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España es el país con mayor potencial minero de la UE pero no lo explotamos… ni queremos hacerlo

Si económicamente hay algo que desea cualquier país, es ser rico en materias primas. Éstas pueden suponer una enorme fuente de riqueza para cualquier territorio, estableciendo alrededor de ella una industria potente, numerosos puestos de trabajo y exorbitadas cifras de exportación. Obviamente también va a depender del tipo de materia prima de la que se trate y de la necesidad de ésta a la hora de abastecer a diferentes industrias y a la población en general.

España es potencia en minería. De hecho, el país puede presumir de ser el mayor potencial minero de la Unión Europea. Pero, tal y como ocurre con la energía solar, España podría ocupar un papel relevante en el mundo que, sin embargo, no tiene. Ni en uno, ni en otro sentido.

Centrándonos en el potencial minero de España ocurre una disyuntiva difícil de entender, o no tanto. Ésta permitiría reducir la dependencia energética más que evidente tras la pandemia y la actual guerra en Ucrania, pero por otro lado ni se explota, ni se quiere. ¿Por qué?

Son cuatro las regiones que más esconden en su subsuelo millones de euros. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Pero ahí siguen, enterrados. Su explotación serviría para reducir la dependencia de países terceros en el suministro de estas materias básicas para la industria. ¿Y cuál es una de las tantas razones, sino la principal, por la que España le da la espalda a este `tesoro´?

Ningún partido político ha primado establecer una política minera nacional que se incluya en el marco de la Iniciativa de la Materias Primas de la Unión Europea. Por lo que ,a ojos de la UE, el potencial minero de España ni existe, ni se le espera.

Pese a la advertencia de expertos y de Colegios profesionales, los diferentes gobiernos han preferido continuar con la cronificada y enorme dependencia energética del país respecto al petróleo y el gas que, además, proceden del exterior y encarecen la factura de los ciudadanos.  Tampoco ha habido líneas de investigación de los recursos naturales que esconde España y que podrían suponer, incluso, una sorpresa a nivel económico.

De hecho, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) en su informe “Propuesta para una política geológica nacional al servicio de los ciudadanos para el periodo 2019-2022”, de 2019, recogía hasta 37 medidas destinadas a la transición energética y una política energética que impulsara iniciativas encaminadas a reducir la dependencia exterior. Así como aprovechar los recursos que esconde España en su subsuelo. Ningún político lo tuvo en cuenta.

Pero no solo hay un potencial minero por descubrir. De hecho, existen zonas de aprovechamiento de hidrocarburos convencionales como el petróleo o el gas y no convencionales como el shale gas en Canarias y en los golfos de Vizcaya y de Valencia. También en la cuenca vasco-cantábrica, macizo Cantábrico y cuenca Surpirenaica para los no convencionales. Una vez más, nada.

La zona más mineralizada de la UE

Según Primary Energy Metals, compañía canadiense especializada en el negocio del cobalto, cobre, níquel y vanadio, de toda Europa es España la mejor posicionada para suministrar los metales necesarios para construir las baterías del futuro y desarrollar, por ejemplo, las renovables y los vehículos eléctricos de Europa.

La situación se vuelve más incomprensible aún, cuando debido a la enorme diversidad del paisaje geológico nacional, tenemos bajo nuestros pies uno de los sistemas de sulfuro volcánico más grande de todo el planeta, ¿y esto qué significa? Que España esconde riqueza en níquel, vanadio, hierro, zinc, cobre, cobalto e incluso oro.

Faltan apuestas y apoyo institucional. Teniendo que importar estos recursos y sin ningún plan de crear un parqué industrial más potente. Eso sí, no todos son malas noticias.

La empresa Siemens Gamesa ha probado un sistema de almacenamiento de flujo redox de vanadio para proyectos eólico, solar y de otras fuentes de energía renovable. Sin embargo, es solo un porcentaje pequeño del enorme potencial que esconde España y que nadie se atreve a explotar.

