Estudios sociales – Página 4 – Negocios e Inversiones

Una infancia protegida, pero menguante

noviembre 17, 2022

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El 20 de noviembre de 1989 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Escogió para ello la fecha en la que, 30 años antes, alumbró la Declaración Internacional del Niño, marcando así este día de noviembre como el de celebración de los derechos de la infancia.

En estos casi 65 años transcurridos desde que la Asamblea General de la ONU publicara la Declaración de los Derechos del Niño, la población infantil se ha reducido significativamente en el mundo (gráfico 1). En 1960, los niños de 0 a 14 años representaban el 37% de la población mundial, mientras que en 2020 constituían solo una cuarta parte de ella (25%). Esta proporción la superaban solo dos regiones: las formadas por los países de África subsahariana (42%) y por los de África septentrional y Oriente Medio (30%). La primera ha conseguido mantener estable el porcentaje de población infantil sobre la población total desde los años sesenta; la segunda asistió durante la última década del pasado siglo y la primera de este a un acusado descenso de la población infantil, hasta situarse, desde aproximadamente 2010, en el entorno del 30%.

Muy por debajo de la media mundial se halla el dato correspondiente a la Unión Europea, donde desde 1960 el peso demográfico de la población menor de 15 años se ha reducido en más de 10 puntos porcentuales: de 26% a 15%. Un descenso todavía más intenso se observa en el caso de España, cuya población infantil ha pasado de 27%, en 1960, a 14% en 2021. Por tanto, precisamente durante un periodo en el que se han conseguido avances significativos en el control de la mortalidad infantil y mejoras en la protección jurídica y social de las niñas y los niños, en España la proporción de población infantil sobre la población total se ha reducido a prácticamente la mitad.

No obstante esta tendencia general, las diferencias regionales son notables: 6 puntos porcentuales separan a las comunidades autónomas con mayor y menor proporción de niñas y niños de 0 a 14 años en 2021 (Murcia: 16,4%; Asturias: 10,4%). Todas las comunidades han registrado descensos considerables en esta variable desde que en 1990 España firmara y ratificara la Convención de los Derechos del Niño, pero en algunas, como Islas Canarias, Galicia y Asturias, la caída ha sido particularmente intensa (gráfico 2). En los tres casos, la proporción de población entre 0 y 14 años se ha reducido en más del 40% entre 1989 y 2021.

En todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, la proporción de niñas y niños de 0 a 14 años en el ámbito urbano (municipios de más de 10.000 habitantes) es mayor que en el ámbito rural (municipios hasta 2.000 habitantes) (gráfico 3). Galicia y Asturias registran los porcentajes más bajos de población de 0 a 14 años en el ámbito rural (5,9 y 7,3%, respectivamente), si bien han aumentado ligeramente en los últimos diez años (gráfico 4), lo que indica que ambas comunidades han conseguido contener la pérdida de población infantil rural aun cuando esta última se mantenga en niveles muy bajos. Mucha mayor presencia tiene esta población, en cambio, en el ámbito rural de las Islas Baleares, del País Vasco y de Madrid. Llama la atención que en buena parte de las comunidades autónomas la proporción de menores de 15 años alcance valores más altos en el ámbito intermedio (municipios entre 2.001 y 10.000 habitantes) que en el urbano.

En definitiva, las niñas y los niños han perdido en las últimas décadas mucho peso en la composición de la población residente en España, si bien persisten diferencias territoriales ostensibles. Cabe razonablemente pensar que este patrón de desigualdad territorial tenderá a consolidarse, toda vez que —cambiando los términos de un conocido refrán— “niños llaman a niños”: allí donde hay más familias con niñas y niños se desarrollan más los servicios para ellos (colegios, parques infantiles, centros de salud pediátrica, etc.), al tiempo que se activan y consolidan relaciones entre esas familias en torno a las actividades infantiles compartidas. Por el contrario, en los territorios con escasa presencia de niñas y niños se debilita ese tejido de servicios y relaciones sociales favorable al aumento de la población infantil. Aunque la tendencia a su descenso no es irreversible, revertirla requiere tiempo e inversiones públicas y privadas eficaces y perdurables.

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El campo también es de las mujeres

octubre 13, 2022

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Celebrar anualmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales implica, a la vez, un reconocimiento y un estímulo; un reconocimiento de las labores que llevan a cabo las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, y un estímulo a incrementar su participación en la economía del sector primario, asumiendo puestos de más nivel y mayor responsabilidad.

Lo cierto es que el predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es muy notorio. De las aproximadamente 770.000 personas que actualmente trabajan en España en el sector agrario, solo 181.000 son mujeres: es decir, por cada 100 hombres, 31 mujeres. Las diferencias entre comunidades autónomas son, sin embargo, significativas¹ (Gráfico 1). En Asturias y Cantabria —comunidades con una ocupación agraria total por debajo de la media nacional— la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector agrario es aproximadamente de 70/100. En cambio, en Murcia y Extremadura —las dos comunidades con mayor ocupación agraria— el número de mujeres empleadas por cada 100 varones empleados es mucho más bajo (34 y 10, respectivamente). Por tanto, las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario; más bien al contrario, la participación laboral femenina se aproxima más a la masculina en los territorios en los que la agricultura y la ganadería generan menos puestos de trabajo.

Si la aproximación entre las tasas de empleo masculinas y femeninas se considera una condición necesaria para avanzar hacia la a menudo reivindicada “igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural”², la tendencia es poco halagüeña. Tomando como referencia temporal el inicio de la Gran Recesión, se observa una creciente masculinización del empleo agrario. En 2008, el sector empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador alcanzó a su valor más bajo (30), recuperándose ligeramente hasta 2019 para volver a caer en 2020. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado (Gráfico 2).

Al examinar con más detalle la evolución del empleo femenino en este sector, se observa que la caída más intensa se produce entre las trabajadoras autónomas (sin empleados)³, cuyo número ha descendido de 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. También las asalariadas —la modalidad de empleo más frecuente— han sufrido un descenso importante durante el mismo periodo (desde 124.000 a 107.000). En cambio, las empleadoras (trabajadoras autónomas con empleados) muestran desde el final del periodo de crisis económica (2014) una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. Cabe destacar que el aumento de las mujeres empleadoras en este sector ha sido más intenso que el de los varones empleadores, si bien el número de ellas (9.600) es aproximadamente cuatro veces menor que el de ellos (37.700) (Gráfico 3).

Sin duda, numerosas mujeres trabajan en la agricultura y la ganadería sin que figuren en alguna de estas categorías de actividad formal. No constan como trabajadoras autónomas (con o sin empleados) ni como asalariadas, pero realizan labores indistinguibles de las de unas y otras. Son, en muchos casos, mujeres que contribuyen informalmente a la explotación agraria familiar, bien de manera habitual, dedicando unas horas cada día, bien contingentemente, según lo requieran las muchas vicisitudes a las que está sometida la actividad en el campo. Intercalan esas actividades laborales bajo sol y lluvia, que escapan a la contabilidad nacional y las estadísticas del empleo, con su trabajo principal: el cuidado de la casa y de las personas dependientes en el hogar (niños y/o personas mayores). En el recientemente publicado “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021” se puede leer que las mujeres rurales dedican al trabajo doméstico cinco veces más tiempo al día que los hombres (ellas, casi 10 horas; ellos, menos de dos horas). Los hombres se vuelcan en el trabajo en el campo, muy exigente por las condiciones en las que se lleva a cabo; las mujeres se consagran al cuidado del hogar, pero el medio de vida de la familia (el negocio familiar) también forma parte de su día a día. ¿Cabe esperar que las niñas y jóvenes que crecen en esos contextos cojan el testigo asumiendo este modelo de producción económica y familiar?

