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El acoso escolar desde la perspectiva de las madres y los padres: experiencias, reacciones y temores

Las encuestas que indagan en el fenómeno del acoso escolar suelen dirigirse a los estudiantes1. Sin duda, su perspectiva sobre el fenómeno —sea como víctimas, perpetradores o testigos más o menos conscientes— es central en el estudio del acoso escolar, pero también lo es la de sus madres y padres, al fin y al cabo, los máximos responsables del bienestar de sus hijos. Son ellas y ellos quienes, en muchos casos, reciben noticia, directa o indirectamente, de los episodios de acoso que sufren sus hijos y también quienes, ante la sospecha o la evidencia de tales episodios, pueden tomar medidas decisivas, como las de solicitar al centro educativo la activación de los protocolos de acoso escolar o cambiar a sus hijos de colegio o instituto. Es, por tanto, importante obtener información sobre las percepciones, actitudes y comportamientos que genera el acoso escolar entre las madres y los padres de niños y adolescentes. Así lo ha hecho una reciente encuesta online de Funcas, realizada en septiembre de 2024 sobre una muestra de 1.200 madres y padres de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

El primer resultado destacable es la proporción de encuestados que creen que su hijo/a ha sido objeto de acoso escolar durante el pasado curso académico (2023/24)2. Cree, claramente, que lo ha sido un 7%, aunque cuando se añade a quienes lo consideran “probable”, el porcentaje se eleva al 15% (Gráfico 1a). No se aprecian diferencias ostensibles entre las respuestas que dan los padres y las que dan las madres; tampoco el sexo del hijo influye a este respecto (Gráfico 1b). Sin embargo, sí difieren las respuestas de los encuestados que afirman tener dificultades para llegar a fin de mes (“no consiguen llegar” o “llegan justos”) y de los que ahorran: entre los primeros, el porcentaje de quienes creen (“claramente” o “probablemente”) que su hijo/a ha sido objeto de acoso asciende al 19%, 10 puntos más que entre los segundos (Gráfico 1c). En cambio, la titularidad del centro en el que estudia el hijo o la hija por la que pregunta la encuesta no influye en esta cuestión: con independencia de que el centro sea público o privado (concertado o no), los porcentajes de encuestados que creen que su hijo/a ha sido acosado/a rondan el 15% (Gráfico 1d).


Entre los encuestados que creen “claramente” que sus hijos han sufrido acoso escolar, la mayoría de ellos concreta esta mala conducta en “insultos y/o burlas” (79%), pero más de la mitad (57%) señala que su hijo/a ha sufrido “aislamiento y/o exclusión”. En comparación con estas conductas, la violencia física resulta mucho menos frecuente (la señala el 18% de los encuestados). Aún más infrecuentes son los “comentarios y/o actos de tipo sexual”, que menciona el 14% (Gráfico 2).

Hasta donde los encuestados saben, las agresiones de las que su hijo/a ha sido objeto han tenido mayoritariamente lugar en el centro educativo o sus inmediaciones. Contestan en ese sentido casi siete de cada diez de encuestados (68%), mientras que una cuarta parte (26%) indica que el acoso se desarrolló tanto en esos espacios como a través de internet o aplicaciones de mensajería (Gráfico 3). No puede excluirse, en todo caso, la posibilidad de que las madres y los padres subestimen el uso de las redes sociales como vehículo de acoso escolar.


Casi todos los encuestados que creen que su hijo/a ha sido claramente víctima de acoso escolar en el curso 2023/24 (94%) contestan afirmativamente a la pregunta sobre si han comunicado la situación al centro escolar. En más de un tercio de estos casos (36%) declaran haber obtenido una respuesta rotunda del centro, que consideró que la información aportada era suficientemente grave como para activar el correspondiente protocolo de acoso. La dificultad de resolución de algunos casos se pone de relieve cuando se considera que, finalmente, hasta una cuarta parte (24%) de los padres tomó una decisión radical: cambiar de colegio al hijo o la hija que, según pensaban, había sido objeto de acoso.

Con todo, más de cuatro de cada diez encuestados (44%) que en el curso 2023/24 han albergado el convencimiento de que su hijo/a había sido acosado en la escuela declaran temer “mucho” o “bastante” que vuelva a serlo en el curso 2024/25. Este temor está mucho menos extendido entre quienes no creen que su hijo/a haya sufrido (“claramente”) acoso el pasado curso: solo el 12% expresa “mucho” o “bastante” temor a que sea acosado en el curso actual. 

En una sociedad con cada vez menos niños, el esfuerzo y la dedicación de las familias por asegurar el cuidado y bienestar de sus hijos se intensifica, consolidándose como norma social la expectativa de la infancia como un periodo de máxima  seguridad y protección. Para las madres y los padres adquiere especial importancia todo lo que sucede a sus hijos en cualquier espacio, y especialmente en aquellos sobre los que carecen de control o este es solo limitado. Es el caso de la escuela, en la que delegan a docentes y gestores educativos el cuidado de sus hijos a lo largo de muchos años, muchos meses al año y no pocas horas al día. Estudios recientes han puesto de relieve los efectos traumáticos y duraderos del acoso escolar en el bienestar emocional y psicológico3. Otros han recopilado evidencias que indican un aumento de la prevalencia de este fenómeno en los últimos años4. Desde luego, los temores que expresan muchas madres y muchos padres a través de diversos cauces, como el ofrecido por la encuesta Funcas aquí expuesta, pueden considerarse “reales”, aun cuando, por su volumen,  no ofrecen respaldo al argumento, sugerido en ocasiones por contenidos publicados en medios de comunicación y redes sociales, de que el acoso social es un problema social ampliamente extendido en nuestro sistema educativo.

Ficha técnica de la encuesta

• Trabajo de campo: del 6 al 24 de septiembre de 2024.

• Ámbito: territorio nacional peninsular e insular.

• Universo: padres y madres que convivan regularmente (durante al menos la mitad del mes) con algún hijo que estuviese matriculado en ESO o FP Básica en el curso 2023-2024.

• Selección de la muestra: panel de Imop y de Netquest. En ambos casos se realizó una selección aleatoria entre los panelistas que cumplían las características definidas para la investigación. El control del estudio depende de IMOP Insights.

• Tamaño muestral: 1.201 entrevistas (planificadas 1.200).

• Técnica: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop).Margen de error de muestreo: ±2,9 para p=q=50% y un nivel de significación del 95% para el conjunto de la muestra.

• Método de ponderación: los datos se ponderaron por las variables:

— Sexo x edad (2 x 2 grupos)

— Comunidad Autónoma (7 grupos)

— Tamaño de municipio (4 grupos)

— Nivel de estudios (3 grupos)

• Instituto responsable del trabajo de campo: IMOP Insights, S.A.

 1 Véase, por ejemplo, Díaz Aguado, M.J., Martínez-Arias, R., Díaz Falcón, L., Alvariño, M. (2023). Acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia (Informe del estudio realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, por impulso de la Fundación ColaCao, en colaboración con las Consejerías de Educación de 15 Comunidades Autónomas). Madrid: Fundación ColaCao.

 2 A los encuestados que afirmaron tener más de un hijo/a en la ESO, se les pidió que refirieran las preguntas del cuestionario a uno/a de ellos, seleccionado/a aleatoriamente por la aplicación del cuestionario.

 3 Véase el recientemente publicado estudio: Connaughton, M., Mitchell, O., Cullen, E. et al. (2024) Bullying and early brain development: A longitudinal structural magnetic resonance imaging study from adolescence to early adulthood, bioRxiv 2024.09.11.611600.

 4 Véase García-Martínez, S. y García-Zabaleta, E. (2024). El acoso escolar en España: revisión y análisis de los protocolos de actuación por comunidades autónomas, Contextos educativos, 33: 193-217. 

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Los estudiantes acceden a menos libros y más software educativo

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La OCDE acaba de publicar un paper de la serie PISA in Focus en el que analiza los cambios en la disposición de libros y software educativo de los jóvenes de 15 años entre 2015 y 2022. El estudio revela cómo la digitalización ha transformado el acceso a recursos educativos, configurando un nuevo panorama para el aprendizaje, con implicaciones tanto positivas como negativas para los estudiantes.

La disminución de libros en el hogar: un cambio gradual y significativo

Tradicionalmente, la cantidad de libros en el hogar se ha considerado un predictor clave del rendimiento académico y de la formación cultural de los estudiantes. Pues bien: desde 2015, el número de libros en los hogares de estudiantes de 15 años ha disminuido considerablemente en los 59 países y economías participantes. Según el informe, la proporción de estudiantes que tiene menos de 10 libros en casa aumentó del 19% en 2015 al 26% en 2022, una tendencia especialmente pronunciada en países de América Latina. Al mismo tiempo, los hogares con más de 100 libros se han vuelto menos comunes (gráfico 1).


La disminución del número de libros físicos en el hogar puede incidir negativamente en la formación cultural y académica de los estudiantes, si atendemos a la relación entre el número de libros en casa y el éxito académico y el desarrollo socioeconómico demostrada por investigaciones previas. Por ejemplo: un informe anterior también de PISA, Lectores del Siglo XXI, revela que los lectores más competentes suelen preferir leer en papel o equilibran el tiempo entre formatos impresos y digitales, optimizando su uso de la tecnología según la actividad, como leer noticias en línea o realizar tareas escolares.

Aumento del software educativo y otros recursos digitales

En paralelo a la disminución del número de libros, el acceso a software educativo ha aumentado de manera considerable. En 2015, el 53% de los estudiantes tenía acceso a estos recursos, cifra que subió al 74% en 2022. Este incremento se debe, en parte, a la aceleración de la digitalización durante la pandemia de COVID-19, que impulsó a muchos hogares a adoptar herramientas digitales para la educación en línea. Además, el acceso a Internet y a ordenadores para el estudio se mantiene estable y ampliamente disponible, aunque los recursos en papel, como los diccionarios, han disminuido. En 2015, el 92% de los estudiantes tenía un diccionario en casa, mientras que en 2022 esta cifra descendió al 80%. Esta reducción refleja la preferencia por diccionarios en línea y otras herramientas digitales.

Beneficios y riesgos de los recursos digitales en el aprendizaje

El uso de software educativo puede complementar la enseñanza tradicional y ampliar las oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, los recursos digitales no siempre tienen un impacto positivo en el rendimiento académico. Según el informe que reseñamos de PISA in Focus, un tercio de los estudiantes afirmó que se distrae en clase con estos dispositivos, lo que afecta a su rendimiento, especialmente en asignaturas como matemáticas. Por otro lado, el aumento de la exposición a redes sociales y dispositivos digitales está vinculado a efectos adversos en la salud mental y el bienestar psicológico de los adolescentes. Trabajos como el de Blanchflower et al. muestran que el tiempo excesivo frente a pantallas puede tener efectos negativos en la salud mental de los jóvenes, afectando su atención, su calidad de sueño y su vulnerabilidad al ciberacoso, lo que puede inducir depresión o ansiedad. De todo ello se deriva la necesidad de intervenciones y políticas que ayuden a los estudiantes a equilibrar el uso de estos recursos para maximizar los beneficios y reducir los riesgos.

Ante estos cambios, la OCDE sugiere que las políticas educativas deben ayudar a las familias a encontrar un equilibrio adecuado entre los recursos tradicionales y digitales, siendo fundamental el apoyo a los estudiantes en el uso efectivo de la tecnología para que realmente contribuya a mejorar sus habilidades y su rendimiento académico. Ese apoyo podría incluir, por ejemplo, programas de formación digital para docentes y familias, así como regulaciones que promuevan un uso saludable de la tecnología en el hogar y en el aula.

Conclusión: adaptarse al cambio sin perder lo esencial

En definitiva, el PISA in Focus de 2024 plantea que, si bien los libros siguen siendo un recurso educativo clave, su presencia en los hogares disminuye, reemplazada en parte por herramientas digitales. No obstante, el uso de estas tecnologías en el aprendizaje requiere una supervisión cuidadosa para evitar consecuencias negativas en el rendimiento y la salud de los estudiantes. Las políticas educativas deben adaptarse a estos cambios, asegurando que los estudiantes puedan beneficiarse tanto de los libros como de los recursos digitales, creando un entorno de aprendizaje inclusivo, equilibrado y eficaz para el desarrollo integral de los jóvenes.

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Nativos digitales ¿hiperconectados?

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Los jóvenes de hoy constituyen la primera generación socializada en un mundo plenamente digital. El acceso universal a Internet y el cambio tecnológico de las últimas dos décadas han transformado los modelos de socialización, relacionados sobre todo con el ocio y el estudio, en los que los jóvenes están inmersos. Esta generación se ha socializado en un entorno digital, pasando horas diarias entre redes sociales, búsquedas de información y videojuegos. Sin embargo, detrás de esta imagen de modernidad y adaptación tecnológica se oculta una realidad preocupante: el uso excesivo de dispositivos digitales podría estar afectando negativamente y, posiblemente, comprometiendo su desarrollo cognitivo. En el artículo ‘¿Están los nativos digitales hiperconectados?‘, que publicamos en Panorama Social utilizando los datos de PISA 2022, analizamos el precio educativo que está pagando esta generación por beneficiarse de un acceso tan extendido a las nuevas tecnologías de la información.

Hiperconectividad es la nueva igualdad

Los adolescentes dedican una cantidad excesiva de tiempo a las pantallas. Según los datos de PISA 2022, el 25% de los jóvenes de 15 años en España pasan entre una y tres horas diarias conectados a redes sociales. Aún más alarmante es que algo más del 20% de los adolescentes están conectados más de tres horas diarias a estas plataformas. La exposición a las pantallas para jugar a videojuegos resulta igualmente preocupante, especialmente entre los jóvenes varones: el 35% juega entre una y tres horas diarias, mientras que otro 25% dedica más de tres horas al día a esta actividad. En contraste, el tiempo destinado a actividades educativas digitales es insignificante.

Sin embargo, quizás lo más destacable no sea la hiperconectividad en sí misma, sino lo democrático que resulta el uso de pantallas entre jóvenes de diferentes orígenes sociales. Aunque la investigación basada en datos previos a la pandemia mostraba diferencias en el tiempo y el tipo de uso de las nuevas tecnologías según el nivel educativo de los padres, nuestro estudio revela que estas diferencias ya no son significativas con los nuevos datos de PISA recopilados en 2022. Los confinamientos asociados a este evento tan traumático pueden estar detrás de esta tendencia igualadora en el uso de las nuevas tecnologías. Una de las consecuencias más impredecibles de estos confinamientos fue la intensificación del viraje digital que la vida cotidiana venía adquiriendo en los últimos años, tanto para la sociedad en general como para los nativos digitales en particular. Los confinamientos reforzaron, especialmente entre los jóvenes, la tendencia a comunicarse digitalmente y a organizar tanto su ocio como su formación a través de las pantallas.

El coste educativo del screen time

Pasar algún tiempo de pantallas (screen time) no es negativo, antes bien, resulta un comportamiento inevitable y hasta beneficioso en un mundo donde lo digital tiene presencia comprehensiva. Pero, ¿qué ocurre cuando la democratización digital no está acompañada de una alfabetización tecnológica adecuada? Mientras celebramos el acceso universal a la tecnología, ignoramos el daño que causa cuando no se utiliza adecuadamente. La ilusión de que la simple exposición a la tecnología mejorará las oportunidades educativas se desmorona ante la evidencia.

Cuanto más tiempo pasan los jóvenes utilizando dispositivos digitales —ya sea para redes sociales, videojuegos o incluso en actividades educativas—, peor es su rendimiento académico. De acuerdo con los datos de PISA 2022, los adolescentes que pasan más de una hora diaria frente a pantallas experimentan una caída en sus competencias en matemáticas que puede llegar a ser de hasta 30 puntos en la prueba de PISA. Esta caída tan pronunciada iguala el rendimiento de los estudiantes de hogares con padres universitarios al de aquellos con menos recursos educativos.

La evidencia que aportamos también desmonta el mito del aprendizaje digital. Durante algunos años se alimentó con fuerza la idea de que la tecnología, y en particular el acceso a dispositivos digitales, era el futuro de la educación. Pues bien, los datos no respaldan esta afirmación. Nuestro análisis demuestra que la gran mayoría de los adolescentes españoles dedica muy poco tiempo a utilizar la tecnología con fines educativos. El tiempo dedicado al aprendizaje digital no parece aportar beneficios significativos y, en algunos casos, puede ser tan dañino como el consumo excesivo de videojuegos.

Hacia una solución: menos pantallas, más alternativas

Una de las principales razones por las que una exposición excesiva al mundo digital puede ser perjudicial para el rendimiento académico es que el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas reemplaza el tiempo destinado a otras actividades beneficiosas para su desarrollo y desempeño académico, como socializar con amigos y familiares, leer libros, realizar tareas escolares o hacer ejercicio físico. Además, el uso de teléfonos inteligentes fomenta comportamientos multitarea, lo cual dificulta la concentración en tareas específicas relacionadas con el estudio.

Queremos subrayar que el problema no es el acceso a la tecnología, sino el uso descontrolado de la misma. La solución no implica prohibir el uso de dispositivos digitales, sino limitar el tiempo de uso y reorientarlo hacia actividades más constructivas y equilibradas. El contacto con la realidad no digital, el aprendizaje a través de experiencias prácticas, y la interacción social cara a cara son elementos que no pueden ni deben ser reemplazados por ninguna tecnología.

La hiperconectividad ha llegado para quedarse, y aún deberán pasar varios años antes de que podamos evaluar plenamente sus consecuencias a largo plazo. Para atenuar los daños que intuimos para esta generación de nativos digitales —una generación hiperconectada tecnológicamente, pero desconectada de la realidad—, es esencial enriquecer el green time para hacerlo más atractivo al screen time. Además, quizás sea momento de aceptar que el mundo ha cambiado y aprender a lidiar con la incertidumbre que siempre conlleva lo desconocido. La tecnología, seguramente, no es el enemigo, pero su uso inapropiado puede convertirse en una trampa que nos lleve hacia una sociedad menos educada y menos independiente.

Más información en el artículo ‘¿Están los nativos digitales hiperconectados? El uso de pantallas en España‘, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.

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El poder transformador de las instituciones

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El premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento crítico para la evolución de la sociedad y economía mundial. En un momento de fuerte desapego social. El reconocimiento a su trabajo sobre el papel fundamental de las instituciones en la prosperidad de las naciones no podría ser más relevante en un contexto global donde el escepticismo hacia las estructuras tradicionales de poder e influencia crece. Si algo nos enseñan estos tres economistas es que, lejos de ser meros mecanismos burocráticos, las instituciones son los cimientos sobre los que se construyen sociedades prósperas y equitativas, o bien, se perpetúan estructuras de pobreza y desigualdad.

Sus trabajos destacan que la riqueza o la pobreza de un país dependen tanto de la geografía, los recursos naturales o la cultura, como del tipo de instituciones que se desarrollan y, con frecuencia, se imponen. Sus investigaciones nos recuerdan que los momentos clave de la historia —particularmente el colonialismo— introdujeron sistemas que determinarían el destino de naciones enteras. Países que recibieron instituciones inclusivas, que fomentaron la participación política y el acceso a oportunidades, hoy son más prósperos. Mientras que otros, cuyas instituciones fueron extractivas y explotadoras, aún luchan por romper el ciclo de pobreza.

Este mensaje resuena de manera poderosa hoy, cuando el vínculo entre ciudadanos e instituciones es cada vez más frágil. Muchas personas observan las instituciones -que van de gobiernos a organismos internacionales- como entes lejanos y ajenos, ineficaces o, incluso, corruptos. Sin embargo, los laureados con este Nobel nos recuerdan que son estas mismas instituciones —cuando funcionan de manera inclusiva y justa— las que pueden cambiar el rumbo de las sociedades. El reto actual no es rechazar las instituciones, sino transformarlas para que sirvan mejor a los intereses colectivos.

En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson profundizan en esta idea. Las sociedades que logran construir instituciones que protegen los derechos individuales, garantizan la competencia económica y promueven la innovación, tienden a prosperar. Esto cobra especial importancia en un momento en el que la tecnología, el cambio climático y las tensiones geopolíticas requieren respuestas institucionales sólidas y flexibles y adaptativas que guíen a las naciones hacia un futuro más justo y sostenible. El conocido término de “élites extractivas” surge de la citada obra, que son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen.

La labor de estos tres economistas es tanto académica como eminentemente práctica. Ofrece un espejo en el que mirar para comprender por qué algunas naciones han logrado prosperar y otras no. En sus investigaciones, queda claro que la clave no está en buscar atajos, sino en redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones. En tiempos en que parece prevalecer la desconfianza, su trabajo nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra desde la destrucción, sino desde la mejora y el refuerzo de las estructuras que sostienen a las sociedades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El descenso de la natalidad en España se puede hacer notar en la ESO

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España se enfrenta a un desafío demográfico que se manifiesta en la disminución constante de la natalidad en las últimas décadas. El fenómeno ha comenzado a tener un impacto significativo en las distintas etapas educativas, reflejándose inicialmente en la reducción del número de estudiantes en el segundo ciclo de Infantil, después en Primaria, y ahora, en el curso actual 2024-25, podría llegar a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La publicación Datos y Cifras. Curso escolar 2024-25 del Ministerio de Educación, FP y Deportes muestra que la ESO podría experimentar una caída de alumnado de 10.811 estudiantes (-0,5%), la primera en este nivel educativo desde 2010-11.


El análisis del impacto de la evolución demográfica en los centros educativos en España fue, precisamente, uno de los asuntos tratados en la jornada virtual organizada por Funcas sobre el panorama de la Educación, con la intervención de varios expertos (Jaime Vaquero del Ministerio de Educación, FP y Deportes, Gara Rojas de la OCDE y Antonio Cabrales, Catedrático de la Universidad Carlos III). En esa jornada se expusieron datos que muestran los efectos de la disminución de la natalidad en el sistema educativo español. Así, el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE muestra cómo, entre los distintos países de la OCDE, España se sitúa en una posición intermedia en cuanto al tamaño de las escuelas de primaria, con un promedio de 27 estudiantes por centro educativo de esta etapa educativa, con un 5% de centros que tienen 76 o más estudiantes por nivel. El informe de la OCDE también muestra que las provincias con un mayor porcentaje de escuelas pequeñas se localizan en las áreas rurales y menos pobladas, como Zamora, Cáceres, Lugo y Teruel, donde la proporción de estos centros supera el 65%. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, FP y  Deportes muestra que en el segundo ciclo de infantil (3-6 años) y en primaria, hay menos estudiantes por docente en España con respecto a la OCDE (13 y 12 en España, por los 15 y 14 en la OCDE). España tiene también una menor ratio de estudiantes por docente en la ESO (11) que el promedio de países desarrollados (13), una diferencia que se amplia aún más en la educación universitaria (13 frente a 17).

En definitiva, la disminución de la natalidad en España está provocando que algunos colegios de primaria, sobre todo de las zonas rurales, tengan un alumnado muy reducido y que la ratio de estudiantes por docente sea más baja que en la OCDE. En la ESO, esta ratio es también más limitada en España que en los países desarrollados, incluso antes de que hayan llegado los efectos de la limitada natalidad de nuestro país. En los próximos años la diferencia entre nuestro país y la OCDE podría incluso aumentar. 

¿Debilidad u oportunidad?

La disminucion de la natalidad en educación, aunque en otros ámbitos es un fenomeno negativo, brinda nuevas oportunidades en educación. Antonio Cabrales subrayó en la jornada la necesidad de que la educación en España evolucione hacia un modelo más adaptativo, capaz de preparar a los estudiantes para los retos que impone la automatización y el cambio constante del mercado laboral. Su argumento se basa en la idea de que la formación basada en la mera adquisición de conocimientos ya no es suficiente. En su lugar, propone un enfoque centrado en el aprendizaje activo y la resolución de problemas. Este tipo de educación permitiría a los futuros trabajadores ser más flexibles y adaptarse mejor a un entorno laboral que demanda nuevas habilidades y competencias con rapidez. 

El aprendizaje activo no solo reduce las tasas de abandono educativo, sino que también fomenta un entorno en el que los estudiantes pueden aplicar los conocimientos de manera práctica, preparándolos para un mercado laboral en constante evolución. Menos estudiantes por profesor no solo significa más atención individualizada, sino también una oportunidad para implementar métodos pedagógicos más dinámicos y efectivos, como el aprendizaje basado en proyectos.

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Asignatura pendiente: la educación financiera en la enseñanza obligatoria

Los gobiernos deberían tratar de potenciar  los conocimientos financieros de los jóvenes […].  Mejorar los conocimientos financieros no solo mejorará a corto plazo la gestión del dinero de los estudiantes, sino que también les ayudará  a tomar decisiones financieras  más inteligentes cuando sean mayores.

Las dos frases precedentes resumen la conclusión práctica que extrae el Informe PISA 2022 sobre las competencias financieras de estudiantes de 15-16 años en 20 países de la OCDE: es necesario promover la cultura financiera entre los jóvenes1. Esta rotunda conclusión cobra aún mayor relieve a la luz de los resultados que obtuvieron en las pruebas PISA de 2022 los estudiantes en España. Sus competencias financieras se sitúan por debajo de la media de la OCDE y, lo que resulta más desalentador, han empeorado respecto al anterior Informe PISA, elaborado en 2018. 

No es fácil encontrar una explicación a este resultado si se toma en consideración que los tres planes de educación financiera que se han desplegado en España desde 2008 han situado a los niños y los jóvenes en el centro de una amplia oferta de propuestas formativas y materiales educativos, englobados en un Programa Escolar de Educación Financiera de acceso “gratuito, voluntario y flexible”2. En los trece cursos académicos durante los cuales se ha ofrecido este programa han participado en él aproximadamente 460.000 estudiantes de los cursos 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio, una cifra importante, pero que representaría, según nuestras estimaciones, algo menos del 10 % del alumnado que ha cursado esos estudios a lo largo del periodo. 

A falta de datos concretos sobre el impacto del Convenio Marco que en septiembre de 2020 suscribieron  el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España para fomentar la educación financiera en el sistema educativo3, no parece que en el último cuatrienio se hayan producido avances significativos en la cultura financiera de niños y adolescentes. Y, sin embargo, las instituciones firmantes de este convenio pueden estar seguras de que su propósito encuentra respaldo en las familias españolas con hijos en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así lo evidencia la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financiera, realizada el pasado mes de septiembre a 1.200 madres y padres de estudiantes de ESO.

Hasta un 90 % de los encuestados opina que “las enseñanzas relacionadas con el funcionamiento del dinero, su manejo y administración deberían ocupar más tiempo en el currículo educativo de la enseñanza obligatoria” (Gráfico 1). Es más, así como el citado convenio opta por la inclusión transversal de los contenidos de educación financiera en los planes de estudio existentes, los encuestados apoyan ampliamente la creación de una asignatura específica sobre esta materia: tres cuartas partes de la muestra entrevistada (77 %) se manifiestan en este sentido, proporción que es aún mayor entre quienes tienen algún hijo en 4º de la ESO (el curso en el que se llevan a cabo  las pruebas PISA) (Gráfico 2).


La demanda de más educación financiera que expresan las madres y los padres se asienta sobre dos opiniones generalizadas: (1) sus hijos cuentan con escasos conocimientos acerca de cuestiones relacionadas con la gestión del dinero, y (2) las escuelas no están contribuyendo a reducir este déficit de conocimientos. 

En efecto, cerca de dos terceras partes de todos los encuestados (64 %) no creen que sus hijos4 conozcan (siquiera “algo”)  el significado de los conceptos “inflación” o “plan de pensiones”. Seis de cada diez (59 %) tampoco les suponen conocimientos sobre el concepto de “inversión financiera”. En cambio, los consideran algo más familiarizados con los conceptos de “impuesto sobre la renta” y “pago de intereses”, pero, sobre todo, con el de “hipoteca” (Gráfico 3). 

Por otra parte, alrededor de la mitad de los encuestados (48 %) contesta negativamente a la pregunta sobre si en la ESO “enseñan a su hijo/a cuestiones relacionadas con el funcionamiento del dinero, su manejo y administración”, una proporción que dobla a la de quienes responden afirmativamente, mientras una cuarta parte de los encuestados (26 %) admite no saberlo (Gráfico 4). Entrando en asuntos más concretos, en torno al 80 % de los encuestados considera que el colegio o el instituto de sus hijos proporciona escasas competencias para “administrar bien sus recursos cuando tengan ingresos propios”, “conocer los impuestos principales que tendrán que pagar” o entender “cómo funcionan las empresas privadas” o “una economía como la española” (Gráfico 5). 


Volviendo a los resultados del estudio PISA 2022, los estudiantes situados en la cabeza del ranking en competencias financieras pertenecen a regiones y países (comunidad flamenca de Bélgica y Dinamarca) cuyos gobernantes llegaron hace años a la conclusión de que adquirir cultura financiera en edades tempranas  es tan importante, que la educación financiera merece incorporarse curricularmente en la enseñanza  obligatoria, estableciendo para ello las correspondientes horas lectivas. 

El sistema educativo de la comunidad flamenca de Bélgica lo hace así desde 2013, y ha desarrollado programas con objetivos individuales (que cada estudiante debe acabar alcanzando) y grupales (que en cada grupo deben obtenerse de media) en educación financiera, combinando la enseñanza de conceptos financieros con la de procedimientos y prácticas para el uso consciente y razonado de los recursos económicos5

Por su parte, el sistema educativo danés incluye desde 2015 la educación financiera como materia obligatoria entre los 13 y los 15 años, y promueve la participación de las escuelas en la “Semana Danesa del Dinero” (Danish Money Week), que se celebra cada año con gran resonancia pública, y durante la cual cientos de profesionales del sector financiero visitan las aulas de colegios para explicar a los estudiantes  cuestiones financieras de una manera sencilla y aplicada6. Por cierto, a la pregunta planteada en la Encuesta Funcas sobre la posibilidad de establecer una iniciativa como esta en España, las madres y los padres de estudiantes de ESO contestan favorablemente. En concreto, al 88 % de los encuestados les “parecería bien que, bajo la supervisión de las autoridades educativas, expertos en banca visitaran una vez al año el colegio/instituto” en el que estudian sus hijos para hablar sobre buenas prácticas financieras (gasto, ahorro, inversión, etc.)” (Gráfico 6). 


En definitiva, los resultados de la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financieras permiten constatar la existencia de una demanda de las familias a favor de aumentar el peso de la educación financiera en la formación obligatoria de sus hijos ; se trata, además, de una demanda muy generalizada que trasciende las diferencias de género, edad y nivel educativo entre los encuestados, así como de titularidad (pública o privada) del centro educativo que han elegido para sus hijos. Sin embargo, atender a esta demanda no es algo tan sencillo como podría parecer. Requeriría alcanzar acuerdos sobre los cursos en los que impartir estas enseñanzas, las horas lectivas dedicadas a ellas, los objetivos docentes básicos y específicos y, crucialmente, sobre de dónde convendría “sacar el tiempo” para impartir la  nueva asignatura. Esta última es precisamente la cuestión sobre la que las opiniones de los encuestados se hallan más dispersas (Gráfico 7).


Los datos del Informe PISA 2022, como también los de la última Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, publicados en noviembre de 20237, sugieren que la estrategia basada en facilitar el acceso a una copiosa oferta de iniciativas y materiales que vayan calando como “lluvia fina” en la sociedad y, por extensión, también entre los más jóvenes, resulta insuficiente. Las familias están interesadas en promover la cultura financiera de sus hijos porque conocen (o intuyen) la importancia que tendrá en sus vidas. El debate sobre cómo hacerlo debería abrirse cuanto antes y en él convendría tener muy en cuenta tanto las voces de las familias y del personal docente en los colegios e institutos, como las experiencias de otros países que ya han incorporado la asignatura de educación financiera en sus planes de enseñanza obligatoria.


Otros resultados de la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financiera

• El 47 % de las madres y los padres encuestados declaran que conversan “a menudo” con sus hijos (en ESO) sobre “ingresos y/o gastos del hogar”, mientras que  el 37  % afirma hacerlo sobre “cuestiones económicas generales que afectan al conjunto de la sociedad”.

• Dos terceras partes (66 %) de los encuestados consideran que “sobre temas de economía doméstica” conversan con sus hijos/as “más de lo que sus padres conversaban con ellos cuando tenían aproximadamente la edad que tienen ahora sus hijos”.

• El 57 % de los encuestados da a su hijo/a una asignación periódica (“dinero de bolsillo”), con el objetivo principal de “que aprenda a manejar y valorar el dinero”. La asignación semanal asciende a una media de 14,5 euros. Nueve de cada diez encuestados que dan una paga a sus hijos creen que estos hacen “siempre” o “la mayoría de las veces” un uso responsable del dinero.

• Preguntados por las dos instancias o ámbitos que más han influido en los conocimientos económicos y financieros que ellos mismos tienen, las madres y los padres encuestados responden mayoritariamente “la vida profesional” (71 %) y la “familia” (59 %), quedando “los estudios” a notable distancia de estas respuestas (33 %).  La demanda de más educación financiera en las escuelas puede interpretarse, por tanto, como el reconocimiento de que les gustaría que sus hijos accedieran a una formación y efectuaran unos aprendizajes que ellos, en gran medida, no tuvieron la oportunidad de hacer.


1 Extraídas de la nota de prensa publicada por la OCDE el 27 de junio de 2024

2 Véase Profesores – Finanzas para todos.

3 Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el desarrollo del Plan de Educación Financiera (BOE, 17 de septiembre de 2020).

4 A los encuestados que afirmaron tener más de un hijo/a en la ESO, se les pidió que refirieran las preguntas del cuestionario a uno/a de ellos, seleccionado/a aleatoriamente por la aplicación del cuestionario.

5 De Witte, K., De Beckker, K., & Holz, O. (2020). Financial education in Flanders (Belgium). In K. De Witte, O. Holz, & K. De Beckker (Eds.), Financial education: Current practices and future challenges (pp. 67-85). Waxmann Verlag GMBH.

6 Denmark mandates financial literacy education from age 13 | World Economic Forum (weforum.org). Véase también https://globalmoneyweek.org/countries/155-denmark.html

7 Véanse al respecto esta entrada en el blog del Banco de España y esta otra en el blog de Funcas. 

Ficha técnica de la encuesta

• Trabajo de campo: del 6 al 24 de septiembre de 2024.

• Ámbito: territorio nacional peninsular e insular.

• Universo: padres y madres que conviven regularmente (durante al menos la mitad del mes) con algún hijo que esté matriculado en ESO o FP Básica en el curso 2023-2024.

• Selección de la muestra: panel de Imop y de Netquest. En ambos casos se realizó una selección aleatoria entre los panelistas que cumplían las características definidas para la investigación.

• Tamaño muestral: 1.201 entrevistas (planificadas 1.200).

• Técnica: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop).

• Margen de error de muestreo: ±2,9 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra.

— Método de ponderación: los datos se ponderaron por las variables:

— Sexo x edad (2 x 2 grupos)

— Comunidad Autónoma (7 grupos)

— Tamaño de municipio (4 grupos)

— Nivel de estudios (3 grupos)

• Instituto responsable del trabajo de campo: IMOP INSIGHTS, S.A.

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La crisis de la fecundidad y las políticas familiares: los incentivos económicos no bastan

El dato

Nuestra estimación provisional de la fecundidad en España para 2023 sitúa el número de hijos por mujer en el mínimo histórico de 1,12. De confirmarse esta cifra, sería ligeramente inferior al mínimo de 1998 (1,13 hijos por mujer).

Si el Instituto Nacional de Estadística acaba certificando este dato, España formará parte del grupo de países de la Unión Europea (UE) cuyos índices sintéticos de fecundidad (ISF) han caído, en 2023, a su mínimo histórico, pero, dentro de este grupo, además destacará por lo reducido de su cifra: Austria (1,23), Bélgica (1,47), Luxemburgo (1,23), Países Bajos (1,43), Suecia (1,45), Finlandia (1,26), Irlanda (1,5) y Lituania (1,18). Hace décadas que en ningún país de la UE la fecundidad es igual o superior al nivel de reemplazo. Las cifras más altas para 2023 se encuentran en Bulgaria (1,81) y Francia (1,68).


Tras el desplome de la fecundidad iniciado en 1977, la fecundidad en España se ha mantenido en niveles inferiores al reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) desde 1981. Aunque experimentó una ligera recuperación durante la fase expansiva de principios de siglo, solo alcanzó los 1,44 hijos por mujer en 2008, impulsada, en parte, por la bonanza económica y, en parte, por la llegada de mujeres extranjeras a lo largo de la década anterior. La subsiguiente crisis económica coincidió con un nuevo descenso de la fecundidad que apenas se revirtió con la recuperación económica iniciada en 2013. Desde 2017 la tendencia ha vuelto a ser descendente.

Contexto

El descenso de la fecundidad en España y en el resto de Europa forma parte de un proceso global que no afecta únicamente a los países desarrollados. Hace unos meses la revista médica The Lancet publicó los resultados de una investigación que estimaba la fecundidad para un par de centenas de países y otros territorios desde 1950 hasta 2021, dando lugar a una de las bases de datos más completas al respecto. En ella se incluyen proyecciones de la fecundidad hasta el año 2100.

De los resultados presentados en el trabajo emergen dos mensajes fundamentales para el debate internacional. Primero, la fecundidad cae en todo el mundo, no solo en los países más ricos, y lleva haciéndolo varias décadas (gráfico 2). Segundo, en pocos lustros en (casi) todos los países del mundo la fecundidad caerá por debajo del nivel de reemplazo. Según el escenario básico, en Latinoamérica ya se ha llegado a ese punto. En la India, está próximo a alcanzarse. En los países de tradición musulmana, lo hará hacia 2040. También sucederá en el África subsahariana, aunque bastante más tarde, hacia 2075. A escala global, la investigación apunta a que el nivel de reemplazo quedaría atrás en 2030.


A raíz del artículo y durante algunos meses, el tema de la baja natalidad ocupó una posición preponderante en el debate público, esta vez a nivel mundial, enfatizando su conclusión principal: la población mundial disminuirá si la fecundidad global se mantiene por debajo del nivel de reemplazo. Se abordó el problema desde una perspectiva global, no limitado solo a los países ricos, lo cual es positivo. Sin embargo, aunque la caída de la fecundidad es un fenómeno generalizado, el rigor analítico aconseja distinguir entre dos modalidades.

Por un lado, muchos países, especialmente en el África Subsahariana, aún están en las primeras fases de su “revolución reproductiva”. Esto implica que, debido a la reducción de la mortalidad infantil ligada al desarrollo


económico, necesitan menos nacimientos para mantener o aumentar el número total de años vividos. En estos países, la caída de la fecundidad es secundaria frente a la prioridad de impulsar el crecimiento económico, lo que probablemente acabará conduciendo a tal caída. Algo similar ocurre en países de bajos ingresos que están cerca o ya han caído por debajo del nivel de reemplazo.

La segunda modalidad de descenso se da en países en los que la “revolución reproductiva” ha avanzado tanto que llevan años o décadas con fecundidades por debajo del nivel de reemplazo. Este es el caso de muchos países de la UE, donde la caída aún no se ha frenado o se han revertido solo aumentos temporales, ya desvinculados de la mortalidad infantil o del desarrollo económico. Aquí la baja fecundidad tiene, o tendrá en breve, efectos negativos en el sostenimiento del gasto asociado a las edades avanzadas debido al aumento de las tasas de dependencia de los mayores. Además, podría tener un impacto a medio y largo plazo tanto más, cuanto más dependa el crecimiento económico del aumento de la población en edad productiva (que de la productividad).

Dentro de la UE también existen diferencias importantes. Algunos países lograron mantener sus niveles de fecundidad por debajo, pero próximos al nivel de reemplazo durante un tiempo (gráfico 3). Francia, por ejemplo, alcanzó casi los dos hijos por mujer entre 2006 y 2014, pero estos niveles descendieron a 1,68 en 2023, muy cerca de su mínimo histórico (1,66). Bélgica y los Países Bajos también experimentaron una recuperación desde niveles cercanos a 1,5 hasta 1,8 y 1,9, pero en solo una década han revertido este avance, volviendo a niveles históricos mínimos en 2023 (1,47 y 1,43, respectivamente).


En el debate sobre la natalidad, los países nórdicos han sido frecuentemente elogiados por mantener niveles relativamente altos, a pesar de ser naciones muy ricas con un control muy avanzado de la mortalidad. Sin embargo, la recuperación de Suecia en la primera década de este siglo, que alcanzó casi los 2 hijos por mujer, se desvaneció en los doce años siguientes, alcanzando en 2023 un mínimo histórico de 1,45 hijos por mujer. De manera similar, Finlandia mantuvo niveles cercanos a 1,9 hijos por mujer desde principios de los años noventa hasta 2010, pero ha experimentado un desplome que la condujo, también, a su mínimo histórico de 1,26 en 2023. Dinamarca ha seguido un patrón similar, aunque su cifra para 2023 (1,5) es algo superior al mínimo de 1983 (1,3). En resumen, estos países “modelo” ya no destacan como antes y empiezan a parecerse cada vez más a aquellos que históricamente no han sido considerados referentes.

En otros países, la caída de la fecundidad fue aún más pronunciada y alcanzaron niveles cercanos a 1,2 o 1,3 hijos por mujer ya a finales del siglo XX. Este fue el caso de países mediterráneos como Italia, España y Grecia (aunque no Portugal), así como gran parte de los pertenecientes a Europa del Este. En este último grupo, se ha observado una recuperación, alcanzándose cifras entre 1,5 y 1,8 hijos por mujer (gráfico 4). Sin embargo, el hecho de que solo uno de estos máximos se haya alcanzado en 2023 sugiere una nueva tendencia en algunos países, como los bálticos y Polonia, de forma que es muy poco probable que recuperen niveles cercanos a los 2,1 hijos por mujer.


Las relativamente altas tasas de fecundidad que registraron durante varios años los países nórdicos, Francia, Bélgica o los Países Bajos se han atribuido frecuentemente en la discusión pública y/o académica a algunas políticas públicas o a ciertas características de sus mercados laborales. Casi todos ellos han financiado generosamente sus políticas familiares, lo que ha implicado notables transferencias públicas de rentas monetarias a las familias con hijos. La única excepción es la de los Países Bajos, que representaría otra modalidad de la promoción de la natalidad: hacer que esta y la participación de las madres en el mercado de trabajo sean compatibles a través del amplísimo uso de la contratación a tiempo parcial.

Lo cierto es que durante un tiempo (especialmente en la primera década de este siglo) la fecundidad y el gasto en políticas familiares y de infancia arrojaban correlaciones positivas: en los países con mayor gasto en porcentaje del PIB se observaba una mayor fecundidad, de manera que la demografía y, en general, las ciencias sociales tendieron a establecer una relación de causalidad entre estas dos variables. La asociación más estrecha entre ambas se verificó en 2012 (gráfico 5). Eso sí, ya entonces se comprobó la necesidad de un notable esfuerzo económico para conseguir un pequeño aumento de la fecundidad. En efecto, la fórmula de la recta de regresión sugiere que un aumento de 0,13 hijos en el ISF se asocia con un gasto extra del 1 % del PIB en políticas familiares. Aplicado a España, uno de los países con niveles de gasto en prestaciones familiares más bajo de toda la UE, esto implicaría que para hacer crecer el ISF desde su nivel en 2012, 1,32, hasta 1,5, el gasto tendría que aumentar 0,8 puntos del PIB, es decir, doblarse respecto a lo que supuso en 2012 (0,73% del PIB).


Sin embargo, en 2022, la relación entre las prestaciones familiares y la fecundidad prácticamente había desaparecido (gráfico 6). Diez años antes, en 2012, se podía pensar que el elevado gasto en prestaciones familiares en Finlandia (3,3 % del PIB) contribuía significativamente a mantener uno de los índices de fecundidad más altos de la época (1,8 hijos por mujer). Pero en 2022, esa conexión resulta más difícil de visualizar: aunque el gasto finlandés en prestaciones había disminuido solo ligeramente (2,9 % del PIB), seguía siendo de los más altos de la UE, mientras que la fecundidad en Finlandia había caído drásticamente hasta 1,32 hijos por mujer, una de las cifras más bajas de la región. Por su parte, Dinamarca representa un caso casi opuesto: su gasto en prestaciones se redujo notablemente, pero su fecundidad no experimentó en absoluto una caída proporcional.


En la década transcurrida entre 2012 y 2022 varios países aumentaron su gasto en prestaciones familiares, con resultados diversos en términos de la fecundidad de sus mujeres. En siete casos aumentó el gasto y la fecundidad (Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Letonia, Alemania y Portugal), pero en ocho creció el gasto a la vez que disminuía la fecundidad (Polonia, Estonia, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia, Italia y España). También en dos casos disminuyó o se mantuvo el gasto, pero aumentó la fecundidad (República Checa y Croacia). Así pues, en los diez restantes se redujo el gasto y cayó la fecundidad. El efecto conjunto de todos esos movimientos ha sido la mencionada ausencia de asociación sincrónica entre gasto y fecundidad.

Ante estos datos, cabe plantear tres argumentos alternativos. En primer lugar, puede ponerse en cuestión la eficacia de las prestaciones como instrumento para aumentar la fecundidad, al observar, en algunos casos, mínimos progresos a pesar de un aumento considerable en el gasto familiar. En segundo lugar, se puede defender que en ciertos países un incremento en el gasto sí ha coincidido con una leve mejora en la fecundidad. Por último, también se podría argumentar que, aunque la efectividad de aumentar las transferencias por hijos sea dudosa, conviene seguir apostando por políticas que satisfagan las preferencias reproductivas de quienes deseen crear familias y que señalicen el valor social y económico que adquiere el crecimiento de la población tanto mirando al presente como al futuro.

Lo cierto es que la variación internacional en la fecundidad ha ido reduciéndose, lo que dificulta su “explicación” aduciendo las diferencias en los niveles de gasto. Esto sirve para recordar la complejidad del fenómeno y la diversidad de sus causas. Entre estas, las políticas de transferencias monetarias por hijos han podido (y pueden ser) relevantes, pero constituyen solo una de las variables en una ecuación mucho más amplia en la que quizás los incentivos económicos no sean suficientes. Ante los acusados descensos de la fecundidad en Europa, y especialmente en los países que antes se consideraban modélicos por sus políticas de familia, este debate es particularmente necesario en España. La sociedad debería abordarlo en toda su complejidad, cobrando conciencia de las variadas causas y consecuencias de la caída de la fecundidad y juzgando la conveniencia y oportunidad de alterar lo que hoy parece una inercia natural. En esta discusión pública se debería escuchar en particular la voz de las mujeres y los hombres que quieren o querrían tener (más) hijos y, también, la de quienes han querido, pero no han conseguido cumplir este deseo.

Detrás del dato

En el texto se usa como medida de la fecundidad de cada país lo que suele denominarse indicador sintético de fecundidad (ISF) o indicador coyuntural de fecundidad (en inglés, total fertility rate), que estima el número de hijos que las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) tendrían a lo largo de su vida si su fecundidad siguiera los patrones observados en el año en cuestión, desglosados por edad.

Se calcula sumando las tasas de fecundidad de las mujeres según su edad: nacidos vivos de madres de una edad / mujeres de esa edad en la población. Se mide en número de hijos por mujer. Un valor de 2,1 suele considerarse como el nivel en el que la población acabaría reemplazándose a largo plazo, si no tenemos en cuenta la inmigración y la emigración.

El último ISF publicado por el INE corresponde a 2022. El de 2023 que aquí se presenta se ha calculado siguiendo la misma metodología del INE, pero con datos provisionales de nacimientos y de población (cuadro 1).

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa. 

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad. 

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa. 

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA. 


La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.


[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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Las mujeres continúan reduciendo la brecha salarial de género

Las mujeres españolas han protagonizado una de las transformaciones sociales más destacadas de las últimas décadas. El gran aumento de su participación en la fuerza laboral, su creciente presencia en empleos a tiempo completo y su progresión en las ocupaciones cualificadas han cambiado radicalmente el mercado de trabajo. Sus tasas de ocupación en todas las edades se aproximan cada vez más a las de los hombres, y también lo hacen sus retribuciones salariales. Así, la diferencia en el salario por hora que reciben, de media, hombres y mujeres, ha pasado del 18,7 % en 2012 al 8,7 % en 2022 (gráfico 1). Téngase en cuenta que esa diferencia resulta de comparar situaciones bastante distintas entre unos y otras en el mercado de trabajo en función de características individuales (nivel educativo, edad, antigüedad o productividad) y de los puestos de trabajo (ocupación, nivel de responsabilidad, sector, número de horas trabajadas, tipo de jornada, tipo de contrato o tipo de empresa).

La brecha salarial ha disminuido en España más rápidamente que en muchos países comunitarios, lo que ha conducido a que en 2022 la cifra española se sitúe cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea (12,7 %), mientras que en 2012 la superaba en más de dos puntos porcentuales (gráfico 1). En 2022 las mayores brechas salariales de género se encontraban en países del este de Europa, pero también en Austria y Alemania, donde rondaban el 18 % (gráfico 2).  En Bélgica, Rumanía e Italia, países con tasas de actividad femenina relativamente bajas, la brecha salarial de género se situaba por debajo del 6 %. El único país europeo en el que el salario por hora de las mujeres superaba por término medio al de los hombres era Luxemburgo (-1 %).


La caída de las diferencias salariales entre hombres y mujeres no puede desvincularse del “vuelco formativo” de las generaciones más jóvenes de mujeres 1. Su nivel educativo, más alto, por término medio, que el de sus pares varones, ha contribuido a su acceso a puestos de trabajo de mayor categoría y remuneración. A medida que las generaciones más antiguas, con una brecha salarial más elevada, se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazadas por cohortes de trabajadores jóvenes, entre quienes la desigualdad salarial es significativamente menor o, incluso, se revierte. De hecho, en España la brecha salarial es muy sensible a la edad (gráfico 3). Entre los menores de 25 años, las mujeres  ganan por hora, en promedio, más que los hombres de la misma edad, en consonancia con su mayor nivel educativo. Sin embargo, esta pauta cambia drásticamente entre los trabajadores de mayor edad. En el grupo cercano a la edad de jubilación (55-64 años), la brecha salarial alcanza el 13,5 %, y en el grupo de mayores de 65 años, aunque muy pocos siguen trabajando, la desigualdad es aún más pronunciada. 


A pesar de estas ostensibles diferencias por edad, desde 2012 la reducción de la desigualdad salarial puede considerase un fenómeno transversal, afectando a trabajadores jóvenes y mayores por igual (gráfico 4). Por ejemplo, en el grupo de los menores de 25 años, la brecha salarial de género se situaba en el 8,3 % en 2012, pero es negativa desde 2019, alcanzando el -3,8 % en 2022. Entre los trabajadores y trabajadoras más cercanos a la edad de jubilación, la brecha salarial disminuyó en el mismo periodo en más de 10 puntos porcentuales, del 24,2 % al 13,5 %.


La evolución de la brecha salarial entre hombres y mujeres en empleos a tiempo completo ha contribuido singularmente a la reducción de la desigualdad salarial por sexos en España. Si bien tanto los trabajos a tiempo completo como los de tiempo parcial han experimentado caídas en la brecha durante la última década, la reducción ha sido sustancialmente mayor en el primer caso. En 2022, la brecha salarial en los empleos a tiempo completo se había reducido al 2,3 %, mientras que, en los empleos a tiempo parcial, seguía siendo considerable, del 18,7 % (gráfico 5).


A pesar de la sustancial reducción de la brecha salarial de género en los últimos años, esta sigue siendo muy palpable en el empleo a tiempo parcial. A este respecto hay que tener en cuenta que la jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente entre las mujeres (21,6 % de las ocupadas, en 2022) que entre los hombres (6,4 %). 

Pero este es solo uno de los factores explicativos de la brecha salarial. Investigaciones recientes han puesto de relieve la distinta penalización para la progresión salarial que supone la maternidad para las mujeres frente a la paternidad para los hombres. 

Así pues, equilibrar las cargas de cuidado de la familia y del hogar entre hombres y mujeres podría reducir la penalización que padecen ellas en su trayectoria profesional, del mismo modo que aumentar su porcentaje de ocupación a tiempo completo redundaría en un aumento de su salario. Ambos son objetivos en los que las mujeres, si así lo desean, pueden seguir avanzando, como han hecho hasta ahora.  

Un último apunte: que la desigualdad salarial media entre mujeres y hombres se haya reducido tan ostensiblemente como se ha mostrado aquí, es, en buena medida, independiente de la cuestión de si hombres y mujeres cobran el mismo salario por hacer el mismo trabajo. Este principio de justicia debería cumplirse siempre. 

[1]  Garrido, L. (1992). Las dos biografías de la mujer en España. Ministerio de Asuntos Sociales.

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Panorama de la educación de la OCDE: gasto en educación por alumnos en España y la OCDE

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Hoy martes 10 de septiembre se ha publicado el informe Education at a Glance de la OCDE (Panorama de la Educación). En esta entrada me centro en su capítulo C1: ¿Cuánto se gasta por estudiante en las instituciones educativas? El gasto en educación es fundamental para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la enseñanza. El análisis de cómo se distribuyen los recursos financieros se convierte en una pieza clave para entender los desafíos y las oportunidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. España, como parte de la OCDE, sigue las tendencias globales, pero también presenta sus particularidades que merecen atención especial.

Gasto por estudiante en España en los distintos niveles educativos

El gráfico 1 muestra el gasto total por estudiante a tiempo completo en los niveles de educación primaria, secundaria y terciaria en países de la OCDE en 2021 (último año disponible). La información se expresa en dólares estadounidenses ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). En España, como en la mayoría de los países, el gasto por estudiante aumenta a medida que se avanza en los niveles educativos:

  • Educación
    primaria
    :
    España destina 10.181 USD por estudiante en este nivel por los 11.902$ de
    promedio de la OCDE.
  • Educación
    secundaria
    :
    el gasto aumenta ligeramente a alrededor de 12.541 USD por estudiante, por
    los 13.324$ de media de la OCDE.
  • Educación
    terciaria
    : el
    gasto sube de manera más pronunciada hasta los 15.654 USD por estudiante,
    por debajo de los 20.499$ de la OCDE.

A
pesar de este aumento en el gasto conforme al nivel educativo, España se
encuentra por debajo de la media de la OCDE, especialmente en la educación
terciaria. Países como Luxemburgo, Dinamarca o Estados Unidos superan
significativamente la inversión en la educación superior con respecto a nuestro
país.

Cambio en el número de estudiantes y en el gasto por estudiante

El gráfico 2 muestra las tendencias de cambio anual promedio entre 2015 y 2021 en tres indicadores clave: el número de estudiantes, el gasto total en educación y el gasto por estudiante en los países de la OCDE. En el caso de España, el gasto total en educación ha aumentado un 2,6% anual durante este periodo, mientras que el número de estudiantes ha crecido un 0,8%. Esto ha llevado a un incremento anual promedio del 1,8% en el gasto por estudiante.

A
nivel de la OCDE, los números son similares: el gasto total ha aumentado un
2,1%, mientras que el número de estudiantes se ha mantenido prácticamente
estable, con un crecimiento del 0,2%. Como resultado, el gasto por estudiante
en la OCDE también ha crecido un 1,8% anual en promedio.

Los datos reflejan una tendencia interesante: el incremento moderado en el número de estudiantes en España, acompañado de un aumento en el gasto total, ha permitido destinar más recursos por alumno. No obstante, este crecimiento no es tan pronunciado como en otros países de Europa del Este, como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde la disminución significativa del número de estudiantes ha resultado en un mayor incremento del gasto por alumno. Cuando la población de estudiantes disminuye, los países que mantienen o aumentan su presupuesto educativo logran destinar más recursos por cada estudiante, lo que potencialmente puede mejorar la calidad de la enseñanza. En España está disminuyendo el número de alumnos y alumnas en educación infantil y en primaria por la bajada de la natalidad, pero esta caída de estudiantes se está viendo más que compensada por el aumento de matriculados en todos los niveles de FP (básica, media y superior) así como en la Universidad.

El gráfico 3 explora la relación entre el gasto acumulado por estudiante de 6 a 15 años y los resultados en matemáticas en PISA 2022. Este gráfico es clave para entender cómo el dinero invertido en educación afecta al rendimiento académico. A primera vista, podría parecer que un mayor gasto conlleva necesariamente mejores resultados, pero los datos muestran que esto solo es cierto hasta cierto punto. En el caso de España, el gasto acumulado es moderado en comparación con otros países, pero los resultados en matemáticas se encuentran cerca del promedio de la OCDE.

Por
ejemplo, Estados Unidos gasta más de 150,000 USD por estudiante entre los 6 y
15 años, pero los resultados de sus estudiantes en matemáticas no son
significativamente mejores que los de otros países que invierten menos. De
hecho, Japón, que gasta alrededor de un 30% menos por estudiante en este grupo
de edad, logra puntuaciones más altas en matemáticas. Esto sugiere que no solo
importa cuánto se invierte en educación, sino también cómo se utilizan esos
recursos.

El gráfico es revelador para España, ya que indica que, aunque el país no está entre los que más invierten en términos absolutos, todavía existe margen para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos educativos. Invertir más no siempre significa obtener mejores resultados, sino que es crucial centrarse en áreas estratégicas que apoyen el aprendizaje de calidad.

No obstante, Handel y Hanushek (2023)  muestran que los análisis más rigurosos y causales, más allá de las correlaciones que muestra el informe publicado hoy por la OCDE, señalan que un aumento del 10% en el gasto en educación incrementa las puntuaciones de los exámenes en 0,069 desviaciones estándar. Es decir, que las estimaciones causales revisadas por Handel y Hanushek sí encuentran que un déficit en la financiación de la educación afecta negativamente al aprendizaje de los estudiantes si estos gastos en educación se invierten de forma efectiva. Es una conclusión diferente de la que muestra el Informe PISA, con evidencia de asociación y no de causalidad, en el sentido de que, una vez alcanzado un umbral de gasto por alumno, incrementos adicionales no conducen a mejoras en el rendimiento de los estudiantes.

Interpretación y conclusiones

Estos
tres gráficos ofrecen una visión amplia y detallada de la situación del gasto
educativo en España en comparación con otros países de la OCDE. En resumen,
podemos extraer varias conclusiones importantes:

  1. Aumento del gasto con el nivel educativo: En España, como en la mayoría de los países de la OCDE, el gasto por estudiante aumenta a medida que se progresa en los niveles educativos. Pero a pesar del aumento, el gasto por estudiante en España es inferior al de países con economías similares, especialmente en la educación terciaria.
  2. Tendencia moderada en el aumento del gasto por estudiante: En España, el gasto total en educación ha crecido en los últimos años y ha aumentado más que el número de estudiantes. Esto ha llevado a un incremento del gasto por estudiante. Este aumento refleja un compromiso continuo con la mejora de la calidad educativa, pero es importante seguir monitorizando cómo se distribuyen estos recursos para maximizar su impacto en el rendimiento académico y asegurar que este crecimiento se traduzca en mejoras sostenibles a largo plazo.
  3. Relación no lineal entre gasto y resultados académicos: El gasto por estudiante no siempre se traduce en mejores resultados en pruebas como PISA. España se encuentra en una posición intermedia, lo que sugiere que optimizar la asignación de recursos podría ser una estrategia clave para mejorar el rendimiento.

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