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El gasto mensual en pensiones se dispara un 10,8%, la mayor subida en 30 años

Las cuentas de la Seguridad Social se tensan más aún debido a la revalorización de las pensiones vinculada a la subida del IPC. De este modo, desde el pasado 1 de enero de 2023, los más de nueve millones de jubilados españoles percibirán en sus nóminas una subida del 8,5% en base a la inflación media registrada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Como consecuencia de ello, así como por el aumento de jubilados, el gasto mensual del Gobierno en pensiones contributivas alcanzará el 10,8% en la tasa interanual, lo que representa 1.200 millones de gastos más que en diciembre. Los 11.902 millones de euros que abonará la Seguridad Social en concepto de pensiones contributivas representan un ritmo de crecimiento que no se apreciaba desde el año 1993, cuando España padeció otra gran inflación a raíz de la crisis del petróleo derivada de la Guerra del Golfo.

El objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no es otro que alcanzar el déficit cero en el sistema pasando gastos al Ministerio de Hacienda, haciéndolo en parte responsable al vincular las pensiones al IPC. Por primera vez en el mes de enero, nuestro país supera la barrera de los 10 millones de beneficiarios por prestaciones, alcanzando las 10.009.149 personas.

Tal y como recoge el BOE en su R.D. 1058/2022, de 27 de diciembre de 2022, la pensión media en España superará por primera vez los 1.100 euros mensuales (1.189 euros), incrementándose en 106 euros. La pensión de jubilación media se ha elevado en 122 euros, es decir, en los 1.368 euros mensuales. Por tanto esto supone que la subida de las pensiones sea el triple que la de los salarios. Esta pensión media representa a unos nueve millones de españoles.

Otros datos a tener en cuenta

El número de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado(personal militar y funcionarios de la Administración General del Estado) representaron en diciembre de 2022 un 1,8% más que en el año anterior, pues el acumulado era de 692.177 en España. La nómina mensual de estas pensiones, incluida la paga extra de diciembre, era de 2.666,3 millones de euros. En la Minería del Carbón, la cifra asciende hasta los 2.666,9 euros mensuales y en el sector del Mar se establece en los 1.518,7 euros.

La Seguridad Social también estima que 409.970 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, ya que el 92,3% son mujeres con un importe medio mensual de 66,2 euros. Hay que recordar que este plus económico, implantado en febrero de 2021, supone una cuantía extra de 28 euros al mes por hijo. Así pues los datos son: con un hijo (90.450); el 47,3%, con dos hijos (193.925); el 19,7%, con tres (80.923), y el 10,9% (44.672), con cuatro hijos.

Las cifras del gasto en pensiones

La situación que atraviesa el Gobierno de Sánchez es realmente preocupante, pues se enfrenta a un incremento del gasto en jubilación sin precedentes debido al imponente envejecimiento poblacional que se viene acumulando durante los últimos años. De hecho, el incremento de 1.157 millones más de nómina mensual representa el 77% del nuevo gasto. Por tanto, el gasto dedicado a las pensiones de jubilación supone casi tres cuartas partes del gasto total, ascendiendo el importe hasta los 8.649 millones de eurosy un incremento del 11,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Le siguen las pensiones de viudedad, que representan un gasto de 2.000 millones de euros (han subido 171 millones), es decir, el 15% del incremento del gasto total. También hay que tener en cuenta las prestaciones por incapacidad permanente, a las que se han dedicado 1.062,9 millones de euros, es decir, un 7,9% más. Con respecto a las pensiones de orfandad, éstas representaron 162,5 millones de euros (incremento del 9%).

El Ejecutivo, desde su irrupción en Moncloa, ha disparado los gastos de las arcas públicas en todo tipo de pensiones, alcanzando los 41.000 millones de euros al año, sumando las pagas extras, al incrementarlas en casi 3.000 millones de euros. Es una situación realmente complicada después incluso de haber superado los 20.000 millones de euros destinados a gastos y aprobados en los Presupuestos Generales del Estado. Y es que el Ministerio de la Seguridad Social afirma que en 2022 se tramitaron 353.937 expedientes de jubilacióny 147.620 de viudedad.