En un entorno estructuralmente tan desigual como el que reflejan los datos hasta aquí expuestos, conseguir “la igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural” es uno de esos objetivos normativos inespecíficos que, como tales, suelen ser inalcanzables. Más eficaz parece reivindicar la capacidad demostrada de las mujeres para desempeñar trabajos tradicionalmente considerados masculinos con tanta productividad y tanto valor añadido como los hombres. La mejor manera de reconocer y alentar el trabajo de estas mujeres es seguramente procurándoles condiciones laborales equiparables a las de quienes, con cualificaciones y jornadas semejantes, trabajan en las ciudades, y poniendo a su alcance servicios que les permitan descargarse de tareas que comprometen su tiempo de ocio y su bienestar personal

¹Definido aquí como aquel que comprende las dos primeras categorías de la clasificación Nacional de Actividades Económicas: (1) Agricultura, ganadería, caza y sus servicios; (2) Silvicultura y explotación forestal.

²Véase, por ejemplo, la nota de prensa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 15 de julio de 2022, a propósito de la presentación del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021”.

³En esta categoría incluímos, además, a cooperativistas y ayudas familiares.

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La importancia de las madres en la socialización financiera

octubre 3, 2022

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Los jóvenes españoles se consideran mayoritariamente ahorradores. Así se desprende de la Encuesta de Educación Financiera Funcas 2022 (a partir de ahora: EEF-Funcas2022), realizada online entre el 12 y el 26 de septiembre de este año sobre una muestra de 1.200 personas residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 29 años^[1]. Cuando a estos jóvenes se les pide que, utilizando una escala de 0 (nada) a 10 (mucho), valoren en qué medida el adjetivo “ahorrador/a” define su carácter, la media de sus respuestas se sitúa en 7,1. Esta cifra es más alta que las que arrojan las respuestas a las preguntas referidas a los siguientes adjetivos: “ordenado/a” (6,8), “estudioso/a” (6,7), “extrovertido/a” (5,7) y “caprichoso/a” (4,8). La influencia de la variable “sexo de los entrevistados” se observa, en mayor o menor medida, en la autovaloración respecto a todos los calificativos, salvo el de “ahorrador/a”. Ellas se consideran bastante más estudiosas que ellos, y también algo más ordenadas y caprichosas, pero en cuestión de proclividad al ahorro sus autopercepciones coinciden (Gráfico 1).

¿Pero realmente son ahorradores los jóvenes españoles? La EEF-Funcas2022 ofrece algunos indicios para responder esta pregunta. Por lo pronto, un 49% de los entrevistados afirma tener hucha física, porcentaje que entre los de 18 a 24 años sube hasta el 57% (entre los de 25 a 29 cae al 38%). Los jóvenes que estudian (exclusivamente o compatibilizando estudio y trabajo), así como también los que viven con ambos progenitores, son los que en mayor proporción cuentan con una hucha (Gráfico 2).

Nueve de cada diez jóvenes encuestados (89%) poseen al menos una cuenta bancaria y alguna tarjeta física. En un entorno en el que prevalece la preferencia por evitar el efectivo como medio de pago, aproximadamente tres de cada diez jóvenes de 18 a 24 (29%) con tarjeta bancaria propia afirman preferir pagar las compras con dinero, coincidiendo con el porcentaje de quienes prefieren pagar con el móvil, pero la mayoría de ellos (42%) se inclina por el uso de la tarjeta (sobre todo, de débito, mucho más extendida que la tarjeta de crédito en este grupo de población). La “huida del efectivo” aún es más evidente entre los jóvenes de 24 a 29 años, y especialmente entre las mujeres en ese grupo de edad (Gráfico 3).

Puesto que casi todos los entrevistados (94%) tienen cuentas corrientes de titularidad propia o compartida, parece lógico pensar que ellas constituyan, también entre los jóvenes, el principal dispositivo de recepción de ingresos y de acceso al dinero (Gráfico 4). Y a juzgar por sus respuestas, no son cuentas “aparcadas” cuyos movimientos se ignoran: nueve de cada diez jóvenes titulares de una cuenta dicen conocer cuánto dinero tienen en ella, y entre los entrevistados que estudian, también nueve de cada diez declaran encargarse personalmente de la gestión habitual de sus cuentas (a los entrevistados que trabajan se les supone esta práctica, por lo que la EEF-Funcas2022 no pregunta por ella). Constituyen también una amplia mayoría los entrevistados que niegan tener un fin concreto para el dinero acumulado en sus cuentas. Antes bien, prevén utilizarlo según las contingencias, es decir, “para pagar gastos o necesidades que vayan surgiendo”, si bien las mujeres y los entrevistados que trabajan (exclusivamente o compatibilizándolo con los estudios) afirman con mayor frecuencia perseguir objetivos concretos con el dinero de que disponen en sus cuentas (Gráfico 5).

El dinero con el que cuentan los jóvenes que estudian y no obtienen ingresos del trabajo proviene de diferentes fuentes. Es poco habitual que perciban dinero por llevar a cabo determinadas tareas domésticas o familiares, o por obtener buenos resultados en los estudios; llama, no obstante, la atención que los entrevistados varones extraigan, en mayor medida que las entrevistadas, ingresos por ambos conceptos (Gráfico 6). Más frecuente, pero también minoritaria, es la percepción de una paga periódica. Menos de la mitad de los jóvenes que se dedican exclusivamente a estudiar reciben una paga, bien semanal (15%), bien mensual (27%). (Gráfico 7). Cabe destacar que a casi la mitad de los entrevistados que estudian (como actividad exclusiva o compartida con algún empleo) y no reciben una paga (46%) les gustaría recibirla. Mientras las “pagas por méritos” (tareas domésticas/familiares o buenas calificaciones) y las “pagas periódicas” no se hallan muy extendidas, sí lo están las “pagas extraordinarias”, que los jóvenes perciben por sus aniversarios o en fechas señaladas. El 50% de las entrevistadas y el 39% de los entrevistados afirman recoger dinero en tales ocasiones “siempre/casi siempre”, y más de un tercio de ellas y de ellos reconoce recibirlo “algunas veces” (Gráfico 8).

La mejor aproximación a la intensidad de ahorro de los jóvenes la ofrece una pregunta en la que se solicita a los entrevistados que trabajan y a los que reciben una paga periódica que indiquen la proporción aproximada de su salario/asignación que ahorran. El 48% de los que trabajan contesta que ahorra la mitad o más. Algo más bajo (42%) es el porcentaje de los entrevistados no perceptores de salario que dicen ahorrar al menos la mitad de su paga. En cambio, los que confiesan no ahorrar nada de su salario o de su paga se sitúan alrededor del 6-7%. La composición del hogar marca diferencias importantes a este respecto. El 60% de los jóvenes que viven con sus progenitores afirma ahorrar la mitad o más de su salario/paga, proporción que dobla holgadamente a la de quienes viven en un hogar sin ninguno de sus progenitores (28%). La encuesta confirma que vivir en el hogar familiar facilita el ahorro de los hijos (Gráfico 9).

