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La disciplina fiscal y la transición verde

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El Gobierno que salga de las urnas, cualquiera que sea, se enfrentará a un entorno exterior que, además de condicionar su acción, se caracteriza por fuertes contradicciones. Una de las más patentes atañe al espacio de política fiscal. Por una parte, Bruselas insta a los países miembros a volver a la disciplina presupuestaria. Incluso incorporando la propuesta de flexibilización de los objetivos, adaptándolos a la situación de cada país, un esfuerzo de contención parece ineludible para las economías más endeudadas como la nuestra. Simultáneamente, muestra su preocupación por los efectos del cambio climático y aboga por un esfuerzo colosal de inversión que ronda el 2% del PIB europeo hasta 2030.

Estos objetivos pueden coincidir en el largo plazo: la descarbonización ayudaría a relajar la presión sobre los precios energéticos y de algunos alimentos que empiezan a escasear como consecuencia de la sequía, y por tanto generaría actividad y recursos públicos necesarios para reducir el déficit. Pero, en la práctica, la transición hacia ese largo plazo plantea dilemas complejos en el actual marco de gobernanza europea. Según un informe muy comentado de Pisani-Ferry sobre transición verde, se puede a la vez reducir el desequilibrio fiscal e incrementar la inversión verde, pero esto exigiría medidas draconianas de recorte de otros gastos o una elevación de impuestos sobre la clase media, difíciles de asumir en nuestras democracias.

También se podría
posponer el objetivo de reducción del déficit, a expensas de que los mercados quieran
comprar la deuda emitida por cada país, además de la que vaya amortizando el
BCE en el marco de su política de drenaje de liquidez. En todo caso esta es una
eventualidad muy improbable políticamente. Otra opción sería la dilución de los
objetivos de descarbonización, exacerbando el estrés climático y dejando en
herencia el grueso del esfuerzo a las futuras generaciones.

La coherencia, sin embargo, podría venir de una extensión del programa Next Generation orientada a la inversión verde y financiada con recursos mancomunados. Esta opción, que parece ser la vía preferida por el Comisario Gentiloni, aliviaría el dilema fiscal-ecológico, aunque sin resolverlo del todo ya que la deuda mancomunada recae indirectamente en los Estados miembros. Pero sobre todo, el informe Pisani-Ferry pone de manifiesto las condiciones mínimas de eficacia de tal programa europeo: la inversión pública tiene que ir a la par de una mayor previsibilidad jurídica así como de un alineamiento de los incentivos a la inversión privada en tecnología que sirva los objetivos medioambientales. También conviene que esa política se formule a nivel del conjunto de la Unión, en vez de consistir en una mera acumulación de proyectos nacionales, defecto del que adolece el Next Generation. Por tanto, además de ponerse de acuerdo en el buen diseño de la estrategia, los países miembros deberían aceptar el traspaso a Bruselas de una parte de su soberanía económica y fiscal. 

Ese paso hacia una mayor integración se enfrenta a reticencias bien conocidas en el seno de Europa, pero las diferencias entre el núcleo “frugal” y la periferia “dispendiosa” se han desvanecido. La Europa meridional ya no se percibe necesariamente como un lastre, ni desde el punto de vista del crecimiento económico ni de la disciplina presupuestaria: según los datos relativos al primer trimestre divulgados esta semana por Eurostat, Portugal arroja un superávit y el déficit español desciende hasta situarse por debajo de la media europea o, incluso, de la propia Alemania. En nuestro caso queda mucho camino por recorrer para afianzar el resultado, con una deuda que pesa todavía el 112% del PIB, una de las más elevadas de la UE. Pero las tornas podrían estar cambiando. Eso, junto con la urgencia de la transición energética, permite enfocar la reforma de las reglas fiscales europeas de manera distinta. Esta es por tanto una oportunidad, además de una responsabilidad que condicionará nuestra estrategia económica.