Previsiones preocupantes

La cuerda parece que se acabará tensando más, pues el Gobierno está pendiente de que toda la generación ‘baby boom’ se comience a jubilar a partir de finales de la década actual, lo que haría que las arcas públicas entrasen en números rojos de manera inminente. En este sentido, Bruselas ha exigido al Gobierno que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB no exceda del 12%.

Durante el último año, el número de pensionistas ha subido en un 0,9% y desde el 2018 en un 3,2%, por lo que el crecimiento del gasto para el país ha sido del 32,5% en el último lustro. Además la Seguridad Social estima que abonará más de 10 millones de pensiones contributivas, la gran mayoría de jubilación. Si las cifras de jubilados para este 2023 han subido en un 1,5%, es decir, hasta rozar los 94.000 beneficiarios, ¿qué números se esperan para los años venideros?

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El gasto en pensiones se desboca en 2023, cada vez el gasto social está dirigido a un grupo concreto

El Gobierno ya tiene por fin sus presupuestos para 2023 después de negociaciones y tiras y afloja con sus socios y demás partidos políticos. Ya ha aprobado un cuadro macro marcado por la crisis inflacionista que sufrimos y que va a recortar el crecimiento del año que viene al entorno del 2%, según sus estimaciones.

Y de entre todas las novedades que se han anunciado, hay una que llama poderosamente la atención. Que era esperada, pero no pensábamos que finalmente el Ejecutivo llegaría a tanto. Pero ha llegado: el gasto en pensiones.

Sí, se revalorizan en función del Pacto de Toledo y subirán el año próximo nada menos que un 8,5%, que es la previsión de la inflación media anual. Por lo tanto, si finalmente sube más, pues...será más.

Vaya, que el Gobierno ha dejado muy claro con estos presupuestos a qué colectivo quiere cuidar y con el que va a hacer un esfuerzo que no va a hacer con los demás. Y, lo sentimos, pero las comparaciones son odiosas y reforzar a los jubilados frente al resto no va a solucionar nada, al revés.

Una decisión que lastra el consumo

Esta subida de las pensiones supone el mayor incremento en gasto del Gobierno en 2023, pasando de unos 170.000 millones en 2022 a 190.000 el año que viene. Y aunque el Gobierno quiera sacar pecho como que hace un gran esfuerzo por el gasto social con estos presupuestos... de los 26.000 millones más de gasto social que ha incorporado, 20.000 se van a las pensiones. Muy equitativo no ha sido, desde luego.

Y ello va a recurrir de nuevo a la hucha de las pensiones, por primera vez en 13 años hará una aportación de más de 2.000 millones para poder costear esta revalorización y también la llegada de nuevos pensionistas al sistema (con esto sabemos que tenemos una bomba demográfica entre manos que cada año se notará más).

Sea como sea, se está pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque el no dar tregua a ningún otro colectivo a parte de prorrogar el abono gratuito de tren y alguna cosa más sin mucho impacto, implica reducir la capacidad de gasto de básicamente toda la población menor de 65 años.

¿Y eso a qué nos lleva? A una recuperación mucho más lenta, porque señores, los pensionistas no destacan por su elevado gasto. Por lo tanto, ellos pueden mantener su nivel de vida con un gasto menor a los demás, que tendrán que pagar más por todo sin ninguna ayuda de ese tipo tan directa.

Porque sí, se baja IVA de luz y gas y demás, pero a efectos directos, eso no va al bolsillo de la gente. Por lo tanto, quedan (quedamos) desamparados frente a los jubilados. Ah, y los funcionarios, aunque realmente tienen más miramientos con los pensionistas.

Sí, el próximo año hay elecciones y el Gobierno ya juega sus bazas, pero se olvida de las familias, de los jóvenes...Esos también votan, recuerden.

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¿Es el gasto público la solución para combatir el efecto económico de la pandemia?

Ante la fuerte crisis que tenemos encima, con una caída interanual de la economía de más del 20% y que se espera que al finalizar el año con un desplome entre el 12% y el 15%, muchos son los que buscan en el gasto público la varita mágica para detener la sangría económica.

Macroeconómicamente y sobre el papel todo se aguanta. Debido a que el gasto público es una variable de la demanda agregada, si el consumo y la inversión no tiran y el sector exterior está cerrado o tambaleante, el gasto público debería ser el catalizador para añadir más PIB y reflotar la economía.

