la-reforma-de-las-pensiones:-mas-que-una-oportunidad-perdida

La reforma de las pensiones: más que una oportunidad perdida

Comparte esta entrada



Suficientes, más equitativas y sostenibles: así son las pensiones que, según el Gobierno, garantiza su nueva reforma. Tres adjetivos biensonantes derivados de otros tantos conceptos muy arraigados en el discurso político europeo sobre las pensiones, pero de los cuales se echan en falta definiciones operativas: suficiencia, equidad y sostenibilidad.

Empecemos por la suficiencia. ¿Qué significa «pensiones suficientes»? Si preguntáramos al respecto a los pensionistas, probablemente muchos responderían con buen criterio: «¿Suficientes para qué?». Y es que sin una referencia de suficiencia (por ejemplo, la capacidad efectiva para acceder a una cesta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas de alojamiento y manutención) no cabe atribuir la condición de suficiente a renta alguna. En ausencia de esa referencia, el Gobierno suele recurrir al expediente de identificar la suficiencia de las pensiones con su revalorización (incondicional) conforme al IPC. Es un recurso políticamente sencillo y electoralmente rentable (más, todavía, cuando se excluye la posibilidad de revalorizaciones negativas si desciende la inflación), pero financieramente arriesgado, puesto que puede implicar aumentos significativos e imprevistos del gasto en pensiones (según estimaciones del Banco de España, cada punto de la revalorización aplicada a las pensiones de este año cuesta en torno a 1.800 millones de euros consolidables).

Sigamos con la equidad. En un sistema de pensiones contributivas, como las más de 10 millones que ya provee la Seguridad Social, la equidad fundamental debería residir en el establecimiento de reglas de proporcionalidad justas (no discriminatorias) entre lo que se ha aportado al sistema a través de cotizaciones y lo que se percibe de él a lo largo de todo el periodo de percepción de la pensión. Sabemos por diversos análisis que esta equidad es muy imperfecta en nuestro sistema de pensiones. En efecto, aunque la mayoría de los ciudadanos lo desconozca, todos los jubilados (con carreras de cotización completas) que cobran su pensión durante algo más de diez años perciben del sistema más de lo que cotizaron a él (tanto más, cuanto más tiempo vivan). Sin embargo, algunos pensionistas consiguen mejores pensiones con menores esfuerzos contributivos y otros, peores pensiones con mayores esfuerzos contributivos (por ejemplo, los que cotizaron más años de los precisos para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión). La nueva reforma de las pensiones no solo no corrige estas inequidades actuariales, sino que las refuerza al imponer incrementos de las cotizaciones sociales que no se incorporan al cálculo de la pensión. Esto último lo consuma a través de una triple vía: reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional (con tasas progresivamente más altas y una vigencia temporal más prolongada), elevando las bases máximas de cotización por encima de la inflación (sin un alza equivalente de la pensión máxima) y creando una «cuota de solidaridad» (que grava el importe del salario superior a la base máxima): incrementos gratis et amore para la Seguridad Social que constituyen elementos de redistribución de la población empleada –y, en particular, de los empresarios y los trabajadores mejor retribuidos (normalmente en virtud de su mayor productividad)– a los pensionistas. Por tanto, la nueva reforma debilita la equidad contributiva en beneficio de una equidad redistributiva que, en los Estados del bienestar mejor organizados, se persigue mediante instrumentos de política social financiados con impuestos generales.

Por último, detengámonos en la sostenibilidad y distingámosla del sostenimiento. Si convenimos en que es sostenible lo que se puede sostener sin que los costes para ello provoquen más perjuicios que beneficios para la comunidad, afirmar que un gasto es sostenible exigirá una valoración de los costes de sostenimiento basada en la mejor evidencia disponible. El sistema de pensiones de la Seguridad Social, cuyo porcentaje de gasto sobre el PIB ronda actualmente el 12% (alrededor de 12.000 millones de euros mensuales), ha sido sostenido financieramente desde sus orígenes, incluso cuando los ingresos por cotizaciones no han bastado para cubrir los gastos en prestaciones. Pese al déficit contributivo, continuado desde 2011, la Seguridad Social ha pagado puntualmente todas las pensiones; eso sí, al precio de vaciar prácticamente el fondo de reserva («la hucha de las pensiones») y recibir préstamos y transferencias de considerable volumen del Estado. La pregunta no es si este Gobierno y los que le sucedan van a seguir sosteniendo el gasto en pensiones, que lo harán (porque si no, sucumbirían inmediatamente); la pregunta es qué costes implicará este sostenimiento del gasto en pensiones que previsiblemente crecerá entre tres y cinco puntos sobre el PIB hasta 2050 (o más, si el PIB cayera arrastrado por una recesión).

En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron (con mayor o menor fortuna y eficacia) los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por un cambio de paradigma en la política de pensiones consistente en fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social; pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países europeos, han permanecido estables muchos años. Según el Gobierno, hay margen para semejantes aumentos de las cotizaciones, puesto que los costes laborales por hora trabajada son en España más bajos que en otros países de nuestro entorno. Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.

La Comisión Europea ha aceptado esta reforma de las pensiones con la que el Gobierno se propone rematar el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia («Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo») y asegurarse así la recepción de los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Ha sido prudente y no ha calificado la reforma, pero más probable parece que le merezca un aval «con reservas» que una consideración de «referente internacional». Sí ha gustado, y mucho, a los sindicatos, que la celebran como el resultado de un «acuerdo histórico». En cambio, las organizaciones empresariales la perciben como un atropello inaceptable, quizá lamentando ahora haber permanecido demasiado «a la expectativa» durante estos meses.

Esta pieza final de la reforma de pensiones promovida a matacaballo por el Gobierno no supone sólo otra oportunidad perdida para generar confianza en el sistema de pensiones mejorando sus reglas de funcionamiento conforme a los conocimientos que expertos nacionales e internacionales proveen desde hace años y actualizan puntualmente. También ahonda en el conflicto político y en la devaluación del Parlamento (completamente al margen de la articulación de esta norma), en la sensación de inseguridad jurídica que albergan muchos empresarios y en la desconfianza de la población hacia la política y los políticos. Y no, la reforma no creará «un sistema muy sólido, con pensiones suficientes, muy bien financiado, muy sostenible y más equitativo», como aseveró el ministro José Luis Escrivá hace unas semanas, en medio de las negociaciones con la Comisión Europea. Quizá fuera tal su propósito, pero, con la evidencia de la que a día de hoy disponemos, esa rotunda afirmación no es más válida que su contraria.

Este artículo se publicó originalmente el el diario El Mundo.

Comparte esta entrada



Leer más
rebaja-del-iva-de-los-alimentos-basicos,-competencia-y-santa-barbara

Rebaja del IVA de los alimentos básicos, competencia y Santa Bárbara

Comparte esta entrada



El Gobierno ha decidido reducir el IVA de los alimentos básicos: el del pan, la harina, los huevos, la leche, frutas, legumbres, verduras y cereales del 4% al 0%, y el de la pasta y el aceite del 10% al 5%. La medida viene acompañada, además, de ayudas directas —claramente distributivas— a personas con menores ingresos y patrimonio. Las rebajas fiscales son controvertidas, especialmente en un país con una deuda pública mayor que su propio PIB y en un entorno de tipos de interés crecientes. De hecho, muchos economistas han criticado ya esta reducción de los impuestos indirectos y dudan de que sea la mejor manera de ayudar a los más vulnerables durante la crisis. Por ello, merece la pena poner la lupa del análisis económico en esta reducción y obtener nuestras propias conclusiones 

Un motivo razonable para la duda es que las rentas más altas también se benefician de las reducciones de los impuestos indirectos, a veces en mayor medida que los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la reducción del IVA que se aplica a algunos bienes culturales, muy deseable por otras razones, es claramente regresiva, ya que su consumo esta muy correlacionado con el nivel educativo y la renta. Por tanto, son las rentas medias y altas las que disfrutan fundamentalmente de esta subvención implícita a la cultura. Sin embargo, esto no sucede con los alimentos básicos. Es más: alguno de ellos, como las patatas o la pasta, son el ejemplo típico de lo que los economistas llamamos bienes “inferiores”, un adjetivo en ningún caso peyorativo, sino que alude a que su demanda aumenta al reducirse la renta: con menos recursos tendemos a sustituir la carne por los macarrones. En definitiva, al contrario de lo que pasa con gran número de ayudas y subvenciones fiscalmente regresivas (cultura, coche eléctrico, placas solares, etc…), las rentas más bajas deberían beneficiarse en igual o mayor medida que el resto de la población de esta reducción fiscal. 

Otro problema potencial de la medida en la mente de sus críticos es que resulta fácil bajar impuestos, y muy, muy difícil subirlos, de modo que lo que es una decisión coyuntural (por el aumento de la inflación, o los precios de la energía) podría tender a volverse permanente. Pero en este caso el Gobierno evita este “efecto de trinquete” al establecer que la rebaja desaparecerá cuando la inflación subyacente descienda del 5,5%. Aún mejor: pensando en la cercanía de las elecciones y en las restricciones políticas, la rebaja que nos ocupa —con un coste fiscal estimado por el gobierno de 660 millones de euros— seguramente ha permitido justificar la retirada de la subvención universal de 20 céntimos por litro para la compra de carburantes: una gran noticia, ya que dicha subvención tenía un coste fiscal muy superior (rondaba los 5.000 millones), era manifiestamente regresiva (calculen el generoso subsidio público que los afortunados propietarios de grandes todoterrenos han recibido), y aumentaba el consumo de combustibles fósiles, desincentivando el uso del transporte público y de soluciones de movilidad menos contaminantes. La subvención era medioambientalmente disparatada, económicamente ineficiente al aumentar artificialmente el consumo de un insumo que había incrementado su coste e, incluso, estratégicamente cuestionable, pensando en la guerra de Ucrania y el impacto de la demanda de petróleo sobre los recursos de Rusia. 

«Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado».

Juan José Ganuza

Más discutibles son las voces que reclaman sanciones para los establecimientos que no repercutan la bajada del IVA en los precios. Los controles de precios no funcionan y no se puede ir contra la ley de la gravedad y contra la microeconomía. Si se introduce una subvención (una rebaja impositiva) en un mercado competitivo, una parte se trasladará a los consumidores en términos de reducción de precios; inevitablemente, la otra parte engrosará los beneficios empresariales. Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado. 

Con respecto a la elasticidad de la demanda, tenemos el viento de cola. La demanda de alimentos básicos no varía significativamente cuando estos aumentan su precio. La falta de elasticidad de la demanda (en jerga economista) hace que los cambios en los costes repercutan rápidamente en los precios, pero también que las reducciones de impuestos se trasladen en gran medida a una bajada en el precio si el mercado es competitivo. Y esa es la gran condición: que el mercado sea competitivo. Cuanto más lo sea, más bajarán los precios al hacerlo el IVA. 

Pero solo nos acordamos de la competencia, como de Santa Bárbara, cuando truena. Fomentar la competencia no vende. En el debate público no se discute sobre la conveniencia de reducir las barreras a la entrada a mercados como el de la distribución de alimentos, mientras que otros, como el de transporte por carretera, están aún pendientes de ser liberalizados. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para asimilar que la mejora de la competencia no es solo un mecanismo para mejorar la innovación, expandir los mercados y con ello la demanda y el empleo, sino también para mejorar la equidad, reduciendo los precios de bienes esenciales como los alimentos básicos. 

La eficacia de la competencia como palanca para mejorar el bienestar de todos ha quedado demostrada, por ejemplo, a través de la liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa sin mucho entusiasmo doméstico. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% en los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios en el corredor Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá mas rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más elocuente a los consumidores. En definitiva, no es tiempo para amenazar con controles de precios, sino para aprender la lección de que la competencia es un mecanismo para impulsar la equidad y el bienestar de los más vulnerables.

Comparte esta entrada



Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(i)

La economía de la salud pública en España (I)

Comparte esta entrada



Esta es la primera de una serie de notas en las que vamos a exponer algunas reflexiones y datos sobre la economía de la salud pública en España[1]. Conviene empezar distinguiendo los términos salud pública, medicina preventiva, asistencia sanitaria individual y sanidad pública. La salud pública se define actualmente con una visión muy amplia como “la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad” (Lumbreras Lacarra y Hernádez Aguado 2018). Comprendería las siguientes actividades:

  1. Vigilancia y valoración del estado de salud de la población,
  2. Búsqueda de políticas efectivas,
  3. Promoción de la salud, que intenta fomentar la salud de la población, trabajando con los ciudadanos y las comunidades para que adquieran un mejor control de su salud,
  4. Prevención de enfermedades. Comprendería, en esta visión amplia, cuatro niveles de prevención:
    • primaria  (actuar antes de que la enfermedad aparezca),
    • secundaria  (actuar en fases presintomáticas),
    • terciaria (una vez enfermo, intentar paliar los efectos de la enfermedad),
    • cuaternaria (intentar evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica),
  5. Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,
  6. Evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública (ibíd.).

Estas concepciones amplias no se reflejan plenamente en las estadísticas internacionales de gasto en salud pública ya que por razones pragmáticas —precisar bien sus límites— tienen que ser más conservadoras.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud pública destacando sus contenidos, diciendo que “es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente mediante sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población mediante acciones colectivas”. (PAHO 2002).

El término medicina preventiva ha sido también tradicionalmente utilizado, aunque por poner el énfasis sólo en la dimensión recién enumerada en el punto 4), seguramente hoy en día es demasiado restrictivo.

En todo caso, debe quedar claro que la salud pública se refiere a actividades organizadas orientadas a la sociedad o grupos sociales y no dirigidas a tratar las enfermedades de los pacientes individuales, que es el objeto de la medicina clínica. También debe quedar claro que la salud pública es una disciplina científica (íntimamente relacionada con la Epidemiología), una práctica profesional y un conjunto de instituciones que desarrollan y prestan servicios de salud pública (Wojtczak 2003).

La prevención es lo más relevante frente a una pandemia. Incluye la vigilancia epidemiológica, es decir, la detección y diagnóstico de infectados, seguimiento de casos a corto y medio plazo (por ejemplo, con estudios serológicos de prevalencia), rastreo de sus contactos, establecimiento y control de cuarentenas y recogida y tratamiento de la información resultante (en inglés se habla de Test, Tracking y Tracing (TTT) para designar las tres primeras actividades).

En cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual
diagnostican y tratan las enfermedades de personas concretas, como cuando me
operan de menisco o me cuidan la COVID-19. Idealmente, ambas facetas, salud
pública y asistencia sanitaria individual, deberían ir coordinadas. Su
naturaleza, sin embargo, es distinta.

Desde el punto de vista de la Economía, las actividades de salud pública presentan fuertes efectos externos, e incluso carácter de bienes públicos, por lo que el mercado falla y no pueden ser suministradas con generalidad por empresas privadas, y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho, hay países —sobre todo en vías de desarrollo— con buenos servicios de salud pública y sistemas elementales de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En cambio, la atención sanitaria individual técnicamente es un bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero, para evitar la flagrante injusticia de que quien no pueda pagarlo no reciba tratamiento o intervenido quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la asistencia sanitaria individual. En Economía Pública estos bienes, técnicamente privados, que la sociedad decide financiar por razones de equidad se designan como “bienes de mérito” o “merecedores de tutela”.

Para terminar con las precisiones
terminológicas aclaremos que en el lenguaje ordinario, al menos en España,
hablamos de sanidad pública
refiriéndonos al conjunto de servicios de salud pública y de asistencia
sanitaria individual que financia el Estado, pero debe quedar claro que los
primeros los proporciona por razones de eficiencia (cubrir un fallo del
mercado) y los segundos por razones de equidad.

En una próxima nota comentaremos la
importancia económica de las actividades y los servicios de salud pública.


[1]
Se basan en los artículos publicados por los mismos autores “El gasto público
en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I).
Los datos nacionales”
y “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID -19 (II). Los datos internacionales”, en Cuadernos
de Información Económica, nº 280 y 281, 
enero-febrero y marzo-abril 2021.

Comparte esta entrada



Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies