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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (II)

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El acuerdo de coalición, un logro contestado 

Ya se tutean Friedrich Merz y Lars Klingbeil, los hombres que, en pocas semanas, ocuparán los dos principales puestos –canciller y vicecanciller– del nuevo ejecutivo alemán[1]. Ambos personifican el acuerdo de coalición entre cristianodemócratas (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) publicado el pasado 9 de abril, un documento de 146 páginas, fruto de un proceso de negociación en varias fases iniciado pocos días después de las elecciones al Parlamento Federal el pasado 23 de febrero.

En una primera aproximación a este acuerdo cabe comparar algunas de sus características formales con las del acuerdo de coalición sobre el que se basa el actual gobierno de España (Cuadro 1). Tomando el documento español como referencia comparativa, queda claro que el alemán es más extenso y detallado (casi lo cuadruplica en palabras), aun cuando se ha gestado en la mitad de tiempo. Su título, “Responsabilidad hacia Alemania”, no coincide con el de ninguno de los programas de los partidos que lo han negociado, algo que también lo distingue del acuerdo español[2].


Un mero recuento de conceptos clave muestra asimismo que en el acuerdo alemán adquieren singular importancia los de “Europa” (200 veces presente frente a 25 en el acuerdo español), “digitalización” (187 vs. 26), “investigación” (120 vs. 3), “defensa/armamento/militar” (70 vs. 0) y “responsabilidad” (42 vs. 4). También llama la atención la frecuencia de indicaciones a cantidades en “euros” (44 vs.1), lo que implica la concreción de objetivos de gasto e inversión de una manera que facilitará la comprobación de su cumplimiento. 

Si bien el acuerdo entre la CDU/CSU y el SPD ha sido elaborado y negociado con prontitud, partiendo de un diagnóstico realista (buena parte de su preámbulo se dedica a trazar la difícil situación que atraviesa el país) y detallando decenas de medidas en los principales campos de acción gubernamental, su recepción en los medios de comunicación nacionales y entre la comunidad de expertos ha sido, más bien, tibia y escéptica. Economistas destacados que han venido respaldando la necesidad de un “giro económico” (Wirtschaftswende) valoran positivamente compromisos concretos incluidos en el acuerdo, como la supresión de normativas que imponen pesadas cargas burocráticas a empresas y familias, el recorte en un 10% de gastos de la Administración Federal, la amortización de inversiones en bienes de equipo (30% desde 2025 hasta 2027) y la reducción progresiva del impuesto de sociedades a partir de 2028. Sin embargo, se muestran críticos respecto a bonificaciones fiscales y prestaciones que supondrán elevados costes para el Estado, sin claros beneficios económicos (por ejemplo, la ampliación del complemento de pensión por maternidad, la reducción de impuestos a establecimientos gastronómicos o las subvenciones de diésel para la agricultura). Asimismo, reprochan la ausencia de planes de reforma que afronten seriamente el aumento de gasto social (sobre todo, en pensiones, sanidad y cuidados) derivado del sostenimiento de una creciente población laboralmente improductiva.

Merz ya tutea a Klingbeil, pero Friedrich y Lars parecen cuidarse de mostrar excesiva efusión en la celebración del acuerdo. Para el canciller in pectore, el documento recoge the only game in town, dado su reiterado compromiso de no pactar un gobierno con AfD –Alternativa para Alemania–, el segundo partido más votado (20,8%). Merz se ha declarado “muy satisfecho” con el resultado de la negociación[3], pero el mayor tanto se lo apunta, de momento, el SPD, que, habiendo cosechado el peor resultado electoral de su centenaria historia (16,4%) y aportando el 36,5% de los votos a la coalición, consigue –conforme a lo establecido en el mismo acuerdo– 7 de 17 ministerios (41%). Entre ellos se cuentan los de Defensa y Hacienda, cruciales en circunstancias de masivo aumento del gasto militar y de asignación de milmillonarios fondos públicos especiales para financiar infraestructuras (si bien el acuerdo recoge que todas las medidas quedan sujetas a “reserva presupuestaria”). Por añadidura, los socialdemócratas ocuparán puestos tan decisivos como el de Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. No parece, pues, en riesgo el todavía pendiente visto bueno de los afiliados del SPD al acuerdo[4].

Estas victorias negociadoras del partido minoritario de la coalición, añadidas a las contradicciones con los mensajes emitidos por los líderes de la CDU/CSU durante la campaña electoral –como el de mantener la disciplina presupuestaria y no relajar el “freno de la deuda”–, plantean a Merz un problema de legitimidad de origen en su próximo mandato. Tanto mayor se adivina, por ello, la presión de conseguir legitimidad de ejercicio con éxitos ejecutivos.


[1] Este cambio en el trato entre ambos dirigentes se hizo público el 31 de marzo, un mes después del comienzo de las negociaciones conducentes al acuerdo de coalición. Véase, por ejemplo, “Friedrich, Lars und das Du. Das grosse Geschmuse”.

[2] El programa electoral de la CDU/CSU lleva por título: “Cambio político para Alemania”; y el del SPD: “Más para ti, mejor para Alemania”. El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se titula “España avanza”, lema que coincide parcialmente con el que encabeza el programa electoral del PSOE.

[3] Así lo declaró en el programa Brennpunkt de la cadena pública ARD el mismo día de la publicación del acuerdo.

[4] La votación de los afiliados del SPD sobre el acuerdo de coalición se mantiene abierta hasta el 29 de abril de 2025, un día antes de la anunciada publicación del resultado. El acuerdo ya cuenta con el respaldo de la CDU y la CSU, obtenido en ambos casos a través de convocatorias restringidas a dirigentes y/o representantes de estas formaciones. 

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria. 

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste. 


De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo). 

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo. 

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión. 

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro. 


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

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