la-deuda-publica-espanola-en-perspectiva

La deuda pública española en perspectiva

Comparte esta entrada



En un reciente trabajo
sobre la deuda pública en España
, publicado por Funcas, trato de conceptualizar
y contextualizar los desafíos actuales en este ámbito. Sus ideas fuerza son las
siguientes.

Es fundamental comprender las diferencias sustanciales
entre la deuda pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida
ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir
de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su
deuda. Lo que importa no es el volumen global de deuda expresado en euros, sino
la ratio de deuda pública sobre el PIB. Ahí es dónde debemos centrar los
análisis y las discusiones políticas. Una ratio atascada en un
nivel elevado y/o una dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo
porque llevará a incumplir con las reglas fiscales y, por tanto, tener que
asumir las consecuencias. También porque una ratio elevada supone un mayor
coste de intereses a sufragar con impuestos; debilita la posición del país en
episodios de crisis de deuda soberana; y limita la capacidad de recurrir al
déficit ante un choque inesperado con impacto económico, ya que cuando se parte
de niveles bajos de la ratio, un aumento súbito y sustancial, pero transitorio,
no es un problema mayor.

En segundo lugar, hay que tener
presente que la
causalidad bidireccional entre el déficit público y el PIB
complica las
estrategias de consolidación presupuestaria. Porque a diferencia de los
procesos de desapalancamiento de una empresa privada, si el sector público trata
de reequilibrarse de manera brusca puede afectar negativamente al PIB y, en
última instancia, al propio éxito de la consolidación.

Desde una perspectiva histórica,
la ratio de deuda pública española no está en sus máximos. Sin embargo, el
contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la posibilidad de repudio y
estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento supranacional. Han
desaparecido los atajos.

En cuarto lugar, en la última
década se producen una extensión significativa de la vida media y una reducción
muy sustancial del coste de la deuda española. Estos logros son el resultado de
estrategias eficaces de refinanciación y un aprovechamiento de las condiciones
favorables del mercado. Hoy la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste
ni en vencimientos. Pero esto está cambiando. La normalización de los tipos de
interés con una ratio de deuda por encima del 100% va a elevar muy
sustancialmente el gasto por intereses en los próximos años, hasta alcanzar el
máximo en décadas. El impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda
añade una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal futura. Se espera
que eventos extremos y la transición hacia una economía baja en carbono generen
presiones fiscales adicionales, lo que subraya la necesidad de integrar
consideraciones ambientales en la planificación fiscal a largo plazo. En el
mismo sentido, el envejecimiento poblacional va a tensionar el gasto en
pensiones y en sanidad.

Quinta idea: no sería prudente
ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas que nos constriñe,
apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las últimas cuatro
décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar reformas y asumir
los costes a corto plazo de actuaciones que brindan beneficios futuros de mayor
dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a parámetros fiscales como los
españoles, lo que evita consolidaciones fiscales severas y poco razonables
desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a que se reforzará la
vigilancia y el control de su cumplimiento.

En sexto lugar: bienvenidos
sean los choques positivos, como los efectos que pueda provocar la revolución
de la inteligencia artificial en los próximos años. Pero tenemos que actuar sin
esperar por ellos, a sabiendas que la economía política de la consolidación
fiscal presenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político
caracterizado por la polarización y la fragmentación parlamentaria.

A la luz de las proyecciones de
la dinámica de la deuda, el corolario de todo lo anterior es la necesidad de
una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta
de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo. La
combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión
intrínsecamente política; si bien es verdad que una reforma fiscal integral y
un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de
decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de
uno u otro color deberán manejar. De forma complementaria, la comunicación
efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal son
fundamentales para generar apoyo público y político para las medidas
necesarias.

Más información en el documento
La
dinámica de la deuda pública en España: presente, pasado y futuro
”, de Santiago
Lago Peñas.

Comparte esta entrada



Leer más
recaudacion-tributaria-de-2023:-lecciones-para-la-consolidacion-fiscal

Recaudación tributaria de 2023: lecciones para la consolidación fiscal

Comparte esta entrada



La recaudación tributaria alcanzó en 2023 un nuevo máximo histórico de 271.935 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,4% frente a 2022; es decir, alrededor de 16.500 millones de euros adicionales que, sumadas a las cifras de 2021 y 2022, suponen alrededor de 61.400 millones de euros más de recaudación en tan solo 3 años. Como en los dos años previos, el fuerte aumento de la recaudación de 2023 ha venido impulsado por el viento de cola de la inflación. Esta cuestión merece especial atención, tanto por sus implicaciones macro —en términos de recaudación agregada— como micro, debido a sus efectos diferenciales en hogares de distinta capacidad económica (para el IVA puede consultarse aquí).

A partir de los datos de AiREF, el cuadro 1 cuantifica las ganancias de recaudación de 2022 y 2023 debidas a las tensiones en precios. La inflación aportó un extra de recaudación de 13.500 millones en 2022 (1,0% del PIB) y de 8.800 millones en 2023 (0,6% del PIB). La caída del IPC desde el 8,4% de 2022 al 3,5% de 2023 ha reducido en alrededor de un tercio las ganancias recaudatorias (4.700 millones aproximadamente). Sin embargo, el viento de cola de la inflación sigue siendo verdaderamente importante: la inflación aportó el 42% de las ganancias de recaudación de 2022, elevándose al 56% en 2023. A ello ha contribuido, de manera significativa, la falta de corrección general de la progresividad en frio del IRPF, tanto en lo que respecta a tarifa como a mínimos y deducciones. En sentido contrario, no obstante, ha actuado la ausencia de indexación de impuestos especiales como labores del tabaco, hidrocarburos o alcohol.


