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La crisis de la fecundidad y las políticas familiares: los incentivos económicos no bastan

octubre 3, 2024

El dato

Nuestra estimación provisional de la fecundidad en España para 2023 sitúa el número de hijos por mujer en el mínimo histórico de 1,12. De confirmarse esta cifra, sería ligeramente inferior al mínimo de 1998 (1,13 hijos por mujer).

Si el Instituto Nacional de Estadística acaba certificando este dato, España formará parte del grupo de países de la Unión Europea (UE) cuyos índices sintéticos de fecundidad (ISF) han caído, en 2023, a su mínimo histórico, pero, dentro de este grupo, además destacará por lo reducido de su cifra: Austria (1,23), Bélgica (1,47), Luxemburgo (1,23), Países Bajos (1,43), Suecia (1,45), Finlandia (1,26), Irlanda (1,5) y Lituania (1,18). Hace décadas que en ningún país de la UE la fecundidad es igual o superior al nivel de reemplazo. Las cifras más altas para 2023 se encuentran en Bulgaria (1,81) y Francia (1,68).

Tras el desplome de la fecundidad iniciado en 1977, la fecundidad en España se ha mantenido en niveles inferiores al reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) desde 1981. Aunque experimentó una ligera recuperación durante la fase expansiva de principios de siglo, solo alcanzó los 1,44 hijos por mujer en 2008, impulsada, en parte, por la bonanza económica y, en parte, por la llegada de mujeres extranjeras a lo largo de la década anterior. La subsiguiente crisis económica coincidió con un nuevo descenso de la fecundidad que apenas se revirtió con la recuperación económica iniciada en 2013. Desde 2017 la tendencia ha vuelto a ser descendente.

Contexto

El descenso de la fecundidad en España y en el resto de Europa forma parte de un proceso global que no afecta únicamente a los países desarrollados. Hace unos meses la revista médica The Lancet publicó los resultados de una investigación que estimaba la fecundidad para un par de centenas de países y otros territorios desde 1950 hasta 2021, dando lugar a una de las bases de datos más completas al respecto. En ella se incluyen proyecciones de la fecundidad hasta el año 2100.

De los resultados presentados en el trabajo emergen dos mensajes fundamentales para el debate internacional. Primero, la fecundidad cae en todo el mundo, no solo en los países más ricos, y lleva haciéndolo varias décadas (gráfico 2). Segundo, en pocos lustros en (casi) todos los países del mundo la fecundidad caerá por debajo del nivel de reemplazo. Según el escenario básico, en Latinoamérica ya se ha llegado a ese punto. En la India, está próximo a alcanzarse. En los países de tradición musulmana, lo hará hacia 2040. También sucederá en el África subsahariana, aunque bastante más tarde, hacia 2075. A escala global, la investigación apunta a que el nivel de reemplazo quedaría atrás en 2030.

A raíz del artículo y durante algunos meses, el tema de la baja natalidad ocupó una posición preponderante en el debate público, esta vez a nivel mundial, enfatizando su conclusión principal: la población mundial disminuirá si la fecundidad global se mantiene por debajo del nivel de reemplazo. Se abordó el problema desde una perspectiva global, no limitado solo a los países ricos, lo cual es positivo. Sin embargo, aunque la caída de la fecundidad es un fenómeno generalizado, el rigor analítico aconseja distinguir entre dos modalidades.

Por un lado, muchos países, especialmente en el África Subsahariana, aún están en las primeras fases de su “revolución reproductiva”. Esto implica que, debido a la reducción de la mortalidad infantil ligada al desarrollo

económico, necesitan menos nacimientos para mantener o aumentar el número total de años vividos. En estos países, la caída de la fecundidad es secundaria frente a la prioridad de impulsar el crecimiento económico, lo que probablemente acabará conduciendo a tal caída. Algo similar ocurre en países de bajos ingresos que están cerca o ya han caído por debajo del nivel de reemplazo.

La segunda modalidad de descenso se da en países en los que la “revolución reproductiva” ha avanzado tanto que llevan años o décadas con fecundidades por debajo del nivel de reemplazo. Este es el caso de muchos países de la UE, donde la caída aún no se ha frenado o se han revertido solo aumentos temporales, ya desvinculados de la mortalidad infantil o del desarrollo económico. Aquí la baja fecundidad tiene, o tendrá en breve, efectos negativos en el sostenimiento del gasto asociado a las edades avanzadas debido al aumento de las tasas de dependencia de los mayores. Además, podría tener un impacto a medio y largo plazo tanto más, cuanto más dependa el crecimiento económico del aumento de la población en edad productiva (que de la productividad).

Dentro de la UE también existen diferencias importantes. Algunos países lograron mantener sus niveles de fecundidad por debajo, pero próximos al nivel de reemplazo durante un tiempo (gráfico 3). Francia, por ejemplo, alcanzó casi los dos hijos por mujer entre 2006 y 2014, pero estos niveles descendieron a 1,68 en 2023, muy cerca de su mínimo histórico (1,66). Bélgica y los Países Bajos también experimentaron una recuperación desde niveles cercanos a 1,5 hasta 1,8 y 1,9, pero en solo una década han revertido este avance, volviendo a niveles históricos mínimos en 2023 (1,47 y 1,43, respectivamente).

En el debate sobre la natalidad, los países nórdicos han sido frecuentemente elogiados por mantener niveles relativamente altos, a pesar de ser naciones muy ricas con un control muy avanzado de la mortalidad. Sin embargo, la recuperación de Suecia en la primera década de este siglo, que alcanzó casi los 2 hijos por mujer, se desvaneció en los doce años siguientes, alcanzando en 2023 un mínimo histórico de 1,45 hijos por mujer. De manera similar, Finlandia mantuvo niveles cercanos a 1,9 hijos por mujer desde principios de los años noventa hasta 2010, pero ha experimentado un desplome que la condujo, también, a su mínimo histórico de 1,26 en 2023. Dinamarca ha seguido un patrón similar, aunque su cifra para 2023 (1,5) es algo superior al mínimo de 1983 (1,3). En resumen, estos países “modelo” ya no destacan como antes y empiezan a parecerse cada vez más a aquellos que históricamente no han sido considerados referentes.

En otros países, la caída de la fecundidad fue aún más pronunciada y alcanzaron niveles cercanos a 1,2 o 1,3 hijos por mujer ya a finales del siglo XX. Este fue el caso de países mediterráneos como Italia, España y Grecia (aunque no Portugal), así como gran parte de los pertenecientes a Europa del Este. En este último grupo, se ha observado una recuperación, alcanzándose cifras entre 1,5 y 1,8 hijos por mujer (gráfico 4). Sin embargo, el hecho de que solo uno de estos máximos se haya alcanzado en 2023 sugiere una nueva tendencia en algunos países, como los bálticos y Polonia, de forma que es muy poco probable que recuperen niveles cercanos a los 2,1 hijos por mujer.

