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Esperando la vacuna

noviembre 16, 2020

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Con la llegada anunciada de una vacuna para prevenir los contagios de la covid, aparece la primera luz al final del túnel en el que nuestra economía está inmersa desde el inicio de la pandemia. De confirmarse la efectividad del remedio y su disponibilidad desde inicios de 2021, se produciría un vuelco en las ensombrecidas perspectivas. Los sectores que más se beneficiarán del fin de las restricciones, como el turismo y otros servicios dependientes de la movilidad, tienen un peso elevado en nuestro aparato productivo. Ello, unido a la tradicional reactividad de la economía española a todas las anteriores fases de recuperación global, permite augurar un rebote intenso.

Además, un saludable “subidón” de confianza se producirá cuando la ciudadanía anticipe la relajación de las limitaciones a sus libertades y la vuelta a la normalidad en los desplazamientos. Las familias españolas tienen una capacidad de gasto considerable, gracias a los cerca de 80.000 millones de euros atesorados de manera precautoria.

Sin embargo, para que se produzca el cambio de expectativas, y que se dispare el consumo privado, habrá que esperar a que se administren las primeras vacunas y que se determine un calendario creíble para su disponibilidad para el resto de la ciudadanía —los epidemiólogos consideran que al menos el 70% de la población tiene que estar protegida para contener la pandemia—.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Estimaciones de Funcas.

Por tanto, a corto plazo, la coyuntura estará dominada por las fuerzas que la empujan hacia una recaída. Así lo anticipa el indicador avanzado de la OCDE, que apunta a una reducción acusada del nivel de actividad durante el tramo final del año. Esa corrección, si bien de menor magnitud que en la primera ola, se explica por la multiplicación de contagios desde el verano además de la sobreexposición a los sectores más afectados.

«Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo».

Raymond Torres

También conviene prestar atención al riesgo de pérdida irreversible de tejido productivo hasta la aplicación masiva del antivirus. Al contrario de lo que sucederá con los hogares, no cabe esperar un fuerte shock de confianza entre las empresas, cuyo balance está muy dañado por el fuerte desplome de los ingresos. Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo. Según el BCE, una de cada seis empresas está sobreendeudada, algo que ha empezado a afectar la oferta de crédito bancario. Muchos negocios, por tanto, esperarán a reconstituir márgenes antes de reanudar el camino de la inversión, si no han desaparecido antes. Incluso los menos dañados por la crisis —por ejemplo en la industria química, el sector agroalimentario, o los servicios profesionales que se sostienen con el teletrabajo— optarán por la prudencia antes de emplear sus excedentes en capacidad productiva.

Otra cicatriz que amenaza con perdurar es la expulsión del mercado laboral de las personas más vulnerables, como los jóvenes con bajo nivel de estudios, familias monoparentales, o parados que provienen de sectores que más tardarán en recuperarse. La experiencia muestra que el tiempo juega en detrimento de estos colectivos, y que por tanto solo una acción temprana y contundente es susceptible de revertir la tendencia. El número de inactivos ha aumentado en 428.000 personas desde finales de 2019, y el de parados en 531.000 (con datos del tercer trimestre).

Todo ello aboga por un férreo control de los rebrotes de virus, y una pronta puesta en marcha de políticas de prevención de insolvencia de empresas viables, con ayudas directas o participaciones como las que se están administrando en otros países, pero no en el nuestro. Y por supuesto políticas de empleo eficaces. Reforzar la resiliencia de la economía, para la recuperación que cabe esperar tras la vacuna sea lo más rápida y completa posible.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos sin margen de error

noviembre 2, 2020

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos antídotos ante una recaída inminente

octubre 26, 2020

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El fuerte enfriamiento de la coyuntura, en paralelo a la curva de contagios de la covid, plantea un desafío inaudito para la política económica al que conviene responder sin esperar a la adopción de nuevos presupuestos ni a la llegada de fondos europeos. El consumo pierde fuelle, por el deterioro de la confianza de las familias ante unas perspectivas ensombrecidas, mientras que la inversión empresarial sufre un parón y los mercados de exportación se resienten de las restricciones a la movilidad y a la actividad que imponen nuestros socios comerciales ante la segunda ola. En Europa la recuperación parece haber tocado fin (el índice PMI de octubre pasa ligeramente por debajo del umbral de 50, por primera vez desde la primavera). Y en España, a la espera de conocer el dato, todo apunta a una contracción aún más severa.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: ICO y Ministerio de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

Ante el espectro de una recaída de la economía española en el tramo final del año, la respuesta no puede limitarse a las recetas que funcionaron en la primavera. Los avales de crédito para las empresas en dificultad han tocado techo, incluso en el devastado sector del turismo y la hostelería —el total de créditos a este sector se ha estancado en el entorno de 11.000 millones de euros—, prueba de que las empresas que están al borde de la insolvencia son reticentes a acrecentar su endeudamiento en un contexto tan incierto.

Una política de recapitalización de empresas viables parece más adecuada que la concesión de nuevos préstamos, como subraya el Banco de Pagos Internacionales, que alerta del riesgo de quiebras en cascada. Esta es una eventualidad que conllevaría una crisis financiera (conviene escuchar las recomendaciones de este organismo internacional, el único en anticipar el estallido de la burbuja financiera hace más de una década). También se trata de agilizar la reestructuración de los negocios inviables, un proceso que se antoja largo y costoso en nuestro país como lo reconoce el Gobierno.

Por otra parte, las cifras agregadas ocultan una disparidad acusada, de gran relevancia para la política económica. El sector de servicios es el que peor lo está pasando, como lo muestra el descenso del índice de actividad en el sector de servicios, un insólito -1,7% en pleno agosto, es decir un -15,3% interanual, cuando lo normal es que se incremente vigorosamente en plena temporada turística. La industria, que depende menos del contacto humano, logra mantener su expansión. Alemania e Italia, gracias al fuerte peso de la industria y su presencia en el mercado chino, el único con una recuperación en “v”, aguantan mejor que España y Francia.

«Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios».

Raymond Torres

Además, existe una gran heterogeneidad dentro del sector de servicios. Repuntan los que se benefician del comercio electrónico o que pueden funcionar recurriendo al teletrabajo. Los servicios profesionales, o las actividades administrativas digitalizadas y de investigación, por ejemplo, presentan índices significativamente mejores que la hostelería o el transporte. Conviene, por tanto, facilitar la expansión del crédito y la movilidad laboral hacia estos sectores de servicios y de industria manufacturera que podrían convertirse en el principal pulmón de la economía.

Asimismo, si bien un repunte de los expedientes de regulación temporal de empleo es probable, el carácter por definición transitorio del dispositivo no es el adecuado para una crisis que amenaza con prolongarse. Esta es la gran oportunidad para la formación y el reciclaje de personas en paro de larga duración, o en riesgo de perder el puesto de trabajo como consecuencia de las transformaciones de la economía. Aquí también conviene innovar, aprovechando el potencial de acceso al conocimiento que ofrecen las nuevas tecnologías.

La nueva normalidad se está caracterizando por la sucesión de olas de contagios y una incertidumbre exacerbada. Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Fatiga en la deuda soberana

agosto 19, 2020

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Que la acción de los bancos centrales está anestesiando gran parte de las primas de riesgo soberano no es nuevo. El rescate de las autoridades monetarias, sin ser una solución óptima a largo plazo, es lo mejor que se ha tenido a mano. En tiempos de pandemia lo sigue siendo. No obstante, es apreciable que la miopía temporal que puede generar el apoyo monetario en la sensación de riesgo de los inversores puede convertirse en vista algo fatigada para la que no se tienen (o no se quieren usar) las gafas oportunas. Hasta tal punto que solo tomamos la parte de los proverbios y de la sabiduría histórica que más nos conviene, olvidando el resto. De aquello de “espera lo mejor, prepárate para lo peor y acepta lo que venga” queda solamente la parte de la esperanza. Así son los mercados en el 2020 pandémico.

Los bancos centrales son rápidos francotiradores ante cualquier movimiento en caliente de la deuda pública. Sin embargo, hay motivos para la preocupación y para no perder de vista las primas de riesgo. Existe escasa diferencia entre la rentabilidad de un bono americano a tres meses o a tres años. Lo mismo ocurre con los bonos europeos. El mercado tiene la misma (poca) habilidad para estimar lo que va a pasar en noviembre de este año que en agosto de 2023. Al mismo tiempo, los Gobiernos no tienen más remedio que seguir endeudándose para combatir la pandemia. Encuentran demanda en sus colocaciones. Eso sí, gran parte de los compradores son las entidades financieras nacionales de cada jurisdicción y, en mucha menor medida, los inversores internacionales, ya muy retraídos.

«Aunque medidas como el crédito oficial internacional puedan actuar como potentes paliativos en el futuro para asistir a los rezagados, no existe ningún seguro o sistema de ayuda que cubra una pandemia desigual a largo plazo».

Santiago Carbó

Aunque muchos lectores no lo puedan creer —no se les puede culpar— en los mercados hay cierto optimismo. Radica en la esperanza de que la vacuna para la covid-19 llegue pronto, la interpretación de que hay controles suficientes para estabilizar el virus en EE UU y otros países avanzados y la apreciación de ciertas mejoras en el consumo y producción industrial. Tal vez la trampa interpretativa es que venimos de tan abajo (confinamientos) que entusiasma que cualquier indicador cada mes muestre mejoras.

Incluso si esos escenarios positivos acontecen, hay importantes riesgos soberanos por efectos distributivos. El control de la pandemia en los emergentes es dispar. Afortunada paradoja que Argentina haya salido del default en un momento como el actual, pero existen expectativas mucho menos favorables para Brasil o, en general, cualquier país que haya gestionado mal la pandemia o se sitúe demasiado atrás en la carrera para acceder a una vacuna. Aunque medidas como el crédito oficial internacional puedan actuar como potentes paliativos en el futuro para asistir a los rezagados, no existe ningún seguro o sistema de ayuda que cubra una pandemia desigual a largo plazo. Muchos países afrontan ya, de hecho, problemas de movilidad de personas, de bienes y de capital. La extensión del brazo monetario tiene límites económicos, conceptuales y hasta intergeneracionales. La anestesia del riesgo soberano no es eterna.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Morosidad tardía

junio 24, 2020

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En las crisis hay efectos negativos imparables, pero su incidencia puede aminorarse con una preparación y acción adecuadas. Pasa con los tratamientos paliativos y las vacunas en lo sanitario. También con la gestión de la morosidad en el caso del crédito. Aumentarán los impagos entre empresas y, con ellos, de algunos créditos. En la crisis que tuvo como apellido “financiera”, la morosidad fue un detonante al alza azuzado por el colapso del mercado inmobiliario. En el caso de la pandemia, los bancos se presentan más resilientes y con mayor capacidad de absorción de pérdidas. Si se produce un aumento importante de los impagos, parece haber más defensas para combatirlo.

Como otros efectos secundarios de la covid-19 en la economía —paro, restricciones fiscales, procedimientos concursales— la morosidad no suele asomar rápidamente. Tarda unos meses en hacerse patente. De hecho, los datos que este lunes proporcionó el Banco de España indican que en abril —en pleno confinamiento— la ratio de morosidad de las entidades financieras españolas bajó hasta el 4,75% desde el 4,80% de marzo, nivel más bajo desde junio de 2009. En los próximos meses, me temo que tocará subir. Eso sí, el cómo lo haga será importante. En el verano y los meses posteriores se verán los efectos claramente. Ya antes del coronavirus había cierto recelo por cómo pudiera aumentar la morosidad del crédito al consumo. Ahora, poco a poco, toda la economía se enfrentará al trago más gordo, que será la situación financiera de empresas y familias pasados los efectos de los ERTE y otras medidas paliativas. Esta vez no será una morosidad inmobiliaria principalmente. En muchos casos estará ligada a sectores como hostelería y otros servicios turísticos, pero no será exclusiva de ellos.

«Los avales del ICO amortiguarán buena parte de las pérdidas por la morosidad del crédito nuevo concedido a empresas, lo que terminará impactando negativamente en las finanzas públicas».

Santiago Carbó

Aunque las acciones extraordinarias de financiación con avales públicos aumentarán el denominador de la ratio (volumen total de crédito), el numerador (mora) probablemente también crecerá con cierta intensidad. Los avales del ICO amortiguarán buena parte de las pérdidas por la morosidad del crédito nuevo concedido a empresas, lo que terminará impactando negativamente en las finanzas públicas. El aumento de los créditos dudosos se reflejará, con cierto retraso, a finales de 2020 y en 2021.

La covid-19 guarda, por tanto, efectos retardados que golpearán con fuerza. “Lo peor está por llegar para la economía”, dijo Christine Lagarde la semana pasada. Los bancos lo saben y tendrán que lidiar con ello. Esta morosidad que llegará será algo peculiar porque es la resultante de un impacto fuerte, pero de un acontecimiento muy acotado en el tiempo. Tal vez algunas lecciones de la anterior crisis sobre cómo tratar de recuperar préstamos dudosos o ayudar a empresas y hogares puedan servir para los próximos meses. Entre 2009 y 2013 la morosidad no paró de crecer en España hasta superar el 13%. Se ha tardado 7 años en bajarla del 5%. Ahora, la morosidad volverá con fuerza, pero probablemente se podrá revertir de forma más acelerada de lo que lo hizo tras la crisis financiera porque su persistencia y naturaleza es más transitoria. Aun así, será reflejo de los muchos retos que tenemos por delante.

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Atisbos de recuperación

junio 8, 2020

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.

Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Suficiente crédito?

junio 3, 2020

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En la anterior gran crisis, la financiera, el epicentro eran las entidades bancarias, y la falta de crédito fue una limitación esencial para la recuperación. La covid-19 ha pillado a trasmano a la economía, pero ahora existe la posibilidad de dotar crédito, de actuar rápido. Al menos, mucho más que hace 12 años. Tanto los bancos como los Gobiernos, en muchos países europeos, han entendido que había que hacer frente común para prestar dinero, compartiendo el riesgo de las operaciones. El problema es precisar cuánto crédito es suficiente, lo que obliga a responder con carácter previo a otra pregunta: ¿para qué se necesita la financiación?

Lope de Vega diría aquello de “por andar la bolsa estrecha, no está la deuda pagada, porque es mejor no dar nada, que dar lo que no aprovecha”. La financiación que ahora se concede, fundamentalmente con avales del ICO, aprovecha realmente. Su destino no es la inversión sino la supervivencia. En los últimos años, el flujo de financiación hacia empresas ha sido moderado y los 100.000 millones de euros que se quieren prestar con ese programa de avales bancarios suponen prácticamente un tercio de todas las operaciones que se concedieron en 2019, que alcanzaron los 348.380 millones de euros. La situación es excepcional. Llegan facturas y nóminas pero no ingresos ¿Cuánto dinero es suficiente para financiar una economía que ha estado un tiempo parada y ahora a ralentí? Demasiado.

«La acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente».

Santiago Carbó

Este lunes el Banco de España informaba de que el flujo de financiación a empresas creció un 3,1% en abril en tasa interanual. El triple de meses anteriores. Si se excluye la financiación con deuda, el crédito de entidades financieras a empresas aumentó un 5,8% en abril. Los datos que han trascendido del programa de créditos bancarios con avales públicos son que se han concedido 35.832 millones a pymes y autónomos y 53.610 millones a otras empresas. 89.442 millones solo en este programa.

En abril y mayo de 2019, en una situación más normalizada, se habían concedido 57.184 millones de euros, lo que sugiere que la acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente. Baste con pensar que, según han señalado anecdóticamente algunas entidades financieras, la demanda de crédito es bastante superior a esas cifras. Esto invita a pensar que sería conveniente extender la financiación con avales durante más meses, incluso entrados en 2021. Claro está, con una monitorización de la calidad de los créditos y su posible impacto en la morosidad.

Algo que va a depender de si se producen rebrotes de la covid-19 y en qué medida volverán a exigir detener la actividad o reducirán la confianza. La idea es simple pero articularla con suficiente control del riesgo es más complicado: hay que prestar a las empresas viables que puedan aguantar este trance y relanzarse después hacia la inversión. En la anterior crisis cayeron muchas que estaban en esa disposición pero cuyo crédito se secó de la noche a la mañana. No debe volver a ocurrir.

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Lo que no son subvenciones

mayo 27, 2020

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En la excepcionalidad económica actual es difícil encontrar un resquicio intelectual donde no se le conceda un papel considerable al Estado, pero existen riesgos conceptuales y programáticos. Entre las incertidumbres relacionadas con la concepción del papel público están las que pretenden aprovechar la coyuntura para hacerla estructura. La asistencia de urgencia con la permanencia de la intervención. En el ámbito programático, no se puede confundir taponar huecos de financiación o de ingresos con un subsidio ad infinitum. Si se piensa en la acción pública contra el virus en tres fases (contención, recuperación y sistema económico futuro), lo que se esté haciendo ahora resulta crucial para el sistema de incentivos de los próximos años. Desde los keynesianos hasta las posiciones más promercado se ha convenido que las grandes crisis dejan una impronta de superación o hundimiento durante décadas.

«España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada».

Santiago Carbó

En España, en el abanico de medidas para combatir los efectos económicos de la covid-19 hay algunas que van orientadas a paliar los efectos del desempleo o de la paralización de la actividad. Subsidios de urgencia. Es necesario ayudar a los compatriotas que ahora sufren un revés importante por un shock totalmente ajeno a ellos. Por eso, un ingreso mínimo vital temporal puede ser una buena idea. Reitero, temporal mientras dure esta crisis. Sin embargo, un ingreso permanente de estas características sin incentivos a buscar trabajo es un error en un país con un mercado de trabajo tan disfuncional. Claro que es difícil jugar con la evidencia histórica del consabido enfrentamiento dialéctico entre sociedad y Gobierno en tiempos de recesión. Los ciudadanos esperan que la solución venga del Gobierno y, posteriormente, critican ferozmente la realidad de la insostenibilidad y desigualdad generada.

Es preocupante que, en un contexto de recursos escasos y tensiones en las finanzas del Estado, se puedan estar dando mensajes equivocados sobre los apoyos públicos. Por ejemplo, el eje principal de las medidas orientadas a la financiación de empresas, como son los avales del ICO, no son subvenciones a fondo perdido ni deben ser tomadas como tales. Esos préstamos son para devolverlos. Por ello, los avales deben ir a empresas con graves problemas puntuales por el coronavirus y sin otra alternativa financiera que el apoyo público. Y cualquier esfuerzo será poco si se cumplen esos criterios mientras haya bula fiscal desde Bruselas, que no será por mucho tiempo. Lo que no debe hacerse es canalizar fondos en forma de subvención para su reparto discrecional, sin atender a la máxima eficacia de los recursos escasos y las características de cada empresa. La idea es crear un sistema de garantías y pagos que funcione en todo el país —sin agravios regionales—, que no cortocircuite el sistema de incentivos empresariales. Los mensajes lo son todo. Si no apuntan a incentivos, pueden atenazar la inversión y el crecimiento futuro y generar desconfianza. Movilizar fondos no es esterilizar la capacidad de crecer e innovar del sistema. España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La ‘V’ está en la solvencia

abril 15, 2020

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La economía es un conjunto de plantas que hay que regar. Los regantes desaparecieron con la Covid-19 y el confinamiento. Las plantas más vulnerables ya dan señales de debilidad extrema. Hay que evitar dos escenarios para que el jardín no muera en este shock. La primera, que no llegue agua. La segunda, que las raíces se pudran. En la economía, el agua es la financiación y las raíces son la solvencia. Lograr una recuperación económica en V no va a ser nada sencillo. Más aún en un contexto imposible para hacer predicciones sobre la forma de la recuperación. Aparte del necesario control sanitario, es necesario mantener la salud del sistema productivo, en particular de los sectores más afectados.

Esa salud empresarial implica recuperar la oferta productiva, el empleo, el consumo y la inversión, con la necesaria concurrencia de los Gobiernos. Ganan sentido —extraordinario ahora mismo— financiaciones mixtas, que implican agua de riego en forma de crédito avalado y participación en el capital para salvar raíces. Sin olvidarse que el acceso a algunos programas de financiación públicos extraordinarios es solo posible superados unos umbrales mínimos de solvencia, que cubran riesgos y eviten quiebras.

«La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica».

Santiago Carbó

En materia de liquidez, el Gobierno ha actuado hasta con un programa de financiación privada mediante avales públicos del ICO, aunque paulatinamente en tramos de 20.000 millones. Gradualismo que no genera la suficiente estabilidad y confianza, por lo que hace falta sacar ya toda la artillería. Asimismo, se ha pedido una respuesta europea y así el Eurogrupo aprobó la semana pasada un programa que, entre otros elementos, implica financiación para empresas desde el Banco Europeo de Inversiones. Incluso el BCE, especialista destacado en riego por inundación, tiene aún la posibilidad de activar mecanismos de financiación para pymes y autónomos, como abogué desde esta tribuna. Todo ayuda, pero tampoco parece suficiente para conectar raíces y ramas.

Dicho esto, una buena noticia para el reforzamiento de la solvencia es que ya existen los mecanismos legales para activar la financiación participativa del sector público, entrando en el capital de empresas si fuera necesario. Todo ello por tiempo limitado porque no se trata de intervenir empresas sino de hacer puente y, lógicamente, con condicionalidad sobre bonuses y reparto de beneficios. La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica y que ya ha creado un fondo de estabilización nacional que permite la entrada en el capital empresarial. Echo de menos en este asunto, como en otros desde hace muchos años, una visión española propia para dar forma a lo que se cocina en Bruselas. En todo caso, esta normativa europea daría oportunidad para actuar rápido en España y abriría aún más las posibilidades ya existentes para que Gobierno central y agencias autonómicas dinamicen los préstamos participativos a empresas. Ojalá se aproveche con eficacia.

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objetivo-comun:-salvaguardar-la-capacidad-productiva

Objetivo común: salvaguardar la capacidad productiva

marzo 23, 2020

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Los planes anunciados esta semana para responder al impacto económico del COVID-19 y de las medidas, necesarias, de confinamiento de la población, son excepcionales, tanto por su carácter urgente como por las ingentes cantidades de recursos movilizados. El real decreto del Gobierno, que se añade a anteriores iniciativas, alcanza el 9,6% del PIB (totalizando los avales y las iniciativas con incidencia fiscal), algo menos de lo que dedican países con más espacio fiscal, pero significativamente más que Italia, por ejemplo.

El tipo de acciones que
se incorporan en esos planes responde adecuadamente a las características de la
crisis. Se trata de mantener vivo el aparato productivo de manera transitoria, durante
todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esto se consigue limitando el
cierre en cascada de empresas que podría producirse como consecuencia de la
carencia de suministros clave para la producción, de las restricciones a la
actividad en todo tipo de servicios, de las limitaciones a la movilidad de las
personas y de la desorganización de la cadena de pagos. Así pues, es oportuno
poner a disposición garantías públicas y créditos blandos a empresas que se
enfrentan a problemas de tesorería pese a ser rentables.

Gráfico 1

De momento, el monto
previsto para esas acciones alcanza 100.000 millones. Aunque parece bastante,
esto es sin duda inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días
entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, como el
turismo, la mayoría de comercios, el ocio o la industria que suministra bienes
de consumo duradero y bienes de equipo. Por tanto, mucho depende del
multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la
buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto
plazo. De no ser suficiente, el Gobierno no debería dudar en reforzar el
dispositivo.

«El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos».

Raymond Torres

En segundo lugar, también
se adoptan medidas por el lado de la demanda, de apoyo a los colectivos más
vulnerables y de mantenimiento del empleo (ERTE con trámites oportunamente agilizados,
promoción de ajuste de jornada para evitar despidos, y teletrabajo). El
presupuesto previsto alcanza 20.000 millones, que incluyen las actuaciones
imprescindibles de respaldo a un sistema sanitario al borde de la asfixia.

Gráfico 2

Este presupuesto por tanto solo será suficiente si la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento no se extienden más allá de finales de abril. Y es que mantener los niveles actuales de empleo en los sectores más castigados conlleva un coste significativo, solo asumible —dentro de las estrecheces del presupuesto— durante un tiempo limitado. Además, el porcentaje exageradamente elevado en nuestro país de empleos temporales hace temer un repunte notable del paro, a medida que los contratos vencen y no se renuevan. Los presupuestos tendrán que absorber estas y otras consecuencias de la crisis sanitaria.

El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos. La clave está en asegurar una financiación del agujero presupuestario en condiciones razonables, es decir en contener la prima de riesgo que tan malos recuerdos nos trae. El BCE, rectificando sus primeros mensajes, parece haber tomado conciencia de ese peligro, elevando la escala de su programa de compras de títulos de deuda y manifestando su disposición a hacer todo lo necesario para evitar una crisis financiera. Solo falta la Unión Europea, de momento incapaz de acompañar los esfuerzos de cada país. Las posiciones en materia de eurobonos u otro instrumento necesario para forjar el armazón de una acción europea frente a la crisis empiezan a moverse. Esperamos que la UE no nos defraude, porque su papel será decisivo para ganar la batalla contra el virus.

Fuentes de los gráficos: Funcas, en base a Ministerio de Economía y fuentes nacionales.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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