El gráfico 1 compara las ganancias de recaudación en los años pospandemia con el promedio de los años 2017 a 2019. Como se puede ver, las ganancias a partir de 2021 superaron ampliamente el promedio de 8.853 millones de euros de los años 2017 a 2019. Naturalmente, la mayor ganancia recaudatoria se produjo en 2022, bajo un elevado crecimiento de los precios. Como resultado, el incremento recaudatorio de ese año superó los 32.000 millones de euros, 3,6 veces por encima del promedio prepandemia. La evolución mucho más favorable de los precios en 2023 redujo las ganancias a 1,9 veces por encima del período de referencia previo a la pandemia.


Esta situación se produce en un contexto donde el déficit público se ha reducido en el último año desde el 4,73% de 2022 al 3,66% de 2023, mejorando la previsión oficial del 3,9%. Es decir, se ha conseguido reducir el déficit de 2023 en alrededor de 3.500 millones por debajo de lo inicialmente previsto. En esta situación han jugado un papel central los fuertes aumentos de ingresos generados por la inflación. A efectos meramente ilustrativos, el colchón extra de recaudación aportado por la inflación en 2023 (8.800 millones) ha sido equivalente al 87% de la reducción del déficit (10.200 millones).  Sin embargo, estos recursos extra asociados al efecto precios se irán reduciendo en los próximos años, en la medida que la inflación continúe su línea descendente hacia el 2%. Por tanto, la progresiva mejora en los niveles de precios obligará a buscar fórmulas activas de consolidación fiscal más allá de las que, de forma silenciosa y sin necesidad alguna de reforma fiscal, proporciona la inflación. En ausencia de medidas específicas, existen serias dudas que se pueda reducir el déficit por debajo del 3% en los próximos años. En este sentido, las predicciones de la Comisión Europea (In-depth review 2024) publicadas a finales de marzo sitúan el déficit en una trayectoria ascendente del 3,2% en 2024 y del 3,4% en 2025. Con diferentes matices, estas predicciones coinciden con las realizadas por Banco de España, Airef o Funcas, que sitúan el déficit en esos años claramente por encima del 3%.

Comparte esta entrada



Leer más
prorroga-presupuestaria:-incertidumbres-en-la-senda-de-deficit

Prórroga presupuestaria: incertidumbres en la senda de déficit

Comparte esta entrada



La prórroga presupuestaria de 2024, otra más, nos enfrenta a algunas incertidumbres económicas. Una de las más relevantes es la capacidad para cumplir con el 3 % de déficit previsto en el plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado octubre. A mediados de diciembre, el Consejo de Ministros fijó para 2024 un techo de gasto de 189.215 millones de euros en un contexto presupuestario de corte muy expansivo con un fuerte crecimiento del 9,3 %. Es decir, 16.150 millones de euros más que en 2023, fondos europeos aparte. Sin embargo, la súbita decisión del gobierno del pasado 12 de marzo de prorrogar el presupuesto de 2023 ha trastocado estas cifras. Este nuevo contexto nos lleva de vuelta a los 173.065 millones de techo de gasto. Pérdida de valor real aparte por efecto de la inflación, el techo de gasto de 2024 será, no obstante, superior a esta última cifra debido al aumento del gasto comprometido en pensiones y salarios públicos. Cada punto de inflación supone un gasto adicional de alrededor de 1.800 millones de euros en pensiones públicas y 1.400 millones en salarios públicos. Es decir, alrededor de 6.840 millones de aumento de gasto en pensiones —asumiendo una inflación del 3,5 %— y 2.800 millones en salarios públicos si en esta materia se produce un aumento del 2 %, según lo pactado con los sindicados. En definitiva, los 16.150 millones de euros de menor gasto en 2024 por la ausencia de presupuesto quedarían reducidos a 6.610 millones. Esa cifra es un ajuste que desde algunos ámbitos se ha calificado acertadamente como involuntario, ya que estaba lejos de los objetivos inicialmente planteados por el gobierno. No obstante, la cifra podría ser menor, o incluso mucho menor, dependiendo de si el gobierno presiona al alza el gasto público por la vía del Real Decreto. En todo caso, ese ajuste involuntario de gasto daría, ceteris paribus, cierto respiro al déficit al suponer una reducción de alrededor de 0,4 puntos de PIB en 2024.

El modo en que la prórroga afectará finalmente a la evolución del déficit público habrá de verse en los próximos meses con las medias que se vayan tomando. Por lo pronto, el presupuesto inercial contenido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el pasado octubre fijó una senda de déficit del 3,9 % en 2023 y del 3,0 % en 2024 (ver Tabla 1). Las previsiones de Banco de España o de Funcas estiman un déficit en 2023 próximo a las estimaciones oficiales (3,8 % y 4,0% respectivamente). Sin embargo, las previsiones de 2024 y siguientes dibujan un horizonte menos favorable. El Banco de España considera que el déficit se mantendrá hasta 2026 en el 3,5 %, mientras que Funcas lo sitúa en el 3,5 % en 2024 y el 3,3 % en 2025. Por encima, en todo caso, del umbral de 3 % cuya resistencia a iniciar la senda de reducción habrá de vencerse con las medidas adecuadas, como tantas veces se ha insistido en los últimos años desde OCDE, FMI, Banco de España, Airef o Funcas. Haciendo uso, por tanto, de un plan creíble de consolidación fiscal que entre de lleno en la corrección de los desequilibrios presupuestarios. Es de esperar que la llegada de las nuevas reglas fiscales ayude en esta tarea.


Centrándonos en el año en curso, la evolución de la cifra de déficit dependerá de dos aspectos esenciales. Primero, como se dijo antes, del uso que se haga de los reales decretos en todas aquellas decisiones que presionen al alza el gasto público. El principal escollo a beneficio de la reducción en las cifras de déficit es que cualquier medida debe tramitarse separadamente como Real Decreto y ser validada después en el Parlamento, si bien puede recurrirse a leyes omnibus. El segundo aspecto clave es la evolución de los ingresos en 2024. El Plan Presupuestario de 2024 estimó el pasado noviembre que los ingresos públicos totales se mantendrían en 2024 en un robusto 5,8 % aunque por debajo del 6,7 % de 2023. Falta para ello por ver en estos primeros meses cuál está siendo el comportamiento del IRPF, como principal pilar recaudatorio. Y el efecto de algunas medidas como la posible eliminación de los tipos de IVA reducidos sobre alimentos —vigentes hasta junio de 2024— y de gas y electricidad, además del impuesto especial sobre electricidad.

Comparte esta entrada



Leer más
un-ano-despues-de-una-crisis-bancaria-(que-menos-mal-que-no-fue-sistemica)

Un año después de una crisis bancaria (que menos mal que no fue sistémica)

Comparte esta entrada



Hace un año conocimos las dificultades de tres bancos medianos de Estados Unidos, Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank, que cayeron desde el 10 de marzo al 1 de mayo de 2023. Las piernas de muchos temblaron, especialmente cuando, en medio de esos problemas en el mismo marzo, un conocido banco suizo —de mayor dimensión, con las potenciales ramificaciones que podría haber supuesto—, Credit Suisse, tuvo que ser adquirido en una operación de urgencia por otro gran banco helvético, UBS, y en la que el Estado de ese país tuvo mucho que decir. Quince años antes, en 2008, una mascletá de similares características en poco tiempo habría tenido unas consecuencias, al menos comparables, con la caída de Lehman Brothers. Es cierto que el ruido de Credit Suisse venía de largo y la inacción —o insuficiente contundencia— de unos y otros contribuyó al triste final de la entidad. Pero esos ruidos se podían comparar con los petardos que a lo largo de 2008 se escucharon sobre Bear Stearns —rescatada por JP Morgan, pero con un esquema de garantías públicas— y sobre Lehman.

Hace también un año hubo numerosos e infundados rumores sobre un gran banco europeo, que afortunadamente se disiparon. Algo tan etéreo como la confianza juega un papel central cuando se trata de mantener la estabilidad financiera, pero los números creíbles ayudan y mucho, y así se pudo parar el ruido. Hace menos de dos meses, otro banco mediano norteamericano, el New York Community Bancorp, sufrió de fuertes tensiones en los mercados que hicieron inicialmente rememorar los episodios de hace un año. Afortunadamente, la cosa no ha pasado a mayores hasta el momento, pero ciertos desequilibrios parecen seguir presentes en EE UU.

No se produjo un incendio financiero global, a diferencia de en 2008. Dicho de otro modo, no hubo crisis sistémica. ¿Qué ha podido ser diferente esta vez? Parecen existir factores macroeconómicos y microeconómicos que atenuaron la gravedad de la crisis. Respecto a los primeros, un repaso a los indicadores de los informes de estabilidad financiera nos permite ver que, aunque las cuentas públicas están muy endeudadas y podrían ser una fuente de problemas futuros, otros desequilibrios importantes existentes en 2008 ahora o eran menores o tendían a corregirse. Los masivos déficits exteriores de algunos países —como, por ejemplo, España— se han corregido en estos 15 años. Asimismo, la relativa menor dependencia de la financiación mayorista de los bancos o el menor apalancamiento financiero de todos los agentes, han actuado como muros de contención, a diferencia de en 2008, que fueron la hojarasca que prendió las llamas de la crisis. Por tanto, las políticas macroprudenciales aplicadas en el último decenio han permitido llegar en unas notablemente mejores condiciones para resistir tensiones.

Todo ello a pesar de que los problemas de primavera de 2023 llegaron en un contexto de dudas macroeconómicas, con inflación y expectativas a la baja para el PIB. Ahí es donde comenzaron a emerger las dificultades microeconómicas. Combatir una tasa de inflación persistente requiere subir intensamente los tipos de interés. Fue entonces cuando se comprobó que las estructuras de balance de algunas entidades regionales americanas tenían debilidades notables. Resultó fatal para algunos bancos la combinación de pérdida de valor en partes significativas del activo junto a un pasivo más vulnerable con depósitos con alta rotación y muchos de ellos —al superar los límites legalmente cubiertos— no asegurados por el fondo de garantía de depósitos, y por consiguiente con una mayor remuneración. La retirada de depósitos de gran volumen se pudo realizar en unas pocas horas, gracias a los avances tecnológicos, lo que creó una importante fuente de inestabilidad. La parte del activo más afectada negativamente fue la cartera de deuda, que estaba repleta de títulos provenientes de antes de la subida de tipos, con vencimientos largos y con tipos de interés muy por debajo a los de marzo de 2023. Con este escenario, la desconfianza por la solvencia de algunas entidades estaba servida, y comenzaron las retiradas de pasivos y la consiguiente firesale, con ventas precipitadas de parte de las carteras, lo que llevó a los bancos a incurrir en pérdidas. La liquidez extraordinaria que facilitó la Reserva Federal no fue suficiente y es así como la tensión alcanzó a un gran banco internacional, Credit Suisse, que llevaba tiempo con problemas. Tampoco la gobernanza de algunas de estas entidades ayudó.

En este contexto, ¿cómo actuaron los supervisores de EE UU y Suiza? Después de la crisis financiera global de 2008, se aprobaron nuevos estándares de vigilancia y solvencia, en el marco de Basilea. En el caso de Estados Unidos, quizás no se actuó con la suficiente rapidez, pero también para las entidades que sufrieron los problemas la agenda regulatoria de Basilea no era de completa aplicación. De este modo, las medidas preventivas pierden eficacia. Algo parecido sucedió en cuanto a diligencia de actuaciones con los supervisores helvéticos y Credit Suisse. El hecho de que en otras latitudes, como por ejemplo la UE, la aplicación de la agenda de Basilea III fuera completa ayudó a evitar otra crisis financiera sistémica. Otro elemento diferente en esta ocasión. No hay tiempo para complacencias en todo caso. Se avecinan cambios en los tipos de interés, en esta ocasión a la baja, y parece haber burbuja en determinados activos —renta variable, por ejemplo— por lo que habrá que continuar muy atentos a posibles vulnerabilidades de algunas entidades en este nuevo entorno de riesgos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

Comparte esta entrada



Leer más
sostenibilidad-fiscal-vs-recortes

Sostenibilidad fiscal vs recortes

Comparte esta entrada



La trayectoria reciente
de la deuda pública es reveladora de los principales factores que sustentan la
sostenibilidad de las finanzas públicas. El endeudamiento de las
administraciones se ha reducido en 3,9 puntos de PIB en el último año (y más de
12 puntos desde el cénit alcanzado tras el estallido de la pandemia). Este es un
resultado positivo en comparación con otras grandes economías europeas: Bélgica
y Francia, por ejemplo, aun partiendo de un desequilibrio menos pronunciado que
el nuestro, apenas han avanzado de modo que hoy por hoy se encuentran en peor
posición. Aparentemente el ritmo de contención de los pasivos sería también
coherente con las nuevas reglas fiscales europeas, que obligan a una reducción
anual de un punto porcentual de PIB.


La tendencia subyacente es, sin embargo, más compleja. En primer lugar, si la deuda reduce su peso en relación al tamaño de economía es en buena parte por el efecto de la inflación. Es decir, la deuda sigue escalando en euros, pero la subida de los precios erosiona su valor en términos reales. Así pues, con una inflación del 2% (en vez del 5,9% registrado el año pasado en términos de deflactor del PIB), la ratio de deuda sobre PIB solo se hubiera reducido en dos puntos porcentuales. Así que la inflación explica la mitad de la mejora observada, una circunstancia probablemente irrepetible en años venideros.

Otro factor ha sido el
crecimiento económico: un sólido 2,5% que contrasta con el estancamiento de las
economías centroeuropeas, y contribuye a explicar el descenso del peso de la
deuda pública (por su efecto favorable sobre la recaudación y el gasto, y por la
elevación del denominador de la ratio deuda sobre PIB). El crecimiento
tendencial de la economía española es, sin embargo, inferior al registrado el
año pasado. Bajo la hipótesis de una cierta recuperación de la productividad, y
de un incremento sostenido de la fuerza laboral, algo que supone la integración
de un volumen importante de mano de obra extranjera para compensar nuestro
declive demográfico, el crecimiento podría alcanzar tal vez una media anual del
2% en los próximos años.

Con todo, la deuda solo es sostenible si se reduce el déficit público, y siempre que el esfuerzo no perjudique el crecimiento potencial de la economía. Esta doble condición puede plantear dilemas, como en el caso de la inversión pública. Por ejemplo, la descarbonización del tejido productivo y las medidas de adaptación frente al cambio climático son cruciales para preservar nuestros recursos naturales de los cuales dependen sectores clave como el turismo o la agricultura, y por ende el crecimiento económico. Se trata por tanto de una inversión, con una repercusión a corto plazo en la hacienda pública que conviene acomodar. Preocupa que Alemania esté privilegiando el recorte del déficit a contracorriente de las necesidades de inversión de su economía, con el riesgo de retrasar la recuperación y acelerar la pérdida de competitividad de la industria.        

El objetivo debe ser la
sostenibilidad de la deuda, y no necesariamente su reducción como tal ya que el
mix de medidas es vital. Las nuevas reglas fiscales otorgan flexibilidad
a este respecto, al tiempo que permiten modular los objetivos en función del
esfuerzo inversor y reformista durante un periodo de hasta siete años. Esto no
nos exime de emprender, a partir de este mismo ejercicio, una senda de
corrección con resultados tangibles. Las estimaciones basadas en los datos
disponibles de ejecución apuntan a que sería necesario un ajuste cercano a
15.000 millones de euros, aproximándose al equilibrio del agujero
presupuestario fuera de intereses durante un periodo razonable. El escenario es
factible en el contexto actual de crecimiento vigoroso, relativa calma en los
mercados, y con un volumen ingente de fondos europeos todavía por ejecutar.

COSTE DE LA DEUDA| La perspectiva de reducción de tipos de interés por parte del BCE se está trasladando a los mercados de deuda. En enero, el Tesoro emitió bonos con vencimiento a 10 años a un tipo de interés cercano al 3,3%, frente al 4% del otoño pasado. Aun así, el coste de la deuda de nueva emisión supera el de la que vence, algo que tiende a elevar los costes de financiación del Estado. Por ejemplo, el tipo de interés de los bonos a 10 años emitidos en 2014 alcanzó el 2,9%.

Comparte esta entrada



Leer más
la-disciplina-fiscal-y-la-transicion-verde

La disciplina fiscal y la transición verde

Comparte esta entrada



El Gobierno que salga de las urnas, cualquiera que sea, se enfrentará a un entorno exterior que, además de condicionar su acción, se caracteriza por fuertes contradicciones. Una de las más patentes atañe al espacio de política fiscal. Por una parte, Bruselas insta a los países miembros a volver a la disciplina presupuestaria. Incluso incorporando la propuesta de flexibilización de los objetivos, adaptándolos a la situación de cada país, un esfuerzo de contención parece ineludible para las economías más endeudadas como la nuestra. Simultáneamente, muestra su preocupación por los efectos del cambio climático y aboga por un esfuerzo colosal de inversión que ronda el 2% del PIB europeo hasta 2030.

Estos objetivos pueden coincidir en el largo plazo: la descarbonización ayudaría a relajar la presión sobre los precios energéticos y de algunos alimentos que empiezan a escasear como consecuencia de la sequía, y por tanto generaría actividad y recursos públicos necesarios para reducir el déficit. Pero, en la práctica, la transición hacia ese largo plazo plantea dilemas complejos en el actual marco de gobernanza europea. Según un informe muy comentado de Pisani-Ferry sobre transición verde, se puede a la vez reducir el desequilibrio fiscal e incrementar la inversión verde, pero esto exigiría medidas draconianas de recorte de otros gastos o una elevación de impuestos sobre la clase media, difíciles de asumir en nuestras democracias.

También se podría
posponer el objetivo de reducción del déficit, a expensas de que los mercados quieran
comprar la deuda emitida por cada país, además de la que vaya amortizando el
BCE en el marco de su política de drenaje de liquidez. En todo caso esta es una
eventualidad muy improbable políticamente. Otra opción sería la dilución de los
objetivos de descarbonización, exacerbando el estrés climático y dejando en
herencia el grueso del esfuerzo a las futuras generaciones.

La coherencia, sin embargo, podría venir de una extensión del programa Next Generation orientada a la inversión verde y financiada con recursos mancomunados. Esta opción, que parece ser la vía preferida por el Comisario Gentiloni, aliviaría el dilema fiscal-ecológico, aunque sin resolverlo del todo ya que la deuda mancomunada recae indirectamente en los Estados miembros. Pero sobre todo, el informe Pisani-Ferry pone de manifiesto las condiciones mínimas de eficacia de tal programa europeo: la inversión pública tiene que ir a la par de una mayor previsibilidad jurídica así como de un alineamiento de los incentivos a la inversión privada en tecnología que sirva los objetivos medioambientales. También conviene que esa política se formule a nivel del conjunto de la Unión, en vez de consistir en una mera acumulación de proyectos nacionales, defecto del que adolece el Next Generation. Por tanto, además de ponerse de acuerdo en el buen diseño de la estrategia, los países miembros deberían aceptar el traspaso a Bruselas de una parte de su soberanía económica y fiscal. 

Ese paso hacia una mayor integración se enfrenta a reticencias bien conocidas en el seno de Europa, pero las diferencias entre el núcleo “frugal” y la periferia “dispendiosa” se han desvanecido. La Europa meridional ya no se percibe necesariamente como un lastre, ni desde el punto de vista del crecimiento económico ni de la disciplina presupuestaria: según los datos relativos al primer trimestre divulgados esta semana por Eurostat, Portugal arroja un superávit y el déficit español desciende hasta situarse por debajo de la media europea o, incluso, de la propia Alemania. En nuestro caso queda mucho camino por recorrer para afianzar el resultado, con una deuda que pesa todavía el 112% del PIB, una de las más elevadas de la UE. Pero las tornas podrían estar cambiando. Eso, junto con la urgencia de la transición energética, permite enfocar la reforma de las reglas fiscales europeas de manera distinta. Esta es por tanto una oportunidad, además de una responsabilidad que condicionará nuestra estrategia económica.


DÉFICIT | Según Eurostat, las cuentas de las administraciones arrojaron un déficit equivalente al 1,9% del PIB en el primer trimestre (con datos desestacionalizados), frente al 3,2% del conjunto de la eurozona. Este resultado podría provenir en parte del tirón del crecimiento español en el inicio del año, y por tanto conviene esperar para determinar si se trata de una mejora estructural. El gasto público representó el 45,2% del PIB (4,2 puntos porcentuales por debajo de la media europea). Los ingresos, por su parte, alcanzaron el 43,2% del PIB (tres puntos menos).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
ahora,-corregir-el-desequilibrio-fiscal

Ahora, corregir el desequilibrio fiscal

Cuando estalló la crisis de 2008 las cuentas públicas se encontraban en una situación saneada: habían registrado superávit durante tres años consecutivos y su deuda se hallaba bajo control en un 35,8% del PIB. La larga crisis financiera arrasó con esas cifras, pero después disfrutamos de seis años de recuperación, entre 2014 y 2019, que se podrían haber aprovechado para poner orden. Sin embargo, no fue así: el déficit público estructural se mantuvo en el 3% del PIB, mientras que la ratio de deuda sobre PIB al final de dicho periodo era del 98,2%, apenas 2,3 puntos inferior a la de 2013, el último año de la crisis, cuando la economía tocó fondo. 

Durante los años de recuperación se advirtió repetidamente desde diferentes instancias de la importancia de sanear las cuentas públicas para que, cuando llegara una nueva crisis, la política fiscal tuviera suficiente margen de maniobra para hacer frente a la misma. Pero dichas recomendaciones tuvieron poco éxito, y cuando llegó la pandemia, su situación seguía siendo desequilibrada. Hay que recordar que al inicio de la misma, la prima de riesgo ya dio un pequeño susto, pero la rápida actuación del BCE, anunciando un programa de compra masiva de deuda pública —adicional al programa ya en vigor desde 2015— puso fin a las incipientes tensiones, y fue gracias a ello que pudimos aplicar las medidas presupuestarias que salvaron a la economía de la catástrofe, aunque a costa de disparar aún más el déficit y la deuda.

En 2022 se pudo dar por finalizada la crisis sanitaria, pero ello no supuso una reducción del gasto nominal, porque entonces llegó la crisis energética e inflacionaria, y los recursos que antes se destinaban a la pandemia ahora se debían dirigir a medidas para paliar el impacto de la nueva emergencia, alimentando más la deuda. Una parte de dichas medidas se mantienen en 2023, pero una vez finalice esta nueva emergencia, el gasto tampoco se reducirá, puesto que habrá sido sustituido por un mayor gasto en pensiones, en remuneraciones salariales —por el incremento en el número de empleados públicos y en sus salarios— y en pago de intereses. El propio Gobierno estima en su Programa de Estabilidad un gasto del 46,3% del PIB en 2024, ya sin medidas excepcionales de ningún tipo —y sin contar con los pagos relacionados con el Plan de Recuperación—, cuatro puntos porcentuales por encima de las ratios de los años previos a la pandemia. Es decir, los gastos extraordinarios de 2020 a 2023 desaparecerán completamente en 2024, pero habrán sido sustituidos, e incrementados, por otros de carácter estructural.

Pese a ello, el déficit se ha reducido desde el máximo alcanzado en 2020, gracias a un significativo e inesperado crecimiento de los ingresos públicos, que también han aumentado su peso sobre el PIB. Una parte de este crecimiento se explica por la inflación y la adopción de medidas impositivas; pero hay otra parte para la cual no se encuentra una explicación clara, y se sospecha que procede del afloramiento de economía sumergida. Tanto la Airef como el Banco de España han advertido de que este crecimiento inesperado de los recursos públicos podría no ser permanente, pero el Gobierno da por hecho que sí lo es, y estima que en 2024 los ingresos supondrán un 43,3% del PIB, también cuatro puntos porcentuales por encima de los años previos a 2020. 

Todo ello implicaría que en 2024 el déficit aún sería del 3%, muy semejante al de 2019. Asimismo, el Gobierno estima que el déficit estructural —es decir, eliminando los ingresos y gastos derivados del ciclo económico— descendería progresivamente hasta el 2,5% del PIB en 2026. Sin embargo, las proyecciones de instituciones privadas y organismos internacionales apuntan a cifras más elevadas, con un déficit estructural, en ausencia de medidas de ajuste, que podría situarse de forma persistente entre el 3,5% y el 4% del PIB. 

Con un déficit estructural del 3,5%, no hay ninguna garantía de que la ratio de deuda sobre PIB vaya a situarse en una senda de sostenibilidad, es decir, de descenso continuado. El nivel de esta ratio se ha reducido notablemente desde el máximo alcanzado en 2020 (120% del PIB), debido a la “normalización” del denominador tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Pero esa trayectoria descendente podría finalizar en 2024 o 2025, y solo bajo unos optimistas supuestos en cuanto al crecimiento potencial del PIB, tipos de interés y otros factores relacionados con las pensiones, dicha senda se prolongaría en los años posteriores. Bajo supuestos más prudentes, la deuda tomaría una senda ascendente, es decir, de insostenibilidad. Esta perspectiva nos expone a que, ante cualquier “tropiezo” en los mercados financieros nuestra prima de riesgo vuelva a dispararse.

Además, aunque los analistas no lo contemplen en sus escenarios centrales de previsiones, la posibilidad de un aterrizaje brusco tras el cambio de rumbo de la política monetaria es muy elevada si atendemos a los precedentes históricos. De hecho, el consumo ya ha caído durante dos trimestres consecutivos, y el impacto de la subida de tipos de interés aún no se ha transmitido en su totalidad a la economía. La llegada de una recesión, en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas como la actual, de elevada incertidumbre, y en medio de un proceso de adaptación de los mercados financieros a un nuevo marco de política monetaria, podría ser un cóctel desastroso. 

El respaldo de la autoridad monetaria es lo que nos ha permitido transitar esta etapa de crisis sucesivas, pandémica primero y energética después, con relativa comodidad, pero el apoyo del BCE tiene los días contados. El año pasado anunció un programa especial destinado a controlar las primas de riesgo pero sus características no están claras, y en cualquier caso el recurso al mismo conllevaría un estigma y un daño reputacional. El desequilibrio fiscal, en suma, coloca a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad. 

Durante la pandemia y la crisis energética no era el momento de aplicar un plan de consolidación fiscal, pero sí que hubiera sido deseable la presentación de un programa para ser aplicado cuando las condiciones lo hicieran posible, como reclamaba, entre otros, el Banco de España. En cualquier caso, el momento ya ha llegado tras la finalización de la situación de emergencia, y con el restablecimiento de las reglas fiscales el año próximo no será posible postergarlo por más tiempo.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario ABC.

Leer más
la-deuda-publica-y-el-dedo-que-apunta-a-la-luna

La deuda pública y el dedo que apunta a la luna

Comparte esta entrada



El toque de atención de la Comisión Europea en relación a la situación de las cuentas públicas de los países miembros nos retrotrae al periodo anterior a la pandemia. Pero esa impresión de déjà vu es en parte engañosa, por las disrupciones que se han producido estos últimos tiempos en el entorno económico y financiero en que se enmarca la política fiscal. Un cambio que Bruselas debería incorporar.

La necesidad de equilibrar los ingresos con los gastos corrientes —al menos a lo largo del ciclo, es decir descontando el vaivén de la coyuntura— sigue siendo válida. Somos, junto con Francia, el único país de la UE que no ha logrado eliminar el déficit primario (fuera de intereses) en ningún año desde el inicio de etapa de recuperación posterior a la crisis financiera. Además, Bruselas propone flexibilizar los objetivos, para que cada país defina su propia senda de ajuste. De modo que cuando se reactiven las reglas fiscales, en principio a partir del próximo ejercicio, el mix de medidas —reforma tributaria, recorte del gasto poco eficaz— estaría enteramente en nuestras manos.

El impulso expansivo procederá de los fondos europeos, que podrán desplegarse hasta 2026, sin computar en el gasto a efectos de las reglas fiscales. La adenda al programa Next Generation, si bien se trata de préstamos, debería contabilizarse de modo similar. Por tanto, es factible emprender una senda de corrección de los desvíos sin efectos traumáticos en la economía ni en la sociedad, es decir sin austeridad. La Comisión estima que una reducción del déficit primario en un punto porcentual, hasta el entorno del -0,5% del PIB, la mitad que antes de la pandemia, facilitaría una suave desescalada de la deuda pública.

Pero ese escenario no cuenta con el cambio radical que se ha producido en el contexto monetario y macroeconómico. Antes del brote inflacionario, los tipos de interés se situaban en terreno netamente negativo. Fruto de esa política monetaria acomodaticia, bastaba con que la economía se expandiera, aun modestamente, para que los esfuerzos de contención del agujero fiscal redundaran en un menor endeudamiento público. En efecto, la variable clave para la dinámica de la deuda es el diferencial entre el tipo de interés (determinante de los costes financieros) y la tasa de crecimiento de la economía (de la que depende la evolución de los ingresos públicos y del gasto). Antes de la pandemia ese diferencial era negativo, es decir el tipo de interés era muy inferior al crecimiento, facilitando la desescalada.


Sin embargo, las previsiones apuntan a tipos más elevados durante un tiempo prolongado, hasta que los precios se hayan encauzado. Por otra parte, el crecimiento económico puede verse constreñido por las disrupciones que se han producido en los últimos tiempos, como las tensiones geopolíticas, el debilitamiento del sistema multilateral, o los costes cada día más perceptibles del cambio climático y del envejecimiento poblacional.

En suma, no es descartable que aparezca un diferencial desfavorable entre el tipo de interés y el crecimiento económico. Esta circunstancia cambiaría drásticamente el escenario fiscal. Bajo la hipótesis, relativamente prudente, de un diferencial nulo (tipos de interés que igualan el crecimiento), los beneficios asociados a la contención del déficit se echarían a perder, de modo que el peso de la deuda se mantendría en niveles elevados. Y si esas medidas de contención no se pusieran en marcha, el endeudamiento emprendería una escalada inexorable. Bruselas reconoce el elevado riesgo para la sostenibilidad derivado de un diferencial desfavorable de tipos de interés en relación al crecimiento de la economía.

Con todo, cada país tiene que hacer sus deberes. Pero no se trata de un mero ejercicio de contabilidad. Los esfuerzos de corrección de los desequilibrios solo serán exitosos si se enmarcan en una estrategia europea de inversión, reformas e incentivos, susceptible de facilitar las diferentes transiciones y así fortalecer el crecimiento sostenible de la economía.

TIPOS DE INTERÉS | Tras el ascenso abrupto registrado en 2022, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha estabilizado en torno al 3,5% desde inicios del presente ejercicio, evidenciando la anticipación por parte de los mercados de una pausa en las subidas de tipos de interés por parte del BCE. De manera similar, la prima de riesgo se mantiene inmune al giro restrictivo de la política monetaria: el diferencial de rendimiento con respecto al bono alemán oscila en torno a 100 puntos básicos (un nivel relativamente reducido), sin que se detecte una tendencia clara.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
el-debate-sobre-las-proximas-reglas-fiscales,-en-funcas

El debate sobre las próximas reglas fiscales, en Funcas

Comparte esta entrada



Muy oportunamente, el último número de Papeles de Economía Española —presentado justo ayer— sobre ‘La reforma de las reglas fiscales’, es la contribución de Funcas a un debate de máxima relevancia y que estará vigente en los próximos meses.

Las finanzas públicas están en el foco de la Comisión Europea y, después de años de excepcionalidad con elevados niveles de gasto para hacer frente primero a la pandemia y después a la guerra, la Unión desactiva la cláusula general de salvaguardia, avanza en su revisión del actual marco de gobernanza económica y proporciona a los Estados miembros unas orientaciones para promover y garantizar en 2024 la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Es el momento adecuado, por tanto, para ese amplio y profundo debate sobre la reforma de las reglas fiscales, que posiblemente se activarán de nuevo en 2024, pero que incorporarán cambios que buscan, según la propia Comisión, establecer un marco más sencillo, transparente y eficaz en el que los Estados asuman un mayor compromiso y que permita una mejor aplicación.

Valiosas y múltiples aportaciones

La revista fue presentada por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, en un acto virtual sobre ‘La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales’, en el que intervinieron el director del departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, Javier J. Pérez, el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Ausín y el coordinador del número, Diego Martínez López, Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide, todos ellos moderados por Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas. El número cuenta con diversas y valiosas aportaciones de miembros de diferentes instancias de la UE, BCE, Banco de España, AIReF, la administración pública y distintas instituciones públicas y privadas que abordan el tema desde múltiples perspectivas. Un asunto sobre el que, por añadidura, este blog recoge dos recientes entradas de Raymond Torres y Santiago Lago-Peñas.

Tanto la publicación como el acto de presentación están disponible de forma íntegra en la web.

Descarga íntegro el numero 175 de Papeles de Economía Española sobre “La reforma de las reglas fiscales

Video de la jornada virtual “La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales

Comparte esta entrada



Leer más
consolidacion-fiscal:-entre-el-alarmismo-y-la-necesidad

Consolidación fiscal: entre el alarmismo y la necesidad

Comparte esta entrada



En el frente de la política presupuestaria, España ha hecho lo que debía en los últimos tres años. La respuesta inteligente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania era poner dinero encima de la mesa, gastar por encima de los recursos disponibles, proteger los servicios esenciales del Estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, y en contraste con lo que a veces se lee o escucha, España no se ha pasado en la respuesta. Atendiendo a la caída del PIB que sufrimos en 2020, de las mayores del mundo, el incremento del gasto o la deuda están por debajo de lo que podría esperarse observando la respuesta de muchos otros: hemos hecho mucho, pero no demasiado. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo reflejan con claridad.

En tercer lugar, el buen comportamiento de los ingresos fiscales en estos años ha permitido que el déficit fiscal esté siendo sistemáticamente inferior a las previsiones de organismos públicos y analistas privados. Y va a volver a ocurrir en 2023. En síntesis, España y su Gobierno no se han vuelto, de repente, en unos irresponsables fiscalmente.

Pero esa crítica a los alarmistas y exagerados es compatible con reconocer que el punto de partida era malo. En 2019, España padecía un déficit estructural de los más elevados de la Unión Europea; y su ratio de deuda se situaba en el sexto lugar en la clasificación de los Veintisiete. Con esta situación de partida y la tensión a la que hemos sometido las cuentas públicas en el último trienio, la vuelta de las reglas fiscales comunitarias es un desafío particularmente exigente.

Y en este sentido, tres ideas. La primera es que el Gobierno español debe seguir presionando para que las reglas fiscales en proceso de revisión asuman plenamente la necesidad de perseguir objetivos posibles. Los escenarios de consolidación fiscal deben ajustarse a los puntos de partida de cada país en sus parámetros de deuda y déficit. Lo contrario generaría esfuerzos de consolidación excesivos y, seguramente, poco eficaces: si nos pasamos de tuerca y provocamos recesiones, entraríamos en un círculo vicioso.

La segunda es que necesitamos equilibrar nuestras cuentas públicas para ganar margen de actuación ante crisis futuras y desafíos estructurales; así como para no vivir con miedo ante crisis de deuda soberana. La consolidación fiscal no debe verse solo como una obligación impuesta. También es una oportunidad para avanzar como país.

La tercera y última es que, inevitablemente, tenemos frente a nosotros la decisión de cómo combinar incrementos en recaudación impositiva y ajustes en el gasto. Una combinación que debe ser decidida políticamente y para la que la reforma tributaria y la detección y eliminación de gastos superfluos o socialmente poco eficientes son herramientas fundamentales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies