Estudios sociales – Negocios e Inversiones

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Las habilidades digitales de los jóvenes en España: notable, con margen de mejora

julio 14, 2023

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La inserción laboral de los jóvenes en España sigue siendo un reto social importante. En 2022, menos de una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 24 años (23,2 %) se hallaban empleados, mientras que uno de cada diez (9,7 %) declaraba encontrarse en situación de desempleo. Ambos datos se situaban lejos de las correspondientes medias europeas (UE-27): 34,7 % y 5,9 %, respectivamente¹. Por tanto, en el contexto de la Unión Europea, los jóvenes menores de 25 años que en España tienen empleo son menos, y los desempleados, más. Estas diferencias se deben, en buena medida, a factores institucionales que afectan al funcionamiento de la economía, así como del sistema educativo y de formación profesional. Para abordar esta problemática, es fundamental que los sistemas educativos doten a los jóvenes de habilidades para el empleo y el emprendimiento. La ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado el 15 de julio, reconociendo la importancia de este tema a nivel global.

La demanda de habilidades por parte de los empleadores, tanto del sector privado como público, hacia los jóvenes es variada y se encuentra en constante evolución. Actualmente, existe una creciente demanda de habilidades relacionadas con la tecnología. Los mercados laborales requieren trabajadores capaces de utilizar programas informáticos y aplicaciones, así como de resolver eficaz y eficientemente los problemas que surgen en su uso. Además, dada la importancia estratégica del sector tecnológico, una economía competitiva debe no solo adoptar y utilizar tecnologías “foráneas” en sus procesos, sino también ser capaz de generar innovación. Para lograrlo, es necesario contar con un entorno institucional que se adapte a las características específicas del sector tecnológico, además de fomentar entre la población activa la adquisición de las habilidades necesarias y promover el desarrollo de la creatividad y capacidad emprendedora, en particular entre los jóvenes. Especial valor se concede al conocimiento avanzado de informática, sobre todo, en áreas como la programación.

Sobre la situación de los jóvenes españoles en relación a estas habilidades, dan cuenta las encuestas que analizan el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC de 2022, realizada anualmente por el INE, el uso diario de Internet es generalizado entre los jóvenes españoles: un 97,3 % de los que tienen entre 16 y 24 años utilizan Internet varias veces al día (gráfico 1). No obstante, el uso frecuente de Internet no garantiza un dominio de la tecnología.

Los principales motivos de uso de Internet entre los jóvenes españoles son la comunicación y el entretenimiento, actividades que han realizado casi la totalidad de los jóvenes (98,9 %) en los últimos tres meses (gráfico 2). En cambio, el uso de Internet con fines informativos (90,2 %), educativos (77,2 %) y de participación política o social (25,9 %) se sitúa en niveles inferiores. Estos datos sugieren una buena adaptación a las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana, aunque también un amplio margen de mejora en el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje y participación activa en la sociedad.

En cuanto a tareas más avanzadas o relacionadas con el ámbito educativo y laboral, como el uso de hojas de cálculo y la programación en lenguajes específicos, se observa una diferencia significativa en su adopción por parte de los jóvenes de 16 a 24 años. Mientras que el uso de hojas de cálculo está bastante extendido y se considera común entre los jóvenes, la utilización de la programación es menos frecuente (gráfico 3). Solo alrededor del 15 % ha utilizado lenguajes de programación en los últimos tres meses. Por o que se refiere al grupo de edad en el que la gran mayoría de los jóvenes han finalizado su educación formal (25-29 años), incluso entre aquellos con mayor nivel educativo, como graduados o doctores, la programación es poco común: solo uno de cada diez de estos jóvenes con estudios universitarios completados ha realizado esta actividad en los últimos tres meses. Sin embargo, esta cifra se duplica (26 %) entre aquellos que han cursado formación profesional superior (gráfico 4).

Si se amplia la perspectiva de análisis a la Unión Europea, se observa que los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años superan la media europea tanto en el uso de hojas de cálculo como en el de lenguajes de programación. Según datos publicados por Eurostat, el 58 % de los jóvenes entre 25 y 29 años en España ha utilizado hojas de cálculo en los últimos tres meses, ocho puntos porcentuales por encima de la media comunitaria (gráfico 5). En cuanto al uso de lenguajes de programación, España se sitúa justo detrás de los países nórdicos, que encabezan la lista junto con Austria, Malta y Portugal. El 15,3 % de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años ha utilizado lenguajes de programación, superando en casi cuatro pp la media europea (gráfico 5).

Esta posición relativamente buena de los jóvenes españoles no debe ocultar la existencia de un considerable margen de mejora en el fomento de sus habilidades tecnológicas, y más aún en el contexto de una sociedad en la que crece la proporción de población que, por su edad, abandona el mercado de trabajo. El sostenimiento de la población dependiente (mayores y niños) necesitará no solo de cambios organizativos en el sistema de protección social, sino también de aumentos muy importantes de la productividad, que necesariamente vendrán de la mano de los avances tecnológicos.