Pese a que el Instituto Fraser clasificó a España en 2017 como uno de los destinos de inversión minera más atractivos de Europa. O que la firma canadiense Atalaya Mining propietaria de la mina de cobre Rio Tinto ha mostrado interés en el país, poco ha cambiado en todo este lustro.

Lo que gastamos

Según las cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y pese al potencial de España, en 2020 se gastaron casi 10.000 millones de euros en importar minerales y metales no ferrosos. Según Confedem, España pierde unos 6.000 millones de euros en inversiones extranjeras y unos 20.000 puestos de trabajo al año. Y a día de hoy hay ya más de 30 proyectos paralizados para que no se toque el suelo español.

Uno de los más llamativos es el de San José Valdeflórez, un municipio ubicado en la provincia de Cáceres, que dispone de la segunda mina de litio más grande de Europa. En su día, la empresa australiana Infinity Litium estimó que podría esconder hasta 1,3 millones de toneladas de litio, lo que permitiría a España ser otra potencia exportadora. Además de ayudar a una región como la extremeña con una de las tasas de desempleo más altas de todo el país.

¿Qué está ocurriendo? Las presiones ecologistas y algunas regulaciones desde Bruselas echan para atrás a las administraciones y al gobierno central a explotar este potencial `secreto´ que podría regar a la economía del país de millones en ingresos y en nuevos puestos de trabajo. Las instituciones miran hacia otro lado.

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La mayor devaluación salarial en el país donde menos aumentos se piden: la tormenta perfecta para el poder adquisitivo

La alta inflación que estamos viviendo está devaluando los salarios. Es algo que ya habíamos anunciado pero se está confirmando: la inflación ya ronda el 10% y las subidas de sueldo están en un 2,4%. No se veían disparidades similares desde hace 40 años.

Y es que en España somos pocos dados a pedir aumentos de sueldo. Somos, junto con Alemania, el país de Europa menos dado a pedir aumentos de sueldo, y esto va a impactar fuerte en nuestro poder adquisitivo en los próximos meses.

Los motivos

Esta brutal devaluación, aunque puede ser buena a nivel macroeconómico ya que una espiral de sueldos crecientes podría meternos en un ciclo inflacionario sin fin, es, a nivel individual, una muy mala noticia para los trabajadores.

Estamos en un país donde somos poco dados a pedir aumentos de sueldos. Quizá el alto desempleo tenga algo que ver (tememos enemistarnos con la empresa) o quizá sea algo cultural (de hecho que estemos en el grupo junto con Alemania, donde hay bajo desempleo, es una indicación de que existen motivos culturales).

Las razones oficiales que damos los españoles en la encuesta de YouGov muestran que el principal motivo es que no creemos que tengamos posibilidades de tener una subida. O bien nos autoengañamos o nuestra estructura productiva es bastante precaria (o seguramente una mezcla de las dos).

Los matices

Lo cierto es que este dato presentado en abril no tiene pinta de que va a ser el de final de año. Ahora mismo estamos en lo peor, con una inflación de cerca del 10% y una subida salarial del 2,4%. Sin embargo para final de año se estima que la inflación quedará en el 7% y la subida salarial rondando el 4%.

Por tanto el gap se irá cerrando. Y esta brecha entre inflación y salarios se puede ir compensando los próximos años, siempre que se logre contener la inflación y aumentar la productividad de los trabajadores para que las subidas salariales no se trasladen a una subida de precios generalizada.

Las soluciones

Pero, a corto plazo, ¿qué pueden hacer los trabajadores para minimizar esta pérdida de poder adquisitivo? Principalmente dos cosas, aunque hay que recordar no estamos intentando culpabilizar a los trabajadores de esta pérdida de poder adquisitivo.

La primera es simplemente pedir una subida de sueldo, aunque creamos que no será posible. Eso dará indicaciones a la empresa de que no estamos contentos y aunque muchas veces pensemos que somos muy prescindibles la verdad es que a casi todas las empresas la marcha de un trabajador siempre es un problema.