Las relativamente altas tasas de fecundidad que registraron durante varios años los países nórdicos, Francia, Bélgica o los Países Bajos se han atribuido frecuentemente en la discusión pública y/o académica a algunas políticas públicas o a ciertas características de sus mercados laborales. Casi todos ellos han financiado generosamente sus políticas familiares, lo que ha implicado notables transferencias públicas de rentas monetarias a las familias con hijos. La única excepción es la de los Países Bajos, que representaría otra modalidad de la promoción de la natalidad: hacer que esta y la participación de las madres en el mercado de trabajo sean compatibles a través del amplísimo uso de la contratación a tiempo parcial.

Lo cierto es que durante un tiempo (especialmente en la primera década de este siglo) la fecundidad y el gasto en políticas familiares y de infancia arrojaban correlaciones positivas: en los países con mayor gasto en porcentaje del PIB se observaba una mayor fecundidad, de manera que la demografía y, en general, las ciencias sociales tendieron a establecer una relación de causalidad entre estas dos variables. La asociación más estrecha entre ambas se verificó en 2012 (gráfico 5). Eso sí, ya entonces se comprobó la necesidad de un notable esfuerzo económico para conseguir un pequeño aumento de la fecundidad. En efecto, la fórmula de la recta de regresión sugiere que un aumento de 0,13 hijos en el ISF se asocia con un gasto extra del 1 % del PIB en políticas familiares. Aplicado a España, uno de los países con niveles de gasto en prestaciones familiares más bajo de toda la UE, esto implicaría que para hacer crecer el ISF desde su nivel en 2012, 1,32, hasta 1,5, el gasto tendría que aumentar 0,8 puntos del PIB, es decir, doblarse respecto a lo que supuso en 2012 (0,73% del PIB).

Sin embargo, en 2022, la relación entre las prestaciones familiares y la fecundidad prácticamente había desaparecido (gráfico 6). Diez años antes, en 2012, se podía pensar que el elevado gasto en prestaciones familiares en Finlandia (3,3 % del PIB) contribuía significativamente a mantener uno de los índices de fecundidad más altos de la época (1,8 hijos por mujer). Pero en 2022, esa conexión resulta más difícil de visualizar: aunque el gasto finlandés en prestaciones había disminuido solo ligeramente (2,9 % del PIB), seguía siendo de los más altos de la UE, mientras que la fecundidad en Finlandia había caído drásticamente hasta 1,32 hijos por mujer, una de las cifras más bajas de la región. Por su parte, Dinamarca representa un caso casi opuesto: su gasto en prestaciones se redujo notablemente, pero su fecundidad no experimentó en absoluto una caída proporcional.

En la década transcurrida entre 2012 y 2022 varios países aumentaron su gasto en prestaciones familiares, con resultados diversos en términos de la fecundidad de sus mujeres. En siete casos aumentó el gasto y la fecundidad (Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Letonia, Alemania y Portugal), pero en ocho creció el gasto a la vez que disminuía la fecundidad (Polonia, Estonia, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia, Italia y España). También en dos casos disminuyó o se mantuvo el gasto, pero aumentó la fecundidad (República Checa y Croacia). Así pues, en los diez restantes se redujo el gasto y cayó la fecundidad. El efecto conjunto de todos esos movimientos ha sido la mencionada ausencia de asociación sincrónica entre gasto y fecundidad.

Ante estos datos, cabe plantear tres argumentos alternativos. En primer lugar, puede ponerse en cuestión la eficacia de las prestaciones como instrumento para aumentar la fecundidad, al observar, en algunos casos, mínimos progresos a pesar de un aumento considerable en el gasto familiar. En segundo lugar, se puede defender que en ciertos países un incremento en el gasto sí ha coincidido con una leve mejora en la fecundidad. Por último, también se podría argumentar que, aunque la efectividad de aumentar las transferencias por hijos sea dudosa, conviene seguir apostando por políticas que satisfagan las preferencias reproductivas de quienes deseen crear familias y que señalicen el valor social y económico que adquiere el crecimiento de la población tanto mirando al presente como al futuro.

Lo cierto es que la variación internacional en la fecundidad ha ido reduciéndose, lo que dificulta su “explicación” aduciendo las diferencias en los niveles de gasto. Esto sirve para recordar la complejidad del fenómeno y la diversidad de sus causas. Entre estas, las políticas de transferencias monetarias por hijos han podido (y pueden ser) relevantes, pero constituyen solo una de las variables en una ecuación mucho más amplia en la que quizás los incentivos económicos no sean suficientes. Ante los acusados descensos de la fecundidad en Europa, y especialmente en los países que antes se consideraban modélicos por sus políticas de familia, este debate es particularmente necesario en España. La sociedad debería abordarlo en toda su complejidad, cobrando conciencia de las variadas causas y consecuencias de la caída de la fecundidad y juzgando la conveniencia y oportunidad de alterar lo que hoy parece una inercia natural. En esta discusión pública se debería escuchar en particular la voz de las mujeres y los hombres que quieren o querrían tener (más) hijos y, también, la de quienes han querido, pero no han conseguido cumplir este deseo.

Detrás del dato

En el texto se usa como medida de la fecundidad de cada país lo que suele denominarse indicador sintético de fecundidad (ISF) o indicador coyuntural de fecundidad (en inglés, total fertility rate), que estima el número de hijos que las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) tendrían a lo largo de su vida si su fecundidad siguiera los patrones observados en el año en cuestión, desglosados por edad.

Se calcula sumando las tasas de fecundidad de las mujeres según su edad: nacidos vivos de madres de una edad / mujeres de esa edad en la población. Se mide en número de hijos por mujer. Un valor de 2,1 suele considerarse como el nivel en el que la población acabaría reemplazándose a largo plazo, si no tenemos en cuenta la inmigración y la emigración.

El último ISF publicado por el INE corresponde a 2022. El de 2023 que aquí se presenta se ha calculado siguiendo la misma metodología del INE, pero con datos provisionales de nacimientos y de población (cuadro 1).

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Una nueva oportunidad para la reforma del mercado eléctrico

junio 3, 2024

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Desde su puesta en marcha mediante la liberalización acometida allá por los años 90 y hasta bien pasada la pandemia, el actual mercado eléctrico parecía funcionar razonablemente y sin grandes sobresaltos. Esa placidez fue probablemente la razón de que el debate —que lo hubo— sobre eventuales correcciones o mejoras para su perfeccionamiento pasase bastante desapercibido durante ese periodo. Todo cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros. Primero la alarmante subida de precios y, más adelante, su volatilidad, motivaron algunos cambios puntuales —como la denominada excepción ibérica— e incluso concitaron propuestas que reclamaban modificar o, incluso, terminar con el sistema marginalista. Hoy, pasadas las urgencias de hace dos años y en la resaca de esa fase de crisis, se abre una oportunidad de volver a plantear una reforma del mercado eléctrico europeo que suponga un paso adelante respecto al actual sistema y subsane sus lagunas.

¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué tipo de reforma es necesaria? ¿Con qué alcance? Son las cuestiones que aborda el libro ‘Una evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una propuesta pragmática’, que mañana 4 de junio se presentará en Funcas en un acto virtual.

La publicación es un trabajo conjunto de varios profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, entre los que se cuenta Pedro Linares, editor de Papeles de Energía. Su análisis arranca a partir de los problemas más visibles registrados durante el bienio 2021-2022, como la volatilidad de los precios para los hogares y los altos costes para la industria, o los beneficios extraordinarios (“llovidos del cielo”) para tecnologías inframarginales. Pero los autores también ponen luces largas y apuntan, una vez más, a fallos de diseño y posibles complicaciones del actual sistema en el largo plazo, como el hecho de que los reducidos o nulos costes variables de las renovables, con creciente peso en el pool, pueden hacer que, en un futuro no muy lejano, durante buena parte del año los precios sean tan bajos que pongan en riesgo las inversiones; o, relacionado con ello, la necesidad de mantener una generación de electricidad de reserva (“de capacidad”) y disponible (“de flexibilidad”) para garantizar la seguridad del suministro (la suficiencia de generación) y la adaptación y ajuste a la demanda. El diagnóstico se completa con otros problemas, que tienen que ver con la deficiente internalización por las empresas de algunos impactos medioambientales, el ejercicio de poder de mercado por parte de grandes operadores o las carencias del mercado respecto a los consumidores más vulnerables.

El libro
también evalúa, entre otros planteamientos, la reforma promovida por la
Comisión Europea y acordada provisionalmente en diciembre de 2023 por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La valoración no es demasiado complaciente,
sobre todo con la falta de desarrollo para los mercados de largo plazo y con el
papel protagonista que concede a los Estados miembros y la consiguiente
posibilidad de distorsiones en el mercado único, pero aun así los autores
consideran la proposición de la Comisión como “una primera reflexión” hacia un
verdadero mercado armonizado.

Por supuesto, la propuesta de reforma recogida en el título ocupa
el grueso del volumen. Sus aspectos clave, profusamente desarrollados en el
libro, hacen referencia al mantenimiento y mejora del mercado de corto plazo,
pero también a la promoción de mercados de largo plazo que, por un lado,
permitan la inversión en renovables, en eficiencia y en almacenamiento y que,
además, doten de estabilidad a los precios. Los autores también sugieren la
introducción de mecanismos de protección de los consumidores vulnerables. Y
todo ello a través de plataformas de escala europea que reduzcan las
interferencias de los Estados. Unos anexos finales tratan algunas cuestiones
técnicas adyacentes a la reforma, como los posibles enfoques para encararla o posibles
mecanismos ante emergencia en los precios que serán de interés para el lector
más implicado.

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de abrir el
debate sobre una reforma que, como tantas, espera su oportunidad de ser
abordada y para la que llega esta nueva propuesta.

Vea mañana la jornada virtual con la
presentación del estudio ‘Una
evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una
propuesta pragmática’.

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Lo que los incentivos a invertir dicen de la senda de inversión empresarial en España

febrero 15, 2024

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Uno de los hechos destacables de la recuperación de la economía española tras la pandemia es el retraso en la recuperación de la inversión en capital de las empresas en relación a la evolución de su output (gráfico 1). En el tercer trimestre de 2023, el valor añadido bruto de las sociedades no financieras españolas se situó un 3,4% por encima del registrado en 2019, en contraste con la formación bruta de capital fijo, que está un 15% por debajo. El desacoplamiento entre la evolución de la actividad y la inversión empresarial es mucho más marcado si se considera la formación neta de capital fijo (bruta menos consumo de capital)^[1].

En todo este período la inversión neta se ha mantenido positiva, lo cual ha servido para mantener el stock de capital productivo, incluso durante el periodo más profundo de la crisis. La pregunta debe ser, por tanto, por qué las empresas en su conjunto no han ampliado capacidad durante el último año, cuando la actividad ha superado los niveles prepandemia. Diversos factores pueden explicar este hecho; en esta entrada se analiza si los incentivos económicos a invertir explican la evolución de la inversión empresarial en capital fijo.

El incentivo a invertir en un
trimestre se mide por el cociente entre la rentabilidad del activo de
explotación y el coste de oportunidad financiera del capital, con valores del
numerador y denominador del trimestre anterior. La variable de inversión a
explicar es la tasa de formación bruta de capital fijo (inversión bruta por
euro de activo de explotación). La correlación entre las dos variables se
muestra en el gráfico 2. Como se espera, la correlación es positiva y estadísticamente
significativa, aunque en el gráfico aparecen tres puntos atípicos que se apartan
de la tendencia general. El punto marcado en azul corresponde al primer
trimestre de 2021, cuando la pandemia impacta de forma más negativa en la
economía y arrastra la rentabilidad a los niveles más bajos; la tasa de
inversión se mantiene por encima de lo esperado por razones de inercia. Los dos
puntos marcados en amarillo corresponden a las tasas de inversión de los
trimestres segundo y tercero de 2023. Durante este año la actividad de las empresas
se recupera a los niveles prepandemia y la rentabilidad del capital vuelve a
superar el coste financiero. Se esperaría, por tanto, una recuperación de la
inversión en capital que, según los datos, no se produce.

A la vista de estos datos, la evolución de los incentivos a invertir explicaría la senda de la inversión en buena parte de 2021 y 2022, aunque no el retraso en su recuperación durante 2023. En este sentido, conviene tener en cuenta que las incertidumbres sobre la duración del episodio inflacionario y el endurecimiento de la política monetaria en 2023, junto con conflictos geopolíticos adicionales, podrían haber significado una prima de riesgo adicional para inversores y empresas y haber reducido, por tanto, el incentivo a invertir por debajo de las estimaciones representadas en el gráfico. Otro factor con una eventual influencia en el retraso en la recuperación de la inversión en 2023 podría tener que ver con los plazos en la ejecución de los programas de inversión financiados con fondos NGEU. En todo caso, si los datos del cuarto trimestre de 2023 consolidan la recuperación de los incentivos a invertir, el ejercicio de 2024 debería ser el de recuperación de la inversión en capital por parte de las empresas en España.

^[1] Los valores de VAB, FBCF y FNCF aquí mencionados están calculados a euros constantes, anualizados y normalizados.