^[1] Datos extraídos de Eurostat. Téngase en cuenta que en España, a
diferencia de la mayor parte de los países europeos, la edad laboral comienza a
los 16 años. Por tanto, el denominador de la fracción de estas tasas de empleo
y desempleo incluye a jóvenes de 15 a 16 años que, legalmente, no son
laboralmente activos.

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Empresas y empresarios: responsabilidad fiscal y deseabilidad profesional

junio 30, 2023

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Apenas hace un par de meses que el asunto de la presión
fiscal sobre las empresas acaparaba los principales titulares de los medios de
comunicación españoles y dividía la opinión publicada entre quienes consideran
que los impuestos que gravan en España a las empresas son altos y lastran su
competitividad internacional, y quienes lo ponen en duda, incluso lo niegan. Ahora
bien, en la opinión pública esas posiciones aparecen menos polarizadas. Así se
desprende de las respuestas a la pregunta que Funcas ha planteado en junio de
2023 a una muestra representativa de la población española mayor de edad (1.373
entrevistados): “En su opinión, ¿los impuestos que pagan en España las empresas
son muy altos, altos, adecuados, bajos o muy bajos?”.

Cerca de la mitad de los entrevistados opinan que los impuestos que pagan las empresas son “altos” (22%) o “muy altos” (23%), mientras que uno de cada cinco (20%) considera que son “adecuados”. Esta última proporción es similar a la de quienes tildan tales impuestos de “bajos” (15%) o “muy bajos” (5%) (Gráfico 1). Podría pensarse que esta distribución de opiniones está influida por una cobertura mediática que mayoritariamente ha resaltado el elevado nivel de impuestos que pagan las empresas en España. Sin embargo, la encuesta más cercana en el tiempo que hemos hallado con una pregunta comparable, realizada en 1996, arroja datos sorprendentemente similares a los obtenidos en junio de 2023. En aquel año (Gráfico 2A) —como el actual (Gráfico 2B), un año electoral— un 43% de los entrevistados de una muestra representativa encuestada por CIRES opinó que las empresas pagaban “mucho” o “demasiado” en impuestos, mientras que un 19% mantuvo que pagaban “poco” o “demasiado poco”. Obviamente estos datos, separados en el tiempo por casi 30 años, no permiten afirmar la estabilidad durante las últimas décadas de la opinión pública española respecto a la presión fiscal sobre las empresas, pero sí dudar de que los porcentajes que ha arrojado la encuesta Funcas de junio de 2023 resulten de un cambio reciente en el “clima de opinión” provocado por los medios de comunicación. Asimismo, permiten sostener que, según la mayoría de la población adulta española, las empresas cumplen con su responsabilidad fiscal, pagando impuestos calificados como “adecuados”, “altos” o “muy altos”.

Volviendo a los datos recogidos en junio de 2023, no se observan diferencias sustanciales entre las opiniones de mujeres y hombres acerca de los impuestos que pagan las empresas, si bien ellas se abstienen mucho más que ellos de opinar sobre esta cuestión. La edad, en cambio, sí marca algunas diferencias de interés: entre la población de menos de 45 años abundan más quienes piensan que las empresas pagan impuestos “altos” o “muy altos”. Este parecer también encuentra más respaldo entre quienes tienden a asociar mentalmente la palabra “empresarios” con las PYMES o con los trabajadores autónomos, más que con las grandes empresas (Gráfico 1).

Qué representación social de los empresarios emerge cuando se oye hablar de ellos es una cuestión a la que hasta ahora se ha prestado escasa atención, a pesar de que, en este punto, se observan diferencias individuales considerables: casi cuatro de cada diez entrevistados piensan en “grandes empresas” cuando escuchan la palabra “empresarios”, pero un 24% imagina “pequeñas y medianas empresas”, y un 12% los asocia fundamentalmente con los “autónomos” (Gráfico 3). Probablemente, estas diferentes visiones (o percepciones) de los empresarios influyen en las opiniones que los individuos albergan sobre cuestiones relacionadas con el mundo de las empresas. Así, por ejemplo, quienes identifican a los “empresarios” como los responsables de “grandes empresas” (39% de los entrevistados) se muestran, en general, menos favorables hacia esta profesión. Solo un 11% de ellos recomendaría a una persona joven que se hiciera “empresario/a”; en cambio, un 54% de esas mismas personas le aconsejaría ser funcionario. Parece, por tanto, que la identificación de los empresarios con las grandes empresas está relacionada con juicios más críticos sobre este colectivo.

En todo caso, la función pública destaca ostensiblemente como destino profesional que se recomendaría a una persona joven que buscara orientación al respecto. En efecto, independientemente del sexo de los entrevistados, de su edad, de su nivel educativo o de la idea de “empresario” que albergue en su imaginario, la mayoría de los entrevistados en junio de 2023 aconsejarían a una persona joven que optara por la función pública (Gráfico 4). Llama la atención que la proporción de entrevistados que revelan una preferencia profesional por la función pública supera a la resultante de sumar todas las respuestas que hacen referencia a la ocupación en el sector privado (bien sea como empresario, como autónomo o como asalariado).

