son las perjudicadas, se desconoce si recibirían compensación por otra vía.

Debido a que el Gobierno está ganando vía derechos de emisión del CO2, se busca aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

El Gobierno está jugando con los derechos de C02, pues van a recibir este año una recaudación récord de 2.300 millones de euros, el doble que la recaudación de este impuesto encubierto que condiciona los costes. Este punto recaudatorio no se va a tocar por lo que el impacto real es muy limitado.

Estas medidas podrían ir en la línea correcta dentro del ámbito de actuación del propio Gobierno. Tarde, poco profundas por la cadena de impuestos del sector que reporta unos 11.000 millones, pero correctas porque implica bajar (insuficientemente) la fiscalidad.

El Gobierno tiene margen dentro de los costes regulados como los vinculados a las redes de transporte y distribución o los costes asociados al fomento de las energías renovables que suponen conjuntamente el 68% de los costes regulados. Son costes políticos que, al igual que sucede las pensiones, se puede imputar parcialmente en los PGE en detrimento de otras partidas presupuestarias.

Más allá de la fiscalidad: beneficios extraordinarios y topar el gas

Ahora entramos en las medidas más controvertidas. Este Decreto quiere minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. En principio, esta medida estaría en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, en el momento el que se preverá que los precios del gas retornarán a la normalidad. Una medida puramente recaudatoria que vendría a reportar cerca de 2.600 millones.

El problema es cómo valoras ese "ingreso extraordinario" ¿sobre un diferencial de una media histórica? ¿Una estimación política de lo que deberían ingresar y han ingresado de más? La subjetividad solo genera incertidumbre en el sector, con el riesgo jurídico de que sea tumbado por los Tribunales y no tenga válidez en el ámbito europeo.

Este riesgo puede tener efectos no desados en términos de atracción de capital. Se necesita generar un marco de confianza para inversores, en un momento de salida de la crisis en el que España necesita miles de millones de euros de inversión privada para emprender los proyectos detrás de los ambiciosos objetivos de cambio climático.

La valoración que hacen desde el Ejecutivo es que dado que el precio del megavatio hora se está disparando, se benefician las tecnologías que soportan menores costes dentro de un sistema marginalista, principalmente las nucleares o centrales hidroeléctricas ya amortizadas o con bajos costes y las tecnologías limpias como la eólica y fotovoltaica.

Se nos ha tratado de vender que esos dineros irían a "topar el gas" pero realmente no será así. Tenemos que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para familias y pymes actualiza aplicando una fórmula matemática trimestre a trimestre. El Real Decreto-Ley aprobado evitaría un crecimiento del 28% en la próxima revisión fechada el mes de octubre, dejándola en un 4,4% pero no se topa el gas... se difiere el pago "la diferencia se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir de marzo". Lo que no paguemos hoy lo pagaremos mañana.