Más información en la nota Fixed capital formation in the non-financial corporate sector of the Spanish economy: crisis, recovery and prospects publicada por Funcas.

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¿Por qué los medicamentos biosimilares importan a la Economía?

octubre 6, 2023

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Los “medicamentos
biosimilares” todavía son unos desconocidos. Sin embargo, tienen una gran
importancia económica. Implican a la innovación, la competencia, la regulación,
el diseño de mecanismos de incentivación y la eficiencia del gasto público de
forma interrelacionada.

El desarrollo de la ingeniería genética y las técnicas de ADN recombinante permitieron el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos que en los últimos 30 años han abierto grandes oportunidades a la terapéutica. También tienen un alto coste por paciente (10.00 – 100.000 € tratamiento /año) y un elevado peso en los presupuestos de los hospitales y del SNS, así como en el gasto farmacéutico agregado (crecen anualmente a doble dígito). Ellos protagonizan actualmente la innovación farmacológica, pues en 2022 fueron más del 70% de los nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Cuando la patente del biotecnológico expira puede comercializarse por otras empresas distintas de la innovadora. Estos productos seguidores se denominan biosimilares. Es obvio que su aparición depende de la innovación previa que suponen los productos a los que siguen. Además, estimulan la innovación de estos últimos porque las empresas saben que al caducar la exclusiva de comercialización que implica la patente desaparecerán los ingresos extraordinarios asociados. Precisamente, generar competencia en precios es otra de sus virtudes económicas. En esto se parecen mucho a los medicamentos genéricos (de síntesis química). Permiten la aparición de competencia en el mercado y, como predice la teoría económica, tienden a comercializarse con precios más bajos. La resultante de la competencia en precios es que los biosimilares han acarreado muy importantes ahorros económicos. En España, Manuel García Goñi y colaboradores estimaron que entre los años 2020-2022 permitirían ahorrar 2.856 millones de euros al Sistema Nacional de Salud.

Para que los
medicamentos biosimilares pudieran entrar en el mercado han sido precisos ciertos
cambios imaginativos en la regulación sanitaria, en cuyo desarrollo la Unión
Europea ha sido pionera. Es fundamental que médicos y pacientes confíen en que
son tan eficaces y seguros como los productos innovadores. Esto hoy está
totalmente consagrado. En la actualidad el reto es conseguir que los
biosimilares sean adoptados en la clínica con más agilidad. España no está
entre los países más rápidos, por lo que existe un margen de mejora y de
ganancias de eficiencia importante.

Para fomentar la utilización de biosimilares en la práctica clínica algunos países utilizan mecanismos de incentivación de diseño diverso. Una fórmula es compartir las ganancias derivadas de su empleo con los servicios hospitalarios que los utilizan. Por ejemplo, aumentando sus recursos del personal de enfermería, precisamente para mejorar el seguimiento de estas terapias. Así se benefician los pacientes y los profesionales sanitarios. En el libro “Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares”, que escribí con Isabel del Río, estos incentivos se tratan extensamente. La AIREF en su revisión del gasto público de 2019, dedicada al gasto hospitalario recomendaba radicalmente fomentar la utilización de biosimilares y poner en marcha incentivos de este tipo.

A todas estas cuestiones se dedicó el coloquio ofrecido por Funcas el 23 de junio de 2023 que puede ver haciendo clic en este enlace. Intervinieron cuatro ponentes especialmente dotados para abordarlas: Encarnación Cruz Martos, directora de Biosim; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Javier Bachiller Corral, Jefe de Sección del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Laura Pellisé, directora de Políticas públicas y Relaciones Institucionales de AMGEN.

El lector interesado también puede leer el artículo de Joaquín Rodrigo, Presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), “Medicamentos biosimilares: una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud”, publicado en el número 169 de la revista Papeles de Economía Española, titulado «Medicamentos, Innovación Tecnológica y Economía».

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La atención primaria, vista desde la economía. Un seminario virtual de Funcas

abril 19, 2023

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La Atención
Primaria a la salud (AP), una parte fundamental del sistema sanitario público
español, ha despertado en los últimos meses gran preocupación social por las
demoras en las consultas y porque sus profesionales, especialmente los médicos
y en Madrid, se han puesto en huelga. Actualmente la población con seguros
privados está creciendo. Más del 30% del gasto sanitario es financiado
privadamente.

En España, desde
mediados de los años ochenta del pasado siglo, se ha desplegado una estructura
de AP relativamente potente y bien situada en las comparaciones internacionales.
Estas estructuras no existen en todos los países desarrollados sino sólo en
algunos, como el Reino Unido o los países nórdicos, además del nuestro. Los
problemas actuales han evolucionado en un proceso que ya dura años. Desde luego
la pandemia de la COVID-19 sobrecargó y tensionó el sistema y también se
denuncia la escasez de recursos y personal. Pero parece que los males son más
profundos.

La AP responde a la concepción de que, idealmente, deben funcionar unos servicios multidisciplinares integrales, que, con el foco puesto en el paciente y con visión global, coordinen todas las actuaciones que le afecten, que sirvan de contacto inicial accesible con capacidad resolutiva de gran parte de los problemas de salud y que sean capaces de proporcionar “longitudinalidad asistencial” (relación estable en el tiempo entre el equipo de AP y cada uno de sus pacientes, que favorezca la promoción de su salud y la prevención y el seguimiento de su evolución a través de todos los episodios de enfermedad y supervisando sus tratamientos). Hay razones teóricas y fundamento empírico para afirmar que una buena AP se asocia con menores costes, mayor satisfacción de la población, mejores indicadores de salud y menor uso de medicamentos (véase el Informe SESPAS 2012).

El 1 de marzo pasado Funcas celebró un seminario virtual de la serie de “Economía y políticas de salud: de la investigación a la acción”, para tratar de discernir los problemas profundos de la AP, especialmente desde el punto de vista de la Economía y a la luz de las investigaciones con fundamento empírico de las diversas disciplinas implicadas. Fue ponente un gran especialista, Vicente Ortún, Profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y comentaristas Remedios Martín Álvarez, médico de familia en el equipo de AP de Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Juan Simó Miñana, también médico, del centro de salud de Rochapea-Pamplona, y editor del muy difundido blog “Salud, dinero y atención primaria”.

En la sesión se
puso de manifiesto que existen problemas muy importantes de organización,
política de personal e incentivos, que van mucho más allá de la escasez de
recursos y tienden a ser ignorados en la discusión pública y política. Entre
ellos una organización actual muy burocrática, una rara avis en el mundo, que trata a los servicios sanitarios como
negociados estatales decimonónicos que debería ser sustituida por otras
fórmulas organizativas, como un sistema de autonomía organizativa responsable
para la AP del que ya hay experiencias (Entidades de Base Asociativa, EBA
catalanas). Igualmente se propuso descargar a los médicos y enfermeras de
tareas administrativas, reorganizar y compartir entre todo el equipo visitas y
otras actividades autogeneradas (control de crónicos y niños sanos…), gestión
de la demanda por enfermería, etc.

También se insistió
en la rígida gestión de personal. Tratándose de unos profesionales de larga y
compleja formación, alta especialización y elevadas expectativas, sorprende la
ausencia de métodos de selección modernos, carrera profesional y evaluación del
desempeño.

En cuanto a la
falta de incentivos correctos se puso de relieve el probado potencial
trasformador que podría tener la financiación capitativa, frente a presupuestos
y salarios, y pago por acto controlado para ciertas actividades. A nivel
individual los incentivos también son insuficientes, no sólo en cuanto a nivel
de remuneraciones, sino también por el abandono de las demás dimensiones de la compensación
laboral. Así, la Medicina Familiar y Comunitaria “cotiza a la baja”: pérdida de
poder, prestigio, influencia, vocaciones… Entre los 3.000 primeros puestos MIR
pocos son MFC y las administraciones tienen dificultades para incorporar a los
ya formados porque la organización no hace atractivas las condiciones de
trabajo.

Entre otras
aportaciones Remedios Martín expuso en detalle las propuestas de los propios
profesionales y Juan Simó recordó su idea del “descremado sociológico” de la AP.
Los colectivos con poder de decisión (políticos y funcionarios) y creadores de
opinión (periodistas) no la utilizan porque tienen regímenes privilegiados
alternativos. El desconocimiento subsiguiente le priva de prioridad.

Acceda aquí
al programa, al vídeo completo de la sesión y a las diapositivas del profesor
Ortún.

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De nuevo la ley de vivienda

febrero 8, 2023

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Segunda vuelta de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en el Parlamento, aprobada ya hace un año por el Consejo de Ministros. Ponencia parlamentaria delicada, de gran sensibilidad social en España. La actual coyuntura política de aprobación de leyes sensibles obliga a ser cuidadoso. En vivienda, además, se ha cosechado en las últimas décadas más hiel que miel. No se han solventado los principales problemas de acceso. Persisten distorsiones inmobiliarias que impiden los incentivos correctos. Sobre todo, en materia de oferta, donde su falta —para adquisición o alquiler— no es el único fallo, pero es el principal. Crear los incentivos correctos para aumentar las casas y pisos disponibles debería ser el eje de cualquier actuación pública. Se echa de menos apetito político desde hace, al menos, dos décadas por políticas de vivienda activas. Quizás el cortoplacismo explica la falta de objetivos de largo plazo en la acción pública.

Todo parte de un derecho constitucional programático, algo a lo que debemos aspirar, que desde muchas voces se convierte en un derecho absoluto. España tiene un grave problema de acceso. Hay una distribución muy desigual de la propiedad inmobiliaria, con grandes divergencias entre generaciones. Una parte de la población tiene dos o más propiedades inmobiliarias (generalmente, los tramos de mayor edad) y otra parte (los jóvenes) lo tienen muy crudo para tener una. Se une a otros problemas generacionales como las pensiones o la carga impositiva. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten. Son los que suelen motivar la acción pública.

En el alquiler, el intervencionismo es frecuentemente la medida más mencionada. No es la respuesta adecuada. Siempre más enfocados en precios que en cantidades. Cada vez que se habla de “topar” el alquiler, el mercado empeora. Se generan los incentivos incorrectos. Desaparece oferta, lo que refuerza el desequilibrio de una demanda que crece más que las viviendas disponibles para alquiler. Cualquier iniciativa legislativa para poner bases de medio y largo plazo debe responder a la realidad del mercado. La participación pública es necesaria para crear una mayor oferta pública de vivienda y para incentivar la movilización de la privada. La primera no es suficiente, sobre todo si la demanda se desboca. Precisa estímulos adecuados. Las medidas deben ser efectivas y para ello la mayor parte del mercado de alquiler debe quedar dentro del alcance la Ley. Ahora puede que no ocurra porque hay muchas vías de escape. Privadamente, inquilinos y arrendadores pueden fijar sus propios términos. Otras cuestiones controvertidas incluyen la complejidad (innecesaria) de la distinción entre “grandes propietarios” —con más de 10 viviendas— y los propietarios particulares o el concepto de zonas tensionadas, —aquellas en las que el precio se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años—, que queda desdibujado con la actual inflación.

Los conceptos claves para un aumento de la oferta, verdadera solución a los problemas de vivienda, son incentivos correctos, seguridad jurídica y una política mucho más activa que en las dos últimas dos décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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incentivos-para-posponer-la-jubilacion:-mas-vale-tarde-que-nunca

Incentivos para posponer la jubilación: más vale tarde que nunca

mayo 16, 2022

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España tiene un problema demográfico que ya está empezando a hacerse notar en el sistema de Seguridad Social. Cada vez nacen menos niños y la esperanza de vida es mayor, lo que supone que cada vez tenemos menos cotizantes.

Además, ya no llegan tantos extranjeros a trabajar a España como en la época burbujil, de hecho, hay alrededor de un millón de puestos de empleo sin cubrir en España (a pesar de que tenemos tres millones de parados, cosa curiosa).

Es decir, que cada vez entran menos ingresos por cotizaciones sociales y se pagan más pensiones de jubilación. Por ello, el Gobierno quiere paliar este desfase tirando de lo que tiene, esto es, jubilados.

Escrivá, un ministro que tiene muchas ideas, ya ha encontrado una 'solución' (más bien un parche) para esta situación: permitir que las personas en edad de jubilación sigan trabajando, incluso por encima de los 70 años.

Pero, ¿será esto suficiente?

Apurar para cuadrar las cuentas

Lo que Escrivá quieren proponer a los sindicatos es que los jubilados que quieran y puedan sigan trabajando superados los 67 años (la edad de jubilación oficial) y así cobren menos de la Seguridad Social.

En concreto, cobrarían la mitad de su pensión más el sueldo que les corresponda. Pero eso sin elevar la edad de jubilación, esto sería totalmente voluntario. De hecho, esto ya lo propuso el gobierno del PP en 2013, la llamada 'jubilación activa', pero entonces muchos pusieron el grito en el cielo.

Si bien ahora urge más. Porque la reforma que se llevó a cabo en diciembre pasado del sistema de pensiones no basta para cuadrar las cuentas, por lo que hay que tomar medidas excepcionales, y esta sería una de ellas.

De hecho, muchos lo agradecerán, porque en España, al contrario que en el resto de Europa, está más implantada la jubilación anticipada que la demorada. De hecho, hay muy bajo número de trabajadores en el rango de 55 a 74 años, pues muchas empresas a partir de los 55 prejubilan a sus empleados.