DÉFICIT | Según Eurostat, las cuentas de las administraciones arrojaron un déficit equivalente al 1,9% del PIB en el primer trimestre (con datos desestacionalizados), frente al 3,2% del conjunto de la eurozona. Este resultado podría provenir en parte del tirón del crecimiento español en el inicio del año, y por tanto conviene esperar para determinar si se trata de una mejora estructural. El gasto público representó el 45,2% del PIB (4,2 puntos porcentuales por debajo de la media europea). Los ingresos, por su parte, alcanzaron el 43,2% del PIB (tres puntos menos).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sostenibilidad del agujero presupuestario

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Una de las mayores vulnerabilidades de la economía española es la persistencia de un desequilibrio de las cuentas públicas, incluso en fases ascendentes del ciclo. El déficit público apenas se corrigió durante la etapa expansiva 2014-2019, manteniéndose ajeno a la promesa reiterada año tras año de una rápida vuelta al equilibrio (con el resultado de un menor margen de maniobra para afrontar los malos tiempos). Y los esfuerzos que se hicieron durante ese periodo consistieron en recortes en inversión pública, uno de los fundamentos del nivel de vida de futuras generaciones. Así pues, descontando la inversión, España es el único país de la UE que encadena un déficit público en el último decenio. 

Mucho ha llovido desde entonces: la pandemia ha exigido un esfuerzo adicional de apoyo al empleo y a la economía que ha permitido amortiguar el golpe de la crisis. A la inversa, la recuperación ha ido de la mano de ingentes entradas de ingresos para las arcas públicas. En lo que va de año, la recaudación se ha incrementado un vigoroso 14%, impulsada por el crecimiento de la economía y del empleo, la inflación y el afloramiento de parte de la economía sumergida que ahora se une al esfuerzo común de financiación de los servicios públicos. Es probable que acabemos el presente ejercicio con un déficit menor de lo anticipado por el Gobierno (4,2% del PIB vs 5%). 

Si bien hay que celebrar el esfuerzo de rigor, el agujero parece persistente. Diversas estimaciones convergen en situarlo en el entorno del 4% en términos estructurales, es decir descontando los altibajos de la economía. A eso hay que añadir la carga de la deuda pública, que supera el 113%. La buena noticia es que de momento los desequilibrios no plantean dificultades de financiación, más bien lo contrario: la prima de riesgo se mantiene en valores reducidos, cercana a 105 puntos, casi cinco veces menos que en el cénit de la crisis financiera, y los mercados muestran su buena disposición adquiriendo nuevos bonos. En las últimas subastas de títulos públicos la demanda superó ampliamente el monto adjudicado, un resultado nada desdeñable en un entorno internacional plagado de incertidumbres.    


Naturalmente, la aparente levedad de la deuda está siendo perturbada por la subida de tipos de interés. A partir de este año, los pagos por intereses no cesarán de incrementarse, presionando el déficit al alza. Esperemos que el BCE no proceda a más vueltas de tuerca de lo estrictamente necesario –algo que requerirá mucho temple y atención a cómo reacciona la economía–. Pero incluso en ese escenario bastante optimista, habrá que contar con que, más pronto que tarde, el BCE empezará a deshacerse de los bonos en cartera. Recordemos que el banco central detiene títulos de deuda pública española por un monto total de 414.000 millones (con datos hasta julio).


Por tanto, si bien los mercados no están nada preocupados de momento (ni las reglas fiscales de Bruselas, todavía en entredicho, presionan), un ejercicio de realismo presupuestario se impone. Ahora bien, la clave está en cómo hacerlo, ya que tan importante como el propio déficit es la capacidad de crecimiento de la economía. Italia solo conoció superávits primarios, es decir fuera de intereses, hasta que llegó la pandemia (salvo en 2009), y todavía hoy el desvío es proporcionalmente menor que el nuestro. Sin embargo, los inversores exigen una prima de riesgo del doble que la española, ante las débiles perspectivas de crecimiento de la economía transalpina.    

Así pues, ahora más que en la era de los tipos de interés negativos, la sostenibilidad fiscal depende de la credibilidad de la senda de corrección de los desequilibrios, y del impacto transformador de los presupuestos públicos y en especial de los fondos europeos. Una tarea colosal, por el entorno de desglobalización y de crisis energética que fuerza a un crecimiento distinto.        

INDUSTRIALa crisis energética afecta algunos sectores industriales, mientras que otros siguen creciendo. El descenso en septiembre del índice de producción industrial (-0,3%), refleja realidades dispares. Las industrias química y metalúrgica se ven muy afectadas por el encarecimiento del gas y de la electricidad. A la inversa, hay numerosos sectores que mantienen una tendencia ascendente que incluso se acentuó en septiembre. Destacan la industria de cuero y calzado, maquinaria y equipo, material y equipo eléctrico y otro material de transporte. Las perspectivas de conjunto son negativas, según el índice PMI de octubre.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cuenta atrás para apuntalar la recuperación

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Uno de los resultados más inesperados de esta crisis es el cambio de paradigma de la política económica europea. Frente al dogma del retorno al equilibrio presupuestario en 2011-12, sin miramiento por las consecuencias económicas ni sociales, en esta ocasión Bruselas se ha decantado por un apoyo inteligente a la coyuntura. Las reglas fiscales hubieran encorsetado la respuesta a la pandemia, de ahí la decisión de ponerlas en suspenso. 

El BCE, por su parte, ha jugado un papel crucial facilitando la compra de deuda pública en condiciones excepcionalmente favorables. Desde el inicio de la pandemia, la deuda del Estado se ha incrementado en 170.000 millones de euros (casi 3.600 euros por persona), y prácticamente todo ese pasivo nuevo se encuentra en el balance del banco central. Una política muy distinta de la restricción financiera y del incremento de tipos de interés de la época Trichet. El resultado es un abaratamiento del coste de financiación del Estado y una reducción providencial de la prima de riesgo.

Fuentes: Tesoro Público, Banco de España, BCE y Funcas.

Ese alineamiento de las planetas fiscales y monetarias es todavía necesario: la coyuntura interna parece estar padeciendo un nuevo ataque de debilidad, fruto de los cuellos de botella, la merma de poder adquisitivo producida por la inflación de precios energéticos y ahora Ómicron. El índice de producción industrial encadena 5 meses de caídas y las perspectivas de recuperación del turismo se ven empañadas por las restricciones que se extienden por toda Europa. 

Si bien las administraciones parecen estar acelerando la ejecución de los fondos europeos (sobre todo con la reciente aprobación del plan del vehículo eléctrico), el empuje llega tarde en relación al enfriamiento en marcha. Es probable, por tanto, que España no alcance los niveles de actividad prepandemia hasta finales de 2022 o inicios del siguiente ejercicio. 

¿Podremos seguir contando con una política económica europea tan benevolente? En parte sí, pero se vislumbran importantes cambios para los que convendría prepararse.  

Del lado amable, el argumento más contundente viene de Draghi. El primer ministro italiano nos ha acostumbrado a expresarse con parsimonia, y cuando lo hace suena como la llamada de un oráculo: “la reforma de las reglas fiscales es inevitable”. Y lo es, en primer lugar, porque la UE tiene que afrontar una transición energética más complicada de lo previsto, y que por tanto se requiere de un volumen ingente de inversiones para cambiar el modelo energético. Esto no es posible en el marco de la senda de consolidación establecido en el siglo pasado.  

El próximo gobierno alemán lo ha entendido, y podría estar dispuesto a aceptar que la inversión verde no se contabilice a efecto de los objetivos de déficit público. En segundo lugar, Francia e Italia comparten con nuestro país una situación presupuestaria y de deuda deteriorada —la consecuencia del reciente empujón a la inversión pública es un crecimiento más elevado que el nuestro, de momento—. Una vuelta de tuerca abrupta a partir de 2023, que es cuando las reglas fiscales se reactivarán hipotéticamente, provocaría un seísmo de consecuencias impredecibles. Por las mismas razones, el BCE solo puede normalizar su política monetaria gradualmente, so pena de tensar las primas de riesgo. 

No obstante, los planetas tienen su lado oscuro: todo apunta a que, el nuevo paradigma necesariamente incorpora condiciones. Los países “frugales” no han renunciado al manual, y exigirán una corrección de los desequilibrios presupuestarios a cambio de una eventual relajación de las reglas que se aplican a la inversión. Y la compra de deuda por razones de pandemia del BCE podría tocar a su fin a partir de la primavera, ante una inflación más persistente de lo anticipado, lo que nos abocará a recurrir más a los mercados. La política económica española dispone por tanto de un tiempo acotado para apuntalar la expansión, impulsando la inversión y la ejecución del plan de recuperación. Cuando giren los astros, el margen de actuación se estrechará irremediablemente. 