Esta extendida recomendación de incorporarse a la función pública podría interpretarse contra el trasfondo de un mundo que, sobre todo desde el inicio de esta década, se percibe como crecientemente incierto en casi todos los ámbitos de la vida. En ese entorno de incertidumbre la función pública brinda estabilidad en un ámbito tan importante como el laboral; y también ofrece, en general, jornadas de trabajo más cortas, lo que las hace más compatibles con otros quehaceres y con un valor en alza, la disposición de más tiempo libre (como se desprende de la comparación del número medio de horas semanales trabajadas por los asalariados del sector público y el resto de ocupados: Gráfico 5).

Con todo, esta interpretación que relaciona la predilección por la función pública con la agudización de sentimientos de inseguridad pasa por alto que, en momentos del pasado reciente en los que la incertidumbre provocaba menos “presión ambiental”, la preferencia por la función pública como destino profesional también se hallaba, en España, más extendida que la preferencia por la ocupación en el sector privado, como ponen de manifiesto diversas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (Gráficos 6A y 6B).

Estos datos ofrecen materia para la reflexión. Por una parte, inducen a anticipar una elevada demanda social de empleo público, lo que convierte su oferta en un expediente tentador para cualquier gobierno que desee ganar apoyo electoral. Por otra parte, obligan a plantearse una cuestión preocupante: una sociedad que traslada a sus jóvenes de manera tan masiva la preferencia por trabajar en las Administraciones Públicas puede estar olvidando que los ingresos para pagar a esos funcionarios dependen decisivamente de que empresas y trabajadores en el sector privado generen suficiente riqueza.

Ficha técnica de la Encuesta Funcas (junio 2023)

• Entrevista telefónica asistida por ordenador a una muestra de 1.373 entrevistados representativa de la población de 18 años o más residente en España.

• Trabajo de campo:

– Fecha: 12- 25 de junio de 2023.

– Empresa: IMOP Insights.

• Margen de error: en el supuesto de un muestreo aleatorio simple, el margen de error es de ±2,7 puntos porcentuales para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 %.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

mayo 24, 2023

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).

España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).

Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)^[1].

El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6).

El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.

^[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El peculiar europeísmo de los españoles

mayo 9, 2023

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Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 2023¹. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.

Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)².

Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).

En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas: las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

^[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

^[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

abril 28, 2023

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Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).

El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.

Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).

En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).

Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

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Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

marzo 30, 2023

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El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.

Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).

España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023^[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico^[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo^[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).

De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)^[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.

Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).

Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).

Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.

^[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

^[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

^[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

^[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

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La reforma de las pensiones: más que una oportunidad perdida

marzo 28, 2023

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Suficientes, más equitativas y sostenibles: así son las pensiones que, según el Gobierno, garantiza su nueva reforma. Tres adjetivos biensonantes derivados de otros tantos conceptos muy arraigados en el discurso político europeo sobre las pensiones, pero de los cuales se echan en falta definiciones operativas: suficiencia, equidad y sostenibilidad.

Empecemos por la suficiencia. ¿Qué significa «pensiones suficientes»? Si preguntáramos al respecto a los pensionistas, probablemente muchos responderían con buen criterio: «¿Suficientes para qué?». Y es que sin una referencia de suficiencia (por ejemplo, la capacidad efectiva para acceder a una cesta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas de alojamiento y manutención) no cabe atribuir la condición de suficiente a renta alguna. En ausencia de esa referencia, el Gobierno suele recurrir al expediente de identificar la suficiencia de las pensiones con su revalorización (incondicional) conforme al IPC. Es un recurso políticamente sencillo y electoralmente rentable (más, todavía, cuando se excluye la posibilidad de revalorizaciones negativas si desciende la inflación), pero financieramente arriesgado, puesto que puede implicar aumentos significativos e imprevistos del gasto en pensiones (según estimaciones del Banco de España, cada punto de la revalorización aplicada a las pensiones de este año cuesta en torno a 1.800 millones de euros consolidables).

Sigamos con la equidad. En un sistema de pensiones contributivas, como las más de 10 millones que ya provee la Seguridad Social, la equidad fundamental debería residir en el establecimiento de reglas de proporcionalidad justas (no discriminatorias) entre lo que se ha aportado al sistema a través de cotizaciones y lo que se percibe de él a lo largo de todo el periodo de percepción de la pensión. Sabemos por diversos análisis que esta equidad es muy imperfecta en nuestro sistema de pensiones. En efecto, aunque la mayoría de los ciudadanos lo desconozca, todos los jubilados (con carreras de cotización completas) que cobran su pensión durante algo más de diez años perciben del sistema más de lo que cotizaron a él (tanto más, cuanto más tiempo vivan). Sin embargo, algunos pensionistas consiguen mejores pensiones con menores esfuerzos contributivos y otros, peores pensiones con mayores esfuerzos contributivos (por ejemplo, los que cotizaron más años de los precisos para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión). La nueva reforma de las pensiones no solo no corrige estas inequidades actuariales, sino que las refuerza al imponer incrementos de las cotizaciones sociales que no se incorporan al cálculo de la pensión. Esto último lo consuma a través de una triple vía: reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional (con tasas progresivamente más altas y una vigencia temporal más prolongada), elevando las bases máximas de cotización por encima de la inflación (sin un alza equivalente de la pensión máxima) y creando una «cuota de solidaridad» (que grava el importe del salario superior a la base máxima): incrementos gratis et amore para la Seguridad Social que constituyen elementos de redistribución de la población empleada –y, en particular, de los empresarios y los trabajadores mejor retribuidos (normalmente en virtud de su mayor productividad)– a los pensionistas. Por tanto, la nueva reforma debilita la equidad contributiva en beneficio de una equidad redistributiva que, en los Estados del bienestar mejor organizados, se persigue mediante instrumentos de política social financiados con impuestos generales.

Por último, detengámonos en la sostenibilidad y distingámosla del sostenimiento. Si convenimos en que es sostenible lo que se puede sostener sin que los costes para ello provoquen más perjuicios que beneficios para la comunidad, afirmar que un gasto es sostenible exigirá una valoración de los costes de sostenimiento basada en la mejor evidencia disponible. El sistema de pensiones de la Seguridad Social, cuyo porcentaje de gasto sobre el PIB ronda actualmente el 12% (alrededor de 12.000 millones de euros mensuales), ha sido sostenido financieramente desde sus orígenes, incluso cuando los ingresos por cotizaciones no han bastado para cubrir los gastos en prestaciones. Pese al déficit contributivo, continuado desde 2011, la Seguridad Social ha pagado puntualmente todas las pensiones; eso sí, al precio de vaciar prácticamente el fondo de reserva («la hucha de las pensiones») y recibir préstamos y transferencias de considerable volumen del Estado. La pregunta no es si este Gobierno y los que le sucedan van a seguir sosteniendo el gasto en pensiones, que lo harán (porque si no, sucumbirían inmediatamente); la pregunta es qué costes implicará este sostenimiento del gasto en pensiones que previsiblemente crecerá entre tres y cinco puntos sobre el PIB hasta 2050 (o más, si el PIB cayera arrastrado por una recesión).

En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron (con mayor o menor fortuna y eficacia) los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por un cambio de paradigma en la política de pensiones consistente en fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social; pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países europeos, han permanecido estables muchos años. Según el Gobierno, hay margen para semejantes aumentos de las cotizaciones, puesto que los costes laborales por hora trabajada son en España más bajos que en otros países de nuestro entorno. Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.

La Comisión Europea ha aceptado esta reforma de las pensiones con la que el Gobierno se propone rematar el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia («Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo») y asegurarse así la recepción de los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Ha sido prudente y no ha calificado la reforma, pero más probable parece que le merezca un aval «con reservas» que una consideración de «referente internacional». Sí ha gustado, y mucho, a los sindicatos, que la celebran como el resultado de un «acuerdo histórico». En cambio, las organizaciones empresariales la perciben como un atropello inaceptable, quizá lamentando ahora haber permanecido demasiado «a la expectativa» durante estos meses.

Esta pieza final de la reforma de pensiones promovida a matacaballo por el Gobierno no supone sólo otra oportunidad perdida para generar confianza en el sistema de pensiones mejorando sus reglas de funcionamiento conforme a los conocimientos que expertos nacionales e internacionales proveen desde hace años y actualizan puntualmente. También ahonda en el conflicto político y en la devaluación del Parlamento (completamente al margen de la articulación de esta norma), en la sensación de inseguridad jurídica que albergan muchos empresarios y en la desconfianza de la población hacia la política y los políticos. Y no, la reforma no creará «un sistema muy sólido, con pensiones suficientes, muy bien financiado, muy sostenible y más equitativo», como aseveró el ministro José Luis Escrivá hace unas semanas, en medio de las negociaciones con la Comisión Europea. Quizá fuera tal su propósito, pero, con la evidencia de la que a día de hoy disponemos, esa rotunda afirmación no es más válida que su contraria.

Este artículo se publicó originalmente el el diario El Mundo.

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El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo

marzo 23, 2023

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A principios de este año, la Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre los efectos del envejecimiento y el descenso de la población europea en la disponibilidad de mano de obra, insistiendo en la necesidad de atraer inmigración con habilidades y talento. En todos los países europeos, en mayor o menor medida, el aumento progresivo de la proporción de personas mayores que ya han salido del mercado de trabajo plantea carencias de trabajadores cualificados para sostener el crecimiento económico y el Estado del Bienestar.

El Gobierno español ha reconocido la importancia estratégica que adquiere la inmigración laboral en las décadas inmediatamente próximas. En su Estrategia Nacional de Largo Plazo “España 2050”, publicada en 2021, ha definido 12 ejes de actuación prioritaria entre los cuales figura el “fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar nuestro estado del bienestar”.^[1] Ese mismo documento prevé un saldo migratorio de 191.000 personas al año desde 2020 hasta 2050, una cifra que, aun cuando supera el promedio observado entre 1990 y 2019, se encuentra bastante por debajo de la que proyectan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INE)^[2] o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).^[3]

Dada la relevancia que adquiere la inmigración en la política nacional, llama la atención la escasez de información pública sobre cómo pretenden las autoridades españolas atraer a extranjeros con capacidades y talento en un contexto europeo cada vez más competitivo. Esta información es aún más necesaria si se tiene en cuenta que, durante las últimas décadas, España no ha conseguido mejorar la composición educativa de su población inmigrante en las edades centrales de la carrera laboral. Así se desprende de los datos que ofrece Eurostat sobre los niveles educativos de la población nacida en el extranjero entre 2004 y 2021. El examen de esos datos permite formular los siguientes argumentos:

A principios del siglo XXI, España compartía con Suecia, Bélgica y Hungría una proporción de población de origen extranjero (25-54 años) con estudios universitarios, de similar tamaño y bastante elevada en comparación con otros países de la Unión Europea (UE). En efecto, en torno al 30% de la población de esas edades, nacida en el extranjero y residente en esos países afirmaba hallarse en posesión de un título universitario. En 2021, los cuatro países presentaban porcentajes más altos de población extranjera con estudios universitarios que en 2004, pero en España la proporción de ese colectivo había aumentado muy poco (30,3%) en comparación con Suecia (47,6%), Bélgica (41,5%) y Hungría (38,6%). De hecho, en 2021 el porcentaje de población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero y con estudios universitarios se situaba en España por debajo de los porcentajes que arrojaban los Países Bajos (42,5%), Portugal (40,8%) o Francia (37,7%), países que en 2004 ostentaban tasas más bajas que la española. Lo cierto es que, en 2021, el porcentaje de población (25-54 años) residente en España, nacida en el extranjero y con estudios universitarios se hallaba entre los más bajos de la Unión Europea, si bien por encima de Italia (12,6%%) y Grecia (19,8%). Aun cuando Alemania presentaba un porcentaje semejante al de España, acreditaba un aumento notable entre 2004 (20,5%) y 2021 (29,1%) (Cuadro 1A y Gráfico 1A).

Los porcentajes de población (25-54 años) nacida en el extranjero con niveles de estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores han caído en la mayor parte de los países europeos, pero en algunos países lo han hecho de manera más intensa que en otros. Por ejemplo, en Portugal el porcentaje descendió en más de 25 puntos porcentuales entre 2004 (50,4%) y 2021 (23,8%): en Irlanda, lo hizo en casi 20 puntos (2004: 22,8%; 2021: 4,9%), y en Francia, en más de 10 puntos (2004: 45,8%; 2024: 32,2%). En España, sin embargo, el descenso entre esos dos años fue muy leve (2004: 41,5%; 2021: 37,8%), de manera que, en 2021, España figuraba entre los países de la UE con porcentajes más altos de población nacida en el extranjero con estudios de nivel inferior (37,8%), solo por delante de Italia (48,0%) (Cuadro 1A y Gráfico 1B).

En cambio, entre la población nativa de las mismas cohortes de edad se observa un drástico descenso del porcentaje de personas con niveles educativos de nivel inferior (2004: 50,2%; 2021: 30,8%) y un gran aumento de la proporción de quienes cuentan con estudios universitarios (2004: 30,2%; 2021: 48,2%). El salto en el acceso a la educación universitaria que presenta España en ese período es equiparable a los realizados por Francia y Países Bajos. De este modo, España se sitúa en 2021 entre los países de la UE con mayor proporción de población de 25 a 54 años que ha concluido estudios universitarios (Gráfico 1B).

En definitiva, la población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero que reside en España muestra en 2004 y 2021 una composición por niveles educativos muy similar, a diferencia de lo que se observa en gran parte de los países europeos, en los que la estructura educativa de la población inmigrante ha mejorado ostensiblemente. Pero como, además, el nivel educativo de la población española de esas edades ha aumentado significativamente entre 2004 y 2021, se han agrandado las diferencias educativas entre la población nativa y la población de origen extranjero (Gráfico 2). En la mayor parte de los países europeos los cambios en la composición de la población nacida en el país y la población nacida en el extranjero han avanzado más acompasadamente.

A la hora de analizar las disparidades educativas entre la población autóctona y la de origen extranjero en España, es importante considerar las diferencias dentro del colectivo de inmigrantes. Según los datos de las Encuestas de Población Activa (EPA) en 2022, la población nacida en el extranjero residente en España con niveles educativos más bajos es la procedente de África: tres cuartas partes de los inmigrantes entre 25 y 54 nacidos en ese continente y residentes en España han concluido como máximo estudios de educación obligatoria; una quinta parte ha completado educación postobligatoria no universitaria y solo el 6% cuenta con títulos universitarios. El grupo más numeroso de inmigrantes residentes en España, los nacidos en países de Latinoamérica, presenta una composición educativa más equilibrada: casi un tercio (31%) de los que cuentan entre 25 y 54 años ostenta niveles educativos básicos, proporción coincidente con la de quienes han terminado la educación secundaria post-obligatoria, mientras que el 24% ha alcanzado educación terciaria (Gráfico 3).

Los datos de la EPA de 2022 refuerzan, por tanto, la evidencia de importantes disparidades educativas entre la población de origen español y la de origen extranjero. Bajo el supuesto razonable de que las semejanzas educativas entre distintas poblaciones redundan en beneficio de la integración, aproximar la composición educativa de la población inmigrante y la autóctona mediante una política bien diseñada de captación de trabajadores extranjeros más cualificados debería ser un objetivo deseable no solo en virtud de razones económicas, sino también sociales.

[1] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo (Madrid: Ministerio de la Presidencia, 2021: 22).

[2] El INE proyecta un saldo migratorio anual de más de 450.000 personas hasta 2027, que a partir de ese año se reduciría y hacia 2050 se situaría aproximadamente en 250.000 personas (https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf).

[3] La AIReF estima un flujo promedio de entradas netas anuales de 330.000 personas entre 2020 y 2050. Véase AIReF (2020). “Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento técnico 1/20 (https://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/).

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El rápido avance de las mujeres en la medicina española: una historia de éxito con alto coste personal

febrero 10, 2023

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El Día Mundial de la
Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821,
nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se
graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el
siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de
que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con
una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

Hasta bien entrado el siglo XX, la profesionalización de las mujeres en la medicina española avanzó lentamente. Según la estadística de médicos colegiados, antes de 1965 el número de colegiadas en toda España no llegaba al millar. Ese año lo superó (1.044), pero la cifra resultaba anecdótica en comparación con la de médicos varones (38.665) (Gráfico 1). Solo algo más de medio siglo después, en 2017, las colegiadas (127.979) rebasaron por primera vez a los colegiados (125.817). Desde ese sorpasso, la distancia entre ambas cifras no ha dejado de crecer a favor de las mujeres. Por tanto, puede afirmarse que la brecha de género en esta variable se estrechó hasta desaparecer en la segunda década de este siglo, volviendo después a abrirse, pero esta vez en sentido contrario: son los hombres los que reducen su presencia en el ejercicio de la medicina.

Ampliando la mirada a la Unión Europea, se observa que España se sitúa entre los países occidentales con porcentajes más altos de médicas (57% en 2020)^[1], muy por encima de los registrados en otros países con Estados del Bienestar de más larga trayectoria histórica (como Alemania y Francia) o más desarrollados (como los nórdicos, bien conocidos por la elevada ocupación de las mujeres en la prestación de servicios públicos de bienestar) (Gráfico 2).

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran con claridad cómo ha ido consolidándose este predominio femenino en la profesión médica española desde principios de este siglo. En el año 2000, por cada 100 hombres que declararon ejercer la medicina, lo hicieron 65 mujeres; en 2022, el número de ellas se había disparado hasta 149 (Gráfico 3). En algunos grupos de edad, ese desequilibrio a favor de las mujeres es todavía mayor: entre los médicos de 35 a 44 años, en 2022 por cada 100 hombres se contaban 245 mujeres (Gráfico 4).

La transformación que se ha producido en la composición de la clase médica española en lo que va de siglo merece el calificativo de extraordinaria. A medida que las mujeres han aumentado su presencia en el ejercicio de la medicina, ha ido creciendo su participación en todos los grupos de edad y, por tanto, su edad media. En el año 2000 apenas había 11 médicas de 55 o más años por cada 100 médicos de las mismas edades; en 2022, la proporción de unas y otros casi se ha equiparado (91). En pocos años, también en este grupo de edad “mayor”, ellas serán más que ellos.

Con todo, la edad media de las médicas que ejercen en España en 2022 (45,3 años) es casi cinco años más baja que la de sus compañeros (50,2 años). En esta variable se observan, no obstante, diferencias ostensibles entre comunidades autónomas: las médicas que trabajan en las Islas Baleares ostentan la edad media más baja, y las de La Rioja, la más alta. Llaman asimismo la atención las diferencias de edad media entre médicas y médicos: Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia destacan por contar con médicos (varones) con una edad media bastante más elevada que la de sus compañeras de profesión. En cambio, en otras comunidades, como el País Vasco y Cantabria, la edad media de las médicas es solo ligeramente menor que la de los médicos; incluso en las comunidades de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, la edad media de ellas ya supera (por poco) a la de ellos (Gráfico 5). En la medida en que la antigüedad en el ejercicio de la medicina es una variable importante para acceder a puestos con mayor responsabilidad y mando, cabe suponer que en aquellas comunidades que arrojan mayores diferencias entre las edades medias de médicos y médicas, la desigualdad de género es mayor en cuanto a condiciones laborales y estatus profesional (lo que presumiblemente también redunda en las relaciones profesionales entre los facultativos de ambos sexos que prestan servicios en un mismo centro).

Probablemente en España no exista otra ocupación cualificada en la que las mujeres hayan avanzado tan rápida y firmemente como en la de la medicina. Los efectos de esta “feminización” de la profesión médica son muchos y variados^[2]. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las médicas consiguen mejores resultados clínicos en algunas dimensiones, aunque ello no se deba a una característica propia de su género, sino a comportamientos más comunes entre ellas (como dedicar más tiempo al estudio de las historias clínicas, solicitar más pruebas diagnósticas, etc.)^[3]. Pero junto a estos efectos de su actuación profesional, hay que tener en cuenta otros que afectan a su posición en la sociedad.

Por una parte,
habida cuenta de que la profesión médica es la más valorada por los españoles,
como indican las encuestas de opinión, las mujeres se sitúan como principales
beneficiarias de esa valoración social^[4].
Ahora bien, esa conspicua reputación corporativa tiene un “coste vital”
importante. El ejercicio de la medicina se encuentra entre las ocupaciones
profesionales que provocan niveles más altos de estrés emocional y, sobre todo
en los últimos tiempos, también de sobrecarga laboral. Las exigencias
formativas y productivas para ejercer la medicina son comparativamente muy
altas y generan desequilibrios a menudo insostenibles entre el ejercicio de la
profesión, el desarrollo y la consolidación de la familia y el ocio personal.
Sin un equilibrio entre esas tres dimensiones que responda a las preferencias
(sin duda, diversas) de las médicas, el ejercicio de la medicina puede acabar
provocando frustración y hasta rechazo, por mucha vocación profesional y de
servicio que se ponga en la balanza.

A las mujeres que
practican actualmente la medicina debería ayudárseles con políticas bien
diseñadas e implementadas en la búsqueda de este equilibrio entre profesión,
familia y ocio, que, claro está, no es estable a lo largo de la carrera
profesional, sino que va modificándose con la edad. Por lo demás, la garantía
de buenas condiciones laborales y de conciliación familiar adquiere especial
importancia, dada la creciente competición global para satisfacer la demanda de
profesionales sanitarios en muchos países desarrollados y en desarrollo.

En el Día Mundial de la
Mujer Médica deberíamos trascender el objetivo de ensalzar la figura de las
mujeres que ejercen la medicina y poner el acento en las dificultades que
muchas de ellas afrontan para organizar su vida de una manera satisfactoria en
su propio beneficio y en el de quienes, antes o después, acabamos necesitando a
todos los profesionales de la medicina.

^[1] Los elevados porcentajes de médicas en los países de Europa del Este se han relacionado con la promoción de la medicina femenina por los antiguos regímenes comunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

^[2] Véase OMC/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(2018): Diagnóstico
de género de la profesión médica, Cuadernos CGCOM.

^[3] Véase, por ejemplo, Sergeant et al. (2021). Variations in Processes of Care and Outcomes for Hospitalized General Medicine Patients Treated by Female vs Male Physicians, Jama Health Forum 2(7) y Rotenstein et al. (2022). Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, Jama Network Open, 5(3).

^[4] Véase la serie J.1.09.01.005 (Escala de valoración [0-10] de profesiones: médico/a) en el CIS.

La conciencia medioambiental, necesaria, pero no suficiente

enero 27, 2023

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La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos^[1], y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO₂)^[2].

El sentido de estas declaraciones y celebraciones
es el de concienciar a la población del deterioro medioambiental provocado por
la acción humana y de la necesidad de actuar contra él de una manera
concertada, solvente y sin dilaciones. Se parte del supuesto de que solo cuando
se alcanza un nivel alto de conciencia social sobre un problema, los miembros
de la sociedad lo incorporan a su toma de decisiones individuales y, en
consecuencia, a sus acciones.

¿Pero acaso no está ya la población mundial concienciada de problemas como el calentamiento global y sus riesgos? Sin duda cada vez más, pero las diferencias entre países son ostensibles. Así lo ponen de manifiesto las encuestas incluidas en el Global Attitudes Survey del Pew Research Center realizadas durante la primavera de 2022 (Gráfico 1a). Es cierto que en las sociedades europeas analizadas (así como también en la japonesa y surcoreana) la percepción del cambio climático como una gran amenaza para sus países está muy extendida: los porcentajes de personas que comparten esa percepción superan a los porcentajes correspondientes a riesgos de tanta entidad como los de la “propagación de enfermedades infecciosas” o los “ciberataques de otros países”. Pero esta posición tan destacada del calentamiento global como amenaza nacional (además de global) no se observa en otros países de fuera de Europa. Por ejemplo, en Israel, Estados Unidos, Malasia o Singapur los porcentajes de personas que ven en los ciberataques y la propagación de enfermedades infecciosas grandes amenazas para sus respectivos países son más altos que los de quienes señalan el calentamiento global (gráfico 1b).

Las sociedades europeas meridionales (Grecia, Italia, Francia y España) se sitúan en el grupo de las que en mayor medida perciben en el calentamiento global como una amenaza para el propio país. En torno a cuatro de cada cinco entrevistados en esos países suscriben esta opinión, proporción claramente mayor que la observada en países con más tradición ecologista, como Alemania (73 %) o Suecia (70 %).

El dato español (78 %) coincide con el que
arrojan los barómetros más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ante una pregunta enunciada de manera diferente, pero que trata de
extraer una información similar: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio
climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?” Planteada así la cuestión,
el 80 % de los entrevistados entre septiembre y diciembre de 2022
contestaron “mucho” o “bastante”; un 11 % declaró, en cambio, poca
preocupación, y un 4 %, ninguna (un 3 % puso incluso en duda la
existencia de un cambio climático).

El análisis desagregado de los datos muestra una mayor preocupación entre las mujeres y entre las personas que se autoubican ideológicamente en posiciones de izquierda (Gráfico 2a y 2b). De hecho, las opiniones que reflejan nula preocupación por el cambio climático o lo niegan solo superan el 10 % entre los hombres y entre quienes se identifican con posiciones ideológicas entre el 7 y el 10 en la escala del 1 (izquierda) a 10 (derecha). Sin embargo, la edad –la variable que a menudo se supone más discriminante en estas cuestiones, dada la mayor preocupación por el deterioro del medioambiente que han mostrado públicamente los jóvenes– no arroja diferencias relevantes (Gráfico 2c).

Una mayoría tan amplia como la que manifiesta sentirse muy o bastante preocupada por el cambio climático opina que en España se deben hacer cambios profundos en “la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”. La defensa de cambios de profundos solo alcanza un nivel tan alto en el caso del “desarrollo de la ciencia y la innovación” (Gráfico 3). En línea con la mayor preocupación por el cambio climático que expresan las mujeres, son también ellas las que más frecuentemente consideran que se deben hacer cambios profundos (83 % frente a 71 % de los hombres). Esta opinión también abunda más entre quienes se identifican con posiciones de izquierda en la escala de autoubicación ideológica (alcanzando entre el 85 y el 95 % en el grupo de quienes se posicionan en el tramo marcado por los puntos 1 y 4 de la escala, mientras que los porcentajes de quienes lo hacen entre los puntos 6 y 10 oscilan entre el 44 y el 66 %) (Gráficos 4a y 4b).

A pesar de este amplio apoyo a la introducción de cambios profundos en las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, cuando se pregunta por las preferencias de gasto público, la protección del medio ambiente queda por debajo de otras partidas (Gráfico 5). Más de la mitad de los entrevistados opinan que se debería gastar “mucho más” en sanidad e investigación y ciencia, mientras que menos de uno de cada tres defiende un gasto público mucho mayor para proteger el medio ambiente. Bien es cierto, no obstante, que la preferencia por dotar mejor económicamente las políticas ambientales supera claramente a las preferencias por otros capítulos sociales, como las pensiones (19 %) o la protección al desempleo (14 %) (Gráfico 6). De nuevo, las mujeres y los ciudadanos que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico expresan con mayor frecuencia una posición favorable a gastar “mucho más” en la partida de la protección medioambiental (Gráficos 6a y 6b).

De los datos anteriores se desprende que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, sobre todo, entre las mujeres y entre quienes se identifican más con la izquierda (autoubicándose en posiciones por debajo del 6 en la escala ideológica). Cabe afirmar, por tanto, que la opinión pública española es muy favorable a la protección del medio ambiente, si bien con un matiz importante: estas actitudes medioambientalistas se han creado y se mantienen en el marco de un debate público en el que no suelen plantearse los costes en términos económicos y de calidad de vida que implica esa protección (como se expone en este artículo de nuestra revista Panorama Social).

Con todo, en el Día
de la Acción contra el Calentamiento
Terrestre es preciso subrayar que, aun siendo la
toma de conciencia sobre un problema una condición necesaria para adoptar
conductas orientadas a hacerle frente, no es una condición suficiente. Una cosa
es declarar preocupación, incluso expresar preferencias por un mayor compromiso
de la política y el Estado para afrontar la crisis ambiental global, y otra,
adoptar conductas consistentes con esa preocupación en los diferentes ámbitos
de actuación (transporte, reciclaje, consumo, etc.).

En el caso de la protección medioambiental, el
paso de la conciencia del problema a la acción individual requiere superar al
menos dos potentes inercias: la del free riding, riesgo común a todos los
bienes públicos (“voy a poder disfrutar de las mejoras resultantes de los
comportamientos ecológicos de otros, sin asumir costes específicos porque no se
me puede excluir de los beneficios de tales comportamientos”) y la del too big to do
something about (“lo que yo haga
individualmente en favor del medio ambiente tiene un impacto tan pequeño que no
merece la pena”). Independientemente de que consideremos estos comportamientos
más o menos inmorales, muy probablemente sean “normales” en sentido
estadístico. Superar estas inercias requeriría probablemente, aparte de
perseverar en la difusión de valores medioambientales y conocimientos sobre los
riesgos del deterioro de la naturaleza, informar de manera realista sobre los
costes y esfuerzos que conlleva la lucha contra ese deterioro y establecer
estructuras de incentivos económicos para los individuos y hogares que se sumen
a esa lucha. La eficacia de una estrategia semejante será probablemente mayor
si, además, se ofrecen a la sociedad pruebas del compromiso real de gobiernos y
empresas con este objetivo y, por tanto, de la ejemplaridad de sus
comportamientos.

^[1] Específicamente, los objetivos 13 (Acción por el clima), 14 (Vida
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). También relacionados con la
protección del medio ambiente están los objetivos 6 (Agua limpia y
saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables).

^[2]

Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Mundial del Reciclaje
(17 de mayo), Día Mundial de la Diversidad (22 de mayo), Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio), Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Día Mundial de
la Preservación de la Capa de Ozono, (16 de septiembre), Día Mundial de
Protección de la Naturaleza (18 de octubre), y Día Mundial contra el Cambio
Climático (24 de octubre).