Algo que muchas personas no quieren, pues con esa edad todavía son muy válidas para trabajar, también muchos que superan los 67 años. Quieren seguir trabajando y hasta ahora no se les permite, pero si esto se lleva adelante podrán. Algo que vendrá muy bien al sistema.

Lo que no está claro es si bastará para solucionar la compleja ecuación de las pensiones en España. Porque España cada vez tiene mayor gasto público (buena parte en pensiones) y los ingresos menguan y no sirven para alimentar toda esa maquinaria.

Por lo que la imaginación de Escrivá va a tener que trabajar duro para intentar que este sistema no falle y no comprometer más la economía española.

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Intervención del mercado eléctrico y defensa de la competencia

marzo 30, 2022

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La defensa de la competencia es una de las políticas públicas más eficaces para aumentar el bienestar de los ciudadanos y la equidad, pero ha de ser laica. Los mercados no son objetos de culto, sino un mecanismo que genera una asignación eficiente de los recursos —cuando se dan las condiciones adecuadas— y permite a los consumidores apropiarse de una parte importante de este bienestar. Si existen fallos de mercado se hace necesaria la intervención pública, a veces para corregir asignaciones ineficientes (por ejemplo, mediante impuestos que incentiven una menor contaminación) o directamente para proteger a los consumidores del aumento de poder de mercado de las empresas (luchando contra los cárteles o prohibiendo fusiones anticompetitivas).

En definitiva, el bienestar de los consumidores es uno de los objetivos de la política de competencia. En el mercado eléctrico asistimos a un fallo de mercado no frecuentemente citado en los libros —una guerra— que ha distorsionado, y mucho, los precios. Por ello, tal como defendimos en una entrada anterior en este blog, está justificado y es necesario intervenir el mercado, pero es imprescindible hacerlo generando el mínimo posible de distorsiones. El Consejo Europeo ha sido sensible a esta necesidad, abriendo la posibilidad de que España y Portugal intervengan el mercado mayorista eléctrico. Parece que la vía elegida para reducir el precio es una de las que discutíamos en la citada entrada: la fijación de un precio de referencia para el gas empleado en la producción de electricidad. Con esta medida se reduce el coste de las centrales de ciclo combinado y, con ello, el precio de la electricidad en su conjunto. Se interviene en menos del 10% del mercado, consiguiendo una rebaja del precio para toda la electricidad producida. Esta vez el —así denominado por los medios— “efecto marginalista” se torna positivo.

¿Qué problemas de competencia puede generar esta intervención? El principal es una posible distorsión del mercado europeo en su conjunto. El mercado ibérico está conectado con el francés y este a su vez está muy interconectado con otros países europeos. Es posible que el nuevo precio de la electricidad, artificialmente rebajado, atraiga a los consumidores franceses, lo que a su vez podría desplazar producción de electricidad más eficiente y barata. Por ello, aunque la interconexión con Francia es escasa (del entorno del 3%) sería necesario establecer un precio no distorsionado (construyendo el precio con el gas a precios internacionales) para este mercado. No es trivial la forma de hacerlo y dependerá de cómo se implemente también la manera en que se bonifique el gas. Pero en otras dimensiones, este sistema de intervención es muy neutro. Por ejemplo, no distorsiona la asignación eficiente de los recursos. Si en lugar del gas se eligiera bonificar una energía inframarginal, sí se alteraría la asignación eficiente, porque esta energía podría entrar a producir en lugar de otras de menor coste. Al reducir el precio de la energía más cara, pero sin alterar el orden de precios, la electricidad generada con gas no desplazará a ninguna energía más eficiente y solo entrará a producir cuando la demanda no se pueda cubrir con las fuentes de energía inframarginales (nuclear, fotovoltaica, eólica, etc…). Por otra parte, si el ranking de precios no cambia, los incentivos de las empresas inframarginales en la subasta no se verán afectados por la bonificación.

El único interrogante se situaría en la producción de energía hidroeléctrica, que tiene un coste variable bajo, pero cuyos incentivos a pujar dependen de su coste de oportunidad. Por ello, si al llevarse a cabo la intervención y definirse su duración se generasen expectativas de que el precio de la electricidad producida por gas pudiera subir pasada la misma, cabría esperar que la produccion hidroeléctrica se redujese. No habría impacto sobre los precios, pero se quemaría más gas del deseable. Dejando las conjeturas sobre el futuro, el mercado mayorista seguirá utilizando las fuentes de energía más baratas en cada momento.

No es esperable que esta medida reduzca los incentivos a invertir en energías verdes. Se trata de una disposición temporal y los planes de negocio de las empresas son a largo plazo, trazados además sin contar con los extraordinarios beneficios actuales. No olvidemos tampoco que, aún con la intervención, es probable que el precio se sitúe por encima de los precios medios de los últimos años. Por todo ello, es más importante un marco regulatorio estable que garantice a las empresas el retorno de sus inversiones que mantener ahora estos precios artificialmente elevados. Dentro de unos años, con el aumento de la inversión en energías renovables, cada vez será más frecuente que sean estas —con costes variables bajos— las que fijen el precio marginal, lo que previsiblemente acarreará un descenso drástico del precio de la energía. Desde la perspectiva actual la reducción es un maná, pero si ponemos las luces largas hay que garantizar una transición que mantenga los incentivos a invertir, de modo que la meta no se difumine antes de hacerse realidad. Por ello, cuando las urgencias de hoy hayan pasado, sería deseable abrir un debate sobre el mercado eléctrico mayorista del futuro, apostando por subastas de renovables que garanticen retornos estables y subastas de capacidad que nos ayuden a soportar mejor crisis de suministro. Otros objetivos han de ser la mejora de nuestra interconexión con el mercado europeo y la recuperación de buenas ideas del pasado, como excluir del pool energías como la nuclear con costes fijos amortizados, cuya remuneración no debería depender de las coyunturas energéticas actuales.

Por último, una breve reflexión sobre el papel de las empresas eléctricas en esta crisis. Es justo decir que no son parte del problema, pero tendrían que ser parte de la solución. La escalada de precios que hemos vivido se explica simplemente por el aumento de los costes de las centrales de gas, que son las que frecuentemente fijan el precio en nuestro mercado: no necesitamos recurrir a teorías de comportamiento estratégico por parte de las empresas. Dicho esto, hoy en día las compañías compiten en algo más que en precios y beneficios. También lo hacen en reputación con respecto a su responsabilidad social corporativa. En esta dimensión, no es lo mismo obtener beneficios como efecto de una fase económica expansiva que hacerlo artificialmente por el entorno bélico, con una sociedad en crisis. Por ello, las empresas deberían ser cómplices del esfuerzo del Gobierno en racionalizar los precios de la energía. No se entendería que el sector iniciase una ofensiva legal para retener unos beneficios obtenidos por serendipia y a cambio del sacrificio de otros.

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El tango de las subastas de espectro

mayo 24, 2021

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Inspirados por Carlos Gardel y sus “veinte años no es nada”, nos disponemos a cambiar la duración de las licencias de espectro para el futuro desarrollo del 5G de 20 a 40 años. Antes de dejarnos llevar por la melodía del tango, queremos reflexionar sobre las consecuencias económicas de esta medida. Pongámonos en antecedentes. En los próximos meses se va a realizar la subasta de espectro de las bandas de 700 MHz. ¿En que nos afecta? El espectro es la base de las comunicaciones y transmisiones de datos inalámbricos y con ello, del añorado 5G. Por lo tanto, el resultado de la subasta, la asignación del espectro entre los distintos operadores de telecomunicaciones determinará en gran parte la estructura del mercado y las condiciones y precios en las que los futuros servicios de 5G llegarán a los consumidores. Todos los países de nuestro entorno están realizando subastas similares, lo que en sí mismo constituye una buena noticia.

Las subastas se empezaron a utilizar como medio de asignación del espectro en 1994 en EE.UU, y en 2020 dos de los economistas que contribuyeron a diseñarlas (Paul Milgrom y Robert Wilson) recibieron el premio nobel de economía en gran parte por esta contribución. El éxito de esta subasta llevo a que algunos países europeos a utilizarlas en el año 2000 para asignar las licencias 3G, aunque la mitad de ellos (incluyendo España) utilizó un concurso. La experiencia 3G demostró la superioridad de las subastas sobre los concursos (las licencias 4G fueron ya asignadas exclusivamente con subastas), pero también lo importante que es el diseño de las mismas (formato de subasta, número y condiciones de las licencias, precios de reserva, etc..). En la futura subasta de espectro, el único aspecto del diseño que ha alcanzado el debate público son los precios de reserva de las licencias (1.170 millones en su conjunto) que, por otro lado, parece un precio en la media de las recientes subastas de 5G realizadas en Europa.

Los economistas académicos defendemos la legitimidad de la recaudación de las subastas: las licencias crean un oligopolio y las empresas pagan por sus futuras rentas. Existen, además, argumentos teóricos y evidencia empírica de que los precios pagados tienen poco efecto en el comportamiento de las empresas, incluyendo el despliegue de la tecnología, dado que son un coste hundido y como tal no debería afectar sus decisiones para maximizar sus beneficios en el futuro. Nuestra meta debería centrarse en un uso eficiente del espectro —que caiga en las manos de los que tienen mejores planes de negocio— y en que el mercado resultante sea suficientemente competitivo, trasladando la mayor parte del excedente generado a los consumidores. Por ejemplo, puede ser deseable poner un límite menor al espectro que pueden obtener las empresas establecidas (lo que puede reducir la recaudación) con el fin de garantizar la entrada de un nuevo operador que aumente la competencia en el futuro. En este cálculo, la recaudación, sin ser el objetivo primordial del diseño de la subasta, es un interesante beneficio colateral, sobre todo en la situación actual.

Por eso, la decisión sobre la duración de la licencia de 5G no debe evaluarse en términos de su impacto en la recaudación, sino en sus futuros efectos sobre los incentivos a la inversión y a la innovación y la competencia. Aumentar la duración de las licencias incrementa los plazos para la amortización y genera incentivos a la inversión, y esto es importante dado que se estima que el coste del despliegue del 5G podría alcanzar los 15.000 millones de euros.

Sin embargo, una excesiva duración de la licencia puede limitar la innovación y la competencia. Es probable que en 20 años el espectro tenga otros usos más eficientes que el 5G (igual que el espectro que ahora se libera proviene de su uso para la TDT). Puede ser que el mercado de servicios 5G no sea muy competitivo y la falta de espectro se convierta en una barrera para futuros entrantes. Y no se puede confiar en el funcionamiento del mercado secundario para reasignaciones de espectro entre agentes interesados porque en la práctica es inexistente. Dados los beneficios y los costes de aumentar la duración de la licencias, es prudente mirar a nuestro alrededor para encontrar un buen equilibrio. Si lo hacemos, tenemos que calificar el aumento de la licencia a 40 años como mínimo de “audaz”. Todos los países de la UE que han subastado licencias de espectro lo han hecho por un periodo de 20 años o inferior. Más aun, en 2017, antes de esta nueva ola de subastas, hubo una propuesta de la UE para armonizar las condiciones de las licencias de espectro y extender su duración a 25 años o más, que no salió adelante por la oposición explicita de países como Alemania, Holanda, Italia y… ¡España!

Por último, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la subasta, las últimas noticias apuntan que el gobierno ha sido sensible a las demandas de las empresas, y con el argumento de impulsar el futuro desarrollo del 5G va a mejorar sensiblemente las condiciones de las licencias sobre las previamente anunciadas: además de aumentar la duración de la licencias, se reducirán las tasas de las futuras adjudicatarias, los precios de reserva, y los compromisos de despliegue y de compartición de infraestructuras. No debería el gobierno dejarse llevar por cantos de sirena, ni asumir hipotecas a 40 años. Es verdad que disfrutamos de una ventaja competitiva en infraestructuras en el sector de las telecomunicaciones, y que el precio de los servicios ha mejorado sustancialmente en la última década. Pero eso no ha sido porque las empresas disfrutaran de grandes márgenes para acometer inversiones, sino por el efecto de la competencia. Preservar un mercado competitivo en el futuro debería ser el principal objetivo de esta subasta.

Este artículo apareció publicado previamente en el diario Expansión.

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Economía digital en tiempos de pandemia (VIII). Los viejos Nokia y Radar Covid

septiembre 10, 2020

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En una mis películas favoritas de Woody Allen, “Sueños de
un seductor” (Play It Again, Sam, 1972), hay un personaje que es
ridiculizado porque siempre que llega a un sitio hace una llamada a su
secretaria para estar localizable. Hoy en día todos somos ese personaje y eso,
para bien o para mal, se lo debemos en gran parte a Nokia, que popularizó los
móviles y los comercializó masivamente entre todos los segmentos de mercado en
el tránsito del pasado siglo a este. ¿Recuerdan su melodía? De su legendario modelo
3310, que cumple 20 años esta semana, se vendieron casi 200 millones
de unidades. Nokia era la joya de la corona de Finlandia, de forma que en 2006 representaba,
por sí sola, alrededor del 13% de su PIB, una fracción superior a la que el
sector turístico supone hoy en España.