INDUSTRIA | El índice de producción industrial descendió un 0,4% en octubre, y más del 3% desde mayo. Según las encuestas cualitativas, la falta de suministros es la principal causa. Los cuellos de botella están impidiendo la realización de una abultada cartera de pedidos. Destaca la caída de la producción de bienes de equipo, en consonancia con el enfriamiento de la inversión y el retraso en la ejecución de los fondos europeos. Según la IGAE, el gasto total hasta octubre a cuenta de los fondos asciende a poco más de 6.000 millones. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las políticas españolas y las de Draghi

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Uno de los resultados más llamativos de la valoración de política fiscal divulgada esta semana por la Comisión Europea es la potente apuesta por la inversión que revelan las estrategias presupuestarias del presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro italiano Mario Draghi. Según esta valoración basada en los resultados de ejecución presupuestaria del Gobierno francés, la inversión crecerá este año un 18%, y en el caso de Italia el empujón alcanza el 27%, lo nunca visto en la economía transalpina desde que existe el euro. En comparación, España se parece más a Alemania, con tasas de crecimiento de la inversión pública que rondan el 10% en 2021, un esfuerzo importante en comparación con el periodo poscrisis financiera, pero claramente inferior a los registros de los países vecinos.

Fuente: IGAE, planes presupuestarios de los países miembros y Funcas (estimación 2021).

La rápida tramitación de los fondos europeos es sin duda un factor diferencial. Francia e Italia han optado por controles a posteriori, que agilizan la aprobación de los proyectos (a diferencia de la metodología tradicional, aplicada en nuestro país, que consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso). Los países vecinos también han puesto en marcha un plan que supera ampliamente el marco de las transferencias directas de Bruselas: en Francia este dinero solo cubre el 40% del total, y el resto proviene de recursos propios. Italia, por su parte, ha decidido recurrir a los préstamos facilitados por el programa Next Generation. Sin embargo el plan español, además de entrar en funcionamiento de forma desigual, se circunscribe a las transferencias no reembolsables aportadas por el erario comunitario.

El tiempo dirá quién acierta. Ambas visiones contienen oportunidades y riesgos. La del dúo Macron-Draghi es la más keynesiana, por maximizar el impacto a corto plazo y aprovechar plenamente el contexto de bajos tipos de interés y abundante liquidez del BCE. Estos gobiernos confían en el dinamismo generado por el fuerte impulso fiscal, y esperan que el sector privado tomará el relevo. De alguna manera, consideran que el mercado dispone de músculo para responder a los estímulos del Estado. Es decir, existiría una amplia capacidad ociosa de producción. Pero la celeridad en la ejecución puede afectar la calidad de la inversión así como su potencial transformador.

A la inversa, el Gobierno español, aunque no lo enuncie explícitamente, parece haber emprendido una estrategia de largo recorrido. Los resultados son heterogéneos, de momento, de ahí el retraso en la recuperación, pero la valoración podría ser positiva tras un esfuerzo sostenido. Se trata por tanto de fortalecer el tejido productivo mediante una acción focalizada y más diluida en el tiempo. Según este enfoque, la capacidad ociosa es relativamente limitada —algo que choca con la elevada tasa de paro o la reducida inflación subyacente— pero es coherente el menor tirón de la demanda pública.

Lo ideal sería una combinación de impulso y transformación, es decir una expansión keynesiania generada por el despliegue de los proyectos rupturistas previstos en el plan de recuperación. Si bien esto no parece fácil de conseguir en un plazo corto, al menos habría que evitar el peor escenario: un proceso “nini” (ni impulso ni transformación), que entrañaría una ejecución de fondos europeos a la vez lenta y mal orientada, con proyectos que no logran mejorar el modelo productivo.

Disponemos de margen: Bruselas considera que nuestro presupuesto es uno de los menos expansivos (lo que contrasta con las críticas al expansionismo italiano). Por tanto, existe un espacio para trasladar al próximo ejercicio las inversiones no ejecutadas financiadas por los fondos europeos. Además, el BCE mantiene la senda de gradualismo en la retirada de las compras de deuda, pese al giro de EE UU y el repunte de la inflación. Por tanto la economía española puede transitar el camino del estímulo cortoplacista, el de las luces largas, o una mezcla de ambos. Nos queda elegir y cuidar la aplicación de las políticas.

FACTURACIÓN | El índice de cifra de negocios en los servicios correspondiente a septiembre registró un notable avance mensual (un 1,6%). Este indicador mantiene desde el inicio del año una trayectoria intensamente ascendente, aunque sin recuperar los niveles prepandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa a precios corrientes. El índice de cifra de negocios en la industria también avanzó en septiembre, a un ritmo más moderado (un 0,4%) pero después de registrar fuertes avances en los meses previos, y ya ha superado los niveles prepandemia. Corregido por la inflación, aún se encuentra por debajo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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