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El futuro de Argentina ante unas elecciones inciertas

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Este domingo Argentina celebra elecciones generales. Trascendentales por su difícil y persistente situación. Si ninguno de los candidatos logra el 45% de los votos, algo bastante probable según las encuestas, habrá segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Centrando el tiro en la economía, décadas de políticas poco exitosas —por no poner otro calificativo—, explican dónde se ha llegado, con una inflación del 138% y gran volatilidad del cambio del peso con el dólar (que superó los 1.000 pesos hace poco, cuando en agosto estaba por debajo de 800). No son los únicos problemas, pero sí buen ejemplo de los enormes desafíos económicos. Desde mi viaje estival al país, he podido dialogar con algunos colegas argentinos. Con mayor detalle con el economista y novelista Eduardo Levy Yeyati, que también ha ocupado puestos relevantes en la gestión pública (por ejemplo, en el Banco Central de la República Argentina). También me he nutrido de declaraciones públicas de otros economistas. En estas líneas desgrano problemas y posibles soluciones, algunas propuestas en campaña electoral. El país del gran Jorge Luis Borges lleva decenios en un círculo vicioso. Para salir de esa pesadilla y pasar a virtuoso, hay mucho que reformar y cambiar. Es clave tomar decisiones valientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la formalización de la economía.

Realizando un ejercicio de simplificación, los problemas-síntomas principales se pueden resumir en tres. El primero, un déficit crónico que impide que los gobiernos logren superávits primarios, lo que para la deuda implica impagos recurrentes y autarquía financiera. En segundo lugar, el denominado abuso de la moneda, por la insistencia en políticas expansivas e inflacionarias en años buenos. También por el recurso al impuesto inflacionario para financiar el déficit en años malos, que son la mayoría. El resultado es una presión cambiaria constante que lleva a controles de capitales y a dificultar las exportaciones, que agrava la escasez de divisas. Así surge la tradicional falta de apego de los argentinos a su moneda (el peso), que necesita estabilidad para poner precio a las cosas. El tercero es la creciente dualidad de la economía. Solo un 30% de los ocupados tiene empleo formal y permanente y un 37% de informalidad, que sube. Para hacer frente al primero de los problemas, habría que redoblar los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal primario. Para ello habría que racionalizar determinados subsidios (como energía o transporte), que alcanzan fundamentalmente a la clase media y alta, reducir exenciones y subvenciones a sectores protegidos, actuar contras las inadecuadas praxis de muchas empresas públicas y reducir las redundancias en el sector público. Estas medidas no deberían afectar la provisión de educación o sanidad, ni implicar necesariamente despidos, para evitar mayores males sociales en una sociedad agotada.

Para el segundo desafío, de naturaleza monetaria, es urgente dotar de completa independencia al banco central, que evite el mal uso del tipo de cambio como respuesta a todo. Para el tercero, en el ámbito laboral, hay que promover una eficaz formación continua con nuevas modalidades de contratación, facilitando la creación de empleo y la jerarquización del trabajo independiente, hoy mayormente precario.

La dolarización ha estado nuevamente sobre la mesa en la campaña electoral. Parece que los que la proponen han olvidado las terribles consecuencias económicas y sociales de lo acontecido en 2001, que llevó al corralito. La mayoría de los economistas considera que sería un grave error. Entre ellos, lo ha declarado públicamente el que fuera presidente del banco central, Martín Redrado (al diario El País, el pasado 4 de agosto). Es inviable con reservas netas negativas y sin financiación externa. Asimismo, generaría una brutal fragilidad para el sistema bancario argentino, sin un fondo de dólares líquidos que sirva de colchón. Incluso si ganaran los que proponen la dolarización, es muy probable que esa opción se deseche al poco tiempo por impracticable, lo cual podría generar mucha frustración entre los argentinos. Más aún si no hay un improbable plan B que sea eficaz y si no es capaz de compartir el proyecto de país con otras fuerzas políticas.

La modernización de la economía argentina precisa reformas transversales. En el mercado de trabajo, parece necesaria la introducción de puertas de entrada al empleo menos rígidas. También mejorar notablemente la productividad, especialmente la de los millones trabajadores subempleados. En el ámbito productivo, se deberían priorizar políticas horizontales que generen estabilidad económica. Claves son la reaparición del crédito, la simplificación de la maraña impositiva, la mejora de la conectividad física y digital, la eliminación de controles a las importaciones y de impuestos a las exportaciones y el reforzamiento de la competencia y de instituciones que la vigilen. Estas reformas deberían llegar antes de las políticas verticales específicas, por ejemplo, en renovables o procesos en línea con la agenda climática. En el ámbito internacional, Argentina tiene que buscar su hueco en un mundo que debate el futuro de la globalización. Debe dejar de perder oportunidades, retener talento —un gran volumen de expatriados, con sus ahorros y recursos— y de capacidades emprendedoras. Mercosur puede jugar un papel constructivo si se refuerza la integración, pero las dudas de Brasil no ayudarán a corto plazo. Es una baza por la que apostar una vez se superen las grandes dificultades del presente.

La agenda de política económica es enormemente desafiante para Argentina. Muchísimo en juego en estas elecciones. Con una estrategia que acierte, las enormes potencialidades del país y el gran margen para hacer reformas podría propiciar un rebote de su economía, desconocido desde hace décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

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El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Tareas pendientes… otra vez

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El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio altera –y de qué manera– la hoja de ruta política y económica de los próximos seis meses. Por un lado, se trunca la aprobación de leyes y normas que se habían anunciado, algunas muy esperadas. En el limbo más de sesenta proyectos que estaban en tramitación, así como ocho que ya estaban aprobadas por el Gobierno. La ley de familia, la de Equidad Sanitaria, la de Salud Mental o la del Cine son algunos ejemplos. Asimismo, es probable que tenga alguna incidencia sobre las principales iniciativas del segundo semestre, con la presidencia española de la UE. El país que la preside marca la agenda, y ahora se llena de incertidumbres.

La convocatoria electoral pilló a todos por sorpresa. Europa no fue excepción. Aunque no es la primera vez que se convocan unas votaciones en medio de la presidencia de un país, existen riesgos notables de que la potencia de las iniciativas quede desdibujada, con la incertidumbre y vicisitudes del proceso electoral y de transición al nuevo gobierno, sea del signo que sea. Algunas de las iniciativas son de gran relevancia en materia financiera, como los avances en la incompleta unión bancaria, algo por lo que nuestro país lleva tiempo pugnando. O el futuro despliegue de los fondos Next Generation EU. Sería conveniente que la presidencia española pudiera tener éxito. El país se juega su prestigio.

En cuanto a los desafíos de medio y largo plazo, se suele hablar poco de ellos, pero tienen que ser prioritarios para el gobierno que salga de las elecciones del 23-J. La baja productividad –problema que viene de largo– es uno de ellos, con numerosos temas sin resolver: bajos salarios, pérdida de renta real per cápita, capacidad de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pesaditos somos los economistas con ello, pero está pendiente. Todo gobierno debe tener una agenda social ambiciosa, pero también económica, que mejore las bases de competitividad del país. Llevamos casi dos décadas con serias disfuncionalidades de algunas de nuestras instituciones económicas, como el mercado de trabajo, los incentivos y la innovación. No es tarde. Con la productividad se puede, poco a poco, mejorar la renta de los españoles y el Estado del bienestar. Los retos se acrecientan con el envejecimiento de la población. Si se pone la palabra productividad en la agenda política, se habrá logrado mucho. La dialéctica facilita llegar a los hechos. Permitiría un crecimiento sólido e ir suavizando las tensiones de la deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones. Quedarán pendientes problemas como la vivienda para el que hará falta tiempo para ampliar el parque existente, sobre todo de alquiler, para que aumente la oferta y no se encarezca más. Cuesta al principio, pero mejora el bienestar de todos.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario La Vanguardia

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Economía de vientos variables

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Uno de los protagonistas del verano es el viento en sentidos muy distintos. Traicionero en los incendios. Favorable a los surferos y desagradable para los bañistas. Para la economía española también hay vientos que apuntan en direcciones bien distintas. La inflación llegó en julio al 10,8%. Aquí y en otros lugares —con Estados Unidos como referencia— se debate si se ha alcanzado el pico de inflación a partir del cual debe iniciarse una progresiva reducción de los precios. Por ahora, no existe mucha evidencia de efectos de segunda ronda, pero habrá que esperar a la negociación de salarios de otoño para ver si aparecen en el medio plazo.

Hay factores a favor para España y la UE, como la estabilización del euro y la caída del precio del petróleo, las materias primas y los fletes. En el caso de las dos últimas, también tiene una lectura menos positiva, porque anticipa menor demanda conforme se avanza del verano al otoño. También apunta en esa dirección la caída de pedidos industriales que señalaron para países como España los últimos índices PMI publicados. La actividad en la industria se redujo por primera vez desde 2021. Y habrá que tener cautela sobre lo que acontecerá con el precio del gas, en máximos históricos, y el de los alimentos, que en los últimos tiempos han dado un alivio.

La corrección macroeconómica que se prevé para los próximos meses es casi inevitable. Lo importante residirá en la magnitud de ese ajuste. Desde el gobierno ya se ha anunciado que se espera cerrar agosto con 187.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Si bien, en términos desestacionalizados —en circunstancias poscovid en las que es tan complicado comparar un año con otro— estima que la afiliación aumente en 65.000. Sea como fuere, el empleo ha resistido bien hasta ahora. No obstante, en los próximos meses se espera un menor crecimiento económico que podría ayudar a reducir la parte de la inflación empujada principalmente por el consumo, la subyacente, que subió un 6,1% en julio.

El gasto pareció concentrarse mucho en el verano —sobre todo al principio—, y, a todas luces, parece que será menor a partir de septiembre. La clave estará en poder reemprender una senda de crecimiento de la economía con precios más moderados. Un objetivo para el que todavía habrá que esperar. Los bancos centrales apuestan por esa vía de enfriamiento, a través de una menor liquidez y tipos de interés más altos, para lograr un aterrizaje suave de la economía. Y los gobiernos deben alejarse de medidas que, aún siendo bien intencionadas, generen inflación, sobre todo en materia energética.

De este modo, con aires racheados en distintas direcciones resulta complicado realizar predicciones. Se discutirán en los próximos meses muchas más medidas porque, como ocurrió con la pandemia, hay que estar atento a circunstancias exógenas (geopolíticas principalmente) cambiantes, pero la pedagogía entre la ciudadanía por parte de todos los responsables políticos será fundamental. Por eso, tal vez el viento más preocupante es el que sopla en sentido inverso desde 2023 anunciando elecciones, que dificulta el necesario consenso en esta coyuntura económica.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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