Nokia dominó el mundo gracias a la innovación, pero su
éxito era en parte el de un país que invertía un 3,5% de un PIB en
investigación y desarrollo y estaba muy adelantado en términos de penetración
de Internet, ordenadores personales y redes de telecomunicaciones. El éxito de Nokia
se debió a muchísimas variables: un entorno favorable, un contrato con el
estado que le llevó a especializarse en radiotransmisión, la apuesta por la
innovación y las buenas prácticas en la gestión —entre ellas, sentar en su
consejo a expertos y académicos de prestigio como el premio nobel de economía y
profesor del MIT Bengt Holmström—.
Pero Nokia cayó, y lo hizo a plomo: perdió el tren de los teléfonos inteligentes
y su acción se desplomo de 40 dólares en 2007 a menos de 3 en 2012.

En 2008, en plena caída libre, Holmström visitó mi universidad
para una conferencia de investigación. Estaba desolado, ¿Qué había pasado? No
se habían dormido, no habían abandonado la innovación, habían mejorado sus terminales
en todas las dimensiones… Pero Steve
Jobs había entendido mejor que nadie las preferencias de los consumidores y
la lógica de la nueva economía digital. La pantalla táctil del iPhone y el
concepto de plataforma, la venta de música y aplicaciones a través del
teléfono, cambiarían la industria para siempre y convertirían a Apple en la
empresa más valiosa del mundo (recientemente
su capitalización ha superado los 2 billones de dólares). No había
sido siempre así. Hasta ese momento, Apple era una empresa cool, con consumidores con alta disponibilidad a pagar y muy fieles
pero escasos. Era una empresa de nicho, con una rentabilidad mediocre dentro
del sector tecnológico, a años luz de Microsoft. No tocaba con los dedos al
consumidor masivo. Todo cambió con el iPhone y su pantalla táctil que, por
cierto, no fue un invento de Apple, pero eso es otra historia….

Ahora que se oye hablar de planes para apostar por la economía digital, pensemos en la historia de Nokia y Apple. No hay recetas mágicas para el éxito, pero sí algunas ideas: no tener prisa, apostar por la innovación y la meritocracia, crear un entorno (educación, infraestructuras…) favorable, abierto a la competencia, a las nuevas ideas… y tener intuición, suerte e imaginación. No hay que olvidar la cita de Albert Einstein: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Gracias a que Nokia metió en los bolsillos de todos uno de
estos aparatos, ahora es posible hacer rastreo inteligente de nuestros
contactos y, con ello, frenar la pandemia. Desde el comienzo de esta
serie en el blog, hemos resaltado la importancia estratégica del
rastreo. La mala evolución que están teniendo los contagios en España se explica,
en parte, porque no hemos sido capaces de aumentar significativamente nuestra
capacidad de rastreo. Pero de nada sirve el lamento o la melancolía, así que miremos
hacia delante: las comunidades autónomas y el gobierno central están aumentando
el número de rastreadores y, además, ahora contamos con una nueva herramienta:
Radar Covid. Las aplicaciones de rastreo no son sustitutivas de los
rastreadores tradicionales, pero complementan su labor, y aunque en Europa
todavía están en una fase incipiente, en Asia han dado muestras de su eficacia.

«El informativeness Principle viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Aplicado a nuestro problema, esto implica que, a pesar de las dificultades, debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia»

Juan José Ganuza

Como
anticipamos en otra entrada del blog, con Radar Covid España ha
optado por el modelo descentralizado impulsado por Apple y Google, que prima la
privacidad renunciando a geolocalizar los contactos y a centralizar la
información. Esta decisión no era trivial y hubiera merecido un debate más
amplio. En teoría, la eficacia de un sistema centralizado sería mayor, más aún
si se hubiera basado en GPS. En el otro lado de la balanza, claro, no cuenta solo
la privacidad, sino también el impulso tecnológico de Apple y Google. Países
como Reino Unido, que han intentado lanzar modelos centralizados alternativos,
se han encontrados con enormes problemas tecnológicos y, al parecer, los dos
gigantes —que controlan los sistemas operativos de casi todos nuestros móviles—
no les han facilitado las cosas. Por ello, seguramente el diseño
descentralizado de Radar Covid ha sido una decisión prudente y acertada.

Su funcionamiento se basa en que cada teléfono móvil, a través de bluetooth, vaya almacenando cookies de los teléfonos de todas las personas que se han instalado la misma app y han estado en contacto con nosotros un mínimo de tiempo. Cuando una de estas personas declara al sistema que ha sido diagnosticado con Covid, recibimos un mensaje de la aplicación advirtiéndonos de este hecho. Todo pasa en nuestro teléfono móvil, y nadie, ni nosotros mismos, conoce la identidad o localización de nuestros contactos. La privacidad está garantizada y, precisamente por eso, la eficacia de Radar Covid va a depender en gran medida de cuántos de nosotros la usemos (cuestión que abordaremos en una próxima entrada) y de cómo se utilice la información así obtenida. Cuando recibimos una alarma, deberíamos comunicarla al sistema sanitario y activar con ello un protocolo de actuación. Dependiendo de cómo se calibre la aplicación (la distancia y tiempo que determinan un contacto), la cantidad de información que pueden generar es ingente, y también lo podrían ser las consecuencias económicas y sanitarias que los protocolos asociados a la aplicación pueden generar. Por ejemplo, ¿se debería realizar una prueba diagnóstica y poner en cuarentena a todas las personas asintomáticas que reciban una alerta? De hecho, se rumoreaba que parte del retraso en lanzar Radar Covid se debía a que las autoridades sanitarias (estresadas ya por otras muchas razones) no sabían cómo encauzar esa cantidad de información y responder a ella. En este sentido, el retraso puede ser una ventaja, dado que nos puede permitir aprovechar las experiencias de nuestros vecinos europeos que han instalado una aplicación similar, que son la gran mayoría.

Desde el punto de vista económico, estamos ante un gran problema de incentivos; el uso que se haga de la app dependerá, a su vez, de cómo como la calibremos y qué protocolos definamos. Lo que nos devuelve a nuestro premio nobel y ejecutivo de Nokia, Bengt Holmström, que recibió el premio por sus contribuciones a la teoría de incentivos. Su tesis doctoral contenía las principales ideas de dicha teoría y determinó la agenda investigadora de la economía de la información en los siguientes 20 años. Entre los muchos resultados de aquella tesis está el informativeness Principle, que viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Que, aplicado a nuestro problema, implica que a pesar de las dificultades debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia. La aplicación nos debe ayudar a mejorar la eficacia de los rastreadores tradicionales y hacer un mejor uso de los tests y las cuarentenas de cara a contener la pandemia. Confiemos en que las autoridades sanitarias tengan éxito en este objetivo y contribuyamos a ello, descargándonos y utilizando Radar Covid.