Los defensores de esta premisa señalan que, con un mayor gasto público, se conseguiría mantener las empresas a flote porque muchas de ellas se encuentran al borde de la quiebra y, consecuentemente, sus respectivos puestos de trabajo.

Esta medida conlleva dos problemas asociados. El primero es que no nos encontramos en una economía con una infracapacidad que deba ser apoyada por el gasto público. No estamos en una guerra o desastre ambiental que haya, literalmente, destrozado fábricas y que se pueda justificar la intervención pública para apoyar el resurgir de la infraestructura del sector privado para la restauración de los bienes de capital.

De hecho, esta crisis viene dada porque la capacidad productiva ha sido bloqueada por parte de las administraciones públicas dada su incompetencia en la contención de la pandemia. De haberse contenido, con test masivos, rastreadores e información efectiva a la ciudadanía de cómo combatir la pandemia, hoy no estaríamos hablando de 49.000 muertos (cifras INE) ni del desastre económico español líder en los países de la OCDE. Sin duda, ese habría sido el gasto público necesario en este momento por parte de las administraciones públicas.

Lo podemos entender con el sector turístico español que tiene un peso del 14,6% sobre el PIB. Este sector necesitaba poder abrir puertas en un entorno de seguridad para que las multitudes puedan participar, pero, al no controlar los contagios, este sector ha sufrido el golpe como ningún otro. Según Exceltur, directa e indirectamente este año el sector perderá 98.753 millones de euros ¿debe el Estado compensar esas pérdidas vía gasto público? ¿y las del resto de sectores?

Se desconoce cuánto tiempo durará la situación presente, lanzando un manto de incertidumbre en lo que queda de año y también para 2021. Esto significa que deberíamos reconfigurar nuestro tejido productivo adaptado a un entorno dominado por el coronavirus, o se combate efectivamente la epidemia para que el tejido productivo existente pueda continuar con su actividad.

El segundo problema asociado es que el gasto público viene en forma de deuda. Y España no es el país que mayor credibilidad esté ofreciendo para endeudarse aun más. Para este año se proyecta que la deuda pública pasaría del 95,8% sobre PIB que cerró el año anterior a un horizonte entre el 115%-120%.

Si repasamos los últimos años de España coma encontramos que los gobiernos independientemente del color político han hecho una gestión nefasta de la estabilidad presupuestaria. Cuando la economía ha ido bien se ha incurrido en el déficit público, cuando la economía ha ido mal se ha profundizando severamente el déficit público y, únicamente, en una etapa burbujística de ingresos públicos extraordinarios, se consiguió el superávit presupuestario.

Obviamente, un emisor de estas características no ofrece la mayor de la solvencia hacia terceros. Por eso** hoy tenemos al BCE que está apoyando**, a través del mercado secundario de deuda, las bajas y negativas rentabilidades en la deuda pública y sin poder alcanzar sus objetivos inflacionistas a medio plazo.

Esta dependencia de los bajos tipos de interés puede llevarnos a una japonización de la economía que, aunque se necesite constantemente a la autoridad monetaria para disimular el perfil de riesgo del emisor, el alto volumen de deudas contraídas afecte negativamente a los Presupuestos con una alta ponderación de la partida "servicio de la deuda" sobre otras partidas presupuestarias y el crecimiento económico futuro quede lastrado.

Por todo ello, no debemos hablar de una expansión del gasto público, (porque suma más deuda) sino una reconfiguración del mismo. La influencia del Estado no debe entenderse como una medida de reactivación económica ya que supone no entender el problema y cargar de mayores riesgos hacia el futuro.

El gasto público debe dedicarse inicial y principalmente para combatir efectivamente la pandemia, lo que ayudaría a generar un ambiente de confianza y seguridad para la actividad económica, lo que ayudaría a reponer parte de los ingresos públicos duramente afectados y alejarnos de fatídicas ideas de subidas de impuestos. Al mismo tiempo, parte de la población ha sido damnificada por la actual crisis, en ese punto, el gasto público también tiene sentido como medida de última instancia y contención para ofrecer renta y que puedan acceder al consumo de los bienes y servicios de primera necesidad para no quedar lastrados por la pobreza.

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