La segunda es buscar un trabajo. Muchas veces es más fácil lograr mejores sueldos saltando entre empresas que quedándose en una. Es cierto, nos saca de la zona de confort pero es la mejor estrategia para elevar sueldos. Estamos en un entorno de bajada de desempleo así que no es mal momento para intentar ganar terreno a la inflación con un cambio de trabajo.

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La mayor preocupación de la CE con España: somos incapaces de atajar el déficit estructural, el más alto de la Eurozona.

La Comisión Europea tiene la mirada puesta en España, nuestro país es un verdadero quebradero de cabeza por un problema cronificado en el tiempo, nuestro déficit.

Si nos ponemos en antecedentes, nos costó diez años en alcanzar una meta de déficit inferior al 3%, el Gobierno de Rajoy redujo muy lentamente el déficit, lo que hacía destacar a España como el país con mayor déficit de la UE, mientras la economía crecía a tasas del 3%. Con Sánchez, nos olvidamos de la reducción del déficit y en 2019 se incrementó tres décimas hasta el 2,8% del PIB.

La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve nuestra debilidad más acusada. El déficit público ha aumentado sustancialmente en 2020 como resultado de la crisis por la contracción de las bases impositivas que afectan a los ingresos. Y, desde el lado del gasto público, se encuentra muy por encima del techo previsto inicial para hacer frente a los costes por las rentas y las medidas de liquidez. Por todo ello, veríamos una ampliación del definir a alrededor del 12% del PIB en 2020.

A causa del gran déficit público y a la grave contracción del PIB, la peor entre los países desarrollados, se prevé que la relación entre la deuda pública y el PIB aumente en casi 25 puntos porcentuales, del 95,5% del PIB en 2019 a alrededor del 120% en 2020, nivel que se espera que aumente un poco en los próximos años si no se hace nada para evitarlo.

Spain

El problema es que los Gobiernos de España han forjado un déficit estructural en los últimos años y ahora anda descontrolado. Específicamente, la actual previsión de los PGE 2021 del déficit estructural para el 2021 es del 6,1% del PIB, lo que supondría siete décimas más de lo esperado para este año, a pesar de la recuperación económica para el próximo ejercicio. Estos niveles nos llevan a los peores datos de la UE junto a Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía.

Estructural

Un déficit estructural significa que las administraciones públicas están utilizando deuda para pagar el gasto corriente, dependemos de la deuda para seguir manteniendo nuestro ritmo de gasto. Y, ahora, el elevado déficit estructural se cuantifica en 75.000 millones de euros. Esta cifra puede aumentar, pensemos que esta crisis ha destruido un tejido productivo que no participara de la recuperación y que hay una variable demográfica a considerar, el envejecimiento de la población que llevará a más el gasto en pensiones.

Quedar atrapado por un déficit estructural significa que estamos atados al coste de la deuda. Medidas como incrementar las pensiones o el salario de los funcionarios son parte de este problema ya que no han sido compensadas por la parte de los ingresos.

El punto positivo es que, por ahora, las condiciones de mercado para la financiación de la deuda siguen siendo favorables, y las subastas de deuda más recientes, confirman la cómoda demanda de títulos públicos tanto a largo como a corto plazo.

Las rentabilidades de los bonos a 10 años son muy bajos en comparación con los estándares históricos, y los diferenciales frente al bund (bono alemán a 10 años) siguen siendo contenidos, tan solo 62 puntos básicos. La carga de intereses, tanto como porcentaje del PIB como de los ingresos totales representan el 2,2% y 5,8%, respectivamente.

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El riesgo de todo esto es que una subida de tipos de interés podría generar rápidamente una problemas en la viabilidad de la deuda pública española. Recordemos que eso mismo le sucedió a Grecia cuando se asomó a la crisis de 2008 con una deuda pública del 110% del PIB y también con un gasto estructural desorbitado.

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