Pero la convivencia con los progenitores no solo posibilita más el ahorro, sino también procura un espacio de aprendizaje de experiencias, actitudes y hábitos en relación con el uso y la administración del dinero. De hecho, el 78% de las encuestadas y el 70% de los encuestados se refieren a la familia como la institución que más les ha enseñado “en cuestiones relacionadas con el manejo del dinero” (Gráfico 10). A la escuela le conceden los entrevistados mucha menos importancia como fuente de aprendizajes financieros. De hecho, el 77% niega haber tratado “alguna vez, en clase”, con los profesores, cuestiones concernientes a la gestión del dinero propio. Y entre los que afirman haberlo hecho (23%), más de la mitad (61%) considera que el tiempo dedicado en clase a esos temas ha sido escaso.

En esta apreciación de la familia como agente principal de socialización financiera destacan, además de las entrevistadas, quienes viven con ambos progenitores (78%), así como también quienes se consideran muy estudiosos (81%) o perciben su futuro con optimismo (80%). Es significativo que la segunda respuesta más frecuente a la pregunta sobre quién les ha proporcionado más saberes de carácter financiero sea “nadie”: una sexta parte de los entrevistados (17%) opina que nadie le ha proporcionado enseñanzas sobre cómo gastar y ahorrar, opinión más frecuente entre los varones (20%) que entre las mujeres (14%).

Dentro de las familias, las madres cobran especial protagonismo en materia de educación financiera. Así se infiere de los resultados a una pregunta en la que se requiere de los entrevistados que identifiquen a la persona que, en asuntos relacionados con la gestión de dinero, representa para ellos “un ejemplo a seguir”. La respuesta más frecuente es “mi madre” (38%), con un porcentaje notablemente por encima de la referida al padre (25%) o a los abuelos (7%). La referencia a la madre es la más frecuente tanto entre las entrevistadas como entre los entrevistados, si bien alcanza un porcentaje más alto en el primer caso (42%) (Gráfico 11).

La madre aparece también como la respuesta más citada cuando los entrevistados han de señalar a quién pedirían consejo sobre lo que hacer si recibieran “de manera imprevista una cantidad relevante de dinero, más de 3.000 euros”. La respuesta más frecuente es “a mi madre” (40%), si bien la ventaja respecto a la respuesta “a mi padre” es muy pequeña. Entre las entrevistadas (sobre todo, las que cuentan entre 18 y 24 años) la referencia a la madre es más destacable que entre los entrevistados, cuya respuesta más frecuente es “nadie” (Gráfico 12).

En síntesis, de acuerdo con los resultados de la EEF-Funcas 2022, los jóvenes españoles se consideran más ahorradores que estudiosos y ordenados, incluso que extrovertidos. Casi todos tienen cuentas bancarias propias, de cuyos movimientos están al tanto. Pero pocos guardan en ellas dinero para fines específicos; la mayoría lo hace para lo que cabría denominar “consumos contingentes”. Parece, por tanto, que aunque no planifican sus finanzas, sí les gusta ahorrar. Asimismo piensan que lo que saben sobre el manejo del dinero lo han aprendido de su familia, en particular, de sus madres y padres, a quienes tienen mayoritariamente como referencia en asuntos relacionados con la economía y las finanzas, y a quienes muchos pedirían consejo en circunstancias tales como las de recibir inesperadamente una suma importante de dinero. Y es a las madres, en particular, a quienes destacan como figuras clave en estas cuestiones.

Sirva como conclusión de este breve análisis de la EEF-Funcas2022 el último párrafo de uno de los artículos publicados en el número 35 de Panorama Social, monográfico recientemente publicado bajo el título “La educación financiera en España: balance y perspectivas”:

Los programas de educación financiera que no tienen suficientemente en cuenta la importancia y el valor específico de la familia como espacio de aprendizaje corren el riesgo de desperdiciar esfuerzos formativos. Las madres y los padres deberían ser destinatarios preferentes de tales programas, reconociéndoles, en primer lugar, su protagonismo en la socialización financiera, tratando de mejorar sus competencias en esta materia y enseñándoles a ponerlas en práctica. Los centros educativos podrían convertirse en instituciones intermediarias fundamentales en este proceso (por ejemplo, a través de las Escuelas de Padres y Madres, con las que muchos de ellos ya cuentan para diversos fines) y contribuir así más eficazmente que en la actualidad a la educación financiera de la sociedad.^[1]

^[1] La comprobación de discrepancias sustanciales en las pautas de respuesta entre los entrevistados de nacionalidad (única) española y el resto de entrevistados ha aconsejado limitar el análisis aquí presentado a los primeros. La muestra sobre la que se hacen afirmaciones se refiere, por tanto, a los 1.108 entrevistados de nacionalidad (única) española.

^[2] Chuliá, E., Garrido, L. y Miyar, M. (2022). Familia y socialización financiera: una aproximación empírica al caso español, Panorama Social 35, 137-154.

Más resultados de la Encuesta de Educación Financiera Funcas

(EEF-Funcas 2022)

Percepción del futuro: más optimistas que pesimistas

El 55% de los entrevistados (18-29 años) ven su “futuro en el corto y medio plazo (5-10 años)” con optimismo, triplicando la proporción de quienes lo ven con pesimismo (un 28% opta por la respuesta “ni con optimismo ni con pesimismo”).
Un 50% de los entrevistados de 18 a 24 años y un 54% de los entrevistados de 25 a 29 años afirman que “en un futuro más o menos próximo” se imaginan “formando una familia propia, con hijos”. A la gran mayoría de los que cuentan entre 18 y 24 años (85%) le gustaría formar esa familia antes de los 31 años; y a casi todos (96%) de los que tienen entre 25 y 29 años, antes de los 35 años. Creen, sin embargo, que, “siendo realistas”, podrán formarla más tarde de lo que desean.

Criptomonedas: más fama que inversión

Un 91% de los entrevistados (18-29 años) ha oído hablar de las criptomonedas. De ellos, un 12% afirma haber invertido algún dinero en este medio digital de intercambio.
Entre quienes han invertido en criptomonedas, siete de cada diez (71%) han dedicado a ello menos de 501 euros. Aproximadamente una quinta parte (22%) afirma haber invertido entre 501 y 1.000 euros, y el resto (7%) ha invertido más de 1.000, pero menos de 3.000 euros.
El 61% de quienes no han invertido en criptomonedas conoce “personalmente” a alguien que sí lo ha hecho, pero solo el 14% de ellos afirma que si tuviera la posibilidad de “invertir algún dinero en criptomonedas”, lo haría.

Uso de medios de pago: el éxito de las aplicaciones móviles

El uso de medios de pago electrónicos se ha impuesto entre la juventud española: además de la preferencia por la tarjeta y el abono de compras mediante el móvil (véase arriba), el 90% de los entrevistados que dispone de cuenta bancaria afirma utilizar Bizum o alguna aplicación similar proveedora de servicios de pago.

Cuatro de cada diez entrevistados (40%) utilizan Bizum más de cinco veces al mes y casi dos de cada cinco (18%) lo hace más de diez veces.

Anexo: Encuesta de Educación Financiera Funcas 2022 (EEF-Funcas2022): datos descriptivos de la muestra.

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Reducción de la brecha salarial de género, con matices

septiembre 16, 2022

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El próximo Día Internacional de la Igualdad Salarial, el tercero desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera instituirlo a partir de 2020, se celebra en un contexto laboral menos marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19 que por el acelerado aumento de los precios. Preocupa, en particular, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el consiguiente deterioro de las economías domésticas y de la calidad de vida de las familias. Pero también preocupan las dificultades que muchos trabajadores –sobre todo, hombres y mujeres con escasa cualificación laboral– están teniendo para recuperar el empleo tras la pandemia; dificultades que coexisten con las de numerosas empresas (no solo las high-tech, sino también las low-pay) para encontrar la mano de obra que precisan.

Desde luego, hay razones para la inquietud ante las desigualdades en el mercado de trabajo y para la reivindicación de “mercados laborales más inclusivos”, por citar el título del recientemente publicado informe anual sobre el empleo de la OCDE (Employment Outlook 2022). Llama, sin embargo, la atención que, en el capítulo introductorio de este informe, la OCDE fije la atención en los jóvenes, los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y las minorías étnicas como los grupos más vulnerables del mercado de trabajo. Son ellos los que han sufrido más severamente los efectos económicos de la pandemia y los que ahora pueden verse más perjudicados por el shock inflacionario. Ni esas primeras páginas que recogen la posición editorial de la OCDE ni el resumen ejecutivo del informe hacen referencia a la brecha salarial de género. Diríase que, desde 2020, esta ha perdido relevancia respecto a otras brechas laborales.

Lo cierto es que la brecha salarial de género, tal como la mide Eurostat^[1], ha disminuido en buena parte de los países de la Unión Europea durante la última década. En España, de acuerdo con esa misma fuente, el descenso ha sido notable: en el año 2020 (últimos datos disponibles) el salario medio bruto por hora trabajada de los hombres superaba en un 8,5% al de las mujeres, la mitad que en 2011 (16,8%) (Gráfico 1). Esa diferencia salarial de 8,5% a favor de los hombres sitúa a España en una posición no solo mejor que las ocupadas por Alemania (17,3%), Francia (15,3%) y los Países Bajos (13,1%), sino también por otros países que constan como muy igualitarios en cuestión de género, como Dinamarca (13,4%) o Suecia (10,5%). Brechas salariales de género más reducidas que la española pueden encontrarse, sin embargo, en países como Luxemburgo (0,8%) e Italia (5,5%), pero también en otros con economías menos desarrolladas, como Polonia (4,8%) y Rumanía (1,2%) (Gráfico 2).

Los datos de la OCDE, que utiliza una medida de la brecha salarial de género algo distinta^[2], también colocan a España, en 2021, en una posición relativamente favorable respecto a la media de la UE y a otros países europeos. No obstante, ponen de manifiesto una diferencia muy significativa, de 20 puntos porcentuales (pp), entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En el ámbito del trabajo autónomo, la brecha salarial de género se triplica largamente (Gráfico 3).

Retomando los datos de Eurostat y con la mirada puesta en España, se observa una diferencia considerable entre las brechas salariales de género del sector privado (13,9%) y del sector público (8,2%). Habida cuenta de que las Administraciones Públicas están sujetas al principio de igualdad retributiva, las diferencias salariales en el sector público solo pueden deberse a las diferencias en las características medias de los empleados y de las empleadas. Con todo, esa distancia de 5,7 pp entre las brechas salariales de género en el sector privado y en el público es menor que la registrada en Países Bajos (8,2 pp), Italia (12,4 pp) o Alemania (13,2 pp) (Gráfico 4).

Por otra parte, en España las mayores brechas salariales de género se registran en el sector sanitario y de trabajo social, y en el de actividades profesionales, científicas y técnicas; y las brechas más reducidas, en el sector del transporte y almacenamiento, y en de hostelería y restauración. Ahora bien, desde una perspectiva comparada, España destaca por su reducida brecha salarial de género en dos sectores: el de la información y comunicación (8,6%) y el de las finanzas y los seguros (13,2%). Como en otros países, la brecha salarial de género en la construcción es negativa (la retribución media por hora de las mujeres es superior a la de los hombres), lo que se explica por el hecho de que los varones empleados en este sector ocupan masivamente puestos de trabajo menos cualificados (sobre todo, de operarios) (Gráfico 5).

Una particularidad interesante del caso español se advierte al analizar las brechas salariales de género por grupos de edad. En la mayoría de países, la brecha salarial de género tiende estrecharse a medida que disminuye la edad de los trabajadores, pero en España esta relación se manifiesta de una manera más ostensible. De hecho, entre los trabajadores menores de 25 años la brecha salarial de género es negativa, y entre los que cuentan entre 25 y 34 años, apenas llega al 1% (Gráfico 6).

A la luz de lo expuesto hasta aquí, cabe pensar que en España hemos reducido significativamente la brecha salarial de género en los últimos años y, además, nos encontramos en una senda muy prometedora, toda vez que entre las cohortes más jóvenes esta brecha ha desaparecido prácticamente.

A este respecto es preciso, no obstante, hacer dos observaciones. En primer lugar, los datos de Eurostat dan cuenta de la brecha salarial de género en empresas de 10 o más empleados, por lo que dejan fuera de la estimación a cerca de un 40% de la población empleada en España. Es probable que en esas empresas de menor tamaño se registren brechas salariales de género mayores que en las empresas grandes, en cuyo caso los datos de Eurostat estarían infravalorando la realidad. En segundo lugar, si bien entre los jóvenes se reduce muy significativamente la brecha salarial de género, no podemos pasar por alto que los salarios medios son inferiores a la media en esos grupos de edad (compuestos precisamente por los hombres y las mujeres que se encuentran en la fase de emancipación de la familia de origen y de desarrollo de sus propios proyectos familiares). En esas circunstancias, la consecución de una mayor igualdad salarial no puede ser concebida ni celebrada como un éxito social.

^[1] Diferencia entre la retribución media (bruta) por hora de los hombres y de las mujeres, en porcentaje de la retribución media (bruta) por hora de los hombres. El cálculo incluye solo a trabajadores en empresas con 10 o más empleados. Sobre el método de estimación y clasificación de las brechas salariales de género publicadas por Eurostat, véase Leythienne, D. y Pérez-Julián, M. (2022). Gender pay gaps in the European Union. A statistical analysis. Revision 1. 2021 Edition. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

^[2] Diferencia entre la retribución mediana de los hombres y las mujeres en relación al salario mediano de los hombres (distinguiendo entre trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo, por un lado, y trabajadores autónomos, por otro).

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Percepción de la propia salud en tiempos de pandemia: la renta importa, pero en España menos que en otros países europeos

septiembre 9, 2022

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La pandemia no ha afectado significativamente a la percepción de los españoles sobre su propia salud, pero sí ha traído consigo una ligera reducción del porcentaje de personas que la califican como “muy buena” o “buena”. En 2020 el 73% de la población de 16 o más años calificaba así su salud, solo 2,3 puntos porcentuales (pp) menos que en 2019. En 2021 el porcentaje ha caído dos pp adicionales situándose en 71,2%, la cifra más baja de la última década (2012-2021) (Gráfico 1).

Así pues, según el último dato disponible, siete de cada diez individuos adultos que viven en España están satisfechos con su estado de salud. Esta proporción es superior a la de Alemania (63,2%) y coincide prácticamente con las de los países nórdicos: Dinamarca (67%), Finlandia (70,1%) y Suecia (72,4%) (Gráfico 2).

En todos los países sobre los que se han publicado datos, el porcentaje de mujeres que perciben su salud como muy buena o buena es más bajo que el de los hombres (Gráfico 3). Esta diferencia asciende en España a 5,5 pp (68,5% de las mujeres y 74% de los hombres), una brecha ligeramente mayor que las observadas en Alemania y los países nórdicos.

Las diferencias son más notables cuando se divide la población por quintiles de renta. En España, aproximadamente dos tercios de las personas (65,2%) incluidas en el 20% de ingresos más bajos (primer quintil) perciben su salud como muy buena o buena. Este porcentaje es más alto que los correspondientes en Alemania (51,4%), Finlandia (57%), Dinamarca (57,9%) y Suecia (62,8%) (Gráfico 4).

Por el contrario, cuando se pone el foco en la población más acomodada (último quintil), el porcentaje de españoles que califican su salud como muy buena o buena es similar al que registran alemanes (78%), daneses (81,5%), suecos (81,9%) o finlandeses (82,1%) (Gráfico 4). Por tanto, las diferencias entre la salud autopercibida de los grupos de población más ricos y más pobres son menos significativas en España que en la mayoría de los países europeos. Que una proporción comparativamente alta de la población española con menores ingresos esté satisfecha con su salud es, sin duda, una buena noticia que merece ser destacada. Al fin y al cabo, la percepción de la propia salud es un indicador de bienestar, que, junto con otros muchos, debería tenerse en cuenta en los análisis de la desigualdad social. Ahora bien, si se analizan más detenidamente las diferencias dentro de los quintiles de renta, cabe resaltar que la brecha de género es mayor en el grupo que reúne a las personas más desfavorecidas económicamente. Así, el 70% de los varones del primer quintil califican su salud como muy buena o buena, mientras que esta misma opinión solo la manifiestan el 60,9% de las mujeres del mismo quintil (Gráfico 5). En el grupo de mayor renta (quinto quintil), las diferencias son mucho menores (el 81% de los hombres y el 79,1% de las mujeres están satisfechos con su salud).

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Aumentar la actividad y reducir el paro, objetivos para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad

septiembre 7, 2022

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La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020)^[1] muestra, como ya hicieron las dos anteriores (1999 y 2008), una integración muy pobre de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si centramos la atención en las personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), su número —estimado en 1,58 millones— representa un 37% de todas las personas con discapacidad (4,32 millones). Es una cifra más alta que la que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2008 (1,47 millones)^[2]. Ahora bien, las tasas de prevalencia de personas con discapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantienen en un nivel parecido, en torno al 5% (5,2 % en 2020, 4,9% en 2008, y 5,1% en 1999). Por tanto, aunque la cantidad de personas con discapacidad en esa franja etaria ha aumentado, también lo ha hecho la población en edad laboral.

Como cabría esperar, las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral (Gráfico 1). Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. Llama asimismo la atención que, aunque en la juventud la prevalencia de discapacidad de las mujeres es proporcionalmente menor que la de los hombres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con discapacidad supera al de los hombres, sobre todo, a partir de los 65 años.

De los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral, en 2020-2021 estaban trabajando 370 mil (192 mil mujeres y 178 mil hombres), mientras que 160,4 mil buscaban empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad^[3] asciende a 33,5%, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población (una distancia que entre los hombres todavía se agranda). Una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde, sin duda, a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren. Al fin y al cabo, la mayoría de quienes están en edad laboral y no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propia discapacidad (así lo hacen el 53,1% de las mujeres y el 75,2% de hombres). Pero es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez.

Aun cuando en términos absolutos las mujeres con discapacidad tienen más presencia en el mercado de trabajo que los hombres, no solo sus respectivas tasas de actividad, sino también de empleo y paro son muy similares (Gráfico 2). Que la tasa de empleo de las personas con discapacidad^[4] (23,4%) represente aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%) puede responder a las restricciones que impone la propia discapacidad. En este sentido, entre las personas con discapacidad que, teniendo experiencia laboral, han dejado de trabajar, el 43% declara haberlo hecho por la aparición o el agravamiento de su discapacidad, sin apenas diferencia alguna entre mujeres y hombres (Gráfico 3). Ahora bien, la reducida tasa de empleo también puede deberse a las reservas de las empresas a contratar a estas personas, dadas las dificultades de los empleadores para conocer la capacidad de estos demandantes de empleo para desempeñar su trabajo; es decir, para anticipar en qué medida su discapacidad afecta a su productividad. Disminuir el impacto de este problema de información de las empresas podría mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A esa mejora también podría contribuir el aumento de los niveles educativos de estas personas; de hecho, las personas con discapacidad que no trabajan, pero están buscando empleo, presentan un nivel educativo más bajo que las que están trabajando, aunque claramente más alto que el de las que no trabajan ni buscan trabajo (Gráfico 4).

Visto desde otro ángulo, es preocupante que la tasa de paro de las personas con discapacidad^[5] (30,2%) doble a la de la población total (15,6%) ¿Cómo están buscando empleo esos 160,4 mil hombres y mujeres con discapacidad que quieren trabajar y no encuentran dónde? El 60,8% de ellas y el 67,5 % de ellos utilizan a amigos o conocidos como principal método de búsqueda de empleo, proporciones considerablemente más elevadas que las de aquellos que afirman recurrir a los servicios públicos de empleo (SEPE). La preferencia por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, habida cuenta de que resulta más prometedora: el 38,2 % de las mujeres y el 38,9% de los hombres con discapacidad que trabajan, afirman haber encontrado su empleo a través de contactos con familiares y amigos, mientras que solo el 4,6% de ellos y el 4,4% de ellas lo encontraron mediante el SEPE (Gráfico 5).

Los resultados de la EDAD-2020 ponen de relieve la importancia de la red familiar y de amigos en la búsqueda de empleo. Cabe pensar que las personas con discapacidad que no trabajan deseando hacerlo cuentan con redes familiares y de amigos más débiles, por lo que, además de carecer de empleo, una vía fundamental de integración social, probablemente padezcan en mayor medida soledad. De ahí que este colectivo merezca una atención especial de los servicios públicos de empleo y, también, el despliegue de medidas de integración laboral de las que se puedan beneficiar. Téngase en cuenta que según la EDAD-2020, solo el 18,4% de las personas con discapacidad —es decir, unas 70.100— afirman haberse beneficiado de estas medidas (Cuadro 1).

En resumen, queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que intentar que el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo –un colectivo cuya magnitud hoy día desconocemos, pero que cabe suponer significativo– sea lo más pequeño posible; es decir, que las personas con discapacidad inactivas se circunscriban a aquellas que no pueden o no quieren ocupar un puesto de trabajo. En segundo lugar, es deseable que el paro entre la población con discapacidad se sitúe en tasas cuando menos equiparables a las de la población total.

Estos son actualmente los grandes problemas de la población con discapacidad en edad laboral. No lo es, en cambio –y esto es una buena noticia– la discriminación en el puesto de trabajo: casi nueve de cada diez personas con discapacidad ocupadas (88%) no han experimentado sentimientos de discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Y quienes afirman sufrirla “muchas veces” o “constantemente” representan un 1,2% (Gráfico 6). En definitiva, a la luz de los datos de la EDAD-2020, se puede decir que la sociedad española trata adecuadamente a las personas con discapacidad que han conseguido una ocupación, pero probablemente desconoce y desatiende a quienes, deseándola, no la alcanzan.

Este análisis representa un primer resultado del proyecto de investigación financiado por Funcas “Envejecimiento, discapacidad y participación laboral”.

^[1] Los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto de 2020 y octubre de 2021, han sido publicados en abril de 2022. La muestra se compone de aproximadamente 67.500 viviendas.

^[2] Que, a su vez, era mayor que la que arrojó la Encuesta en 1999 (1,34 millones). Estimaciones a partir de las correspondientes encuestas de discapacidad, también realizadas en su momento por el INE aplicando las mismas definiciones internacionales estandarizadas. Véase Malo, M.Á., Dávila, C.D., y Pagán, R. (2009). “Hacia la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad”, en J.M. Zufiaur (coord.), Los retos de la igualdad en el trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, 325-350.

^[3] Cociente de la suma de las que están ocupadas y las que, no estándolo, buscan empleo, entre el total de personas con discapacidad de 16 a 64 años.

^[4] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral ocupadas y la población total en edad laboral.

^[5] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral desempleadas y el de personas con discapacidad en edad laboral activas.

La pandemia desploma los nuevos matrimonios, en descenso desde hace medio siglo

mayo 31, 2022

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En 2020 España registró el menor número de matrimonios de diferente sexo desde 1975: 87.481. El descenso respecto al año anterior (-46%) fue mayor que el registrado en Alemania (-10%), Países Bajos (-21%), Suecia (-22%) o Francia (-34%), pero no muy diferente del que se verificó en otros países del sur de Europa (Italia: -47%; Portugal: 43%). Con todo, la caída más abrupta se observó en Irlanda (-53%).

Antes de 2020, el año en el que en España se registraron menos matrimonios fue el 2013, cuando, todavía inmerso en la crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, el país alcanzó el máximo histórico de personas desempleadas (más de 6 millones). Por el contrario, 1975 fue el año de toda la serie disponible en el que se contrajeron más matrimonios: 271.347. Por tanto, en 2020 se celebraron poco más de la mitad de matrimonios que en 2013, y menos de un tercio que en 1975. Ciertamente, los nuevos matrimonios presentan una evolución muy dependiente del ciclo económico, cayendo en periodos recesivos y aumentando en periodos expansivos, pero, por encima de estas oscilaciones, destaca la solidez de la tendencia decreciente (Gráfico 1).

Dejando al margen 2020, un año extraordinario por las restricciones que la pandemia provocó en la vida social, se observa que durante el quinquenio que transcurre entre el final de la crisis económico-financiera y el inicio de la pandemia (2015-2019), el número anual medio de matrimonios (166.000) se quedó muy por debajo de la media anual del quinquenio previo a la crisis (2003-2007): 208.000. Aun teniendo en cuenta que las cohortes de jóvenes en edades típicamente nupciales eran en 2003-2007 más voluminosas que en 2015-2020, cabría afirmar que la nupcialidad todavía no se había recuperado de la crisis económica cuando la pandemia le asestó otro duro golpe.

La caída de los matrimonios también se aprecia con toda claridad cuando se pone en relación con la población. La tasa bruta de nupcialidad (matrimonios por 1.000 habitantes) era en los años previos a la pandemia (3,5-3,7) aproximadamente la mitad de la registrada a mediados de los años setenta del siglo XX (7,2-7,3), cayendo en 2020 por debajo de 2 (1,91) (Gráfico 2).

Ese mismo indicador (tasa bruta de nupcialidad) permite observar el descenso generalizado de los matrimonios en Europa durante el último medio siglo (Gráfico 2), un descenso que ha sido menos intenso en Alemania, y más acusado, en Portugal, pero que se constata en todos los países. Desde principios de este siglo también ha descendido la proporción de primeros matrimonios (sobre el total de matrimonios contraídos). En España, por ejemplo, hasta el año 2000 los primeros matrimonios representaban entre el 95 y el 99% de todos los que se celebraban; a partir de entonces, el porcentaje fue reduciéndose hasta quedarse en el entorno del 80% en los últimos años. En otros países europeos con tradición católica, como Italia, Portugal e Irlanda, se observan descensos de similar intensidad en las primeras nupcias. En definitiva, en todos estos países, hoy día se casa mucha menos gente soltera, pero lo hace mucha más gente que ya estuvo casada.

La caída de la nupcialidad representa, por tanto, un fenómeno muy extendido en las sociedades occidentales que, en general, obedece a una reducción de los incentivos tanto institucionales como socioculturales al matrimonio. Por una parte, la condición de casado/a ya no es imprescindible para acceder a determinados servicios y prestaciones que tradicionalmente la requerían (como la pensión de viudedad, cuya importancia como recurso básico de supervivencia, además, ha disminuido en las sociedades con elevadas tasas de participación laboral de hombres y mujeres y en las que se ha impuesto el modelo de familia con dos perceptores de ingresos). El matrimonio tampoco es condición necesaria para asegurar a los hijos el ejercicio pleno de sus derechos (entre ellos, la pensión de orfandad). Por otra parte, las sociedades occidentales no estigmatizan (o lo hacen en mucha menor medida) a las personas (y, en particular, a las mujeres) que a lo largo de su vida tienen distintas parejas (incluso cuando comparten con ellas el hogar). Contar con diversas experiencias de pareja a lo largo de la propia biografía se percibe socialmente como una manifestación del ejercicio de la libertad individual y de la legítima búsqueda de la felicidad personal.

Así pues, la pérdida de importancia del matrimonio en la sociedad española es evidente. Ha dejado de entenderse como un rito de paso crucial para la emancipación de la familia de origen y la formación de una propia. No obstante, esta afirmación se circunscribe a las parejas heterosexuales, ya que entre personas del mismo sexo el matrimonio sigue una tendencia ascendente (más ostensible entre las mujeres, cuyo número de matrimonios supera desde 2018 al de los hombres) (Gráfico 3). También las bodas entre personas del mismo sexo cayeron en 2020 (36% en el caso de las mujeres y 40% en el caso de los hombres), pero menos que las celebradas entre personas de diferente sexo (46%). No hay que olvidar, sin embargo, que los matrimonios homosexuales (de ambos sexos) representaron en 2020 algo menos del 4% de todos los que se registraron ese año.

Available in english: Focus on Spanish Society.

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Hacia hogares más reducidos… ¿y familias más individualizadas?

mayo 13, 2022

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Desde 1994, cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, tal como acordó la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) un año antes. La celebración de este día ofrece la oportunidad de cobrar conciencia sobre una institución que la propia ONU define como “la unidad básica de la vida social”, pero que tendemos a dar por supuesta, como si su existencia y capacidad funcional estuvieran aseguradas en todas las sociedades en el pasado, en el presente y en el porvenir.

Esta confianza generalizada en la solidez institucional de la familia no debería llevar a pasar por alto o infravalorar los cambios que se suceden en ella. Una instancia en la que se pueden observar algunos de los cambios más fundamentales que experimentan las familias es el hogar. En la medida en que las familias se distribuyen y organizan en hogares, conocer la composición de estos últimos permite aproximarse a las estructuras del sistema familiar de un territorio determinado.

A propósito de la publicación de las estadísticas europeas sobre composición de los hogares (basadas en las Encuestas de Población Activa que se llevan a cabo en todos los Estados miembros), Eurostat ha destacado el aumento en la Unión Europea, durante la última década, de los hogares sin niños/jóvenes (económicamente dependientes), y en particular, de los hogares unipersonales. Como se aprecia en los Gráficos 1 y 2, España se encuentra en ese grupo mayoritario de países en los cuales se han verificado estos aumentos.

En concreto, los hogares sin niños/jóvenes^[1] han aumentado del 69,9% (2012) al 72,4% (2021), un 8,1% más (sobre el total de hogares), de manera que actualmente en más de siete de cada diez hogares de España no hay niños/jóvenes. Incluso en aquellos países donde este tipo de hogar está menos extendido (por ejemplo, Irlanda y Eslovaquia), la proporción de hogares sin niños/jóvenes supera los dos tercios (Gráfico 1).

En cuanto a los hogares unipersonales, su crecimiento en España ha sido más acusado, pasando de 23,6% a 26,6% ( 18%, también sobre el total de hogares) entre 2012 y 2021. Por tanto, en 2021, de todos los hogares contabilizados en España (aproximadamente 18,9 millones), algo más de uno de cada cuatro eran unipersonales; una proporción significativa, que, no obstante, en comparación con las que registran los países nórdicos y bálticos –y también los Países Bajos (43,4%), Alemania (41,4%) o Francia (40,9%)– parece moderada (Gráfico 2).

En definitiva, los hogares que en los últimos años más han aumentado en toda Europa son aquellos que no encajan en la idea que históricamente evoca el concepto de familia: la formada por padres y madres de hijos con edades comprendidas en la infancia, adolescencia o primera juventud que conviven bajo un mismo techo. España no es una excepción: los unipersonales constituyen ya la categoría más extendida en el conjunto de hogares (Gráfico 3). De hecho, la proporción de hogares unipersonales (26,6%) queda solo ligeramente por debajo de la proporción resultante de la suma de todos los tipos de hogar en los que viven niños/jóvenes (27,5%).

Centrando ahora la atención en los hogares en los que viven niños/jóvenes (dependientes), en toda la Unión Europea la mayoría de ellos responde al modelo de familia nuclear (una pareja con hijos), pero una parte no desdeñable está formada por hogares con un solo adulto o con varios adultos que no constituyen una única pareja. En España, si bien los hogares en los que conviven un solo adulto y uno o varios niños/jóvenes representan una proporción pequeña de todos los hogares (2,5%), la importancia que este tipo de hogares ha adquirido en la demografía familiar salta a la vista cuando, tomando como unidad de análisis a los hijos/hijas, se calcula la parte de ellos que no conviven con alguno de sus progenitores.

El Gráfico 4 representa los porcentajes de niños de 0 a 16 años residentes en hogares familiares de España que se encuentran en esa situación, calculados a partir de las Encuestas de Población Activa de los cuatro trimestres de 2021. La proporción asciende al 18% de todos los niños de esas edades. Es decir, en España casi uno de cada cinco niños no convive regularmente con alguno de sus progenitores. Las diferencias por comunidades autónomas son ostensibles, con Canarias a la cabeza (26%), y Extremadura en la cola (14%). También se aprecian diferencias significativas entre las comunidades cuando se tiene en cuenta la edad de los hijos, con algunas particularidades llamativas (por ejemplo, el elevado porcentaje de bebés que en Canarias y en la Comunidad de Andalucía no conviven de forma continuada con alguno de progenitores) (Gráfico 5).

Preguntas necesarias

Así pues, en España, como en la mayoría de los países europeos, los hogares sin hijos en la infancia, adolescencia o juventud ganan presencia, al tiempo que los hogares en los que sí están presentes diversifican su composición. Ciertamente, la mayoría de los hijos conviven con ambos progenitores, pero hay muchos que lo hacen solo con uno de ellos.

¿En qué medida afectan fenómenos como los aquí esbozados a la solidez institucional de las familias y su capacidad de mantener la condición de “unidad básica de la vida social”? ¿Debería preocuparnos como sociedad que los hogares unipersonales sean casi tantos como los hogares en los que viven niños y jóvenes (con uno o varios adultos)? ¿Deberíamos aceptar estas y otras evidencias indicativas del profundo cambio familiar que se ha producido en España (y en otros países de nuestro entorno) como un reflejo de la ineludible realidad, como un progreso hacia una mayor independencia y libertad individuales o como un síndrome perturbador de nuestro tejido social? Por difícil que resulte abordarlas, estas son preguntas que invitan a reflexionar en el Día Internacional de la Familia y que, en una sociedad que aspire a diseñar y desarrollar un proyecto de futuro orientado al bienestar de toda la población, es necesario plantear en el debate público.

^[1] La categoría incluye a todas las personas de 0-17 años y a las de 18-24 años económicamente dependientes.

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Accidentes de trabajo en España: señales de vuelta a la preocupante situación prepandémica

abril 27, 2022

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La discusión sobre los accidentes de trabajo (ATR) en España no se libra de la dificultad que lastra el debate público en torno a muchos asuntos de interés social general: la exposición y la interpretación de los datos sobre siniestralidad laboral adolecen a menudo de un sesgo de selección, de manera que los datos se escogen, presentan y explican utilizándolos más bien como elementos ilustrativos o confirmatorios de ideas previas (“pre-juicios”) que como piezas de evidencia fundamentales para describir y analizar una realidad compleja, que evoluciona por efecto de muchos factores y precisa ser entendida antes que reprobada o celebrada.

Este sesgo da lugar a noticias que pueden resultar contradictorias, o cuando menos entorpecer que los ciudadanos conozcan y cobren conciencia del problema de la siniestralidad laboral en nuestro país. Por ejemplo, coincidiendo con la reciente publicación del informe de la Confederación Sindical de CCOO titulado Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2021, dos medios de comunicación publicaron sendas noticias, en un caso llamando la atención sobre el aumento de los ATR en una determinada Comunidad Autónoma, y en otro, subrayando la reducción de los ATR mortales en el mismo territorio.^[1] Aun siendo ambas informaciones ciertas, caben pocas dudas de que la lectura de sus titulares genera confusión sobre si, en cuestión de siniestralidad laboral, estamos mejorando o empeorando.

Lo primero que hay que dejar claro es que 2020 y 2021 son años atípicos por lo que se refiere a cualquier indicador relacionado con el empleo, también los que utilizamos para medir la incidencia de los ATR. Hacer afirmaciones fiables sobre la tendencia de los ATR en España requiere observar la evolución de estos indicadores durante el periodo previo a la pandemia, analizándolos en el contexto europeo.

De la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EUROSTAT) se desprende que, en el año previo a la declaración de la pandemia, España encabezó la lista de países europeos ordenados por la incidencia de ATR no mortales con bajas de más de tres jornadas (Gráfico 1). En concreto, registró casi 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, superando a Francia (3.406) y Portugal (3.284). La posición de España no destaca tan negativamente cuando se comparan los índices de incidencia de ATR mortales entre los Estados miembros (Gráfico 1). Con 3,3 accidentes laborales mortales por cada 100.000 empleados, España registró en 2019 un índice más bajo que otros países, como Luxemburgo (5,2), Francia (4,8) o Austria (3,5). No obstante, también este índice de incidencia le situó claramente por encima de la media de la Unión Europea.

Lo cierto es que la evolución de los ATR en España durante la década previa al inicio de la pandemia justifica la preocupación. Mientras que entre 2010 y 2019 la media de la Unión Europea muestra una tendencia decreciente de los ATR mortales y no mortales, los datos correspondientes a España se desvían de ella (Gráfico 2). Por una parte, el índice de incidencia de ATR con resultado mortal empeoró desde 2010. En ese año coincidía prácticamente con la media de la Unión Europea (2,87 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores), mientras que en 2019 ambos índices aparecían ostensiblemente distanciados (España: 3,27; UE-27: 2,17). Por otra parte, la diferencia entre los índices de incidencia de ATR no mortales también se agrandó durante ese periodo en detrimento de España, que en 2019 año rozó los 3.700 ATR por cada 100.000 trabajadores, aproximadamente 2.000 por encima de la media de la Unión Europea (1.713).

La comparación de los datos españoles y europeos permite afirmar que España se encuentra en una peor posición que otros Estados miembros, mostrando, además, una incidencia de ATR más dependiente del ciclo económico (con tendencia a aumentar en fases expansivas, y a reducirse en fases recesivas).

¿Qué ha ocurrido durante los dos primeros años de pandemia? El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece estadísticas de ATR en 2020 y 2021 que permiten responder a esta pregunta.^[2]

En el primer año de emergencia sanitaria (2020), el índice de incidencia del accidentes en jornada de trabajo cayó un 19% (de 3.020 a 2.455 por cada 100.000 trabajadores). Especialmente brusca fue la caída en el sector de la construcción (de 6.688 a 5.804 por cada 100.000 trabajadores). A pesar de la fuerte reducción de la incidencia de ATR, el índice de ATR mortales creció de 3,01 a 3,5 por cada 100.000 trabajadores.

En el segundo año de emergencia sanitaria (2021) se produjeron movimientos en la dirección contraria: los índices de incidencia de ATR aumentaron en todos los sectores (si bien manteniéndose por debajo de los registrados en 2019), mientras que, también en todos ellos, descendieron los índices de ATR mortales (aun cuando en algunos sectores, como la industria o los servicios, permanecieron por encima de los registrados en 2019).

Las series temporales de ATR por sectores productivos construidas a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran, entre otras cosas, que aunque entre los asalariados de los sectores de la industria y los servicios los índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo correspondientes a 2020 registraron los valores más bajos desde 2010, en los sectores de la construcción y agrario no ocurrió lo mismo (en el de la construcción, los índices más bajos se registraron entre 2012 y 2016, y en el sector agrario entre 2010 y 2018) (Gráfico 3). Por otra parte, solo entre los asalariados del sector agrario el aumento de la incidencia de ATR mortales en 2020 se tradujo en índices superiores a los registrados desde 2010. En definitiva, la pandemia y el despliegue de medidas para combatirla provocaron cambios muy significativos en materia de siniestralidad laboral, pero no todos ellos “sin precedentes”.

Con la recuperación de la producción económica y del empleo, la incidencia de los ATR vuelve aproximarse a la observada antes de la pandemia. Los datos de enero y febrero de 2022, disponibles en avance, muestran un fuerte aumento del número de ATR en jornada (respecto a los mismos meses de 2021) (Gráfico 4). En concreto, en esos dos primeros meses de 2022 han aumentado un 14% (de 70.672 a 80.236), acercándose a la cifra absoluta registrada en enero y febrero de 2020, los dos meses anteriores a la declaración de la pandemia (81.534). Mayor todavía ha sido el aumento en los ATR mortales, cuyo número creció en enero y febrero de 2022 un 31% respecto a los mismos meses del año anterior (de 90 a 118), superando incluso la cifra observada en enero y febrero de 2020 (96). Si, en lugar de las cifras absolutas de ATR, se presta atención a los índices de incidencia, se aprecia de manera todavía más clara el crecimiento de la siniestralidad laboral en los primeros meses de 2022 (concentrado en los sectores de la construcción y agrario).

Ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación de la nueva reforma laboral, de manera que cualquier valoración sobre sus efectos debería hacerse con mucha cautela. Pero, de momento, los datos de ATR de enero y febrero de 2022 no ofrecen respaldo al extendido argumento según el cual la disminución de la temporalidad del empleo (o precariedad) contribuiría a reducir, decisivamente, los accidentes laborales. Los datos que se irán conociendo a medida que avance 2022 permitirán averiguar si la nueva normativa ayuda a conseguir el objetivo, a buen seguro compartido por toda la sociedad española, de reducir la elevada siniestralidad laboral en nuestro país.

^[1] Los titulares de las noticias son los siguientes: “CCOO denuncia que los accidentes laborales en Cataluña crecieron un 21% en 2021” (La Vanguardia, 21/04/2022) y “Los accidentes de trabajo mortales se redujeron un 14,8% en Catalunya en 2021, según CCOO” (Europa Press, 21/04/ 2022).

^[2] Las estadísticas de 2021 solo están disponibles en formato de “avance”. Téngase en cuenta que las series temporales que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social no coinciden exactamente con las que proporciona Eurostat para España. Por ello, en esta nota se utilizan por separado, indicando siempre la fuente de procedencia de los datos para evitar confusiones.

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Estabilidad en el tamaño de la población, pese a fuerte decrecimiento natural

marzo 17, 2022

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Según los datos provisionales de población publicados por Eurostat, el número de defunciones en la Unión Europea superó al número de nacimientos en casi 1.140.000. Aunque la UE-27 se ha enfrentado desde 2013 a crecimientos naturales negativos de la población, la caída de 2020 ha sido, con diferencia, la más intensa (2,4 veces mayor que la registrada en 2019) (gráfico 1). En España, la pandemia también ha acentuado el decrecimiento vegetativo de la población documentado desde 2017, con una caída en 2020 2,7 veces mayor que la observada en 2019.

Dado que la inmigración a la Unión Europea también se redujo drásticamente en 2020 debido a la pandemia, a diferencia de los años anteriores, no consiguió contrarrestar el decrecimiento natural de la población. Así, a principios de 2021, la población de la UE-27 mostró un descenso de algo más de 312.000 personas (gráfico 2).

Muchos países europeos comenzaron 2021 con menos población que un año antes (entre ellos, Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía y Grecia), pero no España, cuya migración neta (aproximadamente 215.000 personas) contrarrestó su decrecimiento natural de población (aproximadamente 153.000 personas) (gráficos 2 y 3).

La población de España a 1 de enero de 2021 ascendía a 47.394.000 habitantes y es el cuarto país que más población aporta a la UE-27 —un 11%— después de Alemania (19%), Francia (15%) e Italia (13%). España también ocupa esta posición en el ranking de Estados miembros en cuanto a aportaciones al PIB de la UE (8%).

Sin embargo, España pertenece al grupo de países cuyas aportaciones a la UE en términos de PIB son inferiores a las de población. Por el contrario, Alemania, Francia, el Benelux, los países nórdicos, Austria e Irlanda destacan por mostrar tasas de contribución al PIB de la UE superiores a las de la población de la UE (gráfico 4).

Available in english: Focus on Spanish Society.

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