Casi dos millones de personas en edad laboral (1.946.800) en España tenían en 2023 reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%[1], lo que equivale al 6,2% de la población de 16 a 64 años, según datos del INE[2] (gráfico 1). A la luz de esta cifra, la actividad y el empleo de las personas con discapacidad no puede considerarse un asunto marginal ni cuando se piensa en su inclusión social ni cuando se habla del mercado laboral en su conjunto.
Se trata, de todas formas, de un colectivo muy heterogéneo, no solo en cuanto a su composición por sexo y edad, sino también respecto al tipo y el grado de discapacidad y las consecuencias que estos tienen en su integración social y laboral. La prevalencia de la discapacidad en las edades laborales (16 a 64 años) es algo mayor entre los hombres (6,9%) que entre las mujeres (5,5%), aunque la diferencia relativa se reduce con la edad (gráfico 1). El aumento de la tasa de discapacidad con la edad es claro, probablemente asociado a procesos de deterioro de la salud, condiciones laborales, accidentes o enfermedades crónicas que se agravan. La prevalencia es del 2,7% en el grupo de 16 a 24 años, aumenta hasta el 3,3% entre los 25 y los 44 años, y alcanza casi el 10% en el tramo de 45 a 64 años.
Una parte muy sustancial de la población de 16 a 64 años con discapacidad está fuera del mercado laboral. Mientras que la tasa de actividad de las personas sin discapacidad se situaba en el 78% en 2023, en el grupo con discapacidad descendía al 35%. Las casi 700.000 personas con discapacidad laboralmente activas suponen el 2,9% del total de la población activa en España. Las diferencias en la tasa de actividad entre los colectivos con y sin discapacidad son especialmente agudas en el tramo de 45 a 64 años, en el que el descenso en la actividad afecta mucho más al primer grupo (gráfico 2).
En todo caso, es notable la heterogeneidad con respecto a la actividad entre las personas con discapacidad. La tasa de actividad de quienes tienen una discapacidad relacionada con el sistema auditivo es bastante cercana a la de la población sin discapacidad (61%), pero las discapacidades mentales e intelectuales se asocian a tasas mucho más bajas (27% y 34%) y las físicas ocupan una posición intermedia. Como cabría esperar, el grado de discapacidad también se asocia sustantiva y negativamente con la actividad, de forma tal que en el segmento con un grado del 75% o superior la tasa se sitúa en el 11% (gráfico 3).
La asociación entre los tipos o los grados de discapacidad y la actividad no es de extrañar, vista la relación entre la discapacidad y la dependencia, indicativa de limitaciones sustanciales para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, que reducirían la disponibilidad para el empleo. La proporción de personas en situación de dependencia oficialmente reconocida alcanza al 47% de quienes tienen discapacidad intelectual, mientras que solo llega al 10% entre quienes presentan discapacidad sensorial (auditiva o visual). Entre quienes tienen un grado de incapacidad del 75% o más, el 70% está en situación de dependencia reconocida, frente al 4% de quienes se sitúan entre el 33% y el 44% (gráfico 4).
La particularidad de la integración laboral de las personas con discapacidad también queda patente en la diferencia de sus ingresos salariales con los de la población sin discapacidad. Según la operación estadística Los salarios de las personas con discapacidad del INE[3], las personas asalariadas con discapacidad perciben, en promedio, el 81% del salario anual de quienes no la tienen, con una menor distancia entre los más jóvenes (gráfico 5). La brecha es solo algo menor si se observan los salarios por hora trabajada (la cifra correspondiente es del 84%), lo que sugiere que parte de la diferencia en el salario anual se debe a un menor tiempo de trabajo. Un aspecto llamativo es que la brecha salarial de género, medida en términos del salario por hora trabajada, es menor en el colectivo con discapacidad que en la población sin discapacidad, y prácticamente desaparece en 2022 (gráfico 6).
La participación laboral y los ingresos de las personas con discapacidad continúan condicionados por una multiplicidad de obstáculos que, más allá de las limitaciones funcionales y de la situación de dependencia, tienen que ver también con factores organizativos, culturales y de accesibilidad que no siempre son insalvables. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, es una buena ocasión para recordar que apostar por su inclusión laboral es una responsabilidad de todos. Promoverla no solo favorece la inserción social de ese colectivo, sino que permite aprovechar plenamente sus capacidades, para beneficio propio y del conjunto de la sociedad.
[1] Personas
con un grado de discapacidad superior o igual al 33% y asimilados según el RD
Legislativo 1/2013.
[2] Véase la metodología de esta operación estadística aquí.
[3] Véase la metodología de esta operación estadística aquí.
