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Ahora, corregir el desequilibrio fiscal

Cuando estalló la crisis de 2008 las cuentas públicas se encontraban en una situación saneada: habían registrado superávit durante tres años consecutivos y su deuda se hallaba bajo control en un 35,8% del PIB. La larga crisis financiera arrasó con esas cifras, pero después disfrutamos de seis años de recuperación, entre 2014 y 2019, que se podrían haber aprovechado para poner orden. Sin embargo, no fue así: el déficit público estructural se mantuvo en el 3% del PIB, mientras que la ratio de deuda sobre PIB al final de dicho periodo era del 98,2%, apenas 2,3 puntos inferior a la de 2013, el último año de la crisis, cuando la economía tocó fondo. 

Durante los años de recuperación se advirtió repetidamente desde diferentes instancias de la importancia de sanear las cuentas públicas para que, cuando llegara una nueva crisis, la política fiscal tuviera suficiente margen de maniobra para hacer frente a la misma. Pero dichas recomendaciones tuvieron poco éxito, y cuando llegó la pandemia, su situación seguía siendo desequilibrada. Hay que recordar que al inicio de la misma, la prima de riesgo ya dio un pequeño susto, pero la rápida actuación del BCE, anunciando un programa de compra masiva de deuda pública —adicional al programa ya en vigor desde 2015— puso fin a las incipientes tensiones, y fue gracias a ello que pudimos aplicar las medidas presupuestarias que salvaron a la economía de la catástrofe, aunque a costa de disparar aún más el déficit y la deuda.

En 2022 se pudo dar por finalizada la crisis sanitaria, pero ello no supuso una reducción del gasto nominal, porque entonces llegó la crisis energética e inflacionaria, y los recursos que antes se destinaban a la pandemia ahora se debían dirigir a medidas para paliar el impacto de la nueva emergencia, alimentando más la deuda. Una parte de dichas medidas se mantienen en 2023, pero una vez finalice esta nueva emergencia, el gasto tampoco se reducirá, puesto que habrá sido sustituido por un mayor gasto en pensiones, en remuneraciones salariales —por el incremento en el número de empleados públicos y en sus salarios— y en pago de intereses. El propio Gobierno estima en su Programa de Estabilidad un gasto del 46,3% del PIB en 2024, ya sin medidas excepcionales de ningún tipo —y sin contar con los pagos relacionados con el Plan de Recuperación—, cuatro puntos porcentuales por encima de las ratios de los años previos a la pandemia. Es decir, los gastos extraordinarios de 2020 a 2023 desaparecerán completamente en 2024, pero habrán sido sustituidos, e incrementados, por otros de carácter estructural.

Pese a ello, el déficit se ha reducido desde el máximo alcanzado en 2020, gracias a un significativo e inesperado crecimiento de los ingresos públicos, que también han aumentado su peso sobre el PIB. Una parte de este crecimiento se explica por la inflación y la adopción de medidas impositivas; pero hay otra parte para la cual no se encuentra una explicación clara, y se sospecha que procede del afloramiento de economía sumergida. Tanto la Airef como el Banco de España han advertido de que este crecimiento inesperado de los recursos públicos podría no ser permanente, pero el Gobierno da por hecho que sí lo es, y estima que en 2024 los ingresos supondrán un 43,3% del PIB, también cuatro puntos porcentuales por encima de los años previos a 2020. 

Todo ello implicaría que en 2024 el déficit aún sería del 3%, muy semejante al de 2019. Asimismo, el Gobierno estima que el déficit estructural —es decir, eliminando los ingresos y gastos derivados del ciclo económico— descendería progresivamente hasta el 2,5% del PIB en 2026. Sin embargo, las proyecciones de instituciones privadas y organismos internacionales apuntan a cifras más elevadas, con un déficit estructural, en ausencia de medidas de ajuste, que podría situarse de forma persistente entre el 3,5% y el 4% del PIB. 

Con un déficit estructural del 3,5%, no hay ninguna garantía de que la ratio de deuda sobre PIB vaya a situarse en una senda de sostenibilidad, es decir, de descenso continuado. El nivel de esta ratio se ha reducido notablemente desde el máximo alcanzado en 2020 (120% del PIB), debido a la “normalización” del denominador tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Pero esa trayectoria descendente podría finalizar en 2024 o 2025, y solo bajo unos optimistas supuestos en cuanto al crecimiento potencial del PIB, tipos de interés y otros factores relacionados con las pensiones, dicha senda se prolongaría en los años posteriores. Bajo supuestos más prudentes, la deuda tomaría una senda ascendente, es decir, de insostenibilidad. Esta perspectiva nos expone a que, ante cualquier “tropiezo” en los mercados financieros nuestra prima de riesgo vuelva a dispararse.

Además, aunque los analistas no lo contemplen en sus escenarios centrales de previsiones, la posibilidad de un aterrizaje brusco tras el cambio de rumbo de la política monetaria es muy elevada si atendemos a los precedentes históricos. De hecho, el consumo ya ha caído durante dos trimestres consecutivos, y el impacto de la subida de tipos de interés aún no se ha transmitido en su totalidad a la economía. La llegada de una recesión, en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas como la actual, de elevada incertidumbre, y en medio de un proceso de adaptación de los mercados financieros a un nuevo marco de política monetaria, podría ser un cóctel desastroso. 

El respaldo de la autoridad monetaria es lo que nos ha permitido transitar esta etapa de crisis sucesivas, pandémica primero y energética después, con relativa comodidad, pero el apoyo del BCE tiene los días contados. El año pasado anunció un programa especial destinado a controlar las primas de riesgo pero sus características no están claras, y en cualquier caso el recurso al mismo conllevaría un estigma y un daño reputacional. El desequilibrio fiscal, en suma, coloca a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad. 

Durante la pandemia y la crisis energética no era el momento de aplicar un plan de consolidación fiscal, pero sí que hubiera sido deseable la presentación de un programa para ser aplicado cuando las condiciones lo hicieran posible, como reclamaba, entre otros, el Banco de España. En cualquier caso, el momento ya ha llegado tras la finalización de la situación de emergencia, y con el restablecimiento de las reglas fiscales el año próximo no será posible postergarlo por más tiempo.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario ABC.

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La deuda pública y el dedo que apunta a la luna

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El toque de atención de la Comisión Europea en relación a la situación de las cuentas públicas de los países miembros nos retrotrae al periodo anterior a la pandemia. Pero esa impresión de déjà vu es en parte engañosa, por las disrupciones que se han producido estos últimos tiempos en el entorno económico y financiero en que se enmarca la política fiscal. Un cambio que Bruselas debería incorporar.

La necesidad de equilibrar los ingresos con los gastos corrientes —al menos a lo largo del ciclo, es decir descontando el vaivén de la coyuntura— sigue siendo válida. Somos, junto con Francia, el único país de la UE que no ha logrado eliminar el déficit primario (fuera de intereses) en ningún año desde el inicio de etapa de recuperación posterior a la crisis financiera. Además, Bruselas propone flexibilizar los objetivos, para que cada país defina su propia senda de ajuste. De modo que cuando se reactiven las reglas fiscales, en principio a partir del próximo ejercicio, el mix de medidas —reforma tributaria, recorte del gasto poco eficaz— estaría enteramente en nuestras manos.

El impulso expansivo procederá de los fondos europeos, que podrán desplegarse hasta 2026, sin computar en el gasto a efectos de las reglas fiscales. La adenda al programa Next Generation, si bien se trata de préstamos, debería contabilizarse de modo similar. Por tanto, es factible emprender una senda de corrección de los desvíos sin efectos traumáticos en la economía ni en la sociedad, es decir sin austeridad. La Comisión estima que una reducción del déficit primario en un punto porcentual, hasta el entorno del -0,5% del PIB, la mitad que antes de la pandemia, facilitaría una suave desescalada de la deuda pública.

Pero ese escenario no cuenta con el cambio radical que se ha producido en el contexto monetario y macroeconómico. Antes del brote inflacionario, los tipos de interés se situaban en terreno netamente negativo. Fruto de esa política monetaria acomodaticia, bastaba con que la economía se expandiera, aun modestamente, para que los esfuerzos de contención del agujero fiscal redundaran en un menor endeudamiento público. En efecto, la variable clave para la dinámica de la deuda es el diferencial entre el tipo de interés (determinante de los costes financieros) y la tasa de crecimiento de la economía (de la que depende la evolución de los ingresos públicos y del gasto). Antes de la pandemia ese diferencial era negativo, es decir el tipo de interés era muy inferior al crecimiento, facilitando la desescalada.


Sin embargo, las previsiones apuntan a tipos más elevados durante un tiempo prolongado, hasta que los precios se hayan encauzado. Por otra parte, el crecimiento económico puede verse constreñido por las disrupciones que se han producido en los últimos tiempos, como las tensiones geopolíticas, el debilitamiento del sistema multilateral, o los costes cada día más perceptibles del cambio climático y del envejecimiento poblacional.

En suma, no es descartable que aparezca un diferencial desfavorable entre el tipo de interés y el crecimiento económico. Esta circunstancia cambiaría drásticamente el escenario fiscal. Bajo la hipótesis, relativamente prudente, de un diferencial nulo (tipos de interés que igualan el crecimiento), los beneficios asociados a la contención del déficit se echarían a perder, de modo que el peso de la deuda se mantendría en niveles elevados. Y si esas medidas de contención no se pusieran en marcha, el endeudamiento emprendería una escalada inexorable. Bruselas reconoce el elevado riesgo para la sostenibilidad derivado de un diferencial desfavorable de tipos de interés en relación al crecimiento de la economía.

Con todo, cada país tiene que hacer sus deberes. Pero no se trata de un mero ejercicio de contabilidad. Los esfuerzos de corrección de los desequilibrios solo serán exitosos si se enmarcan en una estrategia europea de inversión, reformas e incentivos, susceptible de facilitar las diferentes transiciones y así fortalecer el crecimiento sostenible de la economía.

TIPOS DE INTERÉS | Tras el ascenso abrupto registrado en 2022, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha estabilizado en torno al 3,5% desde inicios del presente ejercicio, evidenciando la anticipación por parte de los mercados de una pausa en las subidas de tipos de interés por parte del BCE. De manera similar, la prima de riesgo se mantiene inmune al giro restrictivo de la política monetaria: el diferencial de rendimiento con respecto al bono alemán oscila en torno a 100 puntos básicos (un nivel relativamente reducido), sin que se detecte una tendencia clara.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El debate sobre las próximas reglas fiscales, en Funcas

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Muy oportunamente, el último número de Papeles de Economía Española —presentado justo ayer— sobre ‘La reforma de las reglas fiscales’, es la contribución de Funcas a un debate de máxima relevancia y que estará vigente en los próximos meses.

Las finanzas públicas están en el foco de la Comisión Europea y, después de años de excepcionalidad con elevados niveles de gasto para hacer frente primero a la pandemia y después a la guerra, la Unión desactiva la cláusula general de salvaguardia, avanza en su revisión del actual marco de gobernanza económica y proporciona a los Estados miembros unas orientaciones para promover y garantizar en 2024 la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Es el momento adecuado, por tanto, para ese amplio y profundo debate sobre la reforma de las reglas fiscales, que posiblemente se activarán de nuevo en 2024, pero que incorporarán cambios que buscan, según la propia Comisión, establecer un marco más sencillo, transparente y eficaz en el que los Estados asuman un mayor compromiso y que permita una mejor aplicación.

Valiosas y múltiples aportaciones

La revista fue presentada por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, en un acto virtual sobre ‘La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales’, en el que intervinieron el director del departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, Javier J. Pérez, el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Ausín y el coordinador del número, Diego Martínez López, Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide, todos ellos moderados por Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas. El número cuenta con diversas y valiosas aportaciones de miembros de diferentes instancias de la UE, BCE, Banco de España, AIReF, la administración pública y distintas instituciones públicas y privadas que abordan el tema desde múltiples perspectivas. Un asunto sobre el que, por añadidura, este blog recoge dos recientes entradas de Raymond Torres y Santiago Lago-Peñas.

Tanto la publicación como el acto de presentación están disponible de forma íntegra en la web.

Descarga íntegro el numero 175 de Papeles de Economía Española sobre “La reforma de las reglas fiscales

Video de la jornada virtual “La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales

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Consolidación fiscal: entre el alarmismo y la necesidad

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En el frente de la política presupuestaria, España ha hecho lo que debía en los últimos tres años. La respuesta inteligente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania era poner dinero encima de la mesa, gastar por encima de los recursos disponibles, proteger los servicios esenciales del Estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, y en contraste con lo que a veces se lee o escucha, España no se ha pasado en la respuesta. Atendiendo a la caída del PIB que sufrimos en 2020, de las mayores del mundo, el incremento del gasto o la deuda están por debajo de lo que podría esperarse observando la respuesta de muchos otros: hemos hecho mucho, pero no demasiado. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo reflejan con claridad.

En tercer lugar, el buen comportamiento de los ingresos fiscales en estos años ha permitido que el déficit fiscal esté siendo sistemáticamente inferior a las previsiones de organismos públicos y analistas privados. Y va a volver a ocurrir en 2023. En síntesis, España y su Gobierno no se han vuelto, de repente, en unos irresponsables fiscalmente.

Pero esa crítica a los alarmistas y exagerados es compatible con reconocer que el punto de partida era malo. En 2019, España padecía un déficit estructural de los más elevados de la Unión Europea; y su ratio de deuda se situaba en el sexto lugar en la clasificación de los Veintisiete. Con esta situación de partida y la tensión a la que hemos sometido las cuentas públicas en el último trienio, la vuelta de las reglas fiscales comunitarias es un desafío particularmente exigente.

Y en este sentido, tres ideas. La primera es que el Gobierno español debe seguir presionando para que las reglas fiscales en proceso de revisión asuman plenamente la necesidad de perseguir objetivos posibles. Los escenarios de consolidación fiscal deben ajustarse a los puntos de partida de cada país en sus parámetros de deuda y déficit. Lo contrario generaría esfuerzos de consolidación excesivos y, seguramente, poco eficaces: si nos pasamos de tuerca y provocamos recesiones, entraríamos en un círculo vicioso.

La segunda es que necesitamos equilibrar nuestras cuentas públicas para ganar margen de actuación ante crisis futuras y desafíos estructurales; así como para no vivir con miedo ante crisis de deuda soberana. La consolidación fiscal no debe verse solo como una obligación impuesta. También es una oportunidad para avanzar como país.

La tercera y última es que, inevitablemente, tenemos frente a nosotros la decisión de cómo combinar incrementos en recaudación impositiva y ajustes en el gasto. Una combinación que debe ser decidida políticamente y para la que la reforma tributaria y la detección y eliminación de gastos superfluos o socialmente poco eficientes son herramientas fundamentales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sostenibilidad del agujero presupuestario

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Una de las mayores vulnerabilidades de la economía española es la persistencia de un desequilibrio de las cuentas públicas, incluso en fases ascendentes del ciclo. El déficit público apenas se corrigió durante la etapa expansiva 2014-2019, manteniéndose ajeno a la promesa reiterada año tras año de una rápida vuelta al equilibrio (con el resultado de un menor margen de maniobra para afrontar los malos tiempos). Y los esfuerzos que se hicieron durante ese periodo consistieron en recortes en inversión pública, uno de los fundamentos del nivel de vida de futuras generaciones. Así pues, descontando la inversión, España es el único país de la UE que encadena un déficit público en el último decenio. 

Mucho ha llovido desde entonces: la pandemia ha exigido un esfuerzo adicional de apoyo al empleo y a la economía que ha permitido amortiguar el golpe de la crisis. A la inversa, la recuperación ha ido de la mano de ingentes entradas de ingresos para las arcas públicas. En lo que va de año, la recaudación se ha incrementado un vigoroso 14%, impulsada por el crecimiento de la economía y del empleo, la inflación y el afloramiento de parte de la economía sumergida que ahora se une al esfuerzo común de financiación de los servicios públicos. Es probable que acabemos el presente ejercicio con un déficit menor de lo anticipado por el Gobierno (4,2% del PIB vs 5%). 

Si bien hay que celebrar el esfuerzo de rigor, el agujero parece persistente. Diversas estimaciones convergen en situarlo en el entorno del 4% en términos estructurales, es decir descontando los altibajos de la economía. A eso hay que añadir la carga de la deuda pública, que supera el 113%. La buena noticia es que de momento los desequilibrios no plantean dificultades de financiación, más bien lo contrario: la prima de riesgo se mantiene en valores reducidos, cercana a 105 puntos, casi cinco veces menos que en el cénit de la crisis financiera, y los mercados muestran su buena disposición adquiriendo nuevos bonos. En las últimas subastas de títulos públicos la demanda superó ampliamente el monto adjudicado, un resultado nada desdeñable en un entorno internacional plagado de incertidumbres.    


Naturalmente, la aparente levedad de la deuda está siendo perturbada por la subida de tipos de interés. A partir de este año, los pagos por intereses no cesarán de incrementarse, presionando el déficit al alza. Esperemos que el BCE no proceda a más vueltas de tuerca de lo estrictamente necesario –algo que requerirá mucho temple y atención a cómo reacciona la economía–. Pero incluso en ese escenario bastante optimista, habrá que contar con que, más pronto que tarde, el BCE empezará a deshacerse de los bonos en cartera. Recordemos que el banco central detiene títulos de deuda pública española por un monto total de 414.000 millones (con datos hasta julio).


Por tanto, si bien los mercados no están nada preocupados de momento (ni las reglas fiscales de Bruselas, todavía en entredicho, presionan), un ejercicio de realismo presupuestario se impone. Ahora bien, la clave está en cómo hacerlo, ya que tan importante como el propio déficit es la capacidad de crecimiento de la economía. Italia solo conoció superávits primarios, es decir fuera de intereses, hasta que llegó la pandemia (salvo en 2009), y todavía hoy el desvío es proporcionalmente menor que el nuestro. Sin embargo, los inversores exigen una prima de riesgo del doble que la española, ante las débiles perspectivas de crecimiento de la economía transalpina.    

Así pues, ahora más que en la era de los tipos de interés negativos, la sostenibilidad fiscal depende de la credibilidad de la senda de corrección de los desequilibrios, y del impacto transformador de los presupuestos públicos y en especial de los fondos europeos. Una tarea colosal, por el entorno de desglobalización y de crisis energética que fuerza a un crecimiento distinto.        

INDUSTRIALa crisis energética afecta algunos sectores industriales, mientras que otros siguen creciendo. El descenso en septiembre del índice de producción industrial (-0,3%), refleja realidades dispares. Las industrias química y metalúrgica se ven muy afectadas por el encarecimiento del gas y de la electricidad. A la inversa, hay numerosos sectores que mantienen una tendencia ascendente que incluso se acentuó en septiembre. Destacan la industria de cuero y calzado, maquinaria y equipo, material y equipo eléctrico y otro material de transporte. Las perspectivas de conjunto son negativas, según el índice PMI de octubre.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos 2023: críticas poco justificadas

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A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.

El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.

La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.

Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.

Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.

Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.

En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Guía para interpretar los cambios fiscales

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Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos en tiempos de inflación

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En un entorno plagado de incertidumbres y con un banco central centrado en la lucha contra la inflación, la orientación de nuestra política fiscal reviste una importancia transcendental que no deja lugar para el error. Prueba de ello, el conato de crisis financiera desatado por el recién estrenado gobierno británico y su plan de estímulos basado en recortes generalizados de impuestos. La reacción de los mercados ha sido virulenta, ante la perspectiva de una explosión de deuda y de subidas adicionales de tipos de interés para aplacar las presiones inflacionistas anticipadas como consecuencia del propio plan. 

Bien es cierto que el margen de maniobra se ha estrechado en todas las economías, por la escalada de los costes de abastecimiento que constriñen el aparato productivo, especialmente la industria. Este es un contexto que aminora el efecto tractor de los estímulos presupuestarios (el llamado multiplicador fiscal). Por otra parte, la financiación del déficit se ha encarecido tras varias vueltas de tuerca monetarias. Se acabó el periodo dulce en que podíamos endeudarnos y a la vez reducir las cargas financieras. Para 2023, incluso bajo el supuesto de una pausa en las subidas de tipos a partir de la próxima primavera (algo que dejaría el bono a 10 años en el 3,5%), se prevé un incremento del pago de intereses de nuestra deuda superior a 4.000 millones. Todo ello aboga por una contención del déficit recurrente, es decir descontando las cargas financieras y los efectos del ciclo.  


No obstante, tal y como lo recuerda la OCDE en sus últimas perspectivas, el contexto también exige un doble esfuerzo. Uno, el de apoyar la transición productiva y el ahorro energético para ir reduciendo la dependencia de las energías fósiles. Y dos, aliviar el impacto del shock inflacionista en los colectivos más vulnerables y en las empresas más expuestas a la crisis energética, so pena de exacerbar el malestar social y agudizar el riesgo de recesión y de subida del paro. Una pérdida masiva de puestos de trabajo, como ocurrió en todas las recesiones a que se enfrentó nuestro país antes de la pandemia, sería especialmente perjudicial para las familias y las empresas que se han endeudado a tipo variable. Tendremos por tanto que estar atentos al buen funcionamiento de los dispositivos de empleo previstos en la reforma laboral. 

Con todo, la política presupuestaria se enfrenta a la tarea de contener las presiones recesivas y a la vez colocar las cuentas en una senda de corrección de los déficits, para que no se disparen los costes de financiación. Una ecuación de difícil solución, sobre todo habida cuenta del nivel de partida del endeudamiento, y de nuestra incapacidad a reducirlo durante la etapa de expansión anterior a la pandemia. Además, con un IPC en el 10% en la eurozona y casi el 11% en Alemania, no cabe ya ninguna duda que el BCE ajustará de nuevo sus tipos de interés fuertemente al alza, pese a la recesión europea que se avecina (esperemos que no decida también vender bonos en cartera).  

Sin embargo, también disponemos de oportunidades como la menor dependencia del gas ruso. Y la abundancia de fondos europeos, si bien su potencial propulsor depende de la focalización en inversiones que disuelvan los cuellos de botella y transformen el modelo energético. De lo contrario los fondos solo agudizarían las presiones inflacionistas. Otro factor es la moderación del IPC registrada el mes pasado: de afianzarse una desescalada frenaría la pérdida de poder adquisitivo y ayudaría a desatascar el consumo embalsado (los datos revisados del INE apuntan a un colchón de sobre-ahorro muy superior a la estimación inicial). En suma, ojo con no perder tiempo en distracciones. El camino pasa por unos presupuestos focalizados en las necesidades surgidas a raíz de la crisis energética y de suministros, y un esfuerzo de contención de los desequilibrios estructurales compartido por todas las administraciones.       

AHORRO| Según los datos revisados del INE, el ahorro generado por las familias durante la pandemia se elevó a 134.000 millones de euros, es decir 40.000 más de lo inicialmente estimado. Esta importante revisión muestra que el colchón de que disponen los hogares para afrontar la pérdida de capacidad adquisitiva derivada de la inflación es mayor de lo que se creía. La revisión no ha sido el resultado de un nivel de consumo inferior al previamente estimado, sino de un volumen de renta disponible superior a las cifras inicialmente calculadas para 2020 y 2021. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía ante el alza de los tipos de interés

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Desde el inicio del año los tipos de interés han emprendido una senda alcista que pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía española. Además, todo apunta a que la escalada del coste del dinero no ha tocado a su fin. Descontando la inflación subyacente —el principal barómetro de la evolución tendencial del coste de la vida y de los precios percibidos por las empresas— los tipos de interés “reales” se sitúan en terreno netamente negativo, prolongando de facto la era ultraexpansiva propulsada por Draghi.


El contexto monetario cambiaría si la inflación se acercara al objetivo del 2% de aquí a finales de año, pero este escenario optimista está siendo cuestionado por el propio BCE: en un meritorio estudio publicado en el boletín económico de abril, Frankfurt reconoce su error de apreciación de las tensiones inflacionistas que se han abatido sobre la economía europea, y pronostica más persistencia de lo inicialmente previsto. Por tanto, el BCE podría reaccionar con más contundencia de lo anticipado, lo que abre la puerta a más alzas del Euríbor y de otras importantes referencias.

En principio, la economía española está mejor posicionada que en otras épocas para aguantar lo que se presenta como un nuevo shock, en este caso monetario, tras el que provocaron la pandemia y la crisis energética. La economía dispone todavía de recursos entre los que destaca el rebote providencial del turismo, que se refleja tanto en el mercado laboral como en las perspectivas de actividad para los próximos meses: el principal indicador de coyuntura del sector de servicios, en el que el turismo tiene un peso importante, registró en abril un fuerte avance (con un PMI al alza hasta el nivel 57, lo que anticipa incrementos continuados de actividad). El tirón de los servicios podría contrarrestar el debilitamiento de la industria, lastrada por los precios energéticos y la aparición de nuevos cuellos de botella, al menos a corto plazo. 

Pero la intensidad del crecimiento de los servicios, y por tanto la sostenibilidad de la recuperación, dependen de la situación financiera de las familias y de las empresas. A nivel agregado, la posición del sector privado no debería suscitar mucha preocupación, fruto del desendeudamiento realizado durante la etapa de expansión. Los pasivos de las familias se sitúan en niveles inferiores a la media europea, y sobre todo al balance desequilibrado de la época de la burbuja. La deuda ha seguido reduciéndose gracias al sobreahorro acumulado durante la pandemia. Algo similar ocurre en el caso de las empresas: incluso si la carga de intereses se duplicara (lo que supone un incremento inverosímil de tipos de interés), todavía se situaría en el 6% del excedente de explotación, un nivel próximo al inicio de la etapa expansiva en 2015 y mucho menos que en el cénit de la crisis financiera (16,5%).

Sin embargo, el panorama global eclipsa fuertes diferencias entre sectores. Las hipotecas a tipos variable van a encarecerse, poniendo en dificultad a algunos hogares. Y las industrias más vulnerables ante la crisis energética tendrán que apretarse el cinturón. Esto evidencia la importancia crucial de una acción por parte del Estado focalizada en los sectores en dificultad, sin la cual nos asomaremos a una pérdida de tejido productivo y un recrudecimiento del malestar social. 

Y ahí es donde se sitúa nuestro principal punto débil, porque el Estado dispone de un margen de maniobra limitado como consecuencia del escaso esfuerzo de contención de los desequilibrios durante la etapa expansiva, y ahora por el impacto del alza de los tipos de interés en las cargas financieras que soportan las administraciones. Todo ello plantea un desafío de sostenibilidad de las cuentas públicas, sin perder de vista la tarea de apoyar la recuperación. Una tarea que, ante el repliegue de los bancos centrales, solo podrá descansar en los Estados.

INDUSTRIA vs SERVICIOS | Mientras que la epidemia golpeó con severidad los servicios, la crisis energética y de suministros incide sobre todo en la industria. El índice de producción industrial sufrió un retroceso del 1,8% en marzo, lastrado por la disrupción de las cadenas de suministros, el alza de los costes y la huelga de transportistas. Los datos para abril apuntan en la misma dirección, con un retroceso del indicador PMI de gestores de compra y de la afiliación industrial. En contraste con el importante incremento del PMI y de la afiliación en los servicios.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto en defensa y el déficit público

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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