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Vivir la discapacidad en una sociedad poco discriminatoria: un logro insuficiente

Las personas con discapacidad afrontan diariamente
limitaciones tan variadas como difíciles de imaginar para quienes no las
sufren. La vivencia de estas dificultades resulta todavía más onerosa cuando
viene acompañada por sentimientos de discriminación del entorno. Sobre la
extensión de estos sentimientos entre las personas con discapacidad en España
disponemos de una fuente de información estadística relativamente reciente: la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada
entre 2020 y 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en
2022 (conocida como EDAD 2020)[1].
Entre las muchas cuestiones por las que pregunta esta encuesta a las personas
con discapacidad, algunas se refieren a si se han sentido discriminadas “alguna
vez por motivo de su discapacidad” en ámbitos de su vida cotidiana, entendiendo
por discriminación que no se les haya permitido hacer algo, se les haya hecho
sentirse inferiores o ignoradas, se les haya molestado o no se les haya
ofrecido la información adaptada a sus necesidades particulares.

Entre los ámbitos por los que pregunta la EDAD 2020, los más genéricos son las “relaciones sociales, tiempo libre, viajes” y los “desplazamientos o viajes en transporte”. En ambos, las respuestas de las personas con discapacidad indican muy mayoritariamente la ausencia de percepciones de discriminación. Quienes contestan que “nunca” las han experimentado son el 91 % y el 94 %, respectivamente, mientras que quienes afirman haber sentido discriminación en esos ámbitos “muchas veces” o “constantemente” no llegan al 3 %; entre el 5 % y el 7 % responden que la han percibido “algunas veces”. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas, ampliándose ligeramente cuando se pregunta por las relaciones sociales, ámbito en el que más hombres reconocen haber sufrido discriminación; sin embargo, también ellos contestan en una proporción muy amplia (89 %) que “nunca” se han sentido discriminados en esta esfera de su vida cotidiana (Gráfico 1).


Semejantes sentimientos son también muy escasos cuando se pregunta a quienes se encuentran empleados en el momento de realización de la encuesta si se han sentido discriminados “en su empresa o su lugar de trabajo” o si han padecido “situaciones de acoso laboral (mobbing)”. En el primer caso, un 88 % niega haber percibido discriminación; en el segundo, el porcentaje alcanza el 93 %, si bien con una diferencia no desdeñable entre mujeres (91 %) y hombres (96 %) (Gráfico 2)[2].


En general, estas respuestas retratan a una sociedad que desaprueba la discriminación y respeta a las personas con discapacidad. Este retrato encaja con los datos que proporcionó el último Eurobarómetro sobre discriminación publicado por la Comisión Europea (2019), según el cual España arroja la cifra más alta de población general de 15 o más años que tiene amigos o conocidos con discapacidad: casi cuatro de cada cinco (78 %) contestaron afirmativamente esta pregunta, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (Gráfico 3).


La EDAD 2020 pone asimismo de manifiesto que los bajos niveles de discriminación percibida entre las personas con discapacidad en España también se observan en ámbitos regulados por el Estado, como la provisión de servicios sanitarios o el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así, el 90 % de las personas con discapacidad de 6 o más años no han percibido nunca discriminación en los servicios sanitarios (Gráfico 4), y es incluso más elevado el porcentaje de las personas con discapacidad de 18 o más años que dan la misma contestación (“nunca”) cuando se les pregunta si han percibido discriminación por motivo de su discapacidad a la hora de ejercer sus derechos civiles y políticos (Gráfico 5).


Estos son datos que merecen ser interpretados como el logro de una extensa comunidad de individuos y grupos sociales, liderada por las numerosas organizaciones del sector de la discapacidad dedicadas a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar las diferentes discapacidades y ofrecer a los afectados información y ayudas de diverso tipo. Ahora bien, aun mereciendo una apreciación positiva, los muy elevados porcentajes de personas con discapacidad que no se sienten discriminadas no deberían ocultar que son muchos miles de ellas las que han tenido otras experiencias. En efecto, cuando se calcula el número de personas que representan esos bajos porcentajes que sí han sentido discriminación, las cifras adquieren una dimensión más “real”: más de 14.000 personas con discapacidad de 16 o más años se han sentido discriminadas “muchas veces” o “constantemente” en su lugar de trabajo; alrededor de 50.000 de 6 o más años han percibido “muchas veces” o “constantemente” discriminación en desplazamientos o medios de transporte; y en torno a 100.000, en consultas o servicios sanitarios o en relaciones sociales, tiempo libre o viajes.

A la luz de estas cifras, no extraña que en el ya citado Eurobarómetro, cuatro de cada diez entrevistados en España opinaran que la discriminación por discapacidad está “bastante” (30 %) o “muy extendida” (9 %) en el país (porcentajes, en todo caso, bastante inferiores a los que arrojaron las encuestas llevadas a cabo en Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Países Bajos) (Gráfico 6). Y también se aproximaban a esa proporción (37 %) quienes pensaban que cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos candidatos con habilidades y cualificaciones iguales, la discapacidad supone una desventaja (Gráfico 7).


Pero si hay un indicador que, en cuestión de empleo, pone de relieve una clara desventaja de las personas con discapacidad, es la tasa de paro, que cuantifica a quienes quieren trabajar y no encuentran empleo. Estimada a partir de la EDAD 2020, esa tasa ascendía en el arranque de la actual década al 30 %, doblando a la que por entonces registraba la población general. Más de 160.000 personas con discapacidad que no tenían empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres) lo buscaban y no lo hallaban. Es probable que esa elevada tasa de paro obedezca, en buena medida, a desajustes entre las cualificaciones laborales de los demandantes de empleo y las necesidades de los empleadores. Pero, dado que, según numerosas investigaciones, el empleo constituye un factor clave de integración social, reducir esta tasa de paro reforzando los recursos destinados a programas de formación e inserción laboral para las personas con discapacidad podría contribuir eficazmente a aumentar su calidad de vida. Facilitar su salida del mercado de trabajo, como se ha hecho este mismo año a través de un Real Decreto sobre jubilación anticipada, sin duda puede resultar de ayuda para una parte del colectivo, en especial, para quienes están al final de su vida laboral; pero promover la inserción laboral es tanto o más importante, sobre todo, para las personas con discapacidad más jóvenes.

En definitiva, en el Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, podemos reconocer y celebrar como sociedad que una gran mayoría de quienes en España están afectados por problemas de discapacidad no se sienten discriminados por su entorno; pero también es preciso cobrar conciencia de que este logro es insuficiente para asegurar las mejores condiciones de vida que la sociedad española puede ofrecer a las personas con discapacidad.

Los datos correspondientes a la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia incluidos en este texto proceden del informe de M.A. Malo, R. Pagán y Vanesa Rodríguez, Discapacidad, participación laboral y calidad de vida en España: un análisis de la Encuesta de Discapacidad de 2020, que será próximamente publicado por Funcas.


[1] La recogida de los datos de la EDAD-2020 se organizó en dos
fases. En la primera (entre agosto 2020 y enero 2021), se encuestó a los
hogares de la muestra (cuestionario de hogar), con el fin de localizar aquellos
en los que residían personas con discapacidad o niños con limitaciones. En la
segunda fase (desde abril hasta octubre de 2021) se obtuvo información más
detallada de las personas que en la fase 1 habían declarado tener alguna
discapacidad o limitación, así como de sus cuidadores principales. Véase INE
(2022). Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD
2020) Metodología
.

[2] Hay que tener en cuenta también que este patrón podría deberse a
un proceso de selección, ya que cabe suponer que los empleadores que contratan
a personas con discapacidad y los entornos laborales en los que estas se
insertan sean menos propensos a discriminar.

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Para la UE la sostenibilidad ya no es voluntaria

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Hace ahora 20 años la UE puso en marcha su particular vía hacia la inclusión de los principios de sostenibilidad en la actividad corporativa. La iniciativa de responsabilidad social empresarial, RSE, aprobada en 2001 y actualizada con sucesivas disposiciones y requerimientos informativos a las compañías, elegía la voluntariedad, la autorregulación y la sensibilidad de los gestores empresariales a las demandas de los stakeholders (clientes, proveedores, inversores y en general todos los grupos de interés alrededor de su actividad) como el modo de integrar el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente en su cadena de valor. Hablamos de cómo las empresas persiguen reducir o evitar los efectos negativos —por ejemplo, el trabajo infantil, los trabajos forzados, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad— de su actividad. Dos décadas más tarde, los responsables comunitarios constatan que “la acción voluntaria no parece haber mejorado los resultados a gran escala a través de distintos sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo dentro y fuera de la Unión”. En consecuencia, han determinado que lo que no se ha conseguido con la presión del mercado, se consiga con la regulación y, desde ahora, en la Unión Europea, el compromiso social de las empresas no será una vía voluntaria, sino obligatoria. Así se desprende de una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que la Comisión adopta el pasado 23 de febrero.

El objetivo principal de la nueva Directiva es que las empresas determinen, prevengan, mitiguen y minimicen los efectos negativos de su actividad sobre derechos humanos y medio ambiente  —un anexo establece los impactos negativos en los ámbitos de derechos humanos y protección medioambiental relevantes para la norma—. También pretende que las compañías establezcan procedimientos de gestión interna y mejoren su información sobre la diligencia debida. Su cumplimiento será supervisado por agencias nacionales designadas por los Estados miembros que tendrán capacidad sancionadora. La norma otorga un papel especialmente activo a los directivos de las empresas, a quienes atribuye el deber de integrar la diligencia debida en la estrategia corporativa y, entre sus medidas de acompañamiento, establece la posibilidad de fijar ayudas financieras a las pymes.

La Directiva, secundada con varias disposiciones y comunicaciones complementarias[1], afecta a grandes empresas europeas y foráneas con un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados. También son objeto de la regulación compañías con una dimensión menor, pero pertenecientes a determinados sectores de alto impacto (industria textil al por mayor, agricultura, minería…). Quedan por el momento fuera de su ámbito de aplicación las pymes. 

En un análisis disponible a través del Observatorio Funcas de la empresa y la Industria (OFEI) el profesor Vicente Salas señala la presencia de externalidades negativas de carácter global como el principal desafío para la nueva regulación. La UE —recuerda— admite la necesidad de actuaciones más allá de sus fronteras y, por tanto, serán necesarios esfuerzos coordinadores que impliquen activamente a países miembros y no miembros, más allá de los efectos ejemplarizantes que la Unión espera de sus políticas. Aún así, Salas pronostica como dudoso el cumplimiento efectivo de los preceptos recogidos en la Directiva si, como él mismo indica, más allá de la coordinación de empresas y stakeholders, los efectos adversos de la actividad empresarial se derivan de la existencia de problemas de motivación.

Un comentario detallado de la Directiva, por Vicente Salas, está disponible aquí.


[1] La directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas, la comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, la regulación taxonómica y la regulación sobre transparencia en finanzas sostenibles.

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