Déficit público – Página 4 – Negocios e Inversiones

Por detrás de la curva

marzo 11, 2020

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Con respecto a la epidemia del coronavirus hay dos grandes y complicadas aproximaciones que los decisores de política económica tienen que hacer: estimar la incidencia potencial y, conforme a ella, delimitar las medidas preventivas. En casos como el de España parece que la visión del mercado no coincide con la de las autoridades. Tampoco en otros países europeos o de la OCDE. Para las Bolsas y cada vez más analistas, los Gobiernos van “por detrás de la curva”, lo que significa que la economía ya ha virado drásticamente y, sin embargo, seguimos en línea recta sin ver el desvío. Si se sigue por ese camino, lo que quedará es la gestión del caos.

El problema es global y la política de comunicación deja qué desear en Estados Unidos y Europa. En algunos casos, los jefes de Estado o primeros ministros se ponen a la cabeza. En otros, no aparecen o, simplemente, señalan brevemente que “está todo controlado” o que “no hay motivos para la preocupación”. En España, no puede recaer todo el peso informativo y preventivo en el coordinador de emergencias sanitarias.

Europa, para variar, no tiene una respuesta común que solo llegará, como siempre, con una situación más grave. No hay claridad. El entramado de normas comunitarias no permite avanzar y coordinar rápido. No es de extrañar que el Gobierno británico diga ahora que va a aprovechar el Brexit para fijar sus propias reglas claras para los ciudadanos en temas clave de índole pública, como la salud. Tal vez oportunismo, tal vez crítica oportuna.

«La respuesta debe ser fundamentalmente fiscal. Debe primar el gasto público, con recursos para luchar contra la enfermedad y su prevención. Con alivios transitorios de los criterios de cumplimiento de déficit y deuda porque la situación es urgente».

Santiago Carbó

Hay eventos con su propia carga de shock y su propio contenido informativo. La situación en Italia, la rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal o las perturbaciones colaterales que, aprovechando la confusión, provocan, como este lunes, un hundimiento entre el 20% y el 30% del precio del mercado del crudo. El primer trimestre de 2020 va camino de marcar un récord a la baja en crecimiento mundial que ya anticipan las Bolsas con un crack enlazado diariamente como una traca de fallas valencianas.

Los mercados —y, lo que es más importante, la actividad económica— solo van a reaccionar cuando las autoridades se pongan por delante de la curva y anticipen los acontecimientos con contundencia y coordinación internacional. La reacción de los bancos centrales está siendo más un mensaje de alarma (que puede tener su propio valor) que una solución. Si en Europa se sigue el mismo camino y se bajan tipos, tendrían lugar más distorsiones que beneficios. Cosa distinta es si son precisas medidas de liquidez transitorias.

La respuesta debe ser fundamentalmente fiscal. Debe primar el gasto público, con recursos para luchar contra la enfermedad y su prevención. Con alivios transitorios de los criterios de cumplimiento de déficit y deuda porque la situación es urgente. Si, por ejemplo, existe una mínima certeza de que España puede seguir pasos similares a los ya acometidos por Italia, hace días que estamos perdiendo el tiempo, quizás por temor a la reacción de los ciudadanos y, por supuesto, porque el coste sería muy elevado. Pero, sinceramente, sería menor que esperar al caos.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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Cómo reducir el agujero presupuestario

febrero 24, 2020

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Desde el inicio de la fase expansiva, los sucesivos Gobiernos se han marcado como objetivo una contención gradual de los desequilibrios presupuestarios. Fruto de este gradualismo, el déficit público se ha ido reduciendo sin descarrilar el crecimiento ni la creación de empleo.

Sin duda, el margen que permitía la marcha de la economía no se ha aprovechado tanto como hubiera sido deseable. Las rebajas de impuestos de hace unos años restaron ingentes ingresos a las arcas públicas, a la vez que fueron innecesarios para sostener una economía en pleno auge. Por otra parte, las asignaciones de recursos se han alejado de las prioridades del país, por el encadenamiento de prórrogas presupuestarias, unido a la falta de evaluación del gasto público, con algunas meritorias excepciones como las spending reviews de la Airef.

La etapa de desaceleración plantea dudas acerca de la estrategia fiscal. La principal incertidumbre radica en el entorno internacional, agravado por la crisis sanitaria surgida en China y que parece extenderse de manera preocupante a otros países. Sin embargo, bajo la hipótesis de una contención del virus en las próximas semanas, la economía global podría rebotar levemente durante la segunda parte del año, de modo que la española mantendría su posición favorable de crecimiento.

En este contexto, en un escenario inercial o sin cambios significativos en la política presupuestaria y en la monetaria, caracterizada por tipos de interés de referencia negativos, la economía todavía crecería un 1,5% este año y un 1,7% en 2021. Con estas tasas, los ingresos de las administraciones se incrementarían ligeramente por encima de los gastos, facilitando un descenso del déficit público, desde en torno al 2,5% del PIB en 2019 hasta el 2,2 en 2022 (por el juego de los estabilizadores automáticos). El resultado es que la deuda pública se estancaría en niveles elevados, manteniéndose como uno de las principales vulnerabilidades de la economía española y dejando poco margen de reacción ante hipotéticos accidentes de mercado o un repunte inesperado, pero nunca descartable, de tipos de interés.

Esto se alejaría de la senda de déficit recién aprobada por el Gobierno, y que supone llevar el déficit hasta el 1,2% en 2022. Por tanto, el esfuerzo fiscal, o diferencia entre el escenario inercial y el objetivo, equivaldría a un punto porcentual, cerca de 13.000 millones de euros. Habida cuenta de los compromisos ya adquiridos, y bajo el supuesto de una estabilidad del gasto público en relación al PIB, los esfuerzos de contención descansarían principalmente en los ingresos.

De ello se puede deducir que las medidas anunciadas, por un monto cercano a 5.400 millones (mínimo de impuesto de sociedades, etcétera), no bastan, aparte de depender de la adopción de nuevos Presupuestos Generales de Estado. Además, algunas como la tasa digital, y casi con seguridad la de transacciones financieras, por tratarse de fórmulas nuevas que requieren tiempo para su puesta en marcha, no generarán recursos antes del próximo ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: INE y Funcas (previsiones).

Todavía serían necesarios 7.600 millones en recursos adicionales. Para no elevar los tramos impositivos, una opción es reconsiderar algunas bonificaciones que erosionan la recaudación, drenando más de 37.000 millones anuales, con dudosa utilidad. Estas incluyen, por ejemplo, las dirigidas a la contratación, las deducciones por inversión en fondos de pensión o reducciones de IVA. Todo ello, junto la fiscalidad medioambiental, nos acercaría al objetivo. Las mejoras de gestión, como resultado de las evaluaciones de las políticas públicas que se pongan en marcha, también tendrán un impacto favorable, tanto en la calidad del gasto público como en la asignación de los recursos.

Si bien estos ajustes podrían generar algún malestar, la buena noticia es que apenas restarían una décima de crecimiento en 2021. Además, la mejora presupuestaria tendría un impacto favorable sobre la prima de riesgo, como se ha visto en Portugal, y sobre la inversión productiva. En suma, todavía hay margen para reducir los desequilibrios sin afectar la expansión.

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El ajuste fiscal español en perspectiva

febrero 4, 2020

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La coyuntura fiscal es más incierta que nunca. En estos momentos no existe siquiera un proyecto de PGE-2020. La falta de una mayoría parlamentaria suficiente ha impedido la aprobación del límite de gasto no financiero para 2020 o la revisión de los objetivos de estabilidad fiscal. La referencia principal con la que contamos es el Plan Presupuestario 2020 (Plan2020) hecho público y remitido a la Comisión Europea el 15 de octubre de 2019. En él se dibuja un escenario fiscal inercial, que no incluye ninguna medida adicional por el lado de los ingresos, aunque sí algunas actuaciones por el lado del gasto, al considerar el Gobierno que se adoptarán, en cualquier caso. En concreto, la implementación del acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público, que implica un aumento de la partida de remuneración de asalariados, y la revalorización de las pensiones. El resultado de este escenario inercial es una caída del déficit total de tres décimas: desde el -2,0% al -1,7%.

La respuesta de la Comisión Europea al Plan Presupuestario 2020 no ha sido favorable. Considera que el cierre del déficit para 2019 será del -2,3% del PIB, tres décimas por encima de la expectativa del Gobierno; que las medidas de gasto tendrán un impacto sustancial (entre 0,4% y 0,5% del PIB adicional), de forma que el déficit total en 2020 apenas cambiaría (-2,2%); y que el déficit estructural empeoraría una décima, cuando la recomendación al abrigo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una reducción de esa componente de -0,65%. Por todo lo anterior, concluye que el Plan corre el riego de no cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propia Comisión reconoce que al tratarse de un Plan “a políticas constantes” existe margen para un mayor esfuerzo de consolidación fiscal que se debería concretar en una revisión del mismo, cuando los PGE-2020 sean finalmente remitidos al Congreso.

¿Qué cabe esperar de esos nuevos PGE-2020? La investidura de Pedro Sánchez el pasado 7 de enero despeja parcialmente el panorama político, aunque la aritmética parlamentaria sigue complicando la elaboración y aprobación de los nuevos presupuestos, sobre los que existen presiones al alza del gasto. Primero, por el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos^[1]. Segundo, por los múltiples acuerdos bilaterales con formaciones de anclaje territorial.

En esta coyuntura, es difícil aproximarse al tono de la política fiscal resultante de la hipotética aprobación de los PGE-2020. Una posible aproximación es cuantificar las medidas con impacto sobre gasto e ingresos contenida en los acuerdos para la investidura. Esta opción se topa con el problema de la multiplicidad de acuerdos y la falta de concreción en cifras de otros. La ausencia de memorias económicas lastra esta vía metodológica. Aun así, la Confederación de Empresarios (CEOE) ha hecho un esfuerzo de cuantificación parcial, al limitarse al acuerdo PSOE-Unidas Podemos. Según sus cálculos, el gasto aumentaría 1,5 puntos del PIB y los ingresos 0,5 puntos, lo que elevaría el déficit en un punto porcentual, para volver a superar la barrera del 3% en 2020^[2].

Un enfoque alternativo es partir de la discusión anterior sobre el Plan2020, incluyendo como ingresos adicionales los que aparecían en el Plan Presupuestario para 2019 (Plan2019): las novedades del Acuerdo de coalición en el frente tributario no son sustanciales. En la medida en que existen cuantificaciones precisas en el caso del Plan2019 y los pactos con otras formaciones políticas dejan a un lado los ingresos, los cálculos están sujetos a menor incertidumbre. Este enfoque nos daría una idea del margen con el que cuenta la coalición de gobierno para ampliar su gasto por encima del escenario inercial que dibuja el Plan2020 en el que, recordemos, ya se incluye la subida de sueldo a empleados públicos y la revalorización de las pensiones.

«Parece inevitable que la implementación de las medidas de gasto incorporadas en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos pasa por recortes en otros programas de gasto o actuaciones adicionales por el lado de los ingresos, preferiblemente al abrigo de una reforma global y en profundidad del sistema fiscal».

En la tabla 1 aparecen las estimaciones del Gobierno y de la AIReF para cada una de las medidas de nuevos ingresos contempladas en el Plan2019 y la subida en las bases máximas de las cotizaciones a la Seguridad Social, inicialmente no contempladas, pero que el Gobierno decidió con posterioridad al envío del documento a la Comisión Europea. Con esa incorporación, la estimación de ingresos adicionales del Gobierno (7.178 millones de euros) quedaba dentro del intervalo de confianza trazado por la AIReF (6.065-7.713 millones). Si a esas cifras le detraemos los incrementos en las cotizaciones sociales que fueron implementadas a pesar del rechazo de los PGE-2019, el intervalo de la AIReF caería hasta 3.565-4.913 millones de euros. Esto supone un incremento de ingresos de entre 0,3-0,4% del PIB.

Medidas ingresos	Plan Presupuestario 2019	Estimación AIReF
Impuesto sobre sociedades: limitación exenciones DDI y tipo mínimo sobre BI	1.776	(1.650 – 1.900)
Impuesto sobre sociedades: rebaja tipo PYMES	-260	(-242 – -278)
Impuesto sobre las transacciones financieras	850	(420 – 850)
Impuesto sobre determinados servicios digitales	1.200	(546 – 968)
Incremento de los tipos del IRPF rentas más altas	328	(245 – 255)
Fiscalidad verde (Impuesto Hidrocarburos)	670	(649 – 693)
IVA: Rebaja de tipos en los servicios veterinarios	-35	-35
IVA: Fiscalidad de género y desigualdad	-18	-18
Lucha contra el fraude: limitación de pagos en efectivo	218	(100 – 200)
Lucha contra el fraude: Reforzar lista de morosos	110	(50 – 100)
Lucha contra el fraude: Mejores prácticas internacionales para la prevención y lucha contra el fraude	500	(200 – 270)
Cotizaciones sociales por subida del SMI	1.500	(1.500 – 1.700)
Impuesto sobre el patrimonio	339	(0 – 8)
Total medidas Plan Presupuestario	7.178	(5.065 – 6.613)
Medida no desarrollada en el Plan Presupuestario Subida bases máximas de cotización	–	(1.000 – 1.100)
Total medidas	7.178	(6.065 – 7.713)

Partamos de la estimación de déficit para 2020 de la Comisión Europea en el escenario inercial que traza el Plan2020 y que incluye las subidas de salarios públicos y pensiones (-2,2%). La implementación de todas las medidas de ingreso explicitadas hasta la fecha situaría el déficit total en -1,8%, en el mejor de los casos. Esta cifra sería claramente insuficiente para cumplir con el objetivo del Programa de Estabilidad 2019-2022 (-1,1%) y no llegaría siquiera para cumplir con los objetivos de reducción del déficit estructural en 2020 (-0,65% del PIB).

Y esto último ha pasado a ser particularmente relevante desde el 1 de enero de 2020, al finalizar el período contemplado en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta ley rigen ya plenamente. En particular, el primero de los preceptos establece que: “ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4% del PIB nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior”. Una ley orgánica que, no lo olvidemos, desarrolla el artículo 135 de la Constitución española.

Por consiguiente, parece inevitable que la implementación de las medidas de gasto incorporadas en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos pasa por recortes en otros programas de gasto o actuaciones adicionales por el lado de los ingresos, preferiblemente al abrigo de una reforma global y en profundidad del sistema fiscal español.

Más información en el artículo “Consolidación fiscal: escasos avances y sin expectativa de mejora”, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274.

[1] Disponible en este enlace

[2] Disponible en